Los crímenes de guerra de Israel: Del Liberty estadounidense a la Flotilla de la Libertad de Gaza
Publicado en Rebelion.Org
James Petras
Rebelión
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
El 8 de junio de 1967, dos escuadrones de aviones de combate israelíes bombardearon, arrojaron napalm y ametrallaron en aguas internacionales a un barco estadounidense encargado de reunir información de inteligencia, el USS Liberty, matando a 34 marineros estadounidenses e hiriendo a otros 172. El asalto se produjo en una tarde soleada con la bandera de EEUU y las señales de identificación claramente visibles. Los israelíes atacaron la antena para impedir que la tripulación pudiera pedir ayuda por radio y dispararon contra las lanchas salvavidas para asegurarse de que no habría supervivientes. No obstante hubo supervivientes que lograron improvisar una antena y transmitieron lo que ocurría en un llamamiento de ayuda que llegó hasta Washington D.C. En un acto de traición sin precedentes, el Presidente Johnson, estrechamente vinculado con los poderosos patrocinadores políticos sionistas judíos estadounidenses, encubrió el asesinato masivo en alta mar emitiendo una serie de órdenes para impedir, en primer lugar, que los aviones de combate que tenían su base en el Mediterráneo se apresuraran a ayudar a sus camaradas asediados y, en segundo lugar, amenazando después con someter a consejo de guerra a los supervivientes que se les ocurriera denunciar la naturaleza deliberada del asalto israelí, repitiendo finalmente la proclama israelí de que el ataque fue consecuencia de un error de identificación, una mentira que numerosos altos cargos del ejército rechazaron más tarde.
Casi cuarenta y tres años después, el 31 de mayo de 2010, los buques de guerra, helicópteros de ataque y comandos israelíes asaltaron en aguas internacionales a un convoy de ayuda humanitaria que llevaba diez mil toneladas de ayuda a Gaza. Antes de que los buques de esta misión se echaran a navegar, las autoridades turcas habían registrado navíos y pasajeros para asegurar que no iban armas a bordo. A pesar de todo, los israelíes abordaron los barcos disparando y aporreando a los desarmados pasajeros, matando a diecinueve e hiriendo a varias docenas. A pesar de las posteriores afirmaciones israelíes sionistas en sentido contrario, no se encontraron armas, aparte de los palos utilizados por algunas de las víctimas intentando rechazar el criminal, premeditado y planeado asalto, dirigido y defendido por los altos dirigentes israelíes y por todo el liderazgo de las principales organizaciones sionistas de EEUU y otros lugares. Las invasoras tropas de asalto destruyeron sistemáticamente todas las cámaras, videos y grabadoras que habrían documentado su salvaje asalto, para poder extender después sus infames mentiras en el sentido de que se habían encontrado con resistencia armada.
La respuesta del mundo
A las pocas horas del sangriento acto de piratería israelí, las naciones, los dirigentes políticos, las organizaciones por los derechos humanos y la inmensa mayoría de la comunidad internacional condenó al Estado israelí por violación del derecho internacional. Turquía, España, Grecia, Dinamarca y Austria convocaron a los respectivos embajadores de Israel para protestar contra el letal asalto. El Financial Times (1 junio 2010) se refirió al asalto israelí como un “desvergonzado acto de piratería… fuera de toda legalidad”, con las mismas raíces que su “bloqueo ilegal de Gaza”. El Primer Ministro turco Recep Erdogan declaró que el asalto israelí era un acto de “terrorismo de Estado” que tendría “graves consecuencias”. Los juristas expertos definieron como “acto de guerra” los ataques de Israel contra barcos que navegaban por alta mar con banderas turcas, griegas e irlandesas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN y el Secretario General de la ONU exigieron a Israel que cesara en su agresión, mientras decenas de miles de manifestantes salían a las calles para denunciar la flagrante actuación del Estado israelí asesinando e hiriendo a pacifistas, personas humanitarias y manifestantes de sesenta países. Los expertos de las Naciones Unidas exigieron que se pidieran “responsabilidades criminales” a los dirigentes israelíes. Sólo el régimen de Obama se negó a condenar el acto de terrorismo del Estado israelí, expresando únicamente “preocupación y pesar”. El Estado de Israel defendió su asalto criminal prometiendo más para el futuro e insistiendo en mantener el bloqueo de Gaza, incluso después de que EEUU sugiriera que podría suavizarse.
La defensa israelí de la piratería y el terrorismo de Estado
Mientras las noticias de la masacre israelí iban deslizándose en los medios y la comunidad internacional reaccionaba con horror e indignación, el Gobierno israelí “trataba de inundar las ondas con su versión de los hechos… y lo más destacable, las autoridades trataron de asegurar que su narrativa fuera avanzando y silenciando en gran medida a los cientos de activistas que estaban a bordo durante el ataque” (Financial Times, 2 junio 2010, página 2). El Estado judío mantuvo incomunicados a todos los prisioneros vivos, heridos y muertos, confiscando sus teléfonos móviles y prohibiendo cualquier entrevista con cualquier periodista. Al igual que hace la mayor parte de los Estados terroristas, el Estado judío pretendía monopolizar la propaganda de los medios. La máquina de la propaganda israelí, a través de sus medios y de los periodistas patrocinados por ese Estado, empleó diversas estratagemas, típicas todas ellas de los regímenes totalitarios, a saber:
Las tropas de asalto israelí que invadieron el buque se convirtieron en víctimas y los pacifistas humanitarios en agresores. “Israeli Soldiers Met by Well-Planned Lynch Mob” [Los soldados israelíes se encontraron con una turba bien organizada dispuesta a lincharlos] (Jerusalem Post, 31 mayo 2010); “Israeli Soldiers Attacked” (IDF, 31 mayo 2010).
El Profesor Sabel, de la Universidad Hebrea, declaró que el acto de piratería cometido en aguas internacionales era legal.
Según el Viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, Ayalon, los organizadores de la ayuda humanitaria estaban acusados de tener vínculos con los terroristas, aunque no se presentó prueba alguna (Haaretz, 30 mayo 2010). Ayalon acusó a los organizadores, incluido el grupo por los derechos humanos turco, de haber sido entrenados por la agencia de inteligencia turca, el ejército y el Gobierno de Erdogan, miembro de la OTAN y durante muchos años (en el pasado) colaborador del Mossad israelí. Entre los 600 voluntarios por los derechos humanos figuraban pacifistas, parlamentarios, antiguos diplomáticos, así como actuales miembros árabes del Parlamento israelí.
Mientras se disparaba, mataba y acosaba a docenas de defensores de los derechos humanos, los propagandistas israelíes amañaron diversos videos en los que aparecía uno de los agresores israelíes en la cubierta del buque, cortando toda la secuencia anterior al ataque (Financial Times, 2 junio 2010, página 2).
Se describió a los agresores marítimos y aerotransportados israelíes como las víctimas de un “Brutal Ambush at Sea” [Brutal emboscada en el mar] (Ynet News, 1 junio 2010).
Se acusó a los activistas por los derechos humanos de ser una “turba de linchamiento” que atacó a los comandos judíos que estaban disparando salvajemente sus rifles automáticos por toda la cubierta contra las acorraladas víctimas. Los pocos valientes que lucharon para detener el criminal ataque fueron difamados por la propaganda sionista, que es tan monstruosa en sí misma como los crímenes que perpetra.
Una vez que la maquinaria de la propaganda israelí empezó a vomitar sus obscenas mentiras, todo el liderazgo quintacolumnista sionista se puso en marcha.
La configuración del poder sionista estadounidense: En defensa de la masacre
Al igual que todo el liderazgo de las 51 principales organizaciones judías estadounidenses defendió todos y cada uno de los crímenes de guerra israelíes en el pasado, desde el bombardeo del USS Liberty a la Ocupación de Cisjordania y al bloqueo contra la Franja de Gaza, lo mismo hicieron también esta vez esos muy honorables apologistas repitiendo al pie de la letra las mentiras del Estado de Israel acerca del asalto a la flotilla humanitaria.
El Daily Alert (31 mayo-2 junio 2010), el órgano oficial de la propaganda pública de los Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses (AIPAC, por sus siglas en inglés) publicaron todas las groseras mentiras del Estado israelí de que se había “linchado” y “atacado” a los comandos israelíes, culpando a los activistas por los derechos humanos de la muerte de sus camaradas… a manos del ejército israelí. Ni una sola desviación, ni una mera palabra de crítica. Ni una única mención, siquiera superficial, que criticara la ejecución, el uso de armamento letal, el asalto en aguas internacionales y el fiasco en las relaciones públicas. La inmensa mayoría de judíos israelíes y sionistas organizados en EEUU apoyaron la sangrienta masacre y se enfrentaron a la pequeña minoría que no tiene acceso a los medios dominantes. Se demostró de nuevo el control sionista sobre los medios masivos de comunicación en los que se iba informando de todos los hechos a través de los “ojos de Israel” (FAIR, 1 junio 2010). Sobre todo el New York Times, el Washington Post, CNN, CBS, NBC, presentaron a los comandos israelíes que atacaban al barco de ayuda humanitaria como… “asaltados y golpeados” (Washington Post, 1 junio 2010). El New York Times dio crédito a la proclama israelí de que su acto de piratería en alta mar era legal (New York Times, 1 junio 2020). Para los medios dominantes estadounidenses, el problema no era el Estado terrorista israelí, sino cómo manipular y desarmar la indignación de la comunidad internacional. A ese fin, toda la configuración del Poder Sionista tiene un aliado de confianza en el sionizado Obama, la Casa Blanca y el Congreso de EEUU.
La respuesta de Obama al terrorismo de Estado israelí
Hay una única razón fundamental por la que Israel comete una y otra vez crímenes contra la humanidad, incluido el reciente asalto contra la flotilla humanitaria: porque sabe que la Configuración del Poder Sionista, empotrada en la estructura de poder de EEUU, le asegurará el apoyo del Gobierno, en este caso la Casa Blanca de Obama.
Frente a la amplia condena mundial del crimen de Israel en alta mar y a los llamamientos de la comunidad internacional a emprender acciones legales, el régimen de Obama se negó absolutamente a criticar a Israel. Un portavoz de la Casa Blanca declaró: “Estados Unidos lamenta profundamente la pérdida de vidas y los heridos y trabaja en estos momentos para comprender las circunstancias en que se produjo la tragedia” (AFP, 31 mayo 2010). Un acto de terrorismo de Estado no provoca “lamentos” sino, normalmente, condena y castigo. La potencia que causó “pérdida de vidas y heridos” tiene nombre: Israel; las personas que sufrieron muerte y heridas durante el asalto israelí tienen nombre: voluntarios de la ayuda humanitaria. No fue sencillamente una “pérdida de vidas” sino un asesinato premeditado y planeado que abiertamente defendieron el Primer Ministro Netanyahu y todo su gabinete. Las “circunstancias” de los asesinatos están claras: Israel asaltó un barco desarmado en aguas internacionales, abriendo fuego al abordar el buque. La obscena tapadera política del régimen de Israel de un acto criminal deliberado que viola el derecho internacional es evidente en su descripción como “tragedia” de un homicidio en serie. El terrorismo premeditado de Estado no se parece en nada a la trágica acción de un gobernante honesto forzado por las circunstancias a un acto criminal contra sus más estrechos aliados.
Washington, presionado para que participara en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, pasó diez horas eliminando todas las referencias al ilegal acto criminal de Israel, por lo que se acabó con una resolución que únicamente pedía una investigación “imparcial”, con Washington pretendiendo encima imponer quién debía llevarla a cabo: un comité de investigación israelí. Ante el mundo en general, incluido el Gobierno turco, el régimen de Obama y el Gobierno de EEUU, al rechazar condenar a Israel, son “cómplices de asesinato masivo”.
Para poder entender por qué el régimen de Obama se impregna de infamia y vergüenza ante los ojos del mundo, uno debe mirar hacia la composición sionista de la Casa Blanca de Obama y, lo que es de igual importancia, al poder directo y acceso que las principales organizaciones judías-sionistas tienen sobre el sistema político estadounidense. En la semana que precedió al anunciado asalto de Israel contra la flotilla humanitaria, dirigentes judíos (pro-Israel) se reunieron con un tercio de los senadores estadounidenses a fin de presionarles para que en junio se impongan sanciones mucho más duras contra Irán. Entre los operativos claves que asistieron estaba la Federación Judía de Norteamérica, el AIPAC y el resto de la Quinta Columna israelí (Jewish Telegraph Agency, 27 mayo 2010). Al día siguiente, todo un escuadrón de dirigentes de las Federaciones Judías voló a Washington para reunirse con los altos funcionarios de la administración de Obama y asegurar que ni la Casa Blanca ni el Congreso expresaran en público crítica alguna en relación con la política de asentamientos de Israel. No hay duda de que los apologistas de los crímenes de guerra israelíes ampliaron su agenda para incluir que tampoco hubiera crítica pública alguna del asalto israelí contra la flotilla. Rahm Emmanuel, el jefe del gabinete de Obama, se encontraba en Tel Aviv como huésped de los altos oficiales del ejército israelí pocos días antes de que éste lanzara el asalto y, sin duda, a Rahm se le comunicaron todos los detalles. Cabe asegurar que el ayudante estadounidense-israelí de Obama dio seguridades a los criminales de guerra israelíes del incondicional apoyo militar y político de Washington hacia los actos de agresión de Israel.
Desde dentro y fuera de la Administración Obama, las agresivas presiones de las 51 principales organizaciones de los sionistas estadounidenses han garantizado inmunidad a los criminales de guerra israelíes ante cualquier Tribunal de Crímenes de Guerra. La táctica de la sionizada Casa Blanca es desviar la atención de la inmediata y consecuente condena y mucho más de las posibles sanciones, confiando en que el paso del tiempo, ayudado por la apología general de los medios de masas en EEUU, la indignación masiva y las protestas exteriores irán desvaneciéndose gradualmente. Obama y su cohorte sionista se arrastran ya panza abajo ante Israel. Parte de la misión de Rahm en Israel era ofrecerle a Netanyahu una invitación para que fuera a la Casa Blanca durante la semana de la carnicería en el mar. La única razón por la que Netanyahu no fue a Washington fue porque se apresuró a regresar a Israel para apuntalar la defensa efectuada por el Ministerio de Exteriores del acto de barbarie frente a la indignación mundial. Pero en una conversación telefónica, Obama prometió a Netanyahu una nueva y pronta invitación, asegurándole al hombre de estado judío que violar las leyes internacionales y la masacre de docenas de activistas humanitarios no tienen consecuencias, especialmente si se cuenta con el continuado apoyo financiero de los patrocinadores sionistas de Obama.
Al igual que Lyndon Jonson en el encubrimiento de lo ocurrido con el USS Liberty, la apología de Obama de los crímenes de guerra de Israel es el precio para asegurarse el apoyo de los multimillonarios financieros sionistas, de los magnates de la prensa, de las decenas de miles de judíos pro Israel y de los 51 Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses.
Frente a la complicidad de Washington con los crímenes de guerra israelíes, el único camino es intensificar la campaña a favor de las sanciones, el boicot y la retirada de inversiones de todos los productos israelíes, actividades culturales e intercambios profesionales. Con un poco de suerte, las masivas protestas islámicas encontrarán un eco más amplio en comunidades judías y cristianas antisionistas, especialmente cuando los apologistas israelíes del terrorismo de Estado comparezcan en público. Y más importante aún sería que todos y cada uno de los israelíes implicados en el asalto fueran sometidos a enjuiciamiento criminal en cualquier país que se les ocurra visitar. Sólo haciendo que los israelíes entiendan que tendrán que pagar un alto precio por sus homicidios en serie y violaciones del derecho internacional será posible que su narrativa política entre por un camino un poco razonable. Sólo llegando más allá de las protestas simbólicas, retirando diplomáticos y adoptando acciones sustantivas como romper relaciones, es como la comunidad internacional podrá aislar a quienes cometen terrorismo de Estado. Todos los estadounidenses deberían decirle alto y claro al Presidente Obama NUNCA JAMAS. De otra manera con la Configuración del Poder Sionista manteniéndose activa veinticuatro horas al día y siete días a la semana, el régimen de Obama, fiel a la agenda sionista, volverá de nuevo a centrarse en el objetivo de atacar Irán. La acción perpetrada estos días por Israel, con la complicidad de EEUU, es un preludio del tipo de fuerza letal que tienen en reserva para sabotear el reciente acuerdo diplomático entre Turquía, Brasil e Irán.
Estas líneas van dedicadas a los valientes mártires turcos del Mavi Marmara del 31 de mayo de 2010, y a los 34 marineros estadounidenses del USS Liberty asesinados el 8 de junio de 1967, todos ellos víctimas de un impenitente Estado criminal: Israel.
* * *
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
lunes, 7 de junio de 2010
lunes, 5 de abril de 2010
Finaliza sin acuerdos la IX reunión de acceso a los recursos genéticos
Finaliza sin acuerdos la IX reunión de acceso a los recursos genéticos
(Publicado por Red OCIM-Observatorio Internacional de Migraciones)
El 29 de Marzo en la ciudad de Cali – Colombia, concluye luego de una 7 días de tensas reuniones la IX reunión del Grupo de Trabajo sobre acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficio (ABS) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD).
El mandato establecido en la conferencia de las partes (COP) al grupo de trabajo fue negociar un régimen internacional sobre acceso y la participación en los beneficios de los recursos. En esta reunión se debería concluir las negociaciones y remitir el texto del Régimen Internacional para su aprobación durante la X Conferencia de las Partes, que tendrá lugar en Nagoya Japón.
La reunión de las negociaciones se hizo en base de un proyecto de protocolo, presentado como texto de los Copresidentes. Sin embargo el texto de negociaciones no logro consensos y se suspendieron las negociaciones, cuestión que quedo pendiente para junio del presente, con la idea de llegar con acuerdos antes del COP.
La Red de mujeres indígenas sobre biodiversidad (RMIB) manifestó sus preocupaciones en la siguiente declaración de clausura leída por María Eugenia Choque, Aymara de Bolivia, Coordinadora región sur de la (RMIB) . Así como también el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB).
DECLARACION
RED DE MUJERES INDIGENAS SOBRE BIODIVERSIDAD
Gracias señores Co-presidentes
La Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, agradece al gobierno de Colombia, y a los Pueblos Indígenas de esta región por la hospitalidad y la acogida que nos ha brindado en estos días durante la Novena Reunión del Grupo de Trabajo en ABS.
Señores Co-presidentes
La participación de las mujeres indígenas en el proceso del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha contribuido significativamente en las negociaciones efectuadas en los diferentes grupos de trabajo, hemos venido contribuyendo en este proceso, por la importancia y el papel que como mujeres tenemos en la protección y mantenimiento de nuestra Madre Tierra.
Queremos hacer referencia a nuestras preocupaciones en cuanto al desarrollo de este proceso de negociación en el cual nuestras propuestas como Pueblos Indígenas no han sido tomadas en cuenta de forma integral en los siguientes puntos específicos:
1. La referencia a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que es un avance en el reconocimiento de nuestros derechos. Sin embargo sentimos la falta de la voluntad política en la aplicación de los instrumentos internacionales que se refieren a nuestros derechos fundamentales.
2. La participación en los beneficios: las mujeres indígenas deben ser tomadas en cuenta con su participación plena y efectiva en todo el proceso del RI. Para lo cual es necesario considerar el papel fundamental de la mujer, el mismo que es reconocido en el preámbulo del Convenio en su párrafo 13, cuando se refiere al reconocimiento de la función decisiva que desempeña la mujer en la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y la existencia de un Plan de Acción de Genero del CDB, el mismo que fue elaborado en enero del 2008 en Suiza de acuerdo con la Decisión V/16: Articulo 8j y provisiones relacionadas. Este Plan fue adoptado en la COP 9.
3. Para las mujeres, y por ende para los pueblos indígenas, es importante que se reconozca el carácter colectivo del CT, los cuales son heredados, desarrollados e innovados a través de los años. El CT debe ser un tema transversal en todo el protocolo del Régimen Internacional.
4. Es importante que en el tema de cumplimiento se pueda crear un certificado de cumplimiento internacionalmente reconocido que incluya la información sobre el PIC y el MAT de los pueblos indígenas y comunidades locales, de acuerdo con el derecho consuetudinario y los protocolos comunitarios deben ser consistentes con el derecho internacional.
5. Igualmente en el tema de capacidades, para nosotras es importante que se tome en cuenta la perspectiva y la visión de la mujer indígena y que estas capacidades sean desarrolladas en atención a las necesidades y realidades de nuestros Pueblos Indígenas con medios culturalmente apropiados y la utilización de los idiomas indígenas a fin de tener la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas.
Las mujeres indígenas así como los representantes de los pueblos indígenas aquí presentes, hemos venido a este espacio con plena voluntad de diálogo, respetando todo principio de buena fe. Por tal motivo, exigimos que los Estados Partes, asuman un compromiso serio para garantizar la protección de los CT asociados a los RG incluyendo sus productos derivados para evitar su apropiación indebida.
Cuando los problemas y los desafíos se nos presentan, debemos trabajar en solidaridad para respetar los derechos de todos. Requerimos tener una participación activa en el proceso de camino a Nagoya.
Queremos concluir manifestando que la Madre Tierra es la madre mayor que nos ha parido a todos. Todos tenemos la obligación de cuidarla y protegerla con miras a lograr el buen vivir de la humanidad.
Muchas gracias Srs. Co presidentes
Tukuyañataki, ma suma arumtawi taqui chuymauqui.
Para finalizar con todo el corazón un gran saludo a todos.
Jallalla
FORO INTERNACIONAL INDÍGENA SOBRE BIODIVERSIDAD
DECLARACIÓN DE CLAUSURA
29 de marzo de 2010
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS
9ª REUNIÓN
CALI, COLOMBIA
2010 es el Año Internacional de la Biodiversidad y es esencial que las Partes completen la tarea que se han impuesto de adoptar un Protocolo sobre Acceso y Participación en los Beneficios.
Como Pueblos Indígenas, estamos respondiendo al Año Internacional trabajando para que se logren los objetivos del CDB, acordados hace casi 20 años, tanto en la protección de la biodiversidad del mundo y su utilización sostenible como en la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados.
Es importante entender que nuestro empoderamiento para ejercer nuestros derechos es un aspecto esencial de la protección de la biodiversidad y que nuestros derechos en relación con la biodiversidad, incluidos sus recursos genéticos, debe ser un aspecto esencial del régimen internacional de APB para que el futuro protocolo tenga éxito.
Los Pueblos Indígenas representamos el principio de que todos los pueblos tienen responsabilidades y obligaciones para preservar a la madre naturaleza que nos nutre y define nuestra existencia. Los Pueblos Indígenas nos esforzamos por cumplir con estas responsabilidades en nuestros territorios de origen de acuerdo con nuestras tradiciones culturales.
Desde 2007, las Naciones Unidas han reconocido nuestra existencia como pueblos, respondiendo al mito histórico de que no tenemos derechos de autogobierno ni derechos colectivos sobre nuestros territorios y recursos.
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también clarifica que los pueblos indígenas, como todos los pueblos, tenemos un claro derecho a la libre determinación y el derecho a tomar nuestras propias decisiones sobre nuestros medios de vida, culturas y futuro.
Nos alegra ver que nuestros derechos en relación con los conocimientos tradicionales asociados con los recursos genéticos se reconocen en el proyecto de protocolo. No tenemos ninguna razón para pensar que este reconocimiento vaya a cambiar.
Esperamos aún que nuestros derechos sobre los conocimientos tradicionales se consideren un asunto transversal y que los conocimientos tradicionales se incorporen en la sección sobre cumplimiento.
Advertimos que algunas Partes han sugerido que los Pueblos Indígenas no quieren que los estados proporcionen protección a nuestros conocimientos tradicionales.
Aunque los pueblos indígenas tenemos el derecho de mantener, controlar, proteger y desarrollar nuestros conocimientos tradicionales, las Partes también tienen la obligación, según el derecho internacional, de aplicar medidas efectivas para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.
No estamos de acuerdo con las sugerencias de que las medidas de cumplimiento en relación con los conocimientos tradicionales deben encargarse a la OMPI. No tenemos mucha fe en las discusiones en la OMPI, después de haber participado en las quince sesiones hasta ahora celebradas del Comité Intergubernamental sobre recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore.
Pensamos que nuestros derechos sobre los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos asociados deben tratarse más bien en el régimen internacional de ABS, porque es aquí donde se va a establecer la estructura, capacidad e información para el cumplimiento.
Hemos solicitado que el proyecto de protocolo refleje “la interrelación entre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y la naturaleza inseparable de estos recursos y los conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”. Esperamos que las Partes afirmen esta importante relación en el texto del Protocolo.
Los Pueblos Indígenas no consideramos el Protocolo de ABS como un reducido tratado de comercio, en el que los valiosos recursos de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales que aún se conservan son extraídos, expropiados y privatizados a través de derechos de propiedad intelectual.
Los Pueblos Indígenas hemos sido los guardianes de la biodiversidad, que hemos mejorado a través de la aplicación de nuestros conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales.
Este patrimonio histórico debe ser plenamente valorado en el Protocolo de ABS, además de recompensado y mejorado como un legado continuo para las futuras generaciones.
Hortencia Hidalgo Caceres
Comunicación RMIB – LAC
(Publicado por Red OCIM-Observatorio Internacional de Migraciones)
El 29 de Marzo en la ciudad de Cali – Colombia, concluye luego de una 7 días de tensas reuniones la IX reunión del Grupo de Trabajo sobre acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficio (ABS) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD).
El mandato establecido en la conferencia de las partes (COP) al grupo de trabajo fue negociar un régimen internacional sobre acceso y la participación en los beneficios de los recursos. En esta reunión se debería concluir las negociaciones y remitir el texto del Régimen Internacional para su aprobación durante la X Conferencia de las Partes, que tendrá lugar en Nagoya Japón.
La reunión de las negociaciones se hizo en base de un proyecto de protocolo, presentado como texto de los Copresidentes. Sin embargo el texto de negociaciones no logro consensos y se suspendieron las negociaciones, cuestión que quedo pendiente para junio del presente, con la idea de llegar con acuerdos antes del COP.
La Red de mujeres indígenas sobre biodiversidad (RMIB) manifestó sus preocupaciones en la siguiente declaración de clausura leída por María Eugenia Choque, Aymara de Bolivia, Coordinadora región sur de la (RMIB) . Así como también el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB).
DECLARACION
RED DE MUJERES INDIGENAS SOBRE BIODIVERSIDAD
Gracias señores Co-presidentes
La Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, agradece al gobierno de Colombia, y a los Pueblos Indígenas de esta región por la hospitalidad y la acogida que nos ha brindado en estos días durante la Novena Reunión del Grupo de Trabajo en ABS.
Señores Co-presidentes
La participación de las mujeres indígenas en el proceso del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha contribuido significativamente en las negociaciones efectuadas en los diferentes grupos de trabajo, hemos venido contribuyendo en este proceso, por la importancia y el papel que como mujeres tenemos en la protección y mantenimiento de nuestra Madre Tierra.
Queremos hacer referencia a nuestras preocupaciones en cuanto al desarrollo de este proceso de negociación en el cual nuestras propuestas como Pueblos Indígenas no han sido tomadas en cuenta de forma integral en los siguientes puntos específicos:
1. La referencia a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que es un avance en el reconocimiento de nuestros derechos. Sin embargo sentimos la falta de la voluntad política en la aplicación de los instrumentos internacionales que se refieren a nuestros derechos fundamentales.
2. La participación en los beneficios: las mujeres indígenas deben ser tomadas en cuenta con su participación plena y efectiva en todo el proceso del RI. Para lo cual es necesario considerar el papel fundamental de la mujer, el mismo que es reconocido en el preámbulo del Convenio en su párrafo 13, cuando se refiere al reconocimiento de la función decisiva que desempeña la mujer en la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y la existencia de un Plan de Acción de Genero del CDB, el mismo que fue elaborado en enero del 2008 en Suiza de acuerdo con la Decisión V/16: Articulo 8j y provisiones relacionadas. Este Plan fue adoptado en la COP 9.
3. Para las mujeres, y por ende para los pueblos indígenas, es importante que se reconozca el carácter colectivo del CT, los cuales son heredados, desarrollados e innovados a través de los años. El CT debe ser un tema transversal en todo el protocolo del Régimen Internacional.
4. Es importante que en el tema de cumplimiento se pueda crear un certificado de cumplimiento internacionalmente reconocido que incluya la información sobre el PIC y el MAT de los pueblos indígenas y comunidades locales, de acuerdo con el derecho consuetudinario y los protocolos comunitarios deben ser consistentes con el derecho internacional.
5. Igualmente en el tema de capacidades, para nosotras es importante que se tome en cuenta la perspectiva y la visión de la mujer indígena y que estas capacidades sean desarrolladas en atención a las necesidades y realidades de nuestros Pueblos Indígenas con medios culturalmente apropiados y la utilización de los idiomas indígenas a fin de tener la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas.
Las mujeres indígenas así como los representantes de los pueblos indígenas aquí presentes, hemos venido a este espacio con plena voluntad de diálogo, respetando todo principio de buena fe. Por tal motivo, exigimos que los Estados Partes, asuman un compromiso serio para garantizar la protección de los CT asociados a los RG incluyendo sus productos derivados para evitar su apropiación indebida.
Cuando los problemas y los desafíos se nos presentan, debemos trabajar en solidaridad para respetar los derechos de todos. Requerimos tener una participación activa en el proceso de camino a Nagoya.
Queremos concluir manifestando que la Madre Tierra es la madre mayor que nos ha parido a todos. Todos tenemos la obligación de cuidarla y protegerla con miras a lograr el buen vivir de la humanidad.
Muchas gracias Srs. Co presidentes
Tukuyañataki, ma suma arumtawi taqui chuymauqui.
Para finalizar con todo el corazón un gran saludo a todos.
Jallalla
FORO INTERNACIONAL INDÍGENA SOBRE BIODIVERSIDAD
DECLARACIÓN DE CLAUSURA
29 de marzo de 2010
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS
9ª REUNIÓN
CALI, COLOMBIA
2010 es el Año Internacional de la Biodiversidad y es esencial que las Partes completen la tarea que se han impuesto de adoptar un Protocolo sobre Acceso y Participación en los Beneficios.
Como Pueblos Indígenas, estamos respondiendo al Año Internacional trabajando para que se logren los objetivos del CDB, acordados hace casi 20 años, tanto en la protección de la biodiversidad del mundo y su utilización sostenible como en la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados.
Es importante entender que nuestro empoderamiento para ejercer nuestros derechos es un aspecto esencial de la protección de la biodiversidad y que nuestros derechos en relación con la biodiversidad, incluidos sus recursos genéticos, debe ser un aspecto esencial del régimen internacional de APB para que el futuro protocolo tenga éxito.
Los Pueblos Indígenas representamos el principio de que todos los pueblos tienen responsabilidades y obligaciones para preservar a la madre naturaleza que nos nutre y define nuestra existencia. Los Pueblos Indígenas nos esforzamos por cumplir con estas responsabilidades en nuestros territorios de origen de acuerdo con nuestras tradiciones culturales.
Desde 2007, las Naciones Unidas han reconocido nuestra existencia como pueblos, respondiendo al mito histórico de que no tenemos derechos de autogobierno ni derechos colectivos sobre nuestros territorios y recursos.
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también clarifica que los pueblos indígenas, como todos los pueblos, tenemos un claro derecho a la libre determinación y el derecho a tomar nuestras propias decisiones sobre nuestros medios de vida, culturas y futuro.
Nos alegra ver que nuestros derechos en relación con los conocimientos tradicionales asociados con los recursos genéticos se reconocen en el proyecto de protocolo. No tenemos ninguna razón para pensar que este reconocimiento vaya a cambiar.
Esperamos aún que nuestros derechos sobre los conocimientos tradicionales se consideren un asunto transversal y que los conocimientos tradicionales se incorporen en la sección sobre cumplimiento.
Advertimos que algunas Partes han sugerido que los Pueblos Indígenas no quieren que los estados proporcionen protección a nuestros conocimientos tradicionales.
Aunque los pueblos indígenas tenemos el derecho de mantener, controlar, proteger y desarrollar nuestros conocimientos tradicionales, las Partes también tienen la obligación, según el derecho internacional, de aplicar medidas efectivas para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.
No estamos de acuerdo con las sugerencias de que las medidas de cumplimiento en relación con los conocimientos tradicionales deben encargarse a la OMPI. No tenemos mucha fe en las discusiones en la OMPI, después de haber participado en las quince sesiones hasta ahora celebradas del Comité Intergubernamental sobre recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore.
Pensamos que nuestros derechos sobre los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos asociados deben tratarse más bien en el régimen internacional de ABS, porque es aquí donde se va a establecer la estructura, capacidad e información para el cumplimiento.
Hemos solicitado que el proyecto de protocolo refleje “la interrelación entre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y la naturaleza inseparable de estos recursos y los conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”. Esperamos que las Partes afirmen esta importante relación en el texto del Protocolo.
Los Pueblos Indígenas no consideramos el Protocolo de ABS como un reducido tratado de comercio, en el que los valiosos recursos de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales que aún se conservan son extraídos, expropiados y privatizados a través de derechos de propiedad intelectual.
Los Pueblos Indígenas hemos sido los guardianes de la biodiversidad, que hemos mejorado a través de la aplicación de nuestros conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales.
Este patrimonio histórico debe ser plenamente valorado en el Protocolo de ABS, además de recompensado y mejorado como un legado continuo para las futuras generaciones.
Hortencia Hidalgo Caceres
Comunicación RMIB – LAC
lunes, 27 de julio de 2009
Banco Mundial, neoliberalismo y Alianza País: la trama invisible
Banco Mundial, neoliberalismo y Alianza País: la trama invisible
Pablo Dávalos**
En virtud de que el Banco Mundial está concebido para el financiamiento al desarrollo económico en los países de la periferia del sistema-mundo, se ha convertido en una de las instituciones más importantes, sobre todo cuando se trata de generar marcos conceptuales que permitan la transformación geopolítica hacia el neoliberalismo y la transición al pos-neoliberalismo, porque asume al neoliberalismo no como una etapa sino como un fin en sí mismo, de ahí su apelación epistemológica al neoinstitucionalismo económico y a las propuestas de cambio institucional, que formaron parte de las reformas estructurales de la segunda generación que se impulsaron en América Latina durante la década de los noventa y que dieron consistencia teórica a la reforma sectorial.
En efecto, el Banco Mundial es uno de los think tanks más importantes del mundo, y sus dispositivos ideológicos se convierten luego en los temas de las agendas políticas de la cooperación internacional al desarrollo, del sistema de Naciones Unidas, y de los países de la periferia. De la lucha por reducir la pobreza a la cruzada por cambiar al mundo en las coordenadas neoliberales, hay un paso hacia el cual el Banco Mundial obligó a transitar a casi toda la periferia del sistema-mundo.
Ahora bien, existe un relativo consenso alrededor de la idea de que el Banco Mundial es uno de los ejes estructurantes del neoliberalismo, por ello llaman la atención las coincidencias entre el proyecto político de Alianza País, sus principales cuadros tecno-políticos y el Banco Mundial. Se trata de algo más de una coincidencia y que demuestra más bien una convergencia entre la necesidad de transitar al posneoliberalismo y el rol ambiguo que cumplen ahora gobiernos que suscriben en el discurso tesis radicales, pero que tienen un norte político que coincide con aquellos del Banco Mundial.
En ese sentido, es curioso y, aparentemente, una paradoja de la historia, que muchos de los temas que se debatieron y aprobaron a propósito del texto Constitucional propuesto por Alianza País en el año 2008, bajo el pomposo nombre de “revolución ciudadana”, y en supuesta contradicción y contrapunto con la episteme neoliberal, en realidad, continúen, consoliden y profundicen aquellos temas que fueron posicionados por el Banco Mundial, el BID, la USAID y la cooperación internacional al desarrollo, en los momentos más radicales del neoliberalismo. Como Monsieur Jourdain que hablaba prosa sin saberlo, los tecno-burócratas de Alianza País articularon a nivel Constitucional la prosa neoliberal sin, aparentemente, estar advertidos de ello.
Los ejemplos a este tenor son numerosos. Los temas de la participación ciudadana, por ejemplo, y que constituyen uno de los puntales ideológicos de las nuevas burguesías emergentes para apuntalar su proyecto político detrás de la cobertura de Alianza País, fueron impulsados por la USAID y el Banco Mundial durante la década de los noventa.
En efecto, en la década de los noventa la USAID , a través de una serie de ayudas para el desarrollo canalizadas especialmente a través de la fundación Esquel, contribuyó para crear espacios de interlocución social bajo la cobertura de la “participación ciudadana”, y cuyo objetivo era el de dotar de legitimidad a las políticas de ajuste macrofiscal y reforma estructural. Algunos de los tecnócratas que participaron en estos proyectos (Diálogo 2000, Esquinas de Diálogo, etc.), se convirtieron en prominentes miembros de Alianza País, en especial, María Paula Romo y Norman Wray.
Hay que indicar que USAID también financió la creación de la ONG “Participación Ciudadana”, de la que provinieron cuadros políticos importantes para Alianza País. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, y por iniciativa del Banco Mundial, se creó la Secretaría de Diálogo Social, sustentada en los criterios de “participación ciudadana” y que en realidad tenía por objetivo encubrir con un manto de supuesta legitimidad los procesos de privatización, sobre todo en los fondos de pensiones y en la energía eléctrica. El responsable de esta Secretaría de Estado de Lucio Gutiérrez, Augusto Barrera, formó parte del Buró Político de Alianza País, y fue el candidato a la Alcaldía de la capital de la república por parte de Alianza País. Asimismo, el Capítulo V del Título IV de la Constitución Política de 2008, crea la Función de Transparencia y Control Social, que recoge punto por punto las propuestas de la USAID y del Banco Mundial sobre “participación ciudadana”.
Los temas del derecho a consulta de las poblaciones locales para el manejo de recursos, son uno de los temas claves en los que ya trabajó el Banco Mundial. La posición de Alianza País de oponerse al consentimiento libre, previo e informado y solamente aceptar la consulta previa coincide con la posición del Banco Mundial. En efecto, la Directiva Operacional 4.20 del Banco Mundial (antes de la reforma de 2006), establece lo siguiente en la disposición No. 8: “La política del Banco (Mundial) es que la estrategia para tratar asuntos referidos a pueblos indígenas debe estar basada en la participación informada de los propios indígenas. De esta manera la identificación de las preferencias locales a través de la consulta directa, la incorporación del conocimiento indígena en los enfoques de proyectos y la utilización de especialistas desde una etapa inicial son actividades centrales para cualquier proyecto que involucre a los pueblos indígenas y sus derechos sobre recursos naturales y económicos”. (World Bank: Summary of Consultations with External Stakeholders Regarding the World Bank Indigenous Peoples Policy (Draft PO/BP 4.10). Internal Report, April 18, 2002).
De otra parte, y en el mismo tenor, y en conformidad con esta disposición interna del Banco Mundial, puede observarse la declaración del Banco Mundial en el documento Estrategia Asistencia País entre el Banco Mundial y el gobierno del Ecuador de 2003, lo siguiente: “El Banco (Mundial, P.D.) ha promovido la rendición de cuentas en lo social mediante el apoyo no reembolsable con el fin de desarrollar lineamientos para las consultas previas a las inversiones mineras e hidrocarburíferas y la vigilancia comunitaria para las actividades mineras”. (Banco Mundial, Estrategia Asistencia País, Informe No. 25817 EC, 29 de abril de 2003, pp. 9). La Ley de Minería aprobada por la Comisión de Legislación y Fiscalización, manejada por Alianza País, es tan conservadora, neoliberal y pro-extractivista que ni siquiera recoge las propuestas de consulta previa del Banco Mundial.
Los temas de la prohibición del uso de recursos estatales para campañas políticas y que forma parte de las reivindicaciones de Alianza País, también fueron propuestos por el Banco Mundial. La transparencia en la gestión pública a través de la publicación de todos los contratos del Estado (SIGOB, SIGEF, RUP, etc.) fueron también temas propuestos desde el Banco Mundial y constan en los acuerdos que el Banco Mundial suscribió con Lucio Gutiérrez en 2003.
En lo que hace referencia a la tercerización laboral, y que el régimen de Alianza País ha exhibido como uno de sus logros más caros, el Banco Mundial ya opuso resistencia y cuestionó duramente a este tipo de flexibilización laboral. En un estudio del Banco Mundial, puede leerse lo siguiente: “Por otra parte, la proliferación de agencias temporales de empleo (cerca de 200 creadas en los últimos años y que cubren alrededor del 10% del empleo formal), fenómeno conocido como “terciarización”, no permite su monitoreo adecuado, deteriora la relación laboral e impide supervisar el cumplimiento de los requisitos laborales mínimos por parte de las firmas contratantes” (Fretes Cibils, Vicente, et alt: Ecuador Una agenda económica y social del nuevo milenio, Banco Mundial, pag. Lxii). En la Estrategia Asistencia País (CAS) suscrita en 2003, entre el gobierno de Lucio Gutiérrez y el Banco Mundial puede, asimismo, leerse lo siguiente: “la tercerización contribuye importantemente a la flexibilidad laboral, pero niega a los trabajadores sus derechos y prestaciones”. CAS-2003, prg: 80, pp. 26.
Los temas de la descentralización, las autonomías y el régimen de competencias, que constan en el título V del texto Constitucional de 2008 bajo el nombre de “Organización Territorial del Estado”, fueron previamente pensados y diseñados por el Banco Mundial y por la cooperación internacional al desarrollo en la década de los noventa, en especial la cooperación alemana (GTZ), y recogen punto por punto las necesidades geopolíticas de las corporaciones transnacionales; no solo ello, sino que establecen como artículo constitucional para los gobiernos locales (denominados por la Constitución ecuatoriana de 2008 como “gobiernos autónomos descentralizados”), lo siguiente : “Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias” (Art. 262, numeral 9; Art. 263, numeral 8; Art. 264, numeral 13; Art. 267, numeral 7), abriendo el espacio para la intervención neocolonial por la vía de la cooperación internacional al desarrollo y vulnerando, de esta manera, la soberanía nacional.
Los temas de la lucha contra la corrupción, las auditorías y veedurías públicas, y que en el caso del Ecuador han sido incluso constitucionalizados, son otros de los ejes importantes del Banco Mundial y de la ONG Transparencia Internacional (TI), vinculada al Banco Mundial, al G-8 y al foro de Davos. Los temas de privatización de la naturaleza por la vía del pago de los servicios ambientales, y que también constan en el texto Constitucional de Alianza País[1], y en los que han trabajado instituciones como Conservation International (CI), fueron también estructurados y definidos desde la episteme neoliberal del Banco Mundial y de ONG’s ambientalistas y vinculadas a las corporaciones transnacionales (como el caso de CI, o de TNC).
Todos los temas de derechos, y que han sido el argumento legitimante de esta nueva burguesía emergente y que le han servido para presentar al texto Constitucional de 2008 como el más avanzado en materia de derechos, en realidad pueden mirarse como la traslación al ámbito de los derechos de los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo sustento analítico lo hizo el Banco Mundial.
Ahora bien, educación, salud, producción, sector social, infraestructura, etc., todos ellos fueron objetos de intervención desde la reforma sectorial del Banco Mundial durante la década de los noventa en el Ecuador, pero también fue intervenida la administración de justicia a través de un proyecto específico denominado PROJUSTICIA, y que tenía como objetivo fundamental la construcción del Estado Hobbesiano a través de la creación de la seguridad jurídica necesaria para las inversiones privadas.
Se trataba de adecuar al sistema jurídico para crear los correlatos necesarios para la vigencia de los derechos de propiedad individual por sobre la propiedad comunal, para que de esta manera pueda existir la suficiente seguridad jurídica para las inversiones privadas; como correlato de la seguridad jurídica consta la criminalización a toda forma de resistencia y movilización social. El proyecto PROJUSTICIA del Banco Mundial, en ese sentido, se ha revelado como uno de los mecanismos más importantes de la reforma estructural para consolidarla a nivel jurídico y constitucional. Los marcos de intervención del Banco Mundial sobre la administración de justicia se convertirán en política de Estado durante el gobierno de Alianza País. El responsable de este proyecto clave del Banco Mundial, se convertirá, posteriormente, en Ministro de Justicia y luego en Ministro de Gobierno, durante el gobierno de Alianza País.
En el caso del denominado sector social se gestó la institución más representativa de la reforma sectorial neoliberal del Banco Mundial: el Ministerio de Bienestar Social (que ha tenido varios nombres durante la reforma neoliberal, y que en la era de Alianza País se llamó de Inclusión económica y social). Esta Secretaría de Estado se convierte en el espacio en el que convergen los temas más importantes de la reforma estructural sectorial neoliberal, y que armoniza los tiempos, los momentos, las prioridades y el ritmo de la reforma sectorial con el complejo institucional de la reforma sectorial.
Esta Secretaría de Estado es el producto más caro de la reforma neoliberal, porque allí radican los programas, proyectos y acciones que nacieron desde el BID y el Banco Mundial y que ahora son ya políticas públicas sancionadas desde el Estado. Allí radican los programas de protección social diseñados y creados desde el BID y el Banco Mundial (como el Bono de la pobreza, denominado también como Bono de Desarrollo Humano, los programas de intervención social “Socio-país”, etc.), desde allí la reforma estructural puede desplegarse y legitimarse hacia la sociedad como política de Estado.
Esta Secretaría de Estado, como momento político y como instancia pública de la reforma estructural del neoliberalismo, alcanza su despliegue más importante durante el gobierno de Alianza País, en donde se consolidan y adquieren su punto máximo las estrategias de asistencialismo, focalización, cooptación y asimilación social, bajo los mismos esquemas, modelos de intervención e incluso cuadros técnicos, y consultores de la reforma sectorial del neoliberalismo. De hecho, uno de los cuadros tecno-políticos más importantes del Banco Mundial, Nathalie Cely, es quien maneja y coordina toda el área social en el gobierno de Alianza País.
Estos proyectos de reforma sectorial del Banco Mundial y desde los cuales se intervino en el Estado y en la sociedad, fueron creados para experimentar las formas de privatización de las políticas públicas y los marcos categoriales y metodológicos que luego se convertirían en el formato del Estado en su conjunto. Los proyectos de la reforma sectorial se situaban a la sombra y al amparo del Estado. Crecían como un cuerpo metastático en la periferia del Estado. No eran Estado, pero supuestamente tampoco eran sector privado. Se movían en ese aparente intersticio entre lo público y lo privado que son las ONG’s y la cooperación al desarrollo. De ese intersticio extraían las condiciones de su legitimidad política y a partir de esa situación de ambigüedad y de limbo político, obtenían el peso político para imponer sus prescripciones al conjunto del Estado y la sociedad. Eran un cuerpo canceroso creado ex profeso para infectar al Estado con la lógica neoliberal.
En virtud de que eran proyectos de mediano plazo que testaban sus metodologías y sus cuadros tecno-políticos directamente con el Estado y, además, realizaban cambios en el Estado en conformidad con las estrategias establecidas desde algo que puede ser denominado como complejo institucional de la reforma estructural neoliberal, nunca rindieron cuentas a nadie que no sea del propio complejo institucional de la reforma estructural. Su lealtad era con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID, con la GTZ , con la COSUDE , con el PNUD, con la CAF , nunca con el Estado que les dio abrigo y cobertura. Nunca rindieron cuentas a la sociedad, y la única vez que pretendieron hacerlo (en el proyecto SAPRI del Banco Mundial), se trató más bien de una estrategia política de relegitimación y de manipulación social.
Para el conjunto de la sociedad, e incluso para líderes de opinión y dirigentes sociales, los acrónimos de los proyectos de la reforma estructural eran un arcano misterioso y de difícil comprensión y acceso. Nunca la sociedad conoció, debatió, reflexionó o aprobó ninguno de esos proyectos de reforma sectorial. Sus marcos metodológicos eran metalenguaje puro. Representaban el grado cero de la democracia y la transparencia. Eran casi las entelequias de un poder real que actuaba a la sombra. Una vez que lograban sus resultados, para utilizar una metáfora médica, y conseguían la transferencia de su ADN hacia el Estado, que finalmente adoptaba esas metodologías de los proyectos sectoriales como políticas de Estado, estos proyectos sectoriales desaparecían en una bruma de olvido e indiferencia creada a propósito. Nacieron desde la sombra del complejo institucional de la reforma estructural y, una vez cumplidos sus propósitos, regresaron a las sombras.
El Estado que había sido contaminado por esos proyectos de la reforma estructural-sectorial no podía ser el mismo Estado de la industrialización o de Bienestar. Era un Estado adecuado completamente a las coordenadas de la acumulación del capital en tiempos de neoliberalismo y globalización. Era un Estado que pensaba en términos de “marco lógico”, “árbol de problemas”, “FODA”, “análisis sectorial”, “competitividad”, “cambios institucionales”, etc. Era un Estado colonizado en su episteme misma por el complejo institucional de la reforma estructural. Un Estado hobbesiano y pensado en términos del derecho privado y de propiedad (el famoso “Estado social de derecho” neoliberal). Un Estado presto para actuar en defensa de la propiedad privada y los intereses de los inversionistas privados. Un Estado que podía criminalizar a su población al tiempo que garantizaba la “seguridad jurídica”. Es por ello que el Banco Mundial ahora preconice la consolidación del Estado, porque es un armazón que nada tiene que ver con el Estado anterior a las reformas estructurales del neoliberalismo.
Es por ello que en América Latina varios gobiernos pueden proponer y llevar adelante estrategias políticas de recuperación del Estado, porque ese Estado es la mejor garantía para el funcionamiento del neoliberalismo. Es por ello que el gobierno de Alianza País pudo posicionar su discurso de rescate de la soberanía estatal y de la acción del Estado y de las políticas públicas, y que muchos sectores sociales hayan pensado que se trataba de un cambio radical en el modelo económico neoliberal, cuando en realidad representaba su consolidación y fortalecimiento. Es desde allí que hay que comprender las ambigüedades de los discursos políticos en estos momentos de transición al pos-neoliberalismo.
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[1] CPE: “Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.”
**Pablo Dávalos, economista ecuatoriano, catedrático universitario y responsable de ATTAC -Ecuador
Pablo Dávalos**
En virtud de que el Banco Mundial está concebido para el financiamiento al desarrollo económico en los países de la periferia del sistema-mundo, se ha convertido en una de las instituciones más importantes, sobre todo cuando se trata de generar marcos conceptuales que permitan la transformación geopolítica hacia el neoliberalismo y la transición al pos-neoliberalismo, porque asume al neoliberalismo no como una etapa sino como un fin en sí mismo, de ahí su apelación epistemológica al neoinstitucionalismo económico y a las propuestas de cambio institucional, que formaron parte de las reformas estructurales de la segunda generación que se impulsaron en América Latina durante la década de los noventa y que dieron consistencia teórica a la reforma sectorial.
En efecto, el Banco Mundial es uno de los think tanks más importantes del mundo, y sus dispositivos ideológicos se convierten luego en los temas de las agendas políticas de la cooperación internacional al desarrollo, del sistema de Naciones Unidas, y de los países de la periferia. De la lucha por reducir la pobreza a la cruzada por cambiar al mundo en las coordenadas neoliberales, hay un paso hacia el cual el Banco Mundial obligó a transitar a casi toda la periferia del sistema-mundo.
Ahora bien, existe un relativo consenso alrededor de la idea de que el Banco Mundial es uno de los ejes estructurantes del neoliberalismo, por ello llaman la atención las coincidencias entre el proyecto político de Alianza País, sus principales cuadros tecno-políticos y el Banco Mundial. Se trata de algo más de una coincidencia y que demuestra más bien una convergencia entre la necesidad de transitar al posneoliberalismo y el rol ambiguo que cumplen ahora gobiernos que suscriben en el discurso tesis radicales, pero que tienen un norte político que coincide con aquellos del Banco Mundial.
En ese sentido, es curioso y, aparentemente, una paradoja de la historia, que muchos de los temas que se debatieron y aprobaron a propósito del texto Constitucional propuesto por Alianza País en el año 2008, bajo el pomposo nombre de “revolución ciudadana”, y en supuesta contradicción y contrapunto con la episteme neoliberal, en realidad, continúen, consoliden y profundicen aquellos temas que fueron posicionados por el Banco Mundial, el BID, la USAID y la cooperación internacional al desarrollo, en los momentos más radicales del neoliberalismo. Como Monsieur Jourdain que hablaba prosa sin saberlo, los tecno-burócratas de Alianza País articularon a nivel Constitucional la prosa neoliberal sin, aparentemente, estar advertidos de ello.
Los ejemplos a este tenor son numerosos. Los temas de la participación ciudadana, por ejemplo, y que constituyen uno de los puntales ideológicos de las nuevas burguesías emergentes para apuntalar su proyecto político detrás de la cobertura de Alianza País, fueron impulsados por la USAID y el Banco Mundial durante la década de los noventa.
En efecto, en la década de los noventa la USAID , a través de una serie de ayudas para el desarrollo canalizadas especialmente a través de la fundación Esquel, contribuyó para crear espacios de interlocución social bajo la cobertura de la “participación ciudadana”, y cuyo objetivo era el de dotar de legitimidad a las políticas de ajuste macrofiscal y reforma estructural. Algunos de los tecnócratas que participaron en estos proyectos (Diálogo 2000, Esquinas de Diálogo, etc.), se convirtieron en prominentes miembros de Alianza País, en especial, María Paula Romo y Norman Wray.
Hay que indicar que USAID también financió la creación de la ONG “Participación Ciudadana”, de la que provinieron cuadros políticos importantes para Alianza País. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, y por iniciativa del Banco Mundial, se creó la Secretaría de Diálogo Social, sustentada en los criterios de “participación ciudadana” y que en realidad tenía por objetivo encubrir con un manto de supuesta legitimidad los procesos de privatización, sobre todo en los fondos de pensiones y en la energía eléctrica. El responsable de esta Secretaría de Estado de Lucio Gutiérrez, Augusto Barrera, formó parte del Buró Político de Alianza País, y fue el candidato a la Alcaldía de la capital de la república por parte de Alianza País. Asimismo, el Capítulo V del Título IV de la Constitución Política de 2008, crea la Función de Transparencia y Control Social, que recoge punto por punto las propuestas de la USAID y del Banco Mundial sobre “participación ciudadana”.
Los temas del derecho a consulta de las poblaciones locales para el manejo de recursos, son uno de los temas claves en los que ya trabajó el Banco Mundial. La posición de Alianza País de oponerse al consentimiento libre, previo e informado y solamente aceptar la consulta previa coincide con la posición del Banco Mundial. En efecto, la Directiva Operacional 4.20 del Banco Mundial (antes de la reforma de 2006), establece lo siguiente en la disposición No. 8: “La política del Banco (Mundial) es que la estrategia para tratar asuntos referidos a pueblos indígenas debe estar basada en la participación informada de los propios indígenas. De esta manera la identificación de las preferencias locales a través de la consulta directa, la incorporación del conocimiento indígena en los enfoques de proyectos y la utilización de especialistas desde una etapa inicial son actividades centrales para cualquier proyecto que involucre a los pueblos indígenas y sus derechos sobre recursos naturales y económicos”. (World Bank: Summary of Consultations with External Stakeholders Regarding the World Bank Indigenous Peoples Policy (Draft PO/BP 4.10). Internal Report, April 18, 2002).
De otra parte, y en el mismo tenor, y en conformidad con esta disposición interna del Banco Mundial, puede observarse la declaración del Banco Mundial en el documento Estrategia Asistencia País entre el Banco Mundial y el gobierno del Ecuador de 2003, lo siguiente: “El Banco (Mundial, P.D.) ha promovido la rendición de cuentas en lo social mediante el apoyo no reembolsable con el fin de desarrollar lineamientos para las consultas previas a las inversiones mineras e hidrocarburíferas y la vigilancia comunitaria para las actividades mineras”. (Banco Mundial, Estrategia Asistencia País, Informe No. 25817 EC, 29 de abril de 2003, pp. 9). La Ley de Minería aprobada por la Comisión de Legislación y Fiscalización, manejada por Alianza País, es tan conservadora, neoliberal y pro-extractivista que ni siquiera recoge las propuestas de consulta previa del Banco Mundial.
Los temas de la prohibición del uso de recursos estatales para campañas políticas y que forma parte de las reivindicaciones de Alianza País, también fueron propuestos por el Banco Mundial. La transparencia en la gestión pública a través de la publicación de todos los contratos del Estado (SIGOB, SIGEF, RUP, etc.) fueron también temas propuestos desde el Banco Mundial y constan en los acuerdos que el Banco Mundial suscribió con Lucio Gutiérrez en 2003.
En lo que hace referencia a la tercerización laboral, y que el régimen de Alianza País ha exhibido como uno de sus logros más caros, el Banco Mundial ya opuso resistencia y cuestionó duramente a este tipo de flexibilización laboral. En un estudio del Banco Mundial, puede leerse lo siguiente: “Por otra parte, la proliferación de agencias temporales de empleo (cerca de 200 creadas en los últimos años y que cubren alrededor del 10% del empleo formal), fenómeno conocido como “terciarización”, no permite su monitoreo adecuado, deteriora la relación laboral e impide supervisar el cumplimiento de los requisitos laborales mínimos por parte de las firmas contratantes” (Fretes Cibils, Vicente, et alt: Ecuador Una agenda económica y social del nuevo milenio, Banco Mundial, pag. Lxii). En la Estrategia Asistencia País (CAS) suscrita en 2003, entre el gobierno de Lucio Gutiérrez y el Banco Mundial puede, asimismo, leerse lo siguiente: “la tercerización contribuye importantemente a la flexibilidad laboral, pero niega a los trabajadores sus derechos y prestaciones”. CAS-2003, prg: 80, pp. 26.
Los temas de la descentralización, las autonomías y el régimen de competencias, que constan en el título V del texto Constitucional de 2008 bajo el nombre de “Organización Territorial del Estado”, fueron previamente pensados y diseñados por el Banco Mundial y por la cooperación internacional al desarrollo en la década de los noventa, en especial la cooperación alemana (GTZ), y recogen punto por punto las necesidades geopolíticas de las corporaciones transnacionales; no solo ello, sino que establecen como artículo constitucional para los gobiernos locales (denominados por la Constitución ecuatoriana de 2008 como “gobiernos autónomos descentralizados”), lo siguiente : “Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias” (Art. 262, numeral 9; Art. 263, numeral 8; Art. 264, numeral 13; Art. 267, numeral 7), abriendo el espacio para la intervención neocolonial por la vía de la cooperación internacional al desarrollo y vulnerando, de esta manera, la soberanía nacional.
Los temas de la lucha contra la corrupción, las auditorías y veedurías públicas, y que en el caso del Ecuador han sido incluso constitucionalizados, son otros de los ejes importantes del Banco Mundial y de la ONG Transparencia Internacional (TI), vinculada al Banco Mundial, al G-8 y al foro de Davos. Los temas de privatización de la naturaleza por la vía del pago de los servicios ambientales, y que también constan en el texto Constitucional de Alianza País[1], y en los que han trabajado instituciones como Conservation International (CI), fueron también estructurados y definidos desde la episteme neoliberal del Banco Mundial y de ONG’s ambientalistas y vinculadas a las corporaciones transnacionales (como el caso de CI, o de TNC).
Todos los temas de derechos, y que han sido el argumento legitimante de esta nueva burguesía emergente y que le han servido para presentar al texto Constitucional de 2008 como el más avanzado en materia de derechos, en realidad pueden mirarse como la traslación al ámbito de los derechos de los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo sustento analítico lo hizo el Banco Mundial.
Ahora bien, educación, salud, producción, sector social, infraestructura, etc., todos ellos fueron objetos de intervención desde la reforma sectorial del Banco Mundial durante la década de los noventa en el Ecuador, pero también fue intervenida la administración de justicia a través de un proyecto específico denominado PROJUSTICIA, y que tenía como objetivo fundamental la construcción del Estado Hobbesiano a través de la creación de la seguridad jurídica necesaria para las inversiones privadas.
Se trataba de adecuar al sistema jurídico para crear los correlatos necesarios para la vigencia de los derechos de propiedad individual por sobre la propiedad comunal, para que de esta manera pueda existir la suficiente seguridad jurídica para las inversiones privadas; como correlato de la seguridad jurídica consta la criminalización a toda forma de resistencia y movilización social. El proyecto PROJUSTICIA del Banco Mundial, en ese sentido, se ha revelado como uno de los mecanismos más importantes de la reforma estructural para consolidarla a nivel jurídico y constitucional. Los marcos de intervención del Banco Mundial sobre la administración de justicia se convertirán en política de Estado durante el gobierno de Alianza País. El responsable de este proyecto clave del Banco Mundial, se convertirá, posteriormente, en Ministro de Justicia y luego en Ministro de Gobierno, durante el gobierno de Alianza País.
En el caso del denominado sector social se gestó la institución más representativa de la reforma sectorial neoliberal del Banco Mundial: el Ministerio de Bienestar Social (que ha tenido varios nombres durante la reforma neoliberal, y que en la era de Alianza País se llamó de Inclusión económica y social). Esta Secretaría de Estado se convierte en el espacio en el que convergen los temas más importantes de la reforma estructural sectorial neoliberal, y que armoniza los tiempos, los momentos, las prioridades y el ritmo de la reforma sectorial con el complejo institucional de la reforma sectorial.
Esta Secretaría de Estado es el producto más caro de la reforma neoliberal, porque allí radican los programas, proyectos y acciones que nacieron desde el BID y el Banco Mundial y que ahora son ya políticas públicas sancionadas desde el Estado. Allí radican los programas de protección social diseñados y creados desde el BID y el Banco Mundial (como el Bono de la pobreza, denominado también como Bono de Desarrollo Humano, los programas de intervención social “Socio-país”, etc.), desde allí la reforma estructural puede desplegarse y legitimarse hacia la sociedad como política de Estado.
Esta Secretaría de Estado, como momento político y como instancia pública de la reforma estructural del neoliberalismo, alcanza su despliegue más importante durante el gobierno de Alianza País, en donde se consolidan y adquieren su punto máximo las estrategias de asistencialismo, focalización, cooptación y asimilación social, bajo los mismos esquemas, modelos de intervención e incluso cuadros técnicos, y consultores de la reforma sectorial del neoliberalismo. De hecho, uno de los cuadros tecno-políticos más importantes del Banco Mundial, Nathalie Cely, es quien maneja y coordina toda el área social en el gobierno de Alianza País.
Estos proyectos de reforma sectorial del Banco Mundial y desde los cuales se intervino en el Estado y en la sociedad, fueron creados para experimentar las formas de privatización de las políticas públicas y los marcos categoriales y metodológicos que luego se convertirían en el formato del Estado en su conjunto. Los proyectos de la reforma sectorial se situaban a la sombra y al amparo del Estado. Crecían como un cuerpo metastático en la periferia del Estado. No eran Estado, pero supuestamente tampoco eran sector privado. Se movían en ese aparente intersticio entre lo público y lo privado que son las ONG’s y la cooperación al desarrollo. De ese intersticio extraían las condiciones de su legitimidad política y a partir de esa situación de ambigüedad y de limbo político, obtenían el peso político para imponer sus prescripciones al conjunto del Estado y la sociedad. Eran un cuerpo canceroso creado ex profeso para infectar al Estado con la lógica neoliberal.
En virtud de que eran proyectos de mediano plazo que testaban sus metodologías y sus cuadros tecno-políticos directamente con el Estado y, además, realizaban cambios en el Estado en conformidad con las estrategias establecidas desde algo que puede ser denominado como complejo institucional de la reforma estructural neoliberal, nunca rindieron cuentas a nadie que no sea del propio complejo institucional de la reforma estructural. Su lealtad era con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID, con la GTZ , con la COSUDE , con el PNUD, con la CAF , nunca con el Estado que les dio abrigo y cobertura. Nunca rindieron cuentas a la sociedad, y la única vez que pretendieron hacerlo (en el proyecto SAPRI del Banco Mundial), se trató más bien de una estrategia política de relegitimación y de manipulación social.
Para el conjunto de la sociedad, e incluso para líderes de opinión y dirigentes sociales, los acrónimos de los proyectos de la reforma estructural eran un arcano misterioso y de difícil comprensión y acceso. Nunca la sociedad conoció, debatió, reflexionó o aprobó ninguno de esos proyectos de reforma sectorial. Sus marcos metodológicos eran metalenguaje puro. Representaban el grado cero de la democracia y la transparencia. Eran casi las entelequias de un poder real que actuaba a la sombra. Una vez que lograban sus resultados, para utilizar una metáfora médica, y conseguían la transferencia de su ADN hacia el Estado, que finalmente adoptaba esas metodologías de los proyectos sectoriales como políticas de Estado, estos proyectos sectoriales desaparecían en una bruma de olvido e indiferencia creada a propósito. Nacieron desde la sombra del complejo institucional de la reforma estructural y, una vez cumplidos sus propósitos, regresaron a las sombras.
El Estado que había sido contaminado por esos proyectos de la reforma estructural-sectorial no podía ser el mismo Estado de la industrialización o de Bienestar. Era un Estado adecuado completamente a las coordenadas de la acumulación del capital en tiempos de neoliberalismo y globalización. Era un Estado que pensaba en términos de “marco lógico”, “árbol de problemas”, “FODA”, “análisis sectorial”, “competitividad”, “cambios institucionales”, etc. Era un Estado colonizado en su episteme misma por el complejo institucional de la reforma estructural. Un Estado hobbesiano y pensado en términos del derecho privado y de propiedad (el famoso “Estado social de derecho” neoliberal). Un Estado presto para actuar en defensa de la propiedad privada y los intereses de los inversionistas privados. Un Estado que podía criminalizar a su población al tiempo que garantizaba la “seguridad jurídica”. Es por ello que el Banco Mundial ahora preconice la consolidación del Estado, porque es un armazón que nada tiene que ver con el Estado anterior a las reformas estructurales del neoliberalismo.
Es por ello que en América Latina varios gobiernos pueden proponer y llevar adelante estrategias políticas de recuperación del Estado, porque ese Estado es la mejor garantía para el funcionamiento del neoliberalismo. Es por ello que el gobierno de Alianza País pudo posicionar su discurso de rescate de la soberanía estatal y de la acción del Estado y de las políticas públicas, y que muchos sectores sociales hayan pensado que se trataba de un cambio radical en el modelo económico neoliberal, cuando en realidad representaba su consolidación y fortalecimiento. Es desde allí que hay que comprender las ambigüedades de los discursos políticos en estos momentos de transición al pos-neoliberalismo.
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[1] CPE: “Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.”
**Pablo Dávalos, economista ecuatoriano, catedrático universitario y responsable de ATTAC -Ecuador
Relator Especial sobre pueblos indigenas urge al Gobierno de Peru a dialogar
http://www.politicaspublicas.net/panel/noticias/america-latina/304-relator-especial-sobre-pueblos-indigenas-urge-al-gobierno-de-peru-a-dialogar-con-los-pueblos-indigenas-del-amazonas.html
Relator Especial sobre pueblos indígenas urge al Gobierno de Perú a dialogar con los pueblos indígenas del Amazonas
Ginebra, 10 de junio de 2009
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Profesor James Anaya, expresa su más profunda preocupación por los enfrentamientos del viernes 5 de junio, y los eventos subsecuentes, en Bagua, Departamento de Amazonas, Perú, que han resultado en la muerte de aproximadamente 30 personas, incluidas personas indígenas y miembros de la Fuerza Pública, así como decenas de heridos y desaparecidos. El Relator Especial expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias.
“Hago un llamado urgente a todos los actores involucrados a que eviten otros acontecimientos de violencia, y exhorto a las autoridades del Estado a implementar todas las medidas ya establecidas, así como a adoptar todas las medidas adicionales necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas”, dijo James Anaya.
Además, el Relator Especial insta al Estado a investigar seriamente todos aquellos actos relacionados a esta situación que puedan indicar violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares. Asimismo, el Relator Especial insta a las personas y pueblos indígenas involucrados que sus reclamos y manifestaciones siempre sean de forma pacífica, respectando los derechos humanos de otros.
El Relator Especial también exhorta a todos los actores involucrados a buscar consensos y encaminarse a una vía de dialogo y de entendimiento sobre la base de la tolerancia y respeto a los derechos humanos. “Enfatizo la necesidad de que el Gobierno y los grupos indígenas interesadas hagan un nuevo esfuerzo conjunto hacia una resolución a los conflictos en la región de manera abierta y transparente que facilite el diálogo, evite la violencia y respete los derechos humanos”.
El Relator Especial expresa su disponibilidad de realizar una visita al país para revisar la situación y contribuir a la búsqueda de tal resolución a los conflictos, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para promover el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Finalmente, el Relator Especial desea adherirse a los comunicados previos sobre este tema emitidos por la Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo del Perú.
El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Profesor James Anaya como Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas por un período inicial de tres años. El Sr. Anaya es James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and Policy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos de América.
Para más información sobre el mandato del Relator Especial:
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur
Relator Especial sobre pueblos indígenas urge al Gobierno de Perú a dialogar con los pueblos indígenas del Amazonas
Ginebra, 10 de junio de 2009
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Profesor James Anaya, expresa su más profunda preocupación por los enfrentamientos del viernes 5 de junio, y los eventos subsecuentes, en Bagua, Departamento de Amazonas, Perú, que han resultado en la muerte de aproximadamente 30 personas, incluidas personas indígenas y miembros de la Fuerza Pública, así como decenas de heridos y desaparecidos. El Relator Especial expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias.
“Hago un llamado urgente a todos los actores involucrados a que eviten otros acontecimientos de violencia, y exhorto a las autoridades del Estado a implementar todas las medidas ya establecidas, así como a adoptar todas las medidas adicionales necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas”, dijo James Anaya.
Además, el Relator Especial insta al Estado a investigar seriamente todos aquellos actos relacionados a esta situación que puedan indicar violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares. Asimismo, el Relator Especial insta a las personas y pueblos indígenas involucrados que sus reclamos y manifestaciones siempre sean de forma pacífica, respectando los derechos humanos de otros.
El Relator Especial también exhorta a todos los actores involucrados a buscar consensos y encaminarse a una vía de dialogo y de entendimiento sobre la base de la tolerancia y respeto a los derechos humanos. “Enfatizo la necesidad de que el Gobierno y los grupos indígenas interesadas hagan un nuevo esfuerzo conjunto hacia una resolución a los conflictos en la región de manera abierta y transparente que facilite el diálogo, evite la violencia y respete los derechos humanos”.
El Relator Especial expresa su disponibilidad de realizar una visita al país para revisar la situación y contribuir a la búsqueda de tal resolución a los conflictos, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para promover el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Finalmente, el Relator Especial desea adherirse a los comunicados previos sobre este tema emitidos por la Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo del Perú.
El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Profesor James Anaya como Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas por un período inicial de tres años. El Sr. Anaya es James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and Policy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos de América.
Para más información sobre el mandato del Relator Especial:
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur
Ecuador: Homo sapiens y homo economicus confrontan en las universidades
Publicado en Kaos en la red.net
Ecuador: Homo sapiens y homo economicus confrontan en las universidades
René Báez**
El nuevo modelo educacional busca la conversión de la universidad pública comprometida con los grandes objetivos nacionales/regionales por una entidad funcional a los fines de las firmas monopólicas
www.kaosenlared.net/noticia/ecuador-homo-sapiens-homo-economicus-confrontan-universidades
En nuestro estudio “El desembarco invisible” (www.alainet.org/active/23016&=es), adelantamos una disección de los orígenes, el contenido y las repercusiones en distintos planos del Proyecto Tuning en las universidades latinoamericanas y particularmente en el Ecuador.
En este breve trabajo aspiramos a ampliar y profundizar algunos puntos de vista ya expuestos en el material citado, tomando en cuenta especialmente las decisiones gubernamentales encaminadas a dar vigor a ese plan funcionalizante de la educación superior en el país.
Acciones recientes
Se alude, en concreto, a que el gobierno de Rafael Correa, inspirado en un discurso esencialmente derechista y bancomundialista, congruente con la reestructuración subordinada y reprimarizante de las economías periféricas impuesta por el capitalismo mundial desde hace varias décadas, viene impulsando la remodelación del sistema educativo en general, y de las universidades en particular, en concomitancia con las denominadas “leyes” o “fuerzas” del mercado. Pruebas al canto.
La aprobación por parte de la oficialista Asamblea de Montecristi de una Constitución de “alma neoliberal” –refrendada plebiscitariamente en septiembre del 2008-, texto jurídico que, además de otorgar rango constitucional a la educación por competencias determinado para los centros educativos superiores, viene siendo progresivamente instrumentalizado con el soporte de una serie de leyes tramitadas por la Comisión Legislativa, un mini Congreso hegemonizado también por el “correísmo”. Conforme era previsible, tales leyes han sido diseñadas a gusto y sabor de las corporaciones transnacionales. Aludimos a la Ley Minera, que viabiliza la explotación a gran escala y a cielo abierto de los yacimientos metalíferos; a la Ley de Seguridad Alimentaria, también conocida como “Ley Monsanto”, así como a la Ley contra el Genocidio, que abre las puertas para el exterminio de las comunidades autóctonas en aislamiento voluntario.
Una ideología del Gran Capital
La estrategia regresiva, extractivista y depredadora –amén de políticamente autoritaria- promovida por el régimen de Alianza País se ha proyectado a los institutos superiores a través del referido paradigma de la educación por competencias, un patrón formativo largamente aupado por la entente euro-estadounidense e implantado en nuestro medio bajo el membrete de Proyecto Tuning-Ecuador (2005), programa coordinado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).
En términos formales, el nuevo modelo educacional busca la conversión de la tradicional universidad pública latinoamericana/ecuatoriana comprometida con los grandes objetivos nacionales/regionales por una entidad funcional a los fines crematísticos y geopolíticos de las firmas monopólicas. ¿Qué está detrás de la esta mutación formal pero, sobre todo, teleológica de las universidades estatales e incluso privadas?
En nuestra opinión, cuestiones como las siguientes:
° Producto histórico de la evolución del capitalismo, la educación por competencias emerge a la superficie en los años 70 del siglo pasado a consecuencia del colapso del Estado de Bienestar en los países primermundistas y del agotamiento de los estados desarrollistas-intervencionistas en la periferia, y correlativamente a la consolidación de las empresas y bancos internacionales como protagonistas del escenario mundial. (1)
° La educación por competencias –también conocida como educación de calidad- tiene que ser visualizada como un mecanismo para llevar el predominio de la razón instrumental –dinero y tecnociencia- hasta sus últimas consecuencias. En buen romance, esto no significa otra cosa que las tareas consustanciales a la universidad –investigación científica, formación de profesionales y extensión- pasan a ser evaluadas según los parámetros esenciales del capitalismo, como la oferta y la demanda, la productividad y la rentabilidad. De lo cual resulta que, en el actual estadio de la modernidad, las verdades científicas y técnicas únicamente son tales si así lo dictamina el mercado, es decir, la deidad de estos tiempos cibernéticos y poscomunistas.
° La fundamentación filosófica de la educación de mercado no puede ser más peligrosa y deleznable. Aludimos al pragmatismo, esa postura filosófica -y ética- que encuentra que la verdad ha de encontrarse únicamente en los resultados prácticos de una determinada acción, para el caso, en la calidad de los profesionales requeridos por los administradores empresariales. Dado que el objetivo supremo de los hombres-corporación no es otro que asegurar la mayor productividad y rentabilidad de los distintos “factores de la producción” -entre ellos, la mano de obra-, el proceso formativo basado en la educación por competencias presiona para la conversión de los seres humanos –maestros, alumnos y profesionales universitarios, en este caso- en simples engranajes de la tecnoestructura controlada por las compañías globales, despojándolos de sus más elevados atributos intelectuales, morales y emocionales. Todo esto en tributo al mito del Progreso/Crecimiento/Desarrollo que el Poder mundial aspira perpetuar pese a su inocultable bancarrota contemporánea, de cuyas expresiones teratológicas dan cuenta el reciente desplome de Wall Street (2008) y los fenómenos naturales/sociales asociados al denominado “cambio climático”. (2)
° A nivel metodológico, la educación por competencias -a horcajadas del pragmatismo y de la mano de una tecnocracia de nuevo cuño-, con sus evaluaciones y acreditaciones cuánticas, superficiales y siempre funcionales a las demandas empresariales, está marcando el retorno del empirismo; es decir, de ese método que busca acceder al conocimiento mediante la simple recopilación de cifras y datos arbitrariamente seleccionados y a menudo irrelevantes. (3)
La marcha reciente del Proyecto Tuning-Ecuador
Para avanzar al análisis concreto de la experiencia nacional con la educación mercantilizada, aparece necesario referirse al marco legal actualmente vigente para los centros de nivel universitario. A este respecto, en la novísima Carta Política montecristense puede leerse:
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía, responsabilidad, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco de diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global.
Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados…
Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:
1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.
2. Un organismo técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.
Más allá de la irritante retórica y del eclecticismo de que hacen gala los citados artículos, particularmente el 350 y el 351, cabe realizar las puntualizaciones siguientes:
° La ya referida consagración constitucional del Proyecto Tuning, con su estrategia formativa medularmente afín a la ideología e intereses imperialistas, “subimperialistas” y corporativos.
° La mutilación casi total de la autonomía académica, administrativa y financiera de los centros superiores al subordinárseles a entidades como la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) y la Comisión Nacional de Evaluación (CONEA). Servidumbre a la “oscura voz de los tecnócratas”, diría el biólogo Albert Jacquard.
° Y, finalmente, la sujeción del sistema de educación superior al denominado régimen de desarrollo formulado en el título VI de la Constitución de marras, cuyas subjetividades y contradicciones antológicas, antes que enrumbar al país al Socialismo del Siglo XXI (y, en rigor, a ningún tipo de socialismo), estarían conduciendo al país, por la ruta del “vil desarrollismo” (Arturo Guillén), a una suerte de protectorado de poderíos políticos y económicos externos. O, lo que es lo mismo, a una especie de reedición del colonialismo que implantara en estas latitudes la Corona española en el distante siglo XVI.
Desafío y respuesta
¿Qué hacer desde nuestras sociedades y desde las universidades estatales frente a la encrucijada en que nos ha colocado una modernidad mal concebida y peor instrumentada?
A grandes males, grandes remedios.
Con el telón de fondo de un análisis raizal del hundimiento de la civilización del capital y de su incidencia en el mundo académico latinoamericano, el investigador compatriota Bolívar Echeverría remata su estudio reciente titulado “¿Es prescindible la universidad?” con frases que compartimos plenamente: “Los movimientos populares de transformación institucional que actualmente ganan terreno en la América Latina tienen ante sí una alternativa: someterse a la tendencia ´modernizante´ que hace del conocer un modo no por sutil menos irreflexivo de depredación de la naturaleza (y del hombre, R.B.) o prestar oídos a los muchos focos de resistencia que se mantienen y que aparecen en contra de esa tendencia predominante, y rescatar así al saber universitario, no como una insistencia infundada en un remanente obsoleto del pasado, sino como una reafirmación de algo, que es indispensable del saber humano, y que debe seguir siéndolo si éste quiere ser en el futuro un saber verdaderamente creativo y comprometido con la sociedad que lo hace posible”. (4)
That is the question, diría el poeta isabelino William Shakespeare.
Notas.-
(1) La lógica de ambos procesos aparece descrita prolijamente en el trabajo de Joao dos Reis Silva Jr., Rev. Cuadernos Latinoamericanos, no. 12, Universidad del Zulia, Maracaibo, 1996, pp. 49-87.)
(2) Con cuanta dosis de razón, en un libro escrito hace más de medio siglo, el escritor argentino Ernesto Sábato censuraba al pragmatismo como a una verdadera peste de la modernidad, describiéndolo como a una visión de las cosas que cultivan quienes “confunden la realidad con un Círculo-De-Dos-Metros-De-Diámetro, con centro en sus modestas cabezas”. Cf. Hombres y engranajes, emecé editores, Buenos Aires, 1951.
(3) Conforme lo está haciendo en estos mismos días el ministro ecuatoriano de Educación, Raúl Vallejo, blandiendo tests con fines punitivos que han desatado el repudio mayoritario de los maestros primarios y secundarios. El empirismo, en tanto forma cognoscitiva, ha sido catalogado como correspondiente a la “edad de piedra” de la razón, y, en su momento, fue impugnada por Poincaré con la precisa metáfora siguiente: “Se hace ciencia con hechos como una casa con piedras; pero una acumulación de hechos no es una ciencia, lo mismo que un montón de piedras no es una casa”.
(4) El Telégrafo, 1 de junio del 2009.
Junio/2009
René Báez** Economista ecuatoriano y catedrático universitario
Ecuador: Homo sapiens y homo economicus confrontan en las universidades
René Báez**
El nuevo modelo educacional busca la conversión de la universidad pública comprometida con los grandes objetivos nacionales/regionales por una entidad funcional a los fines de las firmas monopólicas
www.kaosenlared.net/noticia/ecuador-homo-sapiens-homo-economicus-confrontan-universidades
En nuestro estudio “El desembarco invisible” (www.alainet.org/active/23016&=es), adelantamos una disección de los orígenes, el contenido y las repercusiones en distintos planos del Proyecto Tuning en las universidades latinoamericanas y particularmente en el Ecuador.
En este breve trabajo aspiramos a ampliar y profundizar algunos puntos de vista ya expuestos en el material citado, tomando en cuenta especialmente las decisiones gubernamentales encaminadas a dar vigor a ese plan funcionalizante de la educación superior en el país.
Acciones recientes
Se alude, en concreto, a que el gobierno de Rafael Correa, inspirado en un discurso esencialmente derechista y bancomundialista, congruente con la reestructuración subordinada y reprimarizante de las economías periféricas impuesta por el capitalismo mundial desde hace varias décadas, viene impulsando la remodelación del sistema educativo en general, y de las universidades en particular, en concomitancia con las denominadas “leyes” o “fuerzas” del mercado. Pruebas al canto.
La aprobación por parte de la oficialista Asamblea de Montecristi de una Constitución de “alma neoliberal” –refrendada plebiscitariamente en septiembre del 2008-, texto jurídico que, además de otorgar rango constitucional a la educación por competencias determinado para los centros educativos superiores, viene siendo progresivamente instrumentalizado con el soporte de una serie de leyes tramitadas por la Comisión Legislativa, un mini Congreso hegemonizado también por el “correísmo”. Conforme era previsible, tales leyes han sido diseñadas a gusto y sabor de las corporaciones transnacionales. Aludimos a la Ley Minera, que viabiliza la explotación a gran escala y a cielo abierto de los yacimientos metalíferos; a la Ley de Seguridad Alimentaria, también conocida como “Ley Monsanto”, así como a la Ley contra el Genocidio, que abre las puertas para el exterminio de las comunidades autóctonas en aislamiento voluntario.
Una ideología del Gran Capital
La estrategia regresiva, extractivista y depredadora –amén de políticamente autoritaria- promovida por el régimen de Alianza País se ha proyectado a los institutos superiores a través del referido paradigma de la educación por competencias, un patrón formativo largamente aupado por la entente euro-estadounidense e implantado en nuestro medio bajo el membrete de Proyecto Tuning-Ecuador (2005), programa coordinado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).
En términos formales, el nuevo modelo educacional busca la conversión de la tradicional universidad pública latinoamericana/ecuatoriana comprometida con los grandes objetivos nacionales/regionales por una entidad funcional a los fines crematísticos y geopolíticos de las firmas monopólicas. ¿Qué está detrás de la esta mutación formal pero, sobre todo, teleológica de las universidades estatales e incluso privadas?
En nuestra opinión, cuestiones como las siguientes:
° Producto histórico de la evolución del capitalismo, la educación por competencias emerge a la superficie en los años 70 del siglo pasado a consecuencia del colapso del Estado de Bienestar en los países primermundistas y del agotamiento de los estados desarrollistas-intervencionistas en la periferia, y correlativamente a la consolidación de las empresas y bancos internacionales como protagonistas del escenario mundial. (1)
° La educación por competencias –también conocida como educación de calidad- tiene que ser visualizada como un mecanismo para llevar el predominio de la razón instrumental –dinero y tecnociencia- hasta sus últimas consecuencias. En buen romance, esto no significa otra cosa que las tareas consustanciales a la universidad –investigación científica, formación de profesionales y extensión- pasan a ser evaluadas según los parámetros esenciales del capitalismo, como la oferta y la demanda, la productividad y la rentabilidad. De lo cual resulta que, en el actual estadio de la modernidad, las verdades científicas y técnicas únicamente son tales si así lo dictamina el mercado, es decir, la deidad de estos tiempos cibernéticos y poscomunistas.
° La fundamentación filosófica de la educación de mercado no puede ser más peligrosa y deleznable. Aludimos al pragmatismo, esa postura filosófica -y ética- que encuentra que la verdad ha de encontrarse únicamente en los resultados prácticos de una determinada acción, para el caso, en la calidad de los profesionales requeridos por los administradores empresariales. Dado que el objetivo supremo de los hombres-corporación no es otro que asegurar la mayor productividad y rentabilidad de los distintos “factores de la producción” -entre ellos, la mano de obra-, el proceso formativo basado en la educación por competencias presiona para la conversión de los seres humanos –maestros, alumnos y profesionales universitarios, en este caso- en simples engranajes de la tecnoestructura controlada por las compañías globales, despojándolos de sus más elevados atributos intelectuales, morales y emocionales. Todo esto en tributo al mito del Progreso/Crecimiento/Desarrollo que el Poder mundial aspira perpetuar pese a su inocultable bancarrota contemporánea, de cuyas expresiones teratológicas dan cuenta el reciente desplome de Wall Street (2008) y los fenómenos naturales/sociales asociados al denominado “cambio climático”. (2)
° A nivel metodológico, la educación por competencias -a horcajadas del pragmatismo y de la mano de una tecnocracia de nuevo cuño-, con sus evaluaciones y acreditaciones cuánticas, superficiales y siempre funcionales a las demandas empresariales, está marcando el retorno del empirismo; es decir, de ese método que busca acceder al conocimiento mediante la simple recopilación de cifras y datos arbitrariamente seleccionados y a menudo irrelevantes. (3)
La marcha reciente del Proyecto Tuning-Ecuador
Para avanzar al análisis concreto de la experiencia nacional con la educación mercantilizada, aparece necesario referirse al marco legal actualmente vigente para los centros de nivel universitario. A este respecto, en la novísima Carta Política montecristense puede leerse:
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía, responsabilidad, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco de diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global.
Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados…
Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:
1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.
2. Un organismo técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.
Más allá de la irritante retórica y del eclecticismo de que hacen gala los citados artículos, particularmente el 350 y el 351, cabe realizar las puntualizaciones siguientes:
° La ya referida consagración constitucional del Proyecto Tuning, con su estrategia formativa medularmente afín a la ideología e intereses imperialistas, “subimperialistas” y corporativos.
° La mutilación casi total de la autonomía académica, administrativa y financiera de los centros superiores al subordinárseles a entidades como la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) y la Comisión Nacional de Evaluación (CONEA). Servidumbre a la “oscura voz de los tecnócratas”, diría el biólogo Albert Jacquard.
° Y, finalmente, la sujeción del sistema de educación superior al denominado régimen de desarrollo formulado en el título VI de la Constitución de marras, cuyas subjetividades y contradicciones antológicas, antes que enrumbar al país al Socialismo del Siglo XXI (y, en rigor, a ningún tipo de socialismo), estarían conduciendo al país, por la ruta del “vil desarrollismo” (Arturo Guillén), a una suerte de protectorado de poderíos políticos y económicos externos. O, lo que es lo mismo, a una especie de reedición del colonialismo que implantara en estas latitudes la Corona española en el distante siglo XVI.
Desafío y respuesta
¿Qué hacer desde nuestras sociedades y desde las universidades estatales frente a la encrucijada en que nos ha colocado una modernidad mal concebida y peor instrumentada?
A grandes males, grandes remedios.
Con el telón de fondo de un análisis raizal del hundimiento de la civilización del capital y de su incidencia en el mundo académico latinoamericano, el investigador compatriota Bolívar Echeverría remata su estudio reciente titulado “¿Es prescindible la universidad?” con frases que compartimos plenamente: “Los movimientos populares de transformación institucional que actualmente ganan terreno en la América Latina tienen ante sí una alternativa: someterse a la tendencia ´modernizante´ que hace del conocer un modo no por sutil menos irreflexivo de depredación de la naturaleza (y del hombre, R.B.) o prestar oídos a los muchos focos de resistencia que se mantienen y que aparecen en contra de esa tendencia predominante, y rescatar así al saber universitario, no como una insistencia infundada en un remanente obsoleto del pasado, sino como una reafirmación de algo, que es indispensable del saber humano, y que debe seguir siéndolo si éste quiere ser en el futuro un saber verdaderamente creativo y comprometido con la sociedad que lo hace posible”. (4)
That is the question, diría el poeta isabelino William Shakespeare.
Notas.-
(1) La lógica de ambos procesos aparece descrita prolijamente en el trabajo de Joao dos Reis Silva Jr., Rev. Cuadernos Latinoamericanos, no. 12, Universidad del Zulia, Maracaibo, 1996, pp. 49-87.)
(2) Con cuanta dosis de razón, en un libro escrito hace más de medio siglo, el escritor argentino Ernesto Sábato censuraba al pragmatismo como a una verdadera peste de la modernidad, describiéndolo como a una visión de las cosas que cultivan quienes “confunden la realidad con un Círculo-De-Dos-Metros-De-Diámetro, con centro en sus modestas cabezas”. Cf. Hombres y engranajes, emecé editores, Buenos Aires, 1951.
(3) Conforme lo está haciendo en estos mismos días el ministro ecuatoriano de Educación, Raúl Vallejo, blandiendo tests con fines punitivos que han desatado el repudio mayoritario de los maestros primarios y secundarios. El empirismo, en tanto forma cognoscitiva, ha sido catalogado como correspondiente a la “edad de piedra” de la razón, y, en su momento, fue impugnada por Poincaré con la precisa metáfora siguiente: “Se hace ciencia con hechos como una casa con piedras; pero una acumulación de hechos no es una ciencia, lo mismo que un montón de piedras no es una casa”.
(4) El Telégrafo, 1 de junio del 2009.
Junio/2009
René Báez** Economista ecuatoriano y catedrático universitario
viernes, 23 de enero de 2009
Los desafíos de Obama: Iraq, Pakistán y Afganistán
| Los desafíos de Obama: Iraq, Pakistán y Afganistán Noam Chomsky | The New York Times Syndicate |
| La buena voluntad de Barack Obama para "hablar" con el enemigo fue uno de los temas que definió su campaña por la presidencia. ¿Puede Obama estar a la altura de esa promesa? La diplomacia es la única alternativa sana al ciclo de violencia desde el Medio Oriente hasta Asia Central que amenaza con devorar al mundo. Un corolario es reconocer que la violencia solamente engendra violencia. También ayudaría si la administración de Obama, y Occidente, enfrentaran tópicos que impulsan la política en la región. Irak El gobierno de Irak ha forjado un Acuerdo sobre el Status de las Fuerzas de ocupación que Washington aceptó con renuencia. El acuerdo tiene como propósito terminar con la presencia militar de Estados Unidos en la nación árabe. El acuerdo es el último paso en el proceso de resistencia masiva no violenta que ha obligado a Washington, paso a paso, a aceptar las elecciones y el aumento de la independencia del país ocupado. Un vocero iraquí dijo que el tentativo acuerdo "se ajusta a la visión del presidente electo de Estados Unidos Barack Obama". La "visión" de Obama no está claramente definida, pero él probablemente aceptará, de alguna manera, las demandas del gobierno iraquí. Si es así, eso exigirá reformas en los planes de Estados Unidos de asegurarse el control sobre las enormes reservas de petróleo de Irak mientras establece bases para reforzar su dominio en la región más importante de producción de energía del mundo. Es bueno señalar que recientes encuestas a nivel mundial muestran una fuerte oposición a la existencia de bases navales de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. La oposición es muy fuerte dentro de la región. La perspectiva de trasladar las fuerzas desde Irak hacia Afganistán hizo que The Washington Post señalara en un editorial: "En tanto Estados Unidos tiene interés en evitar la resurgencia del Talibán afgano, la importancia estratégica del país palidece ante la de Irak, que reposa en el centro geopolítico de Medio Oriente y contiene algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo". Este es un reconocimiento de la realidad. Los pretextos sobre la seguridad y la promoción de la democracia no pueden seguir ocultando los reales intereses e intenciones. El comando de la NATO también está comenzando a reconocer los temas cruciales de la energía. En junio del 2007, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jaap de Hoop Scheffer, informó en una reunión de miembros que "las tropas de la OTAN tienen que cuidar los oleoductos que transportan petróleo y gas hacia Occidente". También necesitan proteger las rutas marítimas usadas por los tanqueros, y otra "crucial" infraestructura del sistema energético, dijo el funcionario de la OTAN. La tarea podría incluir el proyectado oleoducto TAPI, que será construido a un costo de 7.600 millones de dólares y enviaría gas natural desde Turkmenistán hasta Pakistán y la India, atravesando la provincia de Kandahar, en Afganistán, donde están emplazadas tropas canadienses. El objetivo es "bloquear un oleoducto competitivo que traería gas a Pakistán y la India desde Irán" y "disminuir el dominio de Rusia sobre las exportaciones de energía de Asia Central", informó The (Toronto) Globe and Mail, bosquejando de manera verosímil algunos de los contornos del nuevo "Gran Juego" (cuando Gran Bretaña y Rusia competían por la influencia en Asia Central durante el siglo XIX). Pakistán Obama ha respaldado la política de George W. Bush de atacar a presuntos líderes de al-Qaida en países que Estados Unidos no ha (todavía) invadido. En particular, no ha criticado las incursiones de aviones Predator guiados por control remoto que han matado a muchos civiles en Pakistán. En este momento una despiadada mini-guerra se está llevando a cabo en el área tribal de Bajaur en Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. La BBC describe una destrucción extensa a raíz de los combates. "Muchos en Bajaur consideran que las raíces del levantamiento provienen de un presunto ataque norteamericano con misiles contra un seminario islámico, o madrassa, en noviembre del 2006, que mató a alrededor de 80 personas". El ataque fue denunciado en la prensa de Pakistán por el respetado físico disidente paquistaní Pervez Hoodbhoy pero ignorado en Estados Unidos. Las cosas suelen parecer diferentes del otro lado del garrote. Hoodbhoy señaló que el resultado usual de ese tipo de ataques "ha sido casas arrasadas, niños muertos y mutilados, y una creciente población local que busca venganza contra Pakistán y contra Estados Unidos". Bajaur permite ilustrar el círculo vicioso de ataques y represalias que Obama no parece desear romper. El 3 de noviembre, el general David Petraeus, recientemente designado jefe del comando central de las fuerzas armadas de Estados Unidos, que cubre Medio Oriente, tuvo su primera reunión con el presidente paquistaní Asif Ali Zardari, con el jefe del ejército general Ashfaq Parvez Kayani, y con otros funcionarios. La preocupación principal de los funcionarios paquistaníes fue "los continuos ataques con aviones manejados por control remoto en nuestro territorio, que causan la pérdida de preciosas vidas y de propiedades, son contraproducentes, y difíciles de explicar por parte de un gobierno elegido de manera democrática", le dijo Zardari a Petraeus. El gobierno de Islamabad, dijo Zardari, está "siendo presionado para reaccionar con más agresividad" frente a los ataques. Esto podría conducir a que exista una "repercusión negativa contra Estados Unidos" que es ya profundamente impopular en Pakistán. Petraeus dijo que había oído el mensaje, y que "nosotros tendremos que tomar en cuenta (la opinión paquistaní)" cuando se lancen ataques. Se trata de un requisito práctico, sin duda alguna, si se toma en cuenta que más del 80 por ciento de los suministros para la guerra que libran Estados Unidos y la OTAN en Afganistán pasa por Pakistán. El modo en que la opinión paquistaní fue "tomada en cuenta" fue revelado dos semanas más tarde en The Washington Post. El diario informó que Estados Unidos y Pakistán llegaron a un "tácito acuerdo en septiembre (de 2008) sobre una política de no-preguntar-no-decir. Eso permite atacar objetivos de presuntos terroristas" en Pakistán con el avión Predator, dijeron funcionarios de ambos países que pidieron no ser identificados. "Los funcionarios describieron el acuerdo como uno en el cual el gobierno de Estados Unidos se niega a reconocer públicamente los ataques mientras que el gobierno de Pakistán continúa quejándose ruidosamente sobre esos ataques" que conllevan riesgos de inestabilidad interna. Un día antes que fuera publicado el informe sobre el "acuerdo tácito", un atacante suicida en la conflictiva zona tribal cerca de la frontera con Afganistán mató a ocho soldados paquistaníes. Eso fue en represalia por el ataque de un Predator en que murieron 20 personas, entre ellas dos líderes del Talibán. El parlamento paquistaní exigió entablar un diálogo con el Talibán. Haciéndose eco de esa resolución, el ministro del Exterior de Pakistán, Shah Mehmood Qureshi dijo: "Hay una comprensión cada vez más grande de que el uso exclusivo de la fuerza no puede producir los resultados deseados". Afganistán El primer mensaje del presidente afgano Hamid Karzai al presidente electo Obama fue muy similar al que formularon los líderes paquistaníes a Petraeus: "Finalizar los bombardeos aéreos de Estados Unidos que provocan bajas entre los civiles". Su mensaje fue enviado poco después de que las tropas de la coalición bombardearan una fiesta de bodas en la provincia de Kandahar, matando a 40 personas, según informes de prensa. No hay indicaciones de que la opinión de los afganos "fue tomada en cuenta". El comando británico ha advertido que no hay una solución militar al conflicto en Afganistán. Según The Financial Times, el comando militar dijo que hay que entablar negociaciones con el Talibán. Eso arriesga un desacuerdo entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Los temas ya están sobre la mesa, escribe Jason Burke, un corresponsal de The Observer con una larga experiencia en la región: "El Talibán ha estado involucrado en conversaciones secretas sobre la finalización del conflicto en Afganistán en un 'proceso de paz' de amplio alcance patrocinado por Arabia Saudita y apoyado por Gran Bretaña". Algunos activistas por la paz afganos han planteado sus reservas en relación a este enfoque. Prefieren una solución sin interferencia extranjera. Una red creciente de activistas para la paz está convocando a negociaciones y a la reconciliación con el Talibán en la Jirga Nacional de la Paz, una gran asamblea de afganos, formada en mayo del 2008. En una reunión en mayo en apoyo a la Jirga, 3.000 políticos e intelectuales afganos, principalmente de los pashtunes, el grupo étnico más grande, criticó "la campaña militar internacional contra los militantes islámicos en Afganistán y convocó al diálogo para terminar la lucha", informó la agencia France-Presse. Bakhtar Aminzai, presidente interino de la Jirga Nacional de la Paz, "dijo en la reunión de apertura que el actual conflicto no puede ser resuelto por medios militares y que solamente las conversaciones traerían una solución". Un líder del Despertar de la Juventud, un prominente grupo afgano que se opone a la guerra, dijo que "nosotros debemos terminar el 'afganicidio' el asesinato de Afganistán". Un sondeo en un Afganistán desgarrado por la guerra es difícil de hacer, pero los resultados merecen ser tomados en cuenta. Una encuesta hecha por canadienses encontró que los afganos favorecen la presencia de soldados canadienses y de otros países. (Un resultado que fue titular de primera plana en Canadá). Otros hallazgos deben ser examinados con minuciosidad. Solamente el 20 por ciento de los afganos encuestados "piensan que el Talibán prevalecerá una vez las tropas extranjeras se retiren". Tres cuartos apoyan las negociaciones entre el gobierno de Karzai y el Talibán. Y más de la mitad favorece un gobierno de coalición. Por consiguiente, la inmensa mayoría discrepa con el enfoque de Estados Unidos y de la OTAN para militarizar aún más el conflicto, y parece creer que la paz es posible si hay negociaciones. Un estudio de los milicianos del Talibán realizado por el periódico canadiense The Globe and Mail, aunque no sea una encuesta científica tal como señala el periódico, ofrece sin embargo datos considerables. Todos ellos son afganos pashtunes, del área de Kandahar. Se consideran "muyadines", guerreros santos, y siguen la antigua tradición de expulsar a los invasores. Casi un tercio informó que al menos un miembro de su familia había muerto en bombardeos aéreos en años recientes. Muchos dijeros que combatían para defender a aldeanos afganos de los ataques aéreos por parte de tropas invasoras. Pocos afirmaron estar luchando en una guerra santa global, o ser leales al líder Talibán Mullah Omar. La mayoría decían que combatían por principios el establecimiento de un gobierno islámico no por un líder. Nuevamente, estos resultados sugieren posibilidades de un acuerdo negociado de paz, sin interferencia extranjera. En la revista Foreign Affairs, Barnett Rubin y Ahmed Rashid recomiendan que la estrategia de Estados Unidos en la región se desplace de más tropas y ataques en Pakistán a un "gran convenio diplomático forjando un compromiso con los insurgentes... y encarando un arreglo de las rivalidades e inseguridades regionales". El actual foco en lo militar "y el terrorismo subsiguiente", advierten, podría conducir al colapso de Pakistán un país con armas nucleares - con su secuela de graves consecuencias. Esos autores recomiendan al futuro gobierno de Estados Unidos "poner fin a la dinámica cada vez más destructiva del Gran Juego en la región". Eso podría conseguirse a través de negociaciones que reconozcan los intereses de las partes involucradas dentro de Afganistán como también de Pakistán e Irán, pero asimismo de India, China y Rusia que "tienen reservas respecto a una base de la OTAN dentro de sus esferas de influencia" y están preocupados por las amenazas "planteadas por Estados Unidos y la OTAN" como también por al-Qaida y el Talibán. El próximo presidente de los Estados Unidos, escriben Rubin y Rashid, debe terminar con la "búsqueda de la 'victoria' por parte de Washington como solución a todos los problemas, y con la renuencia de Estados Unidos a involucrar en la diplomacia a competidores, oponentes o enemigos". En fecha temprana, en cualquier número de puntos en la zona de peligro, la administración de Obama podría actuar para romper el ominoso ciclo de violencia. |
| Artículo original en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=79035 |
lunes, 6 de octubre de 2008
Memoria del "crack" financiero
Ecuador
Memoria del “crack” financiero
-Especial para la Agencia Latinoamericana de Información-
René Báez
International Writers Association
El segundo quinquenio de los 90 estuvo signado para la economía internacional por la denominada crisis asiática, inaugurada en l997 con el derrumbe del bath tailandés, a la cual siguieron las tormentas financieras en Rusia y Brasil, así como una agudización de la situación en la vecina Colombia.
No obstante su condición de eslabón perdido en la cadena del capitalismo mundial, el Ecuador resintió esas conmociones por la vía del deterioro de sus exportaciones primarias (petróleo, banano, camarón, flores) y de la contracción de los flujos de inversión fresca externa. La asfixia fiscal no se hizo esperar, agudizada por las protuberancias del servicio de la deuda y por los coletazos de la corriente de El Niño que, entre l997 y l998, arruinaron la agricultura y la infraestructura de la Costa.
Este orden de factores –desarreglos externos y fiscales- galvanizaron una situación recesiva que no tardaría en proyectarse al sector financiero, que hasta entonces había sido el principal beneficiario de un modelo económico especulativo exacerbado por las reformas liberales y aperturistas del gobierno de Sixto Durán y el “mago” Alberto Dahik. En esencia, tal modelo consistía en privilegiar al capital financiero sobre el capital productivo y en fomentar el ingreso de capitales externos cortoplacistas –golondrinas- garantizándoles altas tasas de interés.
Cuando Mahuad juró la presidencia con su recordado discurso cosmogónico (agosto de l998), el terreno de las finanzas estaba minado, tanto por las tendencias económicas descritas como por los recurrentes prácticas permisivas e inmorales de la mayoría de entidades bancarias. Apenas dos semanas después de la posesión del mandatario demócrata cristiano, el ministro de Finanzas, Fidel Jaramillo, anunció la liquidación del Banco de Préstamos. En noviembre del referido año y a pesar de un “jumbo” e ilegal préstamo de salvataje por 760 millones de dólares otorgado por el Banco Central, se derrumbó La Filantrópica (Grupo Isaías), supuestamente la institución financiera más poderosa del país.
El liberalismo esquizofrénico de Mahuad –Estado del Bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres- terminó por desnudar y agudizar el descalabro económico-financiero que había incubado en el Ecuador el libreto del Consenso de Washington. Presionado por la vieja oligarquía, el gobierno mahuadista hizo aprobar por el Congreso, a fines del 98, la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), un instrumento de proteccionismo estatal a la bancocracia. Igualmente, respaldó un proyecto de ley, promovido por el diputado socialcristiano Jaime Nebot Saadi, que sustituyó el Impuesto a la Renta por el Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC). La entrada en vigor de esta última legislación resultó en el detonante de la hecatombe financiera ecuatoriana, ya que para eludir el nuevo tributo los banqueros y financistas nativos y extranjeros intensificaron sus operativos de descapitalización del país. Similar efecto tuvo la desaprensiva decisión de disponer –siguiendo la recomendación del FMI- la flotación del tipo de cambio. Solamente entre enero y febrero de l999 se estima habrían fugado 2 mil millones de dólares, un equivalente a la mitad de las exportaciones anuales del Ecuador. Por su lado, el servicio de la deuda extenuaba el presupuesto estatal (a comienzos de ese año aproximadamente el 80 ciento de los ingresos ordinarios del Fisco se destinaban al pago de ese tributo imperial compartido con conocidos “buitres” criollos que hasta ahora permanecen intocados).
En este contexto, el colapso de la economía ecuatoriana se tornó inminente y llegó en marzo de l999.
La primera y simbólica víctima del “crack” fue la moneda nacional. Entre el l y el 5 de ese mes, la memorable Semana Negra, el sucre se desplomó desde una relación de 7 mil por dólar hasta los surrealistas niveles de l7 y l8 mil. A propósito de evitar nuevas “corridas” de depósitos y proteger a las entidades con problemas de liquidez –particularmente al Banco del Progreso (Grupo Aspiazu)-, Mahuad decretó un feriado bancario que se extendió entre el 8 y el l2 de marzo. La reapertura del sistema se decidió simultáneamente a un congelamiento de la gran masa de depósitos e inversiones del público, unos 4 mil millones de dólares. El “corralito” ecuatoriano perjudicó directa e inmediatamente a dos millones de personas, pese a lo cual la mayoría de entidades financieras terminaron desmoronándose. A la emblemática quiebra del Banco del Progreso, en abril del 99, siguieron el Banco Popular, Pacífico, La Previsora, Azuay, etc. La debacle bancaria se cerró con la estatización reaccionaria del 70 por ciento del sistema financiero y con la fuga a Miami de los principales actores y responsables.
El “crack” financiero de fines del siglo pasado, prefigurado por quiebras como la de la Cooperativa San Francisco, tuvo corolarios de inmensa trascendencia. Aparte de la “socialización de las pérdidas” en un monto que actualmente se estima en 8 mil millones de dólares, el derrumbe de bancos y financieras debilitó a las finanzas públicas al punto que, en septiembre del 99, Mahuad se vio forzado a declarar la moratoria de la deuda Brady (aproximadamente unos 6.000 millones de dólares) y abdicar de la soberanía monetaria mediante la inconstitucional dolarización dispuesta el 9 de enero del 2000, medida que nos convirtió en opaca estrella de Washington y Wall Street.
La espectacular decisión del ahora prófugo Mahuad derivó en vastas movilizaciones de inspiración nacionalista y popular, comandadas por la CONAIE, que lo desalojaron de Carondelet pocos días después mediante acciones bautizadas por los shamanes como la Revolución del Arco Iris.
Cuando una colosal crisis financiera incubada por el capitalismo estadounidense planea sobre el planeta entero, acaso convenga subrayar que, con la dolarización, el país quedó “enconsertado” a un tipo de cambio ultrafijo, un esquema monetario que el gobierno de Rafael Correa buscaría preservar fomentando no precisamente el Socialismo del Siglo XXI (y, en rigor, ningún tipo de socialismo), sino más bien el colonialismo del siglo XVI que implantara en estas tierras la Corona española. Pruebas al canto.
La privatización manu militari de PETROECUADOR y el festín de contratos petroleros; la apología oficial de la minería a cielo abierto; la teatral defensa de la biodiversidad del ITT; la entusiasta adhesión gubernamental a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de Sud América (Correa acaba de firmar con la “subimperialista” la construcción del eje multimodal Manta-Manaos); la incorporación a la recientemente refrendada Constitución montecristense de las autonomías y descentralizaciones de inspiración bancomundialista; la alineación de Quito con Bogotá y Lima, en el seno de la CAN, para viabilizar la negociación andina de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (distanciándose definitivamente del ALBA y abandonando a su suerte a la Bolivia de Evo Morales); la consagración de la “educación de mercado” como guía obligatoria para los centros superiores, mediante la inclusión del Proyecto Tunning en la referida Carta Política, y, en fin, la puesta en vigor con recursos y asesoría norteamericana del llamado Plan Libertador, un programa diseñado para espiar las actividades de los disidentes reales o potenciales de la globalización corporativa.
Esta constelación de acciones y orientaciones de la autodenominada Revolución Ciudadana constituyen, a nuestro juicio, pruebas contundentes de la actual vocación de la cúpula de Alianza País por un modelo económico/social/político regresivo y represivo.
¡Cuánto desearíamos estar equivocados!
(Oct.3/2008)
Memoria del “crack” financiero
-Especial para la Agencia Latinoamericana de Información-
René Báez
International Writers Association
El segundo quinquenio de los 90 estuvo signado para la economía internacional por la denominada crisis asiática, inaugurada en l997 con el derrumbe del bath tailandés, a la cual siguieron las tormentas financieras en Rusia y Brasil, así como una agudización de la situación en la vecina Colombia.
No obstante su condición de eslabón perdido en la cadena del capitalismo mundial, el Ecuador resintió esas conmociones por la vía del deterioro de sus exportaciones primarias (petróleo, banano, camarón, flores) y de la contracción de los flujos de inversión fresca externa. La asfixia fiscal no se hizo esperar, agudizada por las protuberancias del servicio de la deuda y por los coletazos de la corriente de El Niño que, entre l997 y l998, arruinaron la agricultura y la infraestructura de la Costa.
Este orden de factores –desarreglos externos y fiscales- galvanizaron una situación recesiva que no tardaría en proyectarse al sector financiero, que hasta entonces había sido el principal beneficiario de un modelo económico especulativo exacerbado por las reformas liberales y aperturistas del gobierno de Sixto Durán y el “mago” Alberto Dahik. En esencia, tal modelo consistía en privilegiar al capital financiero sobre el capital productivo y en fomentar el ingreso de capitales externos cortoplacistas –golondrinas- garantizándoles altas tasas de interés.
Cuando Mahuad juró la presidencia con su recordado discurso cosmogónico (agosto de l998), el terreno de las finanzas estaba minado, tanto por las tendencias económicas descritas como por los recurrentes prácticas permisivas e inmorales de la mayoría de entidades bancarias. Apenas dos semanas después de la posesión del mandatario demócrata cristiano, el ministro de Finanzas, Fidel Jaramillo, anunció la liquidación del Banco de Préstamos. En noviembre del referido año y a pesar de un “jumbo” e ilegal préstamo de salvataje por 760 millones de dólares otorgado por el Banco Central, se derrumbó La Filantrópica (Grupo Isaías), supuestamente la institución financiera más poderosa del país.
El liberalismo esquizofrénico de Mahuad –Estado del Bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres- terminó por desnudar y agudizar el descalabro económico-financiero que había incubado en el Ecuador el libreto del Consenso de Washington. Presionado por la vieja oligarquía, el gobierno mahuadista hizo aprobar por el Congreso, a fines del 98, la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), un instrumento de proteccionismo estatal a la bancocracia. Igualmente, respaldó un proyecto de ley, promovido por el diputado socialcristiano Jaime Nebot Saadi, que sustituyó el Impuesto a la Renta por el Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC). La entrada en vigor de esta última legislación resultó en el detonante de la hecatombe financiera ecuatoriana, ya que para eludir el nuevo tributo los banqueros y financistas nativos y extranjeros intensificaron sus operativos de descapitalización del país. Similar efecto tuvo la desaprensiva decisión de disponer –siguiendo la recomendación del FMI- la flotación del tipo de cambio. Solamente entre enero y febrero de l999 se estima habrían fugado 2 mil millones de dólares, un equivalente a la mitad de las exportaciones anuales del Ecuador. Por su lado, el servicio de la deuda extenuaba el presupuesto estatal (a comienzos de ese año aproximadamente el 80 ciento de los ingresos ordinarios del Fisco se destinaban al pago de ese tributo imperial compartido con conocidos “buitres” criollos que hasta ahora permanecen intocados).
En este contexto, el colapso de la economía ecuatoriana se tornó inminente y llegó en marzo de l999.
La primera y simbólica víctima del “crack” fue la moneda nacional. Entre el l y el 5 de ese mes, la memorable Semana Negra, el sucre se desplomó desde una relación de 7 mil por dólar hasta los surrealistas niveles de l7 y l8 mil. A propósito de evitar nuevas “corridas” de depósitos y proteger a las entidades con problemas de liquidez –particularmente al Banco del Progreso (Grupo Aspiazu)-, Mahuad decretó un feriado bancario que se extendió entre el 8 y el l2 de marzo. La reapertura del sistema se decidió simultáneamente a un congelamiento de la gran masa de depósitos e inversiones del público, unos 4 mil millones de dólares. El “corralito” ecuatoriano perjudicó directa e inmediatamente a dos millones de personas, pese a lo cual la mayoría de entidades financieras terminaron desmoronándose. A la emblemática quiebra del Banco del Progreso, en abril del 99, siguieron el Banco Popular, Pacífico, La Previsora, Azuay, etc. La debacle bancaria se cerró con la estatización reaccionaria del 70 por ciento del sistema financiero y con la fuga a Miami de los principales actores y responsables.
El “crack” financiero de fines del siglo pasado, prefigurado por quiebras como la de la Cooperativa San Francisco, tuvo corolarios de inmensa trascendencia. Aparte de la “socialización de las pérdidas” en un monto que actualmente se estima en 8 mil millones de dólares, el derrumbe de bancos y financieras debilitó a las finanzas públicas al punto que, en septiembre del 99, Mahuad se vio forzado a declarar la moratoria de la deuda Brady (aproximadamente unos 6.000 millones de dólares) y abdicar de la soberanía monetaria mediante la inconstitucional dolarización dispuesta el 9 de enero del 2000, medida que nos convirtió en opaca estrella de Washington y Wall Street.
La espectacular decisión del ahora prófugo Mahuad derivó en vastas movilizaciones de inspiración nacionalista y popular, comandadas por la CONAIE, que lo desalojaron de Carondelet pocos días después mediante acciones bautizadas por los shamanes como la Revolución del Arco Iris.
Cuando una colosal crisis financiera incubada por el capitalismo estadounidense planea sobre el planeta entero, acaso convenga subrayar que, con la dolarización, el país quedó “enconsertado” a un tipo de cambio ultrafijo, un esquema monetario que el gobierno de Rafael Correa buscaría preservar fomentando no precisamente el Socialismo del Siglo XXI (y, en rigor, ningún tipo de socialismo), sino más bien el colonialismo del siglo XVI que implantara en estas tierras la Corona española. Pruebas al canto.
La privatización manu militari de PETROECUADOR y el festín de contratos petroleros; la apología oficial de la minería a cielo abierto; la teatral defensa de la biodiversidad del ITT; la entusiasta adhesión gubernamental a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de Sud América (Correa acaba de firmar con la “subimperialista” la construcción del eje multimodal Manta-Manaos); la incorporación a la recientemente refrendada Constitución montecristense de las autonomías y descentralizaciones de inspiración bancomundialista; la alineación de Quito con Bogotá y Lima, en el seno de la CAN, para viabilizar la negociación andina de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (distanciándose definitivamente del ALBA y abandonando a su suerte a la Bolivia de Evo Morales); la consagración de la “educación de mercado” como guía obligatoria para los centros superiores, mediante la inclusión del Proyecto Tunning en la referida Carta Política, y, en fin, la puesta en vigor con recursos y asesoría norteamericana del llamado Plan Libertador, un programa diseñado para espiar las actividades de los disidentes reales o potenciales de la globalización corporativa.
Esta constelación de acciones y orientaciones de la autodenominada Revolución Ciudadana constituyen, a nuestro juicio, pruebas contundentes de la actual vocación de la cúpula de Alianza País por un modelo económico/social/político regresivo y represivo.
¡Cuánto desearíamos estar equivocados!
(Oct.3/2008)
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