Ecuador
Memoria del “crack” financiero
-Especial para la Agencia Latinoamericana de Información-
René Báez
International Writers Association
El segundo quinquenio de los 90 estuvo signado para la economía internacional por la denominada crisis asiática, inaugurada en l997 con el derrumbe del bath tailandés, a la cual siguieron las tormentas financieras en Rusia y Brasil, así como una agudización de la situación en la vecina Colombia.
No obstante su condición de eslabón perdido en la cadena del capitalismo mundial, el Ecuador resintió esas conmociones por la vía del deterioro de sus exportaciones primarias (petróleo, banano, camarón, flores) y de la contracción de los flujos de inversión fresca externa. La asfixia fiscal no se hizo esperar, agudizada por las protuberancias del servicio de la deuda y por los coletazos de la corriente de El Niño que, entre l997 y l998, arruinaron la agricultura y la infraestructura de la Costa.
Este orden de factores –desarreglos externos y fiscales- galvanizaron una situación recesiva que no tardaría en proyectarse al sector financiero, que hasta entonces había sido el principal beneficiario de un modelo económico especulativo exacerbado por las reformas liberales y aperturistas del gobierno de Sixto Durán y el “mago” Alberto Dahik. En esencia, tal modelo consistía en privilegiar al capital financiero sobre el capital productivo y en fomentar el ingreso de capitales externos cortoplacistas –golondrinas- garantizándoles altas tasas de interés.
Cuando Mahuad juró la presidencia con su recordado discurso cosmogónico (agosto de l998), el terreno de las finanzas estaba minado, tanto por las tendencias económicas descritas como por los recurrentes prácticas permisivas e inmorales de la mayoría de entidades bancarias. Apenas dos semanas después de la posesión del mandatario demócrata cristiano, el ministro de Finanzas, Fidel Jaramillo, anunció la liquidación del Banco de Préstamos. En noviembre del referido año y a pesar de un “jumbo” e ilegal préstamo de salvataje por 760 millones de dólares otorgado por el Banco Central, se derrumbó La Filantrópica (Grupo Isaías), supuestamente la institución financiera más poderosa del país.
El liberalismo esquizofrénico de Mahuad –Estado del Bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres- terminó por desnudar y agudizar el descalabro económico-financiero que había incubado en el Ecuador el libreto del Consenso de Washington. Presionado por la vieja oligarquía, el gobierno mahuadista hizo aprobar por el Congreso, a fines del 98, la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), un instrumento de proteccionismo estatal a la bancocracia. Igualmente, respaldó un proyecto de ley, promovido por el diputado socialcristiano Jaime Nebot Saadi, que sustituyó el Impuesto a la Renta por el Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC). La entrada en vigor de esta última legislación resultó en el detonante de la hecatombe financiera ecuatoriana, ya que para eludir el nuevo tributo los banqueros y financistas nativos y extranjeros intensificaron sus operativos de descapitalización del país. Similar efecto tuvo la desaprensiva decisión de disponer –siguiendo la recomendación del FMI- la flotación del tipo de cambio. Solamente entre enero y febrero de l999 se estima habrían fugado 2 mil millones de dólares, un equivalente a la mitad de las exportaciones anuales del Ecuador. Por su lado, el servicio de la deuda extenuaba el presupuesto estatal (a comienzos de ese año aproximadamente el 80 ciento de los ingresos ordinarios del Fisco se destinaban al pago de ese tributo imperial compartido con conocidos “buitres” criollos que hasta ahora permanecen intocados).
En este contexto, el colapso de la economía ecuatoriana se tornó inminente y llegó en marzo de l999.
La primera y simbólica víctima del “crack” fue la moneda nacional. Entre el l y el 5 de ese mes, la memorable Semana Negra, el sucre se desplomó desde una relación de 7 mil por dólar hasta los surrealistas niveles de l7 y l8 mil. A propósito de evitar nuevas “corridas” de depósitos y proteger a las entidades con problemas de liquidez –particularmente al Banco del Progreso (Grupo Aspiazu)-, Mahuad decretó un feriado bancario que se extendió entre el 8 y el l2 de marzo. La reapertura del sistema se decidió simultáneamente a un congelamiento de la gran masa de depósitos e inversiones del público, unos 4 mil millones de dólares. El “corralito” ecuatoriano perjudicó directa e inmediatamente a dos millones de personas, pese a lo cual la mayoría de entidades financieras terminaron desmoronándose. A la emblemática quiebra del Banco del Progreso, en abril del 99, siguieron el Banco Popular, Pacífico, La Previsora, Azuay, etc. La debacle bancaria se cerró con la estatización reaccionaria del 70 por ciento del sistema financiero y con la fuga a Miami de los principales actores y responsables.
El “crack” financiero de fines del siglo pasado, prefigurado por quiebras como la de la Cooperativa San Francisco, tuvo corolarios de inmensa trascendencia. Aparte de la “socialización de las pérdidas” en un monto que actualmente se estima en 8 mil millones de dólares, el derrumbe de bancos y financieras debilitó a las finanzas públicas al punto que, en septiembre del 99, Mahuad se vio forzado a declarar la moratoria de la deuda Brady (aproximadamente unos 6.000 millones de dólares) y abdicar de la soberanía monetaria mediante la inconstitucional dolarización dispuesta el 9 de enero del 2000, medida que nos convirtió en opaca estrella de Washington y Wall Street.
La espectacular decisión del ahora prófugo Mahuad derivó en vastas movilizaciones de inspiración nacionalista y popular, comandadas por la CONAIE, que lo desalojaron de Carondelet pocos días después mediante acciones bautizadas por los shamanes como la Revolución del Arco Iris.
Cuando una colosal crisis financiera incubada por el capitalismo estadounidense planea sobre el planeta entero, acaso convenga subrayar que, con la dolarización, el país quedó “enconsertado” a un tipo de cambio ultrafijo, un esquema monetario que el gobierno de Rafael Correa buscaría preservar fomentando no precisamente el Socialismo del Siglo XXI (y, en rigor, ningún tipo de socialismo), sino más bien el colonialismo del siglo XVI que implantara en estas tierras la Corona española. Pruebas al canto.
La privatización manu militari de PETROECUADOR y el festín de contratos petroleros; la apología oficial de la minería a cielo abierto; la teatral defensa de la biodiversidad del ITT; la entusiasta adhesión gubernamental a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de Sud América (Correa acaba de firmar con la “subimperialista” la construcción del eje multimodal Manta-Manaos); la incorporación a la recientemente refrendada Constitución montecristense de las autonomías y descentralizaciones de inspiración bancomundialista; la alineación de Quito con Bogotá y Lima, en el seno de la CAN, para viabilizar la negociación andina de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (distanciándose definitivamente del ALBA y abandonando a su suerte a la Bolivia de Evo Morales); la consagración de la “educación de mercado” como guía obligatoria para los centros superiores, mediante la inclusión del Proyecto Tunning en la referida Carta Política, y, en fin, la puesta en vigor con recursos y asesoría norteamericana del llamado Plan Libertador, un programa diseñado para espiar las actividades de los disidentes reales o potenciales de la globalización corporativa.
Esta constelación de acciones y orientaciones de la autodenominada Revolución Ciudadana constituyen, a nuestro juicio, pruebas contundentes de la actual vocación de la cúpula de Alianza País por un modelo económico/social/político regresivo y represivo.
¡Cuánto desearíamos estar equivocados!
(Oct.3/2008)
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lunes, 6 de octubre de 2008
martes, 9 de septiembre de 2008
Correa o la fase superior del neoliberalismo
Ecuador
Correa o la fase superior del neoliberalismo
-Especial para la revista argentina América XXI-
René Báez
Premio Nacional de Economía y miembro de la
International Writers Association
Las orientaciones y decisiones más recientes del gobierno de Rafael Correa han venido a acentuar inquietudes que ya expresáramos en el balance del primer año de la autodenominada Revolución Ciudadana (www.alainet. org/active/25357&lang=es).
Como se recordará, Correa logró la adhesión mayoritaria de los votantes en el ballotage del 2006 –incluido, por cierto, el respaldo virtualmente unánime de los partidos de izquierda y demás fuerzas y organizaciones antisistema- por su compromiso de sepultar el modelo liberal esquizofrénico (Estado del bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres), institucionalizado en el Ecuador a partir de la administración del demócrata cristiano Osvaldo Hurtado (1981-84).
Más allá de la retórica de las “cinco revoluciones” anunciadas al calor de la campaña presidencial –política, económica, ética, educación/salud y relaciones internacionales-, desmontar la institucionalidad neoliberal suponía/supone instrumentar un conjunto de acciones encaminado, por un lado, a defender la soberanía política y económica nacional, y por otro, a concretar programas destinados a plasmar una autonomización relativa del aparato productivo doméstico. (Ver nuestro estudio “¿Cómo superar el fundamentalismo neoliberal?”: www.paginadigital.com.ar/articulos/2007/2007prim/noticias/fundamental).
Por lo demás, cabe destacar que la escalada del precio internacional del crudo a consecuencia básicamente de la invasión estadounidense a Irak el 2003, así como las abultadas remesas de divisas de los emigrados, proveían de viabilidad económica a ese modelo alternativo al impuesto a escala latinoamericana por el capital financiero internacional y sus socios locales desde la implantación de regímenes fascistas en el Cono Sur a comienzos de los años 70.
Conforme ya insinuamos, el gobierno correísta y su Revolución Ciudadana han venido apartándose cada vez más de sus definiciones de cuño nacionalista, popular y latinoamericanista, y, por esa ruta, aproximándose perniciosamente a los intereses y dictados del capital monopólico externo y nativo. Pruebas al canto.
Contradictoria defensa de la soberanía política
La masacre de Angostura y sus reflejos
La diplomacia de la Revolución Ciudadana viene exhibiendo los mismos rasgos de ingenuidad, improvisación, cortoplacismo y frecuente defección que han caracterizado a la Cancillería ecuatoriana a lo largo de su historia.
Así, por ejemplo, frente a la incursión militar colombiana del 1 de marzo pasado a la provincia amazónica de Sucumbíos, operativo de terrorismo de Estado que se saldó con la masacre de más de dos decenas de militantes o simpatizantes de las FARC, entre ellos el comandante Raúl Reyes, la reacción de Carondelet se tradujo en una vehemente pero descontextualizada denuncia de los sangrientos hechos. Es decir, ni Correa ni la canciller María Isabel Salvador asumieron la vulneración de la soberanía territorial del país y su estela sanguinaria como correlato de la geopolítica diseñada por Washington e instrumentada en la subregión andina con el colaboracionismo de la narcodemocracia colombiana. ¿A qué aludimos en concreto?
Esencialmente a que, si por un lado, la denuncia de los bombardeos a la remota Angostura –aldea en donde diversos gobiernos y la referida guerrilla afinaban los detalles para la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes en manos del mencionado grupo guerrillero- desató una crisis hemisférica que desembocó en la ruptura de relaciones con la Colombia de Álvaro Uribe tanto de la Venezuela bolivariana y de la Nicaragua sandinista como la del propio Ecuador, así como en el reconocimiento por parte del Grupo de Río y la OEA de la violación de nuestra soberanía; por otro, los anuncios de Quito de llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya o de suspender el intercambio comercial con el vecino norteño nunca desbordaron el nivel de las palabras. Este orden de actitudes entre tibias y zigzagueantes ha conducido a que el actual inquilino del Palacio de Nariño retome su línea agresiva e intimidatoria, y, a través de la utilización de las computadoras “a la carta” de Reyes, inicie juicios bajo legislación y jurisdicción colombiana incluso contra funcionarios del gobierno de Correa.
La incomprensión de que los sucesos de Angostura tenían como telón de fondo la fementida guerra contra el “narcoterrorismo” promovida por George W. Bush para criminalizar a los disidentes de la globalización corporativa -llámense insurgentes armados, dirigentes indígenas o campesinos, cristianos liberacionistas, opositores políticos parlamentarios, intelectuales, ecologistas, defensores de los derechos humanos, etc.- ha determinado que el Carondelet persista en su cadena de errores y/o defecciones.
Esta tónica de la diplomacia del régimen de Alianza País acaba de alumbrar un acontecimiento de temibles consecuencias. Nos referimos a la aprobación y puesta en marcha por Correa y su ministro del Interior, Fernando Bustamante, del sarcásticamente denominado Proyecto Libertador, un programa de espionaje telefónico y electrónico montado con financiamiento y asesoría estadounidenses y que, a pretexto de espiar a los narcotraficantes, estaría convirtiendo al Ecuador en un auténtico Estado policial. La justificación oficial para consumar ese atentado a la soberanía nacional y a la privacidad de los ciudadanos no podía ser más peregrina y deleznable. Según voceros oficiales, tal proyecto no debiera preocupar a nadie, ya que dispositivos idénticos se encuentran en plena operatividad en la Colombia de uribista y en el Perú de Alan García. Únicamente les ha faltado decir que corresponden a extensiones a estas latitudes de la Patriot Act impuesta por el guerrerista Bush Jr. después del memorable 11-S.
Una de cal y otra de arena.
Si, por un lado, fue plausible que, en agosto pasado, el Ecuador notificara a Estados Unidos su decisión de no renovar el convenio de entrega de la Base Manta al Pentágono, a partir de noviembre del próximo año; por otro, no ha dejado de suscitar perplejidad el silencio del Palacio de Najas respecto de la resolución de la Casa Blanca, aplaudida por Bogotá, de reactivar la IV Flota, incluso con portaaviones atómicos, para patrullar las costas de América Latina y el Caribe.
Preservar la dolarización: una apuesta suicida
La capacidad de emitir un signo monetario, establecer su valor en relación a otras monedas y determinar su circulación de conformidad a una estrategia nacional es un atributo consustancial a la soberanía política y económica de un país.
Rafael Correa emergió a la escena política como opositor al “dictócrata” Lucio Gutiérrez y crítico de la inconstitucional dolarización dispuesta por Jamil Mahuad a comienzos del 2000, que se saldó con un feriado bancario, un “corralito” en el argot argentino, y el endoso al Estado –es decir, a los contribuyentes- de un atraco cifrado en 8.000 millones de dólares.
En la campaña para las presidenciales del 2006, el caudillo de Alianza País reiteró sus denuncias contra esa medida ultraneoliberal y liquidacionista del aparato productivo doméstico. Ya instalado en Carondelet, sin embargo, no desaprovecha ocasión para insistir en que, a lo largo de su mandato de cuatro años, mantendrá al dólar estadounidense como moneda oficial “ecuatoriana”.
¿Qué supone esa explícita renuncia a la soberanía monetaria? ¿Cómo explicar la repentina vocación presidencial por un tipo de cambio fijo? ¿Cuáles las consecuencias internas y en las relaciones externas de ese nacionalismo “dolarizado”? ¿Qué nos depara el futuro previsible?
Pablo Dávalos, investigador y catedrático de la Universidad Católica de Quito, responde a ese orden de inquietudes en un estudio titulado “Ecuador: el debate prohibido”, donde apunta:
Desde el año 2000 cuando se impuso la dolarización, su tarea ha sido la de ir minando al país: ha destruido la pequeña producción campesina poniendo en riesgo el abastecimiento alimentario más elemental. Ha destruido la pequeña y mediana producción industrial, generando desempleo y pérdida de ingreso a miles de familias. Ha desquiciado el sistema de precios con distorsiones que han multiplicado por diez a la canasta familiar en menos de una década y ha destrozado la capacidad adquisitiva del salario que actualmente apenas cubre menos de un tercio de la canasta básica. Ha provocado un profundo intercambio desigual entre el sector rural y el sector urbano. Ha incentivado una deriva consumista que se refleja en el mayor déficit comercial en toda la historia del país, un déficit oculto por los altos precios del petróleo. Ha provocado una enorme migración de ecuatorianos en búsqueda de trabajo en el extranjero. Ha polarizado la concentración del ingreso, al extremo que el 20% más rico de la población dispone de más del 50% de la renta nacional, mientras que el 20% más pobre no llega a participar ni del 4% de la renta nacional. Ha incentivado los comportamientos rentistas de sectores medios de la población, y la demanda de asistencialismo en los sectores más pobres. Ha transformado el mercado financiero doméstico que ahora cobra tasas de interés desmesuradas en dólares, e incentiva la fuga de divisas y el endeudamiento externo agresivo por parte del sector privado, que recuerda aquel proceso de los años setenta que condujo a la crisis de la deuda externa… Estos hechos nos muestran una economía en descalabro y una sociedad fracturada, y un esquema monetario que empieza a hacer aguas y cuyo colapso, a más de inminente, parece más próximo de lo que quisiéramos… (1)
Más adelante explica:
La dolarización no es solo un esquema monetario que otorga certezas para decisiones económicas en el corto y mediano plazo, sino que es el centro de gravedad del esquema neoliberal. Y el modelo neoliberal no se reduce a un conjunto de recomendaciones en política fiscal, sino a la readecuación de las relaciones de poder en beneficio del capital financiero. (2)
En buen romance, lo anterior implica que si no se sale de la dolarización –y de una manera ordenada- no hay cambio de modelo económico posible. Razonar de modo distinto, como lo hacen tanto la derecha tradicional liderada por el alcalde guayaquileño Jaime Nebot Saadi como la derecha correísta y oenegeísta, ambas militantes del vil desarrollismo, comporta la gran impostura que padece actualmente la sociedad ecuatoriana.
Más aún, lejos de instrumentar una alternativa al cambio fijo y al legado neoliberalizante, Carondelet y sus funambulescos revolucionarios han venido impulsando una fórmula entre regresiva y clientelar para enjugar esos problemas estructurales y de redivivo colonialismo. ¿A qué aludimos?
Particularmente al festín de recursos petroleros, mineros y ambientales, incluida la privatización manu militari de PETROECUADOR (3); a las apuestas al IIRSA y a los transgénicos preconizadas por el binomio Bush-Lula da Silva, al aperturismo comercial y financiero, a las negociaciones recolonizadoras con la Unión Europea, al diferimiento para las calendas griegas de la adhesión del Ecuador al ALBA, a la alineación con Colombia y Perú en el seno de la CAN (traicionando a la Bolivia de Evo Morales y al propio discurso oficial de no mercantilización de la vida). En suma, al autobloqueo a una estrategia de relativa autonomía productiva y a la sistemática adopción del modelo regresivo y de lumpenacumulación que describiera André Gunder Frank hace casi medio siglo.
Notas
(1) Ver: www.llacta.org/notic/not050a.htm
(2) Ibid.
(3) A ese respeto, especialmente sustentadas y crudas han sido las denuncias formuladas por Polo Democrático, una organización policlasista encabezada por el ex sacerdote Eduardo Delgado, que ha convocado a la ciudadanía a anular el voto en el referendo constitucional del 28 de septiembre próximo. A criterio de esa entidad política, tal sería la mejor forma de comenzar a sortear el dilema de hierro al que ha sido empujado el país por una democracia formal, mediática y ritualista.
Sept.5/2008
Correa o la fase superior del neoliberalismo
-Especial para la revista argentina América XXI-
René Báez
Premio Nacional de Economía y miembro de la
International Writers Association
Las orientaciones y decisiones más recientes del gobierno de Rafael Correa han venido a acentuar inquietudes que ya expresáramos en el balance del primer año de la autodenominada Revolución Ciudadana (www.alainet. org/active/25357&lang=es).
Como se recordará, Correa logró la adhesión mayoritaria de los votantes en el ballotage del 2006 –incluido, por cierto, el respaldo virtualmente unánime de los partidos de izquierda y demás fuerzas y organizaciones antisistema- por su compromiso de sepultar el modelo liberal esquizofrénico (Estado del bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres), institucionalizado en el Ecuador a partir de la administración del demócrata cristiano Osvaldo Hurtado (1981-84).
Más allá de la retórica de las “cinco revoluciones” anunciadas al calor de la campaña presidencial –política, económica, ética, educación/salud y relaciones internacionales-, desmontar la institucionalidad neoliberal suponía/supone instrumentar un conjunto de acciones encaminado, por un lado, a defender la soberanía política y económica nacional, y por otro, a concretar programas destinados a plasmar una autonomización relativa del aparato productivo doméstico. (Ver nuestro estudio “¿Cómo superar el fundamentalismo neoliberal?”: www.paginadigital.com.ar/articulos/2007/2007prim/noticias/fundamental).
Por lo demás, cabe destacar que la escalada del precio internacional del crudo a consecuencia básicamente de la invasión estadounidense a Irak el 2003, así como las abultadas remesas de divisas de los emigrados, proveían de viabilidad económica a ese modelo alternativo al impuesto a escala latinoamericana por el capital financiero internacional y sus socios locales desde la implantación de regímenes fascistas en el Cono Sur a comienzos de los años 70.
Conforme ya insinuamos, el gobierno correísta y su Revolución Ciudadana han venido apartándose cada vez más de sus definiciones de cuño nacionalista, popular y latinoamericanista, y, por esa ruta, aproximándose perniciosamente a los intereses y dictados del capital monopólico externo y nativo. Pruebas al canto.
Contradictoria defensa de la soberanía política
La masacre de Angostura y sus reflejos
La diplomacia de la Revolución Ciudadana viene exhibiendo los mismos rasgos de ingenuidad, improvisación, cortoplacismo y frecuente defección que han caracterizado a la Cancillería ecuatoriana a lo largo de su historia.
Así, por ejemplo, frente a la incursión militar colombiana del 1 de marzo pasado a la provincia amazónica de Sucumbíos, operativo de terrorismo de Estado que se saldó con la masacre de más de dos decenas de militantes o simpatizantes de las FARC, entre ellos el comandante Raúl Reyes, la reacción de Carondelet se tradujo en una vehemente pero descontextualizada denuncia de los sangrientos hechos. Es decir, ni Correa ni la canciller María Isabel Salvador asumieron la vulneración de la soberanía territorial del país y su estela sanguinaria como correlato de la geopolítica diseñada por Washington e instrumentada en la subregión andina con el colaboracionismo de la narcodemocracia colombiana. ¿A qué aludimos en concreto?
Esencialmente a que, si por un lado, la denuncia de los bombardeos a la remota Angostura –aldea en donde diversos gobiernos y la referida guerrilla afinaban los detalles para la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes en manos del mencionado grupo guerrillero- desató una crisis hemisférica que desembocó en la ruptura de relaciones con la Colombia de Álvaro Uribe tanto de la Venezuela bolivariana y de la Nicaragua sandinista como la del propio Ecuador, así como en el reconocimiento por parte del Grupo de Río y la OEA de la violación de nuestra soberanía; por otro, los anuncios de Quito de llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya o de suspender el intercambio comercial con el vecino norteño nunca desbordaron el nivel de las palabras. Este orden de actitudes entre tibias y zigzagueantes ha conducido a que el actual inquilino del Palacio de Nariño retome su línea agresiva e intimidatoria, y, a través de la utilización de las computadoras “a la carta” de Reyes, inicie juicios bajo legislación y jurisdicción colombiana incluso contra funcionarios del gobierno de Correa.
La incomprensión de que los sucesos de Angostura tenían como telón de fondo la fementida guerra contra el “narcoterrorismo” promovida por George W. Bush para criminalizar a los disidentes de la globalización corporativa -llámense insurgentes armados, dirigentes indígenas o campesinos, cristianos liberacionistas, opositores políticos parlamentarios, intelectuales, ecologistas, defensores de los derechos humanos, etc.- ha determinado que el Carondelet persista en su cadena de errores y/o defecciones.
Esta tónica de la diplomacia del régimen de Alianza País acaba de alumbrar un acontecimiento de temibles consecuencias. Nos referimos a la aprobación y puesta en marcha por Correa y su ministro del Interior, Fernando Bustamante, del sarcásticamente denominado Proyecto Libertador, un programa de espionaje telefónico y electrónico montado con financiamiento y asesoría estadounidenses y que, a pretexto de espiar a los narcotraficantes, estaría convirtiendo al Ecuador en un auténtico Estado policial. La justificación oficial para consumar ese atentado a la soberanía nacional y a la privacidad de los ciudadanos no podía ser más peregrina y deleznable. Según voceros oficiales, tal proyecto no debiera preocupar a nadie, ya que dispositivos idénticos se encuentran en plena operatividad en la Colombia de uribista y en el Perú de Alan García. Únicamente les ha faltado decir que corresponden a extensiones a estas latitudes de la Patriot Act impuesta por el guerrerista Bush Jr. después del memorable 11-S.
Una de cal y otra de arena.
Si, por un lado, fue plausible que, en agosto pasado, el Ecuador notificara a Estados Unidos su decisión de no renovar el convenio de entrega de la Base Manta al Pentágono, a partir de noviembre del próximo año; por otro, no ha dejado de suscitar perplejidad el silencio del Palacio de Najas respecto de la resolución de la Casa Blanca, aplaudida por Bogotá, de reactivar la IV Flota, incluso con portaaviones atómicos, para patrullar las costas de América Latina y el Caribe.
Preservar la dolarización: una apuesta suicida
La capacidad de emitir un signo monetario, establecer su valor en relación a otras monedas y determinar su circulación de conformidad a una estrategia nacional es un atributo consustancial a la soberanía política y económica de un país.
Rafael Correa emergió a la escena política como opositor al “dictócrata” Lucio Gutiérrez y crítico de la inconstitucional dolarización dispuesta por Jamil Mahuad a comienzos del 2000, que se saldó con un feriado bancario, un “corralito” en el argot argentino, y el endoso al Estado –es decir, a los contribuyentes- de un atraco cifrado en 8.000 millones de dólares.
En la campaña para las presidenciales del 2006, el caudillo de Alianza País reiteró sus denuncias contra esa medida ultraneoliberal y liquidacionista del aparato productivo doméstico. Ya instalado en Carondelet, sin embargo, no desaprovecha ocasión para insistir en que, a lo largo de su mandato de cuatro años, mantendrá al dólar estadounidense como moneda oficial “ecuatoriana”.
¿Qué supone esa explícita renuncia a la soberanía monetaria? ¿Cómo explicar la repentina vocación presidencial por un tipo de cambio fijo? ¿Cuáles las consecuencias internas y en las relaciones externas de ese nacionalismo “dolarizado”? ¿Qué nos depara el futuro previsible?
Pablo Dávalos, investigador y catedrático de la Universidad Católica de Quito, responde a ese orden de inquietudes en un estudio titulado “Ecuador: el debate prohibido”, donde apunta:
Desde el año 2000 cuando se impuso la dolarización, su tarea ha sido la de ir minando al país: ha destruido la pequeña producción campesina poniendo en riesgo el abastecimiento alimentario más elemental. Ha destruido la pequeña y mediana producción industrial, generando desempleo y pérdida de ingreso a miles de familias. Ha desquiciado el sistema de precios con distorsiones que han multiplicado por diez a la canasta familiar en menos de una década y ha destrozado la capacidad adquisitiva del salario que actualmente apenas cubre menos de un tercio de la canasta básica. Ha provocado un profundo intercambio desigual entre el sector rural y el sector urbano. Ha incentivado una deriva consumista que se refleja en el mayor déficit comercial en toda la historia del país, un déficit oculto por los altos precios del petróleo. Ha provocado una enorme migración de ecuatorianos en búsqueda de trabajo en el extranjero. Ha polarizado la concentración del ingreso, al extremo que el 20% más rico de la población dispone de más del 50% de la renta nacional, mientras que el 20% más pobre no llega a participar ni del 4% de la renta nacional. Ha incentivado los comportamientos rentistas de sectores medios de la población, y la demanda de asistencialismo en los sectores más pobres. Ha transformado el mercado financiero doméstico que ahora cobra tasas de interés desmesuradas en dólares, e incentiva la fuga de divisas y el endeudamiento externo agresivo por parte del sector privado, que recuerda aquel proceso de los años setenta que condujo a la crisis de la deuda externa… Estos hechos nos muestran una economía en descalabro y una sociedad fracturada, y un esquema monetario que empieza a hacer aguas y cuyo colapso, a más de inminente, parece más próximo de lo que quisiéramos… (1)
Más adelante explica:
La dolarización no es solo un esquema monetario que otorga certezas para decisiones económicas en el corto y mediano plazo, sino que es el centro de gravedad del esquema neoliberal. Y el modelo neoliberal no se reduce a un conjunto de recomendaciones en política fiscal, sino a la readecuación de las relaciones de poder en beneficio del capital financiero. (2)
En buen romance, lo anterior implica que si no se sale de la dolarización –y de una manera ordenada- no hay cambio de modelo económico posible. Razonar de modo distinto, como lo hacen tanto la derecha tradicional liderada por el alcalde guayaquileño Jaime Nebot Saadi como la derecha correísta y oenegeísta, ambas militantes del vil desarrollismo, comporta la gran impostura que padece actualmente la sociedad ecuatoriana.
Más aún, lejos de instrumentar una alternativa al cambio fijo y al legado neoliberalizante, Carondelet y sus funambulescos revolucionarios han venido impulsando una fórmula entre regresiva y clientelar para enjugar esos problemas estructurales y de redivivo colonialismo. ¿A qué aludimos?
Particularmente al festín de recursos petroleros, mineros y ambientales, incluida la privatización manu militari de PETROECUADOR (3); a las apuestas al IIRSA y a los transgénicos preconizadas por el binomio Bush-Lula da Silva, al aperturismo comercial y financiero, a las negociaciones recolonizadoras con la Unión Europea, al diferimiento para las calendas griegas de la adhesión del Ecuador al ALBA, a la alineación con Colombia y Perú en el seno de la CAN (traicionando a la Bolivia de Evo Morales y al propio discurso oficial de no mercantilización de la vida). En suma, al autobloqueo a una estrategia de relativa autonomía productiva y a la sistemática adopción del modelo regresivo y de lumpenacumulación que describiera André Gunder Frank hace casi medio siglo.
Notas
(1) Ver: www.llacta.org/notic/not050a.htm
(2) Ibid.
(3) A ese respeto, especialmente sustentadas y crudas han sido las denuncias formuladas por Polo Democrático, una organización policlasista encabezada por el ex sacerdote Eduardo Delgado, que ha convocado a la ciudadanía a anular el voto en el referendo constitucional del 28 de septiembre próximo. A criterio de esa entidad política, tal sería la mejor forma de comenzar a sortear el dilema de hierro al que ha sido empujado el país por una democracia formal, mediática y ritualista.
Sept.5/2008
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