De Amawtas y Philosophiae Doctor (PhD)

De Amawtas y Philosophiae Doctor (PhD)
Apuntes sobre la colonialidad y decolonialidad del saber: A propósito de las reformas universitarias en el Ecuador

Pablo Dávalos


Existe una sospecha con respecto a la ciencia moderna, una especie de “mancha de nacimiento”, por decirlo de alguna manera, que provoca suspicacias con respecto al orden del saber que ella estructura, consolida y reproduce. Esa sospecha radica en la simbiosis, muchas veces explícita y connivente, del saber con el poder. De acuerdo a esta suspicacia con el saber moderno, no se conoce para cambiar ni transformar al mundo, menos aún para descubrir qué es la realidad ni porqué está conformada tal como es; se conoce para dominar, para someter, para subordinar, para controlar. Esa sospecha con respecto al conocimiento moderno consta en el movimiento Sturm und Drang, la insurrección romántica, en el irracionalismo de Schopenahuer, incluso en el pensamiento reaccionario de Bonald, Burke y De Maistre, pero sobre todo, está de forma explícita en los escritos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Para él, toda voluntad de conocimiento es, realmente, una voluntad de dominación y de poder. En esa misma línea consta la reflexión de los filósofos marxistas del Círculo de Frankfurt y su debate contra el positivismo y el racionalismo crítico, en especial en contra del Círculo de Viena y el filósofo de la ciencia Karl Popper. La veta de reflexión que sospecha de todo el conocimiento moderno y su episteme es muy rica y ahí pueden inscribirse las propuestas de filósofos como Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jean Baudrillard o Lacan, entre otros. En el caso de América Latina ese malestar con el conocimiento moderno como mera estrategia del poder está en los escritos de Ernesto Sábato, pero también en la propuesta de la colonialidad y decolonialidad del saber/poder, que tiene en los nombres de Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Arturo Escobar, Walter Mignolo, Edgardo Lander, Catherine Walsh, Santiago Castro Gómez, Carlos Walter Porto-Gonçalves, entre otros, a sus mejores representantes. En esa misma línea se inscribe la propuesta teórica de Boaventura de Souza Santos y su concepto de “ecología de saberes”. Estas propuestas son críticas con el saber moderno y sus formas de reproducción institucional, en especial las universidades y los institutos de investigación. Consideran que detrás de una episteme (verdad científica) existe siempre una estrategia de control y dominación. Por ello, proponen que la discusión epistemológica vaya más allá de su mera pertinencia científica y teórica y se convierta en un debate político, porque su entramado real es, precisamente, político. La forma cómo se enseña, cómo se piensa y cómo se define lo Real, es decir lo existente en cuanto tal, rebasa los límites epistemológicos y metodológicos del conocimiento y se convierte en un asunto político que tiene ser debatido y comprendido desde la política porque implica al poder. Por ello, la propuesta del sociólogo alemán Max Weber de que todo científico tiene que ser neutral con respecto a su objeto de estudio, es decir, el criterio de la “neutralidad valorativa” del conocimiento científico moderno es, por decir lo menos, sospechosa. En efecto, la neutralidad valorativa pretende sancionar como un hecho dado y sin discusión una de las aporías más fuertes del conocimiento científico moderno y que marca una cesura radical a su interior: a saber la ruptura ontológica entre el sujeto que estudia y el objeto estudiado. Mientras más alejado está el sujeto que estudia y reflexiona con respecto a su objeto de estudio supuestamente más objetivo es ese conocimiento y, en consecuencia, tendría mayor validez científica. Quizá esto parezca plausible en un laboratorio al estudiar la naturaleza en sus diferentes formas, aunque ahora el principio de Heisenberg ha suprimido la distancia entre sujeto y objeto, pero este mismo criterio de separación radical del sujeto con el objeto es imposible aplicarlo al estudio de la realidad humana y social. Por definición, el ser humano no puede ser convertido en un objeto, y menos aún su propia sociedad. La separación de un supuesto investigador social con respecto a sí mismo y a su sociedad significa que éste tenga que transformar a los seres humanos, incluido él mismo, en objetos de estudio. Esta transformación implica una alienación profunda al interior del sujeto que estudia que lo desgarra en su condición ontológica de lo humano y que, desde esa posición, haría imposible todo conocimiento de lo social, porque lo social y lo humano no son cosas, no son objetos, al contrario, son dinámicas complejas, diversas, cambiantes, en permanente transformación. De esta manera, el instante en el cual el sujeto del conocimiento, en la ocurrencia el “científico social”, asume una posición de separación ontológica con respecto a su sociedad para conocerla de manera objetiva, se aliena radicalmente de ésta y convierte a la sociedad y a lo humano en objeto, en cosa. Al convertirlas en objeto de estudio él mismo se convierte en objeto, vale decir, se cosifica. Al transformarse en objeto su pretendido conocimiento de lo social se convierte en una aporía. Con el instrumental de la ciencia moderna, en consecuencia, es imposible conocer lo humano- social sin alienarlo y un saber alienado forma parte de los circuitos ideológicos de la dominación, no de la emancipación. Obviamente, los científicos no se aperciben de esta realidad y tratan de ser lo más objetivos posibles con respecto a sus análisis sobre la realidad humana y social, pensando que esa objetividad les permitirá un mejor conocimiento de la sociedad, pero solamente producen un saber alienado, aunque hay científicos como el químico y premio Nobel, Ilya Prigogine que han advertido la falacia de esta separación entre sujeto y objeto de la ciencia moderna. Ahora bien, esta separación ontológica entre sujeto que estudia y objeto estudiado y que forma parte de la estructura misma del conocimiento científico moderno, conduce a una segunda aporía de difícil resolución, aquella de la imposibilidad de inscribir el acto del conocimiento al interior de la ética. El conocimiento moderno es a-moral. Es decir, sus coordenadas de pensamiento están por fuera de toda constricción ética. Desde las premisas del conocimiento moderno es imposible un conocimiento ético. La episteme moderna expulsa la ética de toda construcción teórica a nombre de la ciencia y su neutralidad valorativa. El conocimiento moderno es a-moral por definición y construcción. El científico no puede tener criterios de valor. La axiología es externa al acto del conocimiento. El científico es una persona moral fuera de su laboratorio o su gabinete de trabajo. Al interior de éste, su propia objetividad le enseña a precaverse de cualquier criterio de valor. La ética es externa a la episteme, es decir, el científico será ético cuando respete las normas establecidas al interior de la comunidad científica con respecto al proceso del conocimiento, pero jamás al interior de éste. Esto provoca una cesura radical entre el logos (el pensamiento) que conoce lo real y el logos que lo transforma, es decir, la tecnología. Por ello, toda tecnología está libre de restricciones morales y puede ser usada como instrumento del poder. Ahora bien, la amoralidad del conocimiento científico moderno expresa otra cesura radical: aquella de la separación radical de la sociedad con respecto al acto del conocimiento. Quien produce el conocimiento no es la sociedad, es el científico en un ambiente alienado de la sociedad, en la ocurrencia su laboratorio, su instituto de investigaciones, su gabinete de trabajo, su universidad o su empresa. El conocimiento que se produce es, por tanto, a-social. La sociedad no puede acceder a este conocimiento de forma libre, transparente y democrática. La sociedad tampoco consta como parte de ese proceso de creación intelectual. Es apenas un dato exógeno. Un instrumento o un medio. Un dato o un contexto. Nunca un sujeto activo. Los conflictos que desgarran a la sociedad nunca aparecen en la episteme dominante. Fue justamente esta a-socialidad del conocimiento moderno lo que provocó una de las críticas más fuertes a la “razón instrumental” por parte de los filósofos marxistas de la Escuela de Frankfurt. Por ello el saber se indexa. La construcción de un Index aleja de forma radical a la sociedad de la creación del conocimiento científico. Quien tiene acceso al Index no es la sociedad sino el científico que ha sido previamente reconocido y calificado como tal. Sin ese reconocimiento es imposible acceder al Index. Pero ese reconocimiento no es social ni democrático, sino interno a la estructura que asume el saber, en la ocurrencia, la universidad moderna. Es ella la que define quién conoce, cómo conoce. Todo Index es antidemocrático y a-social. Todo Index es más ideológico que científico. Todo Index implica y demuestra las relaciones de poder y dominación. Esa cesura expresa la separación radical del demos (pueblo o sociedad) con respecto al logos (razón). El conocimiento moderno es por definición antidemocrático. Es elitista. Es aristocrático. Ningún científico, ni filósofo, ni investigador, ni académico crea, piensa, reflexiona, propone o discute proposiciones, conceptos, hipótesis, categorías en función de su mayor o menor calidad democrática, es decir de su aceptación y validación social. Esa idea simplemente no pasa por su mente y no consta de ninguna manera en ningún programa de investigación público o privado. Cuando escribe, piensa, crea o recrea no está pensando en su sociedad sino en sus pares. El reconocimiento al que apela es al de sus pares. En ellos se reconoce como una sombra en el espejo. Cuando la sociedad no forma parte del horizonte de posibilidades del conocimiento moderno, éste es autárquico en referencia a su propia sociedad y autista en referencia a otras formas de saberes. La autarquía y el autismo del conocimiento científico moderno conduce a otra cesura radical, quizá la más importante, y es que el conocimiento moderno en su estructura epistémica interna desconoce la diversidad que define y estructura el mundo humano y social. En otros términos, el conocimiento moderno se mueve en el terreno de lo universal y está incapacitado de forma ontológica a comprender las diferencias radicales que subyacen y estructuran a toda sociedad, porque las considera siempre como particularidades a ser inscritas al interior de lo universal. Desde lo universal es imposible comprender a lo particular en sí mismo, es decir, sin relación con lo universal. Por ello, el conocimiento moderno tiene una raíz teológica. Walter Benjamin tenía razón cuando decía que quien movía los hilos (el enano jorobado de su metáfora), era la teología. El científico cree realmente que los conceptos con los que trabaja son universales, necesarios y suficientes para comprender Lo Real, al menos tal como él lo considera y lo asume. Bajo ninguna circunstancia pasa por su cabeza el hecho de que esas hipótesis puedan estar mediadas por circunstancias históricas concretas y definidas. Al incapacitarse a comprender la diversidad y sus alteridades, se incapacita a comprender a su propia sociedad y, de esta manera, a su propia historia. El conocimiento moderno es a-histórico y a-social. Esta cesura radical con respecto a su sociedad y a su historia conduce a otra cesura radical, aquella del conocimiento consigo mismo. Esto se expresa por la a-temporalidad del conocimiento científico. Su saber se pretende por fuera de toda constricción temporal, porque ello implicaría una referencia histórica y social concretas y particulares que el conocimiento moderno rechaza. En, consecuencia, el saber dominante tiene una pretensión civilizatoria. Ahora bien, estas aporías y cesuras radicales del conocimiento moderno lo inscriben directamente al interior de los circuitos y las relaciones de poder capitalistas y modernas. El saber y el poder forman parte de una dialéctica conocida desde los inicios de la modernidad. El saber por el saber no existe. El conocimiento por amor al conocimiento es un recurso ideológico que encubre la estructura social-institucional del saber adscrita a las relaciones de poder de la sociedad. El saber, en realidad, es violencia. Todo acto de conocimiento es un acto de violencia. Violencia teológica y, paradójicamente y a pesar del oxímoron, violencia moderna. En las sociedades modernas las condiciones del saber han sido inscritas en una estructura institucional mediada por dos instituciones fuertes que las controlan, definen y estructuran: el Estado moderno y el mercado capitalista. Fuera de estas instituciones no puede existir ningún saber socialmente reconocido y legitimado. Si un saber rebasa los canales institucionales establecidos es invisibilizado, perseguido, criminalizado o incorporado a la matriz de saber-poder existente para ser, si cabe el símil, metabolizado. Quizá una experiencia importante de los desafíos a las estructuras de poder y el saber fue el caso de la universidad indígena Amawtay Wasi (La Casa del Saber) de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Cuando el movimiento indígena pensó a su universidad la pensó al interior de sus movilizaciones y resistencias al poder. Como una forma de desafío a ese poder. Por ello, en la propuesta original de la universidad indígena no hay campus universitario porque el movimiento indígena consideró que la producción del saber es un acto social y comunitario, de ahí que el campus de la universidad indígena sean las propias comunidades indígenas. Otro desafío fue contra la compartimentación del saber en unidades autárquicas y que es tan común en la universidad moderna (facultades de ciencias puras, de ciencias sociales, de ciencias jurídicas, de ciencias médicas, etc.). El movimiento indígena no compartimentó la estructura del saber de acuerdo al canon establecido sino de acuerdo a su propia vivencia cultural. Un tercer desafío fue la titulación. El movimiento indígena veía en los títulos académicos formas de dominación política más que reconocimientos académicos. De ahí su distancia con los títulos como Licenciaturas, doctorados o, de acuerdo a la imposición anglosajona vigente en el mundo, los Philosophiae Doctor, PhD. El título que la Universidad Indígena concedía era aquel de “amawta”, es decir, sabio en el sentido que los indígenas andinos dan a esa palabra. El amawta es aquel que sabe en función de criterios éticos, humanos, sociales, democráticos, comunitarios, solidarios y temporales. En definitiva, la Universidad Indígena consideraba otra forma de saber, un saber coherente con las diversidades y alteridades radicales que conforman a toda sociedad. Huelga decir que el proyecto de universidad indígena cuando fue presentado con estos parámetros no fue conocido ni reconocido por las estructuras de poder vigente en el Ecuador. El movimiento indígena tuvo que realizar cambios importantes a su propuesta original y acompañarla con movilización social para lograr el reconocimiento de su universidad. Esta experiencia plantea una lucha real y hace referencia a la descolonización del saber. Una lucha desigual, pero vasta y de profundas consecuencias porque afecta al sustrato civilizatorio de la dominación moderna. Las universidades populares que ahora existen desperdigadas por los territorios del Abya Yala forman parte de la comprensión que la ciencia moderna, y sus entramados institucionales, forman parte de la colonización, la dominación y el poder. De la misma manera que luchar por la defensa de los territorios es un acto de resistencia a la dominación, también lo es la lucha por la descolonización del saber. Ahora bien, esa lucha por la decolonialidad del saber-poder está en el Ecuador en uno de sus momentos más críticos. El proyecto político de la “Revolución Ciudadana” llevado adelante por el Presidente Rafael Correa ha planteado una serie de reformas universitarias que se inscriben de lleno al interior de las denominadas “reformas de Bolonia” y del “proyecto Tuning”. Estas reformas tienen el objetivo de liquidar cualquier forma de resistencia epistémica por parte de los movimientos sociales, en especial el movimiento indígena, y de convertir a la universidad ecuatoriana en una caja de resonancia de los conceptos y estructuras del saber dominante. Las reformas de Bolonia se plantearon en contexto de mercantilización del conocimiento y de la transferencia del saber desde el Estado como locus político-institucional hacia el mercado como locus epistémico. Uno de los conceptos fundamentales del mercado como estructura de saber epistémico es aquel de la competencia y sus derivados en competitividad y eficiencia. Las reformas de Bolonia recuperan esos conceptos de competencia y competitividad y los inscriben de lleno tanto en la estructura cognoscitiva del saber cuanto en su trama institucional. El saber, en esta trama neoliberal del conocimiento, tiene que ser un saber por competencias. Su brújula tiene que estar orientada al mercado solo así ese conocimiento será plausible y posible. La noción de saber por competencias ha colonizado toda la estructura curricular, metodológica y epistémica de las instituciones académicas ecuatorianas. No solo eso, sino que todas ellas han convergido hacia la disciplina del marco lógico y del benchmark. Todas ellas se piensan en términos de “misión”, “visión”, “marco lógico”, etc. En Ecuador, la “Revolución Ciudadana” ha realizado los cambios institucionales para estructurar una institución del saber que replica punto por punto la nueva episteme mercantil del conocimiento, vale decir, la colonialidad del saber/poder. De ahí dos iniciativas asumidas por el gobierno ecuatoriano y que relevan de esa praxis de la dominación neocolonial: de una parte está su programa “Prometeo” para financiar la estadía y la investigación de científicos extranjeros, o científicos nacionales que por diferentes razones trabajan en el extranjero y, de otra, el proyecto Ciudad del Conocimiento “Yachay” (Saber en kichwa). Ahora bien, desde una posición positivista, instrumental y colonial, nada mejor que traer “gente que sabe” para que enseñe a “aquellos que no saben”. Empero, en este caso la trama colonial es transparente porque desvaloriza la producción de conocimientos en el país y considera que el “verdadero” conocimiento siempre está fuera. Asimismo, nada mejor que evitar, por ejemplo, la biopiratería de las grandes corporaciones transnacionales proponiéndolas ser socias de un proyecto conjunto de investigación en donde el Estado asume los costos de la investigación, sobre todo en biotecnologías y exploración extractiva, y las corporaciones asumen el costo de patentar en beneficio propio esos conocimientos, tal como está estructurado el Proyecto Ciudad del Conocimiento “Yachay”. Empero, detrás de esas iniciativas subyace un fenómeno más complejo y de fondo. No se trata de elevar la calidad del conocimiento, ni de que las universidades ecuatorianas, todas ellas devastadas por la ola neoliberal y ahora desarticuladas por la nueva ola posneoliberal, asuman criterios coloniales del saber para ser calificadas por las nuevas estructuras institucionales que controlan la producción del saber (como por ejemplo los requisitos de PhD para todos los profesores del sistema universitario ecuatoriano), sino de evitar que surjan iniciativas como aquella propuesta por el movimiento indígena ecuatoriano de resistir la dominación epistemológica creando sus propios marcos e instituciones de saber. En efecto, si el movimiento social ecuatoriano pretende crear una institución al estilo de la universidad indígena Amawtay Wasi, que desafíe los contenidos de la dominación teórica y epistémica, ahora sería imposible. El pequeño espacio social que fue abierto por la movilización indígena en la década de los noventa y que permitió proponer y crear ese espacio de disputa con el poder, se ha cerrado irrevocablemente. Quizá por ello no estaba equivocado José Carlos Mariátegui, el pensador marxista peruano y que más que ningún otro comprendió lo que estaba en juego detrás de la denominada “cuestión indígena”, cuando llamó a su revista “Amawta”. Tampoco estaban equivocados los indígenas peruanos que denominaron a Mariátegui, precisamente, “el Amawta”. En tiempos posneoliberales los amawtas (amawtaykuna)son un peligro porque rasgan la hegemonía del poder teórico, lo demuestran en sus simulacros y en su violencia. De la misma manera que la reforma política de la Revolución Ciudadana del presidente ecuatoriano Rafael Correa buscaba disciplinar al movimiento social ecuatoriano al interior de las coordenadas de liberalismo y, de esta forma, suprimir cualquier posibilidad emancipatoria por fuera del liberalismo y la modernidad; así, la reforma universitaria que está proponiendo y llevando adelante el gobierno ecuatoriano busca poblar de PhD (doctores en cuarto nivel de formación) al sistema universitario, justamente para evitar que se formen amawtas, es decir, sabios.

23 de abril del 2013

Alianza País: De la teoría de la conspiración a la real politik

Ecuador

Alianza País: De la teoría de la conspiración a la real politik



Pablo Dávalos*



¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué está pasando? ¿Hubo intento de golpe de Estado en la insubordinación policial? Los recientes acontecimientos han suscitado una doble interpretación. La versión gubernamental va en la siguiente línea: los policías y sectores de las fuerzas armadas del Ecuador intentaron un golpe de Estado en una línea de reconstitución oligárquica suscitada por el rumbo político de un gobierno soberano y que había mantenido una agenda de ruptura con el modelo neoliberal y que está produciendo, además, profundas transformaciones democráticas en beneficio del pueblo en especial de los sectores más pobres; este intento de golpe de Estado ha sido evitado por la masiva movilización del pueblo ecuatoriano dispuesto a confrontar a la derecha y a salvar este proceso que se ha autodenominado revolucionario, y, asimismo, por la valiente y firme actitud del Presidente del Ecuador que mantuvo su coherencia hasta en los momentos más dramáticos.



Hasta ahí una interpretación que tiene como eje director al gobierno ecuatoriano y que de alguna manera consta en varios pronunciamientos y análisis de sectores identificados con la izquierda política del continente. En esta visión la realidad es simple y contundente y las líneas que demarcan a la izquierda (los buenos) y a los que no lo son, aparecen claras y transparentes.



Sin embargo, los hechos, como alguna vez dijo Lenin, son tenaces y evidencian una realidad más bien prosaica y diferente: al parecer y tal como lo confirman todos los datos existentes, nunca se trató de un golpe de Estado porque no hubo un pronunciamiento político en ese sentido de los sectores de la policía y de las fuerzas armadas involucradas en el conflicto, sino más bien, y por absurdo que pueda parecer, el núcleo del conflicto giró alrededor de reclamos administrativos y financieros por parte de la tropa de la policía ecuatoriana, aparentemente lesionados por el Código de Servicio Civil que fue aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador, pero que fue radicalmente cambiado por el veto presidencial de Rafael Correa. El hecho de que un reclamo administrativo haya generado la crisis política más importante del Ecuador de los últimos años, llama a la reflexión porque este hecho permitió que afloren varios fenómenos aparentemente disímiles y contradictorios.



En primer lugar está la posición de los movimientos sociales del Ecuador, entre ellos el movimiento indígena, que se desmarcaron tanto del gobierno de Alianza País cuanto de los insubordinados policías ecuatorianos, aunque mediaron algunas declaraciones desafortunadas de varios de sus líderes, pero la organización indígena aprovechó la coyuntura para resaltar lo que consideran el centro del debate político: las derivas extractivistas y neocoloniales que está asumiendo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Las demás organizaciones sociales, entre ellas los sindicatos del sector público, aprovecharon de la coyuntura para manifestar su malestar con varias leyes aprobadas por el régimen y que lesionan sus derechos laborales. Esta posición del movimiento social ecuatoriano permite comprender la orfandad del gobierno en sus momentos más dramáticos, cuando necesitaba de forma desesperada esa organización social, a la que siempre la había considerado como rezagos corporativos del neoliberalismo, se vio completamente solo y más bien rodeado de afectos, solidaridades y buenas intenciones de un reducido grupo de personas que, si bien son importantes, cuando se trata de disputar y defender el poder generalmente son intrascendentes si no son fenómenos mayoritarios y contundentes. En esas horas de soledad, el Presidente ecuatoriano Rafael Correa tuvo que hacer algo que jamás se habría imaginado: negociar su estabilidad política con las fuerzas armadas.



En segundo lugar está el mismo sistema político ecuatoriano. La institucionalidad política se reveló incapaz de conjurar a los fantasmas que ella misma había convocado. La serie de leyes que se aprobaron en el legislativo y que implicaron un proceso de diálogo, consenso y acuerdos con actores disímiles, y que produjeron varios proyectos de ley cuya redacción no satisfacía a muchos de ellos pero que demostraban que se tuvo que ceder para mantener un frágil equilibrio, en el momento en el que llegaron al ejecutivo para su aprobación final fueron cambiadas de forma radical y alteraron, precisamente, ese equilibrio al que trabajosamente se había llegado. El veto presidencial a varias de estas leyes, como por ejemplo la Ley de Educación Superior, el Código Orgánico de Servicio Civil, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, entre otras, cambiaron el equilibrio con el cual fueron aprobadas al interior del legislativo y convirtieron al Presidente de la República en legislador de última instancia.



Los asambleístas del partido de gobierno nunca pudieron ni contradecir ni presentar la más mínima resistencia esa voluntad del ejecutivo y, finalmente, nunca respaldaron ni reconocieron los acuerdos previos que ellos mismos habían suscrito con varios actores sociales, políticos e institucionales para lograr los votos necesarios para aprobar esas leyes. Esto determinó una pérdida de confianza en la legislatura y una crispación de varios sectores sociales que veían que su voluntad de llegar a acuerdos y realizar concesiones eran tabula rasa para el Ejecutivo.



Las reiteradas movilizaciones de las universidades, de los servidores públicos, de los jubilados, de los indígenas, entre otros, daban cuenta de esa crispación social. Empero, el sistema político ecuatoriano no daba muestras de absorber esa energía social y canalizarla dentro de la institucionalidad vigente, porque esta institucionalidad hablaba un solo lenguaje y en un solo sentido: aquel del partido de gobierno. Alianza País estaba reconstruyendo la institucionalidad política ecuatoriana desde el autismo y la arrogancia del poder. Cuando se produce la crisis política, el sistema político ecuatoriano fue incapaz de resolver esta crisis porque él mismo era parte del problema. Tal como están las cosas, ahora Alianza País deberá crear las garantías de su propia supervivencia política y resolver la crisis sin apelar a un cuestionado sistema político, una verdadera tarea para Sísifo.



En tercer lugar están los medios de comunicación convertidos en la víctima propiciatoria de la Revolución Ciudadana. A pocas horas de suscitarse el conflicto político el gobierno optó por curarse en sano y zanjó la disputa mediática y semiótica del conflicto asumiendo el control total de la información. En ese proceso el gobierno posicionó la idea de que estaba en juego la democracia atacada por la derecha camuflada en sectores de la policía, que habían sido objeto de manipulación de sectores claramente identificados con la oposición (se habló con insistencia del Partido Sociedad Patriótica y de su líder Lucio Gutiérrez). Más allá de que esta versión sea plausible está el hecho de que el momento en el que finalmente se abrió la señal para todos los medios televisivos, se tuvo acceso a información que contradecía las informaciones oficiales y que generaban dudas sobre los eventos sucedidos.



Los medios públicos hasta entonces habían luchado por su propia legitimidad tratando incluso de ser mínimamente críticos con el gobierno, en esta coyuntura más bien demostraron que la semiótica y la comunicación son fundamentales a la hora de disputar al poder y que llegado el momento la imparcialidad es una máscara incómoda: la verdad siempre es una prerrogativa del poder. Los medios de comunicación están otra vez en el centro del debate porque presentan una realidad y unos hechos que contradicen las versiones oficiales. Ahora el gobierno tiene que disputar los sentidos entre su versión de que se trató de un intento de golpe de Estado y las informaciones que van apareciendo paulatinamente y que indican que ni siquiera se trató de un secuestro al Presidente. El problema es que esta disputa rasga la hegemonía ideológica del partido de gobierno y empieza a fracturarla, y sin esa hegemonía ideológica, el único soporte real que al momento tiene el régimen, las adhesiones clientelares y electorales pueden también fracturarse poniendo en riesgo su estabilidad política.



Pero hay aún más: la situación económica del Ecuador no le favorece al gobierno. No puede presentar cifras de crecimiento económico, generación de empleo, inversión, reducción de la pobreza, porque las cifras demuestran que, al menos en lo que a la economía concierne, la propuesta de Alianza País ha fracasado y no tiene visos de superarse. El desempleo abierto y encubierto alcanza a las dos terceras partes de la población ecuatoriana en capacidad de trabajar. El costo de la canasta familiar se ha incrementado a sus máximos históricos: 550 dólares y el salario mínimo apenas cubre el 43% de esta canasta. De hecho, la pobreza se ha incrementado. Todo esto en un contexto de bonanza de los precios del petróleo, un importante incremento en la recaudación fiscal y expansión de las exportaciones no tradicionales. Sin embargo, el régimen de Alianza País necesita aún de más recursos económicos, sobre todo para resolver los problemas del déficit fiscal. En ese sentido, ha presentado una propuesta de ley para ampliar la capacidad de endeudamiento hasta un 50% del ingreso nacional, y pagar las bonificaciones de jubilación en bonos. Una propuesta que ha convocado a la oposición de los jubilados y de los trabajadores públicos en contra del régimen y que anuncia futuras movilizaciones sociales. La economía es una bomba de tiempo para Alianza País que, por ahora, no consta en su lista de prioridades pero que a mediano plazo revelará su importancia.



Luego de esta crisis, Alianza País sabe que una cosa es el discurso y otra las necesidades del poder. Puede ser que la imagen del Presidente se haya fortalecido en la coyuntura, pero eso no implica que las condiciones de su propia gobernabilidad sean las mejores. Más bien lo contrario, Alianza País sabe que en este simulacro no puede confundir las sombras en el espejo y necesita respuestas contundentes que le posibiliten garantizar al largo plazo su permanencia en el poder y defender aquellos grados de libertad en el sistema político que la convirtieron en fuerza hegemónica. El descontento de varios sectores sociales, entre ellos las fuerzas armadas y la policía nacional, están ahí, son indudables. Si Alianza País opta por resolver la crisis suscitada por insubordinación de la policía nacional sin resolver de manera previa las causas del conflicto que no solamente comprende a la policía sino a otros sectores sociales, sabe que el simulacro del golpe de Estado puede convertirse en una profecía autocumplida. Pero no puede resolver las condiciones de su gobernabilidad sin cambiar el formato político de su hegemonía, y no puede cambiar este formato político sin resignar los correspondientes espacios políticos, es decir, vulnerar esa hegemonía.



Alianza País es un movimiento autista y en su diccionario político no existen las palabras “diálogo” y “consenso”. Está auto-convencida de que su proceso político es una verdadera revolución y ha trazado una línea demarcatoria entre aquellos que suscriben de forma incondicional su proyecto y el resto a quienes considera sus enemigos, incluidos los movimientos sociales. Con Alianza País no hay términos medios. Justamente por ello no hay espacios ni condiciones ni para la crítica menos aún para la autocrítica.



Pero el momento de refundación al sistema político se está agotando. El impulso histórico que llevó al poder a Alianza País se está fracturando porque la sociedad ecuatoriana empieza a cambiar su orden de prioridades. Ése es su mayor drama y allí radica la mayor paradoja: ¿cómo piensa Alianza País recuperar esos grados de libertad con los cuales estaba reconstruyendo la institucionalidad y al sistema político sin fracturar las condiciones de su propia gobernabilidad? ¿De qué manera el sistema político ecuatoriano puede recobrar su legitimidad sin hacer tabula rasa de sí mismo y tener que poner el contador en cero? ¿Cómo movilizar a una sociedad, sobre todo en momentos en los que más se la necesita y que nada tiene que ver con las apuestas electorales, cuando se ha tratado de desestructurar, manipular y desmovilizar a esa misma sociedad? ¿Cómo apelar a la organización social cuando se ha tratado de cooptarla y convertirla en un apéndice del régimen o, en su defecto, destruirla? ¿Cómo decirle a la ciudadanía que la verdad que presentan los medios de comunicación gubernamentales no son sino otra estrategia de disuasión y que la verdad está en otra parte?



Alianza País está entre Escila y Caribdis. Para salir de la crisis tiene que apelar al diálogo y al consenso pero eso la debilita políticamente, porque va a dar la percepción de vulnerabilidad y ésa es la señal que necesita la oposición. En cambio, si mantiene su posición de hegemonía y de imposición, solamente es cuestión de tiempo para que su teoría de la conspiración se convierta en una profecía autocumplida. La insubordinación policial y militar demostró que el rey está desnudo y, al parecer, pone al tiempo político de Alianza País en cuenta regresiva.



* Pablo Dávalos, economista y catedrático ecuatoriano.

Inversión extranjera directa y Estado de derecho

Inversión extranjera directa y Estado de derecho:

Amenazas a la democracia y a la sociedad







Pablo Dávalos*



La noción de “inversión extranjera directa” se ha convertido en una especie de dispositivo ideológico del capitalismo tardío que encubre sus derivas financieras y especulativas, al mismo tiempo que justifica y otorga un cariz de legitimidad jurídica y política a los procesos de privatización territorial y criminalización social. La inversión extranjera directa y su correlato del Estado de derecho (o Estado social de derecho) son ahora una de las amenazas más importantes en contra de la democracia y la sociedad. Urge, entonces, comprender qué existe detrás de este concepto aparentemente inocuo de “inversión extranjera directa”, y cómo se relaciona con aquel de Estado de derecho, como formas políticas de la dominación en el capitalismo tardío.



Desarrollo, crecimiento económico e inversión extranjera: los orígenes



Hay que considerar que luego de la segunda guerra mundial en la teoría económica se discutió mucho sobre la naturaleza, las dinámicas y los procesos que explican el crecimiento económico al interior de un discurso denominado “teorías del desarrollo económico”. En este discurso era claro, o al menos así lo parecía, el hecho de que desarrollo y crecimiento eran parte de una misma dinámica y ambos remitían a la economía.



Esto significó que todo el universo simbólico que estuvo asociado a la idea decimonónica del progreso y que hacía referencia a una especie de rol prometeico del hombre ante la naturaleza y ante la escasez, en el caso de la visión más moderna del desarrollo económico, más bien se convierta en una especie de instrumentación y adecuación técnica de recursos escasos para necesidades alternativas, tal como redefinió la economía a su propio campo analítico a mediados del siglo veinte.



En otras palabras, con la moderna visión de desarrollo económico se pierde ese universo simbólico inherente a la idea de progreso, pero al mismo tiempo se gana en pragmatismo y sencillez. Desarrollo no es otra cosa que crecimiento económico. A más crecimiento más desarrollo. A más desarrollo más progreso. De esta manera, se planteó la complejidad del capitalismo en términos más sencillos y lineales: aquellos países que tenían altos niveles de crecimiento económico indicaban el camino a aquellas regiones y países que no alcanzaban esos niveles de crecimiento. A los primeros se les denominó “países desarrollados” y, a los segundos, “países subdesarrollados”. Como el término “subdesarrollo” sonaba fuerte y, hasta cierto punto, peyorativo, se optó por el término más cortés pero que en definitiva significaba lo mismo de “países en vías de desarrollo”.



El desarrollo, en consecuencia, se convirtió en un asunto de técnica económica en la cual una sociedad tenía que cumplir una serie de requisitos casi formales para alcanzarlo. Existían “etapas” entre el subdesarrollo y el desarrollo. Esta visión simple, lineal, esquemática y fuertemente reductora de la complejidad del capitalismo como sistema-mundo, se fue imponiendo gracias al complejo científico-técnico, en lo fundamental, de las universidades de EEUU que sirvieron como caja de resonancia para las “teorías del desarrollo”, sobre todo después de la última posguerra. La noción del desarrollo económico se convirtió, de hecho, en la única baza que tenía el capitalismo para oponerse con relativo éxito al discurso del socialismo y de la planificación económica, en un contexto en el que las luchas por la liberación nacional durante los años sesenta adscribían en forma mayoritaria a las ideas del socialismo y la planificación económica.



Los Estados Unidos tuvieron que inventar sobre la marcha una serie de mecanismos y dispositivos ideológicos e institucionales que puedan convertirse en frenos y murallas al avance de las ideas socialistas. En América Latina, y asustados por el triunfo de la revolución cubana, tuvieron que crear la Alianza para el progreso, con un discurso modernizante y que, incluso, iba en contra de los intereses de las oligarquías de la región. De esta forma, EEUU aparecía más a la izquierda que las oligarquías latinoamericanas, cuando reconocía la necesidad de la reforma agraria y la necesidad de la industrialización y el crecimiento económico por la vía de mercados internos con la suficiente capacidad de compra que permita a estos países tener una demanda interna que sirva de sustento y línea de defensa política ante el avance del socialismo. Fueron los años que en Europa se conocen como los “treinta gloriosos” y que dieron forma al Estado del Bienestar, y que en América Latina marcaron el proceso de industrialización por sustitución de importaciones.



En este contexto, la idea de desarrollo y crecimiento económico salió de las aulas de economía y de las oficinas de los tecnócratas para convertirse en un movilizador social. Se vendió con tanto éxito la idea del desarrollo económico como una teleología social (es decir, como una finalidad de toda la sociedad), que todos los discursos sociales, entre ellos el discurso político, el discurso social, el discurso jurídico, el discurso económico, el discurso mediático e, incluso, el discurso religioso, convergieron hacia la idea de desarrollo económico y su sustento del crecimiento económico. El sueño era desarrollarse a cualquier costo, como sea y en el menor tiempo posible.



Es a partir de entonces que se crean una serie de metodologías para medir, comparar y establecer metas de crecimiento económico. Se retoma el conocimiento del siglo XIX sobre los flujos económicos, idea que nació precisamente de un médico entusiasta por la economía en la Francia monárquica, el Doctor François Quesnay, para calcular los flujos económicos y medir físicamente al desarrollo económico.



Fueron economistas socialistas encargados de la planificación centralizada (y también un economista americano de origen ruso Wassily Leontief, ganador del premio Nobel de economía en 1973), quienes crearon las primeras matrices (es decir, registros de doble entrada), entre la producción y la utilización de los recursos económicos, que servirán de sustento para la medición de lo que ahora se denomina “Producción Nacional” (GDP en inglés por Gross Domestic Product, o PIB en español, por Producto Interno Bruto).



De hecho, era la primera vez en la historia del capitalismo que se podía medir físicamente algo que era más una idea y un símbolo que una realidad fáctica: el progreso humano. Los economistas se transforman, de esta manera, en especie de taumaturgos (magos) y demiurgos (creadores) de este caro sueño de la burguesía y de sus promesas emancipatorias.



Si bien es cierto que ahora se cree con la fe del carbonero en los indicadores que construyen el PIB, y que para la gente común la jerga de los economistas se parece más a un arcano indescifrable y complejo, también es cierto que el discurso de la economía apostó con todo a la fundamentación y sustentación del desarrollo económico como la epifanía del capitalismo. Se mide al capitalismo y sus posibilidades en función, precisamente, de este indicador denominado PIB, o GDP.



Los ciclos ahorro-inversión y el desarrollo económico



En esta sustentación teórica y analítica del PIB y del desarrollo y crecimiento económico, se creó un dispositivo conceptual que tenía el objetivo de servir de explicación central al desarrollo económico, se trata de la relación ahorro-inversión. Detrás de este dispositivo conceptual hay un largo recorrido teórico al interior del discurso de la economía.



En efecto, en primer lugar había que reconocer que al interior de las sociedades se producen fenómenos que por su complejidad rebasan la simple comprensión de la actividad y cálculo económico de una sola persona. Es decir, el comportamiento económico de un individuo aislado no necesariamente genera un marco heurístico para comprender el comportamiento económico de toda la sociedad, como lo había creído el discurso económico desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX.



En otros términos, las sociedades generaban fenómenos económicos complejos que determinaban el comportamiento de los individuos. La economía clásica pensaba las cosas al revés. Consideraba que si comprendía el comportamiento y la racionalidad económica de una sola persona podía comprender la racionalidad de todo el sistema. Este abuso conceptual tiene un nombre preciso en la teoría económica, se denomina: homo economicus (hombre económico) y sirve de sustento a la moderna a la teoría del consumidor.



Hay que indicar, sin embargo, que existieron voces al interior del discurso económico que cuestionaron duramente este abuso conceptual de creer que tal como es el homo económicus es todo el sistema. Se puede mencionar a Carlos Marx que decía al respecto que se trata de “robinsonadas” de la “economía vulgar” (son sus términos), o el caso del economista americano Thorstein Veblen quien fue uno de los primeros en señalar la importancia de las instituciones y los comportamientos no económicos, entre otros críticos.



Se tuvo que esperar hasta el primer tercio del siglo XX, cuando el economista inglés John M. Keynes publicó su libro “Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero” (1936), para salir de ese estrecho corsé teórico del homo economicus y la economía pueda, finalmente, apreciar la complejidad de los procesos económicos como procesos sociales, es decir, agregados (o globales como le gustaba decir a Keynes).



Es solamente desde esta visión que recupera la visión global y social de la economía que puede entenderse a la economía como una totalidad en la cual el todo es más que la suma de las partes. En esta nueva visión que supera la estrecha y limitada concepción de un homo economicus, se pueden comprender los fenómenos económicos del consumo, el ahorro, la inversión, el ingreso y el empleo.



Estos procesos de consumo, ahorro, inversión, empleo, entre otros, parecen fenómenos individuales pero en realidad obedecen a estructuras y lógicas sociales. El empleo no es una responsabilidad individual sino social. La inversión no es solamente una decisión de un empresario sino la suma y la consecuencia de procesos sociales. El ingreso no es un asunto de una persona sino una consecuencia de decisiones de toda la sociedad. Si un conjunto de personas no tienen ingresos porque no tienen empleo, no es un problema que les atañe a ellos sino al conjunto de la sociedad y deben ser resueltos por ésta. El desempleo debe verse como una responsabilidad social y no como un problema personal.



Esta visión se la debemos a Keynes, por ello a las políticas económicas que buscan resolver los problemas de desempleo, la falta de ingresos y la carencia en el consumo se conocen como políticas keynesianas. No toda intervención del Estado en la economía releva del keynesianismo. Hay intervenciones del Estado hechas más para proteger intereses corporativos que intereses sociales, como fue el caso de la intervención del Estado americano y europeo en la crisis financiera a fines de la primera década del 2000.



Ahora bien, es desde esta visión global y como procesos sociales que hay que visualizar al empleo, al ahorro y al consumo. De hecho se denominan funciones porque están interrelacionadas entre sí, generan efectos multiplicadores y tienen un alcance global (se habla de consumo nacional, ingreso nacional, ahorro nacional, etc.).



Es desde esta visión, más compleja y más elaborada que la tradicional teoría económica del consumidor, que la teoría del desarrollo económico vinculaba el ahorro nacional con la inversión nacional como explicación determinante y fundamental para el desarrollo. Si una sociedad o un país tenían problemas de desarrollo era porque sus niveles de ahorro interno eran escasos lo que determinaba magros resultados de inversión. Con una inversión global mínima, el empleo resultante era también mínimo.



En consecuencia, esa sociedad debía resolver ese impasse entre el ahorro nacional y la inversión. Existía ahí un entrampamiento en virtud de la cual una sociedad no podía salir de sus bajos niveles de ahorro justamente porque era pobre y subdesarrollada (o estaba en vías de desarrollo), de ahí que tenía que resolver de manera previa una serie de condiciones, entre ellas tenía que resolver la principal trampa para el desarrollo que se había ubicado en la relación entre un sector moderno y un sector tradicional. El primero generalmente estaba en la industria y en el sector urbano, mientras que el segundo estaba en la agricultura y en el sector rural.



Había, entonces, que modernizar la agricultura como condición previa para modernizar la economía y posibilitar el despegue (take-off) económico. Hasta ahí, con múltiples variantes, matices, posiciones, críticas y debates, la teoría tradicional del desarrollo económico, había identificado de manera analítica la relación entre inversión y desarrollo económico.



Ahora bien, en este esquema analítico la carencia de ahorro interno se compensaba con ahorro externo (deuda externa para el desarrollo), y las deficiencias tecnológicas de ciertos sectores industriales y modernos se complementaban con inversión extranjera directa. Esta última tenía que ser cuidadosamente regulada, controlada y administrada, y siempre se la había considerado como provisional y complementaria a la inversión nacional.



Es decir, un país permitía la inversión extranjera directa en sectores determinados, porque necesitaba de tecnología, capitales, o la capacidad de generar impulsos y señales para un determinado sector económico. No existía, en esta visión, una apertura total a la inversión extranjera porque se la consideraba más una amenaza que una oportunidad. Y era una amenaza porque la inversión extranjera erosionaba el ahorro nacional al transferir sus utilidades por fuera de la economía nacional, y tomaba decisiones por fuera de la planificación selectiva de la liquidez, la producción, la inversión y el empleo. La inversión extranjera directa podía desestructurar de manera grave la planificación al largo plazo, al tiempo que provocaba una presión en la balanza de pagos por la vía del envío de sus transferencias hacia la casa matriz que generaban incertidumbre en los tipos de cambio. Esa transferencia producía una fuga, por decirlo de alguna manera, de recursos financieros y monetarios que eran fundamentales en la relación ahorro-inversión para el desarrollo económico.



De ahí que los países hayan visto con recelo y suspicacia a la inversión extranjera directa y la hayan controlado de manera estricta. Hay que recordar a este tenor la Decisión 24 de la Junta del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) que controlaba de manera rigurosa a la inversión extranjera directa. En esta etapa del capitalismo, la inversión extranjera directa no tenía la libertad de diseñar en función de sus conveniencias la geografía económica del mundo.



Derivados financieros, economía de casino e inversión extranjera directa



Empero, los tiempos cambian y el capitalismo también. Aquel capitalismo que al menos se daba el trabajo de explotar a los obreros al parecer, y en las regiones y países de mayor avance y consolidación del capitalismo, ha cedido el paso al capitalismo de especulación. Ahora lo más importante de la producción mundial se realiza en la periferia del capitalismo. En regiones en donde existe abundante mano de obra, barata y totalmente flexible, como es el sudeste asiático, la India o la China, y la explotación al trabajo puede llevarse a los niveles que existían en el siglo XVIII. En EEUU, Europa o Japón, el verdadero negocio no está tanto en producir sino en especular sobre esa producción.



El capitalismo de especulación ha creado al respecto una de la innovaciones más importantes de toda su vida: los productos financieros derivados. Se trata de un mecanismo financiero que permite el apalancamiento especulativo de cualquier activo, situación o incluso expectativa, sin medida o límite alguno. Los productos derivados permiten que el capitalismo pueda especular incluso con sus propios sueños. En el año 2002, el inversionista de Wall Street, Warren Buffet afirmó que los derivados son: “armas financieras de destrucción masiva, que conllevan peligros importantes que, siendo hoy importantes, serán potencialmente letales”. La crisis de las hipotecas subprime del año 2007 le daría finalmente la razón.



Los productos derivados, en especial gracias a las fórmulas de Merton y Black-Scholes, de 1973, (Robert Merton y Myron Scholes ganarían el premio Nobel de Economía en 1997, precisamente por haber creado el esquema matemático-financiero que permite dar valor a los productos derivados), no tienen ningún límite que no sea la imaginación humana. Posibilitan una especulación tan frenética, tan intensa, tan pregnante, que necesitan de un espacio propio libre de toda regulación, control, supervisión. Un espacio en el cual sean sus propias reglas la normativa que les abra la puerta a sus propias necesidades.



Ese espacio se denomina Mercado de Transacciones Sobre el Mostrador (Over The Counter, u OTC’s). Fue creado, entre otros, por las bancas de inversión, entre ellas Goldman Sachs, y tuvo el apoyo de importantes personajes como fue el caso de Alan Greespan, ex director de la Reserva Federal Americana (FED). En el primer semestre del año 2010, el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), que es la institución pública que trata de seguir y estudiar a estos mercados financieros, determinó un volumen de transacciones de alrededor de 615 trillones de dólares en los mercados de derivados en los OTC’s, una cantidad que excede, cabe indicarlo, en diez veces la producción mundial en bienes y servicios.



En los mismos años en los que empezaron las primeras transacciones sobre productos derivados en los mercados sobre el mostrador (1994-1995) se creaba la Organización Mundial de Comercio, OMC, y se sancionaban nuevas dinámicas en el capitalismo orientadas a fortalecer, proteger y consolidar la especulación financiera.



Es justamente en ese periodo, que la OMC determina a la inversión extranjera directa y al inversionista extranjero como los sujetos fundamentales que las leyes y la jurisdicción de los Estados deberán ahora respetar incluso al costo de su propia normativa.



Esta indicación es importante porque permite comprender una transición clave al interior del capitalismo: aquella de la regulación del sistema por los mercados financieros internacionales. La apelación al inversionista extranjero y a la inversión extranjera como figura de derecho internacional, y su correlato en la seguridad jurídica y en el Estado de derecho, hechas por la OMC, están en línea directa con las necesidades del capitalismo de especulación y con las necesidades de los operadores de la especulación mundial, por una razón evidente: la demanda de protección jurídica a la inversión extranjera directa sancionaba los procesos de privatización del Estado que se hicieron en los años ochenta y noventa y garantizaba los derechos de propiedad privada sobre una propiedad que antes fue pública y que fue transferida al sector privado en procesos muchas veces corruptos.



El reconocimiento de esos derechos de propiedad individual eran fundamentales para garantizar la especulación financiera que cada vez era más importante. Los derechos de propiedad claramente definidos, a la larga sirven de colateral y cable a tierra de la especulación financiera mundial. Los derivados financieros se apalancaban en el sector real de la economía y en los fondos de pensiones privatizados (fondos de seguridad social, infraestructura eléctrica, de transportes, actividades hidrocarburíferas, sector de la salud y medicinas, etc.), como garantes de su propio apalancamiento especulativo.



Los derivados financieros no habrían tenido el desarrollo que adquirieron si no mediaba la privatización de la esfera pública y si esa privatización no habría sido conectada a la especulación mundial. Este conector se llama: derechos de propiedad. El concepto económico que le sirve de cobertura y coartada se llama costos de transacción y es la clave de la economía de la información. Los derechos de propiedad claramente establecidos determinan el nivel de seguridad jurídica de un Estado. Un Estado que estructura su andamiaje jurídico en función de los derechos de propiedad se llama Estado de derecho.



Es desde esta dinámica que ahora hay que comprender al inversionista y a la inversión extranjera directa. Ahora son ellos quienes sancionan el empleo, la inversión, el ingreso, el consumo de una sociedad. Su capacidad de regular y arbitrar sobre decisiones sociales es tan grande que pueden poner de rodillas a un Estado cualquiera. La inversión extranjera directa, en consecuencia, sanciona una de los procesos más importantes del capitalismo tardío, aquel de su transición hacia la especulación financiera y la economía de casino.



La seguridad jurídica y la privatización del derecho



Ahora bien, la inversión extranjera directa y su correlato del inversionista extranjero, ameritan cambios importantes en las leyes, en las regulaciones y en el discurso de la economía. Su principal demanda es la “seguridad jurídica”. El Estado de Bienestar no puede garantizar la seguridad jurídica que demandan los inversionistas para su inversión, porque su construcción institucional de alguna manera ha fortalecido los mecanismos democráticos de la sociedad, sobre todo porque considera a la economía más como un medio que como un fin. De ahí la presión por desmontar al Estado de Bienestar, y una de las formas de desmontarlo está, precisamente, en la reciente utilización del déficit fiscal, pero esa es otra historia.



En el caso de América Latina, los procesos de industrialización también implicaron la creación de una estructura jurídica e institucional que garantizaba la inversión nacional y la vinculaban a la relación ahorro-inversión. Es decir, ese ámbito de una justicia desvinculada de una jurisdicción nacional y que pueda garantizar la seguridad jurídica, hasta las reformas neoliberales de los años ochenta, no existía.



En el ámbito jurídico la noción de inversión extranjera directa y de inversionista extranjero abre el espacio para un locus de normatividad por fuera de los Estados que tiene capacidad coercitiva y un rango igual que el Estado. Es decir, implica la privatización de la justicia y de las leyes internacionales, y la reducción del ámbito de la soberanía política de los Estados a las decisiones de los mercados financieros.



Puede parecer una exageración pero ésa fue la intención de la OCDE cuando intentó aprobar el Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI, en el año 1998. No obstante, aquellos puntos del AMI que hacían referencia al inversionista extranjero y a la inversión extranjera directa, se trasladarían punto por punto a los Acuerdos y Tratados de Libre Comercio que EEUU y la Unión Europea suscribirían con varios países a partir de esa fecha.



De igual manera, la OMC va a crear esos espacios de desregulación jurídica en los denominados Tribunales de Conciliación y Arbitraje para asuntos relativos a inversiones. Quizá el más conocido de ellos sea el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Banco Mundial, el CIADI.



La creación de un espacio de justicia y regulación normativa por fuera de los espacios jurídicos de cualquier Estado es correlativa con el avance y profundización de las derivas especulativas del capitalismo.



En este locus el pivote central que estructura, define y regula las relaciones de poder en el ámbito jurídico es, precisamente, el inversionista. El inversionista puede demandar a un Estado si considera que las políticas públicas de éste han perjudicado su inversión o sus expectativas de rentabilidad. No hay Estado en el mundo que pueda defenderse de las demandas de los inversionistas apelando a las tradicionales nociones de soberanía política.



La soberanía política del Estado-nación, en el capitalismo tardío, es una reliquia del pasado. La prueba está, justamente, en la figura jurídica del inversionista y en los tribunales de conciliación y arbitraje como espacios desregulados y privatizados de justicia y normatividad.



La convergencia normativa: criminalización social y seguridad jurídica



Ahora bien, es necesario que los Estados reconozcan ese estatuto especial que tiene el inversionista y que tiene la inversión extranjera. De una u otra forma, los Estados están obligados a articular su legislación interna y sus normas de tal manera que éstas se pongan en función de las necesidades y prerrogativas del inversionista y de la inversión extranjera.



Este proceso se denomina convergencia normativa y su expresión mayor está en el reconocimiento que hacen los Estados a la seguridad jurídica para el inversionista y sus inversiones. Los Estados están obligados a reconocer ese estatuto supranacional y por fuera de toda regulación interna que tiene el inversionista y la inversión extranjera. Cuando un Estado reconoce la seguridad jurídica del inversionista en el ámbito contractual (o Constitucional), se convierte en Estado de derecho.



No obstante, la construcción del Estado de derecho tiene su lado numinoso, y hace referencia al hecho de que a medida que los inversionistas ganan espacios de reconocimiento jurídico, la sociedad y los ciudadanos los pierden.



La seguridad jurídica implica necesariamente la criminalización social. Se trata de una conclusión lógica porque los inversionistas van a reclamar derechos de propiedad que muchas veces atentan y lesionan incluso a los derechos humanos. Muy rara vez los negocios van de la mano de los derechos humanos. El horizonte de rentabilidad excluye cualquier consideración ética a nombre de la eficiencia mercantil.



Cuando la sociedad reclama por los derechos humanos lesionados por la eficiencia mercantil, los inversionistas acuden al expediente de acusar al Estado de falta de garantías jurídicas para la inversión, y en virtud de que las decisiones de los inversionistas implican los niveles de inversión, empleo, consumo, ingresos de toda la sociedad, los gobiernos generalmente dan razón a los inversionistas en contra de la sociedad.



De ahí que cualquier situación que amenace a los derechos de propiedad de los inversionistas amerite duras respuestas por parte de los gobiernos que no dudan en poner todo el poder legítimo de la violencia en beneficio exclusivo de los inversionistas y sus inversiones.



Quienes reclaman por sus derechos humanos, sociales y colectivos lesionados por los derechos de propiedad de los inversionistas, generalmente son perseguidos e incluso criminalizados, muchas veces bajo el expediente del terrorismo. Muchos líderes sociales que han defendido sus territorios ancestrales de la depredación y del abuso de los inversionistas extranjeros, sobre todo en el caso de las industrias extractivas, han sido criminalizados por sus respectivos Estados y acusados de sedición y terrorismo. Muchos dirigentes laborales que han confrontado la sobreexplotación de la cual son víctimas, han sido víctimas de secuestros, asesinatos, persecuciones, criminalización por parte de estos inversionistas extranjeros, con la complicidad del Estado de derecho.



La conclusión parece evidente: a mayor seguridad jurídica mayor criminalización social. De esta manera, el Estado de derecho, en realidad, es el Estado de criminalización social. Esto que parece ser tanto una exageración cuanto una antinomia se ejemplifica de manera evidente cuando se recorre el camino de las inversiones extranjeras y se constata que junto a éstas hay una estela de conflictos sociales, represión gubernamental y criminalización social: de los femicidios de Ciudad Juárez a la sobreexplotación laboral en las fábricas chinas media la presencia del inversionista y la inversión extranjera como factótum de su propia violencia.



Empero, el Estado de derecho es más peligroso aún para los derechos humanos, sociales y colectivos, porque abre un espacio transnacionalizado de coerción hecho en función específica de los derechos de propiedad y legitimado por fuera del Estado.



Los inversionistas han construido un locus de soberanía jurídica que rebasa la soberanía política de los Estados y, en tal virtud, pueden ejercer la capacidad coercitiva que permite el derecho y las leyes en beneficio propio y sin ninguna consideración social ni ética.



Los acuerdos que se discuten en la OMC a propósito de los derechos de propiedad intelectual (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA por sus siglas en inglés), les otorgan a los inversionistas una capacidad coercitiva a nivel internacional y un peso jurídico que no tiene ni siquiera la Corte Penal Internacional. El Acuerdo ACTA, de suscribirse tal cual lo está discutiendo la OMC, le da la posibilidad al inversionista de revisar y controlar el comercio mundial, sin la necesidad de permisos estatales y bajo la cobertura de luchar contra la falsificación de los derechos de propiedad intelectual.



Pero no solo les da el control sobre el comercio mundial sino también capacidades coercitivas que generalmente son prerrogativas de los Estados-nación. Tanto los Acuerdos de Libre Comercio, como el ACTA, o los Tribunales de Conciliación y Arbitraje para asuntos relativos a inversiones, dan cuenta de que en la hora actual, el Estado de derecho es el principal enemigo de la democracia, de los derechos humanos, sociales y colectivos, y de la sociedad en general. La conclusión parece contradictoria pero no por ello menos real: a más Estado de derecho, menos democracia y menos garantía para los derechos humanos y colectivos.



La colonización epistemológica



Otro cambio importante y que hace referencia a la conformación del inversionista y de la inversión extranjera no solo como sujetos propios de derecho y como actores de la gobernanza mundial, está en los cambios suscitados en la teoría económica que ahora articula sus marcos teóricos y explicativos en función, precisamente, del inversionista y de la inversión extranjera.



Mientras que en la teoría del desarrollo el crecimiento económico dependía de la relación ahorro-inversión, ahora el crecimiento económico depende de forma exclusiva de la inversión extranjera directa y, en consecuencia, de la seguridad jurídica, de la estabilidad macroeconómica, de la disciplina fiscal, de la convergencia jurídica.



No se menciona más la relación ahorro-inversión como parte de la estrategia de crecimiento económico. Es más, en la jerga de los economistas neoliberales (que al momento son la mayoría), ya no hay países en vías de desarrollo, sino “mercados emergentes”.



En los documentos oficiales el concepto de mercados emergentes sirve para denominar a aquellos que antes estaban en vías de desarrollo. Los países que no alcanzan a emerger son puestos en la lista negra de Estados parias (también se los ha denominado como Estados fallidos). Es decir, excluidos de la globalización, de los flujos de capital y, en consecuencia, de la inversión extranjera directa, y susceptibles de ser invadidos y ocupados militarmente.



Esta transición conceptual desaloja de la teoría todo aquello que haga referencia a la sociedad y a las complejidades que la definen y estructuran. Es un retorno a la idea de que el sistema económico es la trasposición al ámbito social del comportamiento egoísta y maximizador del homo economicus.



De esta manera, ahora el desempleo no es un problema social sino una cuestión individual. El desempleo que existe no tiene nada que ver con el capitalismo sino con las preferencias racionales de consumidores que pueden adecuar de forma racional sus expectativas, habida cuenta de que los mercados generan información a través del sistema de precios.



En otros términos, el desempleo es culpa de las personas que no quieren aceptar el trabajo existente porque, supuestamente, no están de acuerdo con el nivel de remuneraciones que se les ofrece. Ha desaparecido, en consecuencia, toda referencia a la sociedad y ésta se convierte en el campo de batalla de personas egoístas y racionales. En esta sociedad en donde los egoísmos pueden desgarrar de manera radical el tejido social, el mercado actúa como articulador y armonizador de esos egoísmos. Es una especie de bálsamo que cura ese desgarre casi natural producido por la confrontación de intereses contradictorios.



Es por ello, que la teoría económica no hace referencia a procesos globales ni sociales. Ahora, el desarrollo no es obra de una sociedad que articule de manera coherente sus decisiones de ahorro-inversión, sino más bien de las garantías que esta sociedad pueda ofrecer a la inversión extranjera y a la apertura a los mercados mundiales.



Si hay seguridad jurídica, si existe disciplina fiscal, si los Estados están armonizando sus leyes internas con las disposiciones de la OMC, en virtud de la convergencia normativa, si hay apertura para la libre circulación de capitales, y si los derechos de propiedad están los suficientemente claros para que no generen costos de transacción al sistema, entonces esa economía puede emerger en la globalización y crecer económicamente, y a medida que crece en términos económicos puede resolver sus problemas de pobreza, desempleo, desinversión, etc.



Esta colonización teórica empezó en la década de los años ochenta de la mano del FMI y se ha consolidado al punto de convertirse casi en un tópico: para crecer se necesita inversión y ésta, por definición, viene de fuera. El inversionista se convierte en la condición de posibilidad para el empleo, la producción, la inversión, el consumo, etc. Sus decisiones definen las posibilidades de las sociedades. La relación ahorro-inversión no tendría nada que ver con la ideología neoliberal de la seguridad jurídica, la inversión extranjera directa, la flexibilización de los mercados, la desregulación social, la apertura comercial y la convergencia normativa.



Para que la inversión no se asuste y no huya de un país o región determinadas y esto provoque recesión, crisis y desempleo, es necesario no hacer ruido con leyes laborales, exigencias ambientales, requerimientos éticos, obligaciones fiscales o demandas en derechos humanos. Tampoco hay que generar señales de indisciplina fiscal con gasto público en salud, educación o bienestar social. Es mejor quedarse callados cuando la inversión extranjera desmantela los países, cuando hunde en la miseria a vastos conglomerados humanos, cuando irrespeta los derechos humanos, cuando destruye la naturaleza, cuando fractura las sociedades y las sume en la violencia y la desintegración total. Tal es la distopía inherente del Estado de derecho y la pretensión final de los inversionistas extranjeros.

*Pablo Dávalos,economista y catedrático ecuatoriano.

Banco Mundial, neoliberalismo y Alianza País: la trama invisible

Banco Mundial, neoliberalismo y Alianza País: la trama invisible



Pablo Dávalos**



En virtud de que el Banco Mundial está concebido para el financiamiento al desarrollo económico en los países de la periferia del sistema-mundo, se ha convertido en una de las instituciones más importantes, sobre todo cuando se trata de generar marcos conceptuales que permitan la transformación geopolítica hacia el neoliberalismo y la transición al pos-neoliberalismo, porque asume al neoliberalismo no como una etapa sino como un fin en sí mismo, de ahí su apelación epistemológica al neoinstitucionalismo económico y a las propuestas de cambio institucional, que formaron parte de las reformas estructurales de la segunda generación que se impulsaron en América Latina durante la década de los noventa y que dieron consistencia teórica a la reforma sectorial.



En efecto, el Banco Mundial es uno de los think tanks más importantes del mundo, y sus dispositivos ideológicos se convierten luego en los temas de las agendas políticas de la cooperación internacional al desarrollo, del sistema de Naciones Unidas, y de los países de la periferia. De la lucha por reducir la pobreza a la cruzada por cambiar al mundo en las coordenadas neoliberales, hay un paso hacia el cual el Banco Mundial obligó a transitar a casi toda la periferia del sistema-mundo.



Ahora bien, existe un relativo consenso alrededor de la idea de que el Banco Mundial es uno de los ejes estructurantes del neoliberalismo, por ello llaman la atención las coincidencias entre el proyecto político de Alianza País, sus principales cuadros tecno-políticos y el Banco Mundial. Se trata de algo más de una coincidencia y que demuestra más bien una convergencia entre la necesidad de transitar al posneoliberalismo y el rol ambiguo que cumplen ahora gobiernos que suscriben en el discurso tesis radicales, pero que tienen un norte político que coincide con aquellos del Banco Mundial.



En ese sentido, es curioso y, aparentemente, una paradoja de la historia, que muchos de los temas que se debatieron y aprobaron a propósito del texto Constitucional propuesto por Alianza País en el año 2008, bajo el pomposo nombre de “revolución ciudadana”, y en supuesta contradicción y contrapunto con la episteme neoliberal, en realidad, continúen, consoliden y profundicen aquellos temas que fueron posicionados por el Banco Mundial, el BID, la USAID y la cooperación internacional al desarrollo, en los momentos más radicales del neoliberalismo. Como Monsieur Jourdain que hablaba prosa sin saberlo, los tecno-burócratas de Alianza País articularon a nivel Constitucional la prosa neoliberal sin, aparentemente, estar advertidos de ello.



Los ejemplos a este tenor son numerosos. Los temas de la participación ciudadana, por ejemplo, y que constituyen uno de los puntales ideológicos de las nuevas burguesías emergentes para apuntalar su proyecto político detrás de la cobertura de Alianza País, fueron impulsados por la USAID y el Banco Mundial durante la década de los noventa.



En efecto, en la década de los noventa la USAID , a través de una serie de ayudas para el desarrollo canalizadas especialmente a través de la fundación Esquel, contribuyó para crear espacios de interlocución social bajo la cobertura de la “participación ciudadana”, y cuyo objetivo era el de dotar de legitimidad a las políticas de ajuste macrofiscal y reforma estructural. Algunos de los tecnócratas que participaron en estos proyectos (Diálogo 2000, Esquinas de Diálogo, etc.), se convirtieron en prominentes miembros de Alianza País, en especial, María Paula Romo y Norman Wray.



Hay que indicar que USAID también financió la creación de la ONG “Participación Ciudadana”, de la que provinieron cuadros políticos importantes para Alianza País. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, y por iniciativa del Banco Mundial, se creó la Secretaría de Diálogo Social, sustentada en los criterios de “participación ciudadana” y que en realidad tenía por objetivo encubrir con un manto de supuesta legitimidad los procesos de privatización, sobre todo en los fondos de pensiones y en la energía eléctrica. El responsable de esta Secretaría de Estado de Lucio Gutiérrez, Augusto Barrera, formó parte del Buró Político de Alianza País, y fue el candidato a la Alcaldía de la capital de la república por parte de Alianza País. Asimismo, el Capítulo V del Título IV de la Constitución Política de 2008, crea la Función de Transparencia y Control Social, que recoge punto por punto las propuestas de la USAID y del Banco Mundial sobre “participación ciudadana”.



Los temas del derecho a consulta de las poblaciones locales para el manejo de recursos, son uno de los temas claves en los que ya trabajó el Banco Mundial. La posición de Alianza País de oponerse al consentimiento libre, previo e informado y solamente aceptar la consulta previa coincide con la posición del Banco Mundial. En efecto, la Directiva Operacional 4.20 del Banco Mundial (antes de la reforma de 2006), establece lo siguiente en la disposición No. 8: “La política del Banco (Mundial) es que la estrategia para tratar asuntos referidos a pueblos indígenas debe estar basada en la participación informada de los propios indígenas. De esta manera la identificación de las preferencias locales a través de la consulta directa, la incorporación del conocimiento indígena en los enfoques de proyectos y la utilización de especialistas desde una etapa inicial son actividades centrales para cualquier proyecto que involucre a los pueblos indígenas y sus derechos sobre recursos naturales y económicos”. (World Bank: Summary of Consultations with External Stakeholders Regarding the World Bank Indigenous Peoples Policy (Draft PO/BP 4.10). Internal Report, April 18, 2002).



De otra parte, y en el mismo tenor, y en conformidad con esta disposición interna del Banco Mundial, puede observarse la declaración del Banco Mundial en el documento Estrategia Asistencia País entre el Banco Mundial y el gobierno del Ecuador de 2003, lo siguiente: “El Banco (Mundial, P.D.) ha promovido la rendición de cuentas en lo social mediante el apoyo no reembolsable con el fin de desarrollar lineamientos para las consultas previas a las inversiones mineras e hidrocarburíferas y la vigilancia comunitaria para las actividades mineras”. (Banco Mundial, Estrategia Asistencia País, Informe No. 25817 EC, 29 de abril de 2003, pp. 9). La Ley de Minería aprobada por la Comisión de Legislación y Fiscalización, manejada por Alianza País, es tan conservadora, neoliberal y pro-extractivista que ni siquiera recoge las propuestas de consulta previa del Banco Mundial.



Los temas de la prohibición del uso de recursos estatales para campañas políticas y que forma parte de las reivindicaciones de Alianza País, también fueron propuestos por el Banco Mundial. La transparencia en la gestión pública a través de la publicación de todos los contratos del Estado (SIGOB, SIGEF, RUP, etc.) fueron también temas propuestos desde el Banco Mundial y constan en los acuerdos que el Banco Mundial suscribió con Lucio Gutiérrez en 2003.



En lo que hace referencia a la tercerización laboral, y que el régimen de Alianza País ha exhibido como uno de sus logros más caros, el Banco Mundial ya opuso resistencia y cuestionó duramente a este tipo de flexibilización laboral. En un estudio del Banco Mundial, puede leerse lo siguiente: “Por otra parte, la proliferación de agencias temporales de empleo (cerca de 200 creadas en los últimos años y que cubren alrededor del 10% del empleo formal), fenómeno conocido como “terciarización”, no permite su monitoreo adecuado, deteriora la relación laboral e impide supervisar el cumplimiento de los requisitos laborales mínimos por parte de las firmas contratantes” (Fretes Cibils, Vicente, et alt: Ecuador Una agenda económica y social del nuevo milenio, Banco Mundial, pag. Lxii). En la Estrategia Asistencia País (CAS) suscrita en 2003, entre el gobierno de Lucio Gutiérrez y el Banco Mundial puede, asimismo, leerse lo siguiente: “la tercerización contribuye importantemente a la flexibilidad laboral, pero niega a los trabajadores sus derechos y prestaciones”. CAS-2003, prg: 80, pp. 26.



Los temas de la descentralización, las autonomías y el régimen de competencias, que constan en el título V del texto Constitucional de 2008 bajo el nombre de “Organización Territorial del Estado”, fueron previamente pensados y diseñados por el Banco Mundial y por la cooperación internacional al desarrollo en la década de los noventa, en especial la cooperación alemana (GTZ), y recogen punto por punto las necesidades geopolíticas de las corporaciones transnacionales; no solo ello, sino que establecen como artículo constitucional para los gobiernos locales (denominados por la Constitución ecuatoriana de 2008 como “gobiernos autónomos descentralizados”), lo siguiente : “Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias” (Art. 262, numeral 9; Art. 263, numeral 8; Art. 264, numeral 13; Art. 267, numeral 7), abriendo el espacio para la intervención neocolonial por la vía de la cooperación internacional al desarrollo y vulnerando, de esta manera, la soberanía nacional.



Los temas de la lucha contra la corrupción, las auditorías y veedurías públicas, y que en el caso del Ecuador han sido incluso constitucionalizados, son otros de los ejes importantes del Banco Mundial y de la ONG Transparencia Internacional (TI), vinculada al Banco Mundial, al G-8 y al foro de Davos. Los temas de privatización de la naturaleza por la vía del pago de los servicios ambientales, y que también constan en el texto Constitucional de Alianza País[1], y en los que han trabajado instituciones como Conservation International (CI), fueron también estructurados y definidos desde la episteme neoliberal del Banco Mundial y de ONG’s ambientalistas y vinculadas a las corporaciones transnacionales (como el caso de CI, o de TNC).



Todos los temas de derechos, y que han sido el argumento legitimante de esta nueva burguesía emergente y que le han servido para presentar al texto Constitucional de 2008 como el más avanzado en materia de derechos, en realidad pueden mirarse como la traslación al ámbito de los derechos de los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo sustento analítico lo hizo el Banco Mundial.



Ahora bien, educación, salud, producción, sector social, infraestructura, etc., todos ellos fueron objetos de intervención desde la reforma sectorial del Banco Mundial durante la década de los noventa en el Ecuador, pero también fue intervenida la administración de justicia a través de un proyecto específico denominado PROJUSTICIA, y que tenía como objetivo fundamental la construcción del Estado Hobbesiano a través de la creación de la seguridad jurídica necesaria para las inversiones privadas.



Se trataba de adecuar al sistema jurídico para crear los correlatos necesarios para la vigencia de los derechos de propiedad individual por sobre la propiedad comunal, para que de esta manera pueda existir la suficiente seguridad jurídica para las inversiones privadas; como correlato de la seguridad jurídica consta la criminalización a toda forma de resistencia y movilización social. El proyecto PROJUSTICIA del Banco Mundial, en ese sentido, se ha revelado como uno de los mecanismos más importantes de la reforma estructural para consolidarla a nivel jurídico y constitucional. Los marcos de intervención del Banco Mundial sobre la administración de justicia se convertirán en política de Estado durante el gobierno de Alianza País. El responsable de este proyecto clave del Banco Mundial, se convertirá, posteriormente, en Ministro de Justicia y luego en Ministro de Gobierno, durante el gobierno de Alianza País.



En el caso del denominado sector social se gestó la institución más representativa de la reforma sectorial neoliberal del Banco Mundial: el Ministerio de Bienestar Social (que ha tenido varios nombres durante la reforma neoliberal, y que en la era de Alianza País se llamó de Inclusión económica y social). Esta Secretaría de Estado se convierte en el espacio en el que convergen los temas más importantes de la reforma estructural sectorial neoliberal, y que armoniza los tiempos, los momentos, las prioridades y el ritmo de la reforma sectorial con el complejo institucional de la reforma sectorial.



Esta Secretaría de Estado es el producto más caro de la reforma neoliberal, porque allí radican los programas, proyectos y acciones que nacieron desde el BID y el Banco Mundial y que ahora son ya políticas públicas sancionadas desde el Estado. Allí radican los programas de protección social diseñados y creados desde el BID y el Banco Mundial (como el Bono de la pobreza, denominado también como Bono de Desarrollo Humano, los programas de intervención social “Socio-país”, etc.), desde allí la reforma estructural puede desplegarse y legitimarse hacia la sociedad como política de Estado.



Esta Secretaría de Estado, como momento político y como instancia pública de la reforma estructural del neoliberalismo, alcanza su despliegue más importante durante el gobierno de Alianza País, en donde se consolidan y adquieren su punto máximo las estrategias de asistencialismo, focalización, cooptación y asimilación social, bajo los mismos esquemas, modelos de intervención e incluso cuadros técnicos, y consultores de la reforma sectorial del neoliberalismo. De hecho, uno de los cuadros tecno-políticos más importantes del Banco Mundial, Nathalie Cely, es quien maneja y coordina toda el área social en el gobierno de Alianza País.



Estos proyectos de reforma sectorial del Banco Mundial y desde los cuales se intervino en el Estado y en la sociedad, fueron creados para experimentar las formas de privatización de las políticas públicas y los marcos categoriales y metodológicos que luego se convertirían en el formato del Estado en su conjunto. Los proyectos de la reforma sectorial se situaban a la sombra y al amparo del Estado. Crecían como un cuerpo metastático en la periferia del Estado. No eran Estado, pero supuestamente tampoco eran sector privado. Se movían en ese aparente intersticio entre lo público y lo privado que son las ONG’s y la cooperación al desarrollo. De ese intersticio extraían las condiciones de su legitimidad política y a partir de esa situación de ambigüedad y de limbo político, obtenían el peso político para imponer sus prescripciones al conjunto del Estado y la sociedad. Eran un cuerpo canceroso creado ex profeso para infectar al Estado con la lógica neoliberal.



En virtud de que eran proyectos de mediano plazo que testaban sus metodologías y sus cuadros tecno-políticos directamente con el Estado y, además, realizaban cambios en el Estado en conformidad con las estrategias establecidas desde algo que puede ser denominado como complejo institucional de la reforma estructural neoliberal, nunca rindieron cuentas a nadie que no sea del propio complejo institucional de la reforma estructural. Su lealtad era con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID, con la GTZ , con la COSUDE , con el PNUD, con la CAF , nunca con el Estado que les dio abrigo y cobertura. Nunca rindieron cuentas a la sociedad, y la única vez que pretendieron hacerlo (en el proyecto SAPRI del Banco Mundial), se trató más bien de una estrategia política de relegitimación y de manipulación social.



Para el conjunto de la sociedad, e incluso para líderes de opinión y dirigentes sociales, los acrónimos de los proyectos de la reforma estructural eran un arcano misterioso y de difícil comprensión y acceso. Nunca la sociedad conoció, debatió, reflexionó o aprobó ninguno de esos proyectos de reforma sectorial. Sus marcos metodológicos eran metalenguaje puro. Representaban el grado cero de la democracia y la transparencia. Eran casi las entelequias de un poder real que actuaba a la sombra. Una vez que lograban sus resultados, para utilizar una metáfora médica, y conseguían la transferencia de su ADN hacia el Estado, que finalmente adoptaba esas metodologías de los proyectos sectoriales como políticas de Estado, estos proyectos sectoriales desaparecían en una bruma de olvido e indiferencia creada a propósito. Nacieron desde la sombra del complejo institucional de la reforma estructural y, una vez cumplidos sus propósitos, regresaron a las sombras.



El Estado que había sido contaminado por esos proyectos de la reforma estructural-sectorial no podía ser el mismo Estado de la industrialización o de Bienestar. Era un Estado adecuado completamente a las coordenadas de la acumulación del capital en tiempos de neoliberalismo y globalización. Era un Estado que pensaba en términos de “marco lógico”, “árbol de problemas”, “FODA”, “análisis sectorial”, “competitividad”, “cambios institucionales”, etc. Era un Estado colonizado en su episteme misma por el complejo institucional de la reforma estructural. Un Estado hobbesiano y pensado en términos del derecho privado y de propiedad (el famoso “Estado social de derecho” neoliberal). Un Estado presto para actuar en defensa de la propiedad privada y los intereses de los inversionistas privados. Un Estado que podía criminalizar a su población al tiempo que garantizaba la “seguridad jurídica”. Es por ello que el Banco Mundial ahora preconice la consolidación del Estado, porque es un armazón que nada tiene que ver con el Estado anterior a las reformas estructurales del neoliberalismo.



Es por ello que en América Latina varios gobiernos pueden proponer y llevar adelante estrategias políticas de recuperación del Estado, porque ese Estado es la mejor garantía para el funcionamiento del neoliberalismo. Es por ello que el gobierno de Alianza País pudo posicionar su discurso de rescate de la soberanía estatal y de la acción del Estado y de las políticas públicas, y que muchos sectores sociales hayan pensado que se trataba de un cambio radical en el modelo económico neoliberal, cuando en realidad representaba su consolidación y fortalecimiento. Es desde allí que hay que comprender las ambigüedades de los discursos políticos en estos momentos de transición al pos-neoliberalismo.





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[1] CPE: “Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.”





**Pablo Dávalos, economista ecuatoriano, catedrático universitario y responsable de ATTAC -Ecuador