Banco Mundial, neoliberalismo y Alianza País: la trama invisible

Banco Mundial, neoliberalismo y Alianza País: la trama invisible



Pablo Dávalos**



En virtud de que el Banco Mundial está concebido para el financiamiento al desarrollo económico en los países de la periferia del sistema-mundo, se ha convertido en una de las instituciones más importantes, sobre todo cuando se trata de generar marcos conceptuales que permitan la transformación geopolítica hacia el neoliberalismo y la transición al pos-neoliberalismo, porque asume al neoliberalismo no como una etapa sino como un fin en sí mismo, de ahí su apelación epistemológica al neoinstitucionalismo económico y a las propuestas de cambio institucional, que formaron parte de las reformas estructurales de la segunda generación que se impulsaron en América Latina durante la década de los noventa y que dieron consistencia teórica a la reforma sectorial.



En efecto, el Banco Mundial es uno de los think tanks más importantes del mundo, y sus dispositivos ideológicos se convierten luego en los temas de las agendas políticas de la cooperación internacional al desarrollo, del sistema de Naciones Unidas, y de los países de la periferia. De la lucha por reducir la pobreza a la cruzada por cambiar al mundo en las coordenadas neoliberales, hay un paso hacia el cual el Banco Mundial obligó a transitar a casi toda la periferia del sistema-mundo.



Ahora bien, existe un relativo consenso alrededor de la idea de que el Banco Mundial es uno de los ejes estructurantes del neoliberalismo, por ello llaman la atención las coincidencias entre el proyecto político de Alianza País, sus principales cuadros tecno-políticos y el Banco Mundial. Se trata de algo más de una coincidencia y que demuestra más bien una convergencia entre la necesidad de transitar al posneoliberalismo y el rol ambiguo que cumplen ahora gobiernos que suscriben en el discurso tesis radicales, pero que tienen un norte político que coincide con aquellos del Banco Mundial.



En ese sentido, es curioso y, aparentemente, una paradoja de la historia, que muchos de los temas que se debatieron y aprobaron a propósito del texto Constitucional propuesto por Alianza País en el año 2008, bajo el pomposo nombre de “revolución ciudadana”, y en supuesta contradicción y contrapunto con la episteme neoliberal, en realidad, continúen, consoliden y profundicen aquellos temas que fueron posicionados por el Banco Mundial, el BID, la USAID y la cooperación internacional al desarrollo, en los momentos más radicales del neoliberalismo. Como Monsieur Jourdain que hablaba prosa sin saberlo, los tecno-burócratas de Alianza País articularon a nivel Constitucional la prosa neoliberal sin, aparentemente, estar advertidos de ello.



Los ejemplos a este tenor son numerosos. Los temas de la participación ciudadana, por ejemplo, y que constituyen uno de los puntales ideológicos de las nuevas burguesías emergentes para apuntalar su proyecto político detrás de la cobertura de Alianza País, fueron impulsados por la USAID y el Banco Mundial durante la década de los noventa.



En efecto, en la década de los noventa la USAID , a través de una serie de ayudas para el desarrollo canalizadas especialmente a través de la fundación Esquel, contribuyó para crear espacios de interlocución social bajo la cobertura de la “participación ciudadana”, y cuyo objetivo era el de dotar de legitimidad a las políticas de ajuste macrofiscal y reforma estructural. Algunos de los tecnócratas que participaron en estos proyectos (Diálogo 2000, Esquinas de Diálogo, etc.), se convirtieron en prominentes miembros de Alianza País, en especial, María Paula Romo y Norman Wray.



Hay que indicar que USAID también financió la creación de la ONG “Participación Ciudadana”, de la que provinieron cuadros políticos importantes para Alianza País. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, y por iniciativa del Banco Mundial, se creó la Secretaría de Diálogo Social, sustentada en los criterios de “participación ciudadana” y que en realidad tenía por objetivo encubrir con un manto de supuesta legitimidad los procesos de privatización, sobre todo en los fondos de pensiones y en la energía eléctrica. El responsable de esta Secretaría de Estado de Lucio Gutiérrez, Augusto Barrera, formó parte del Buró Político de Alianza País, y fue el candidato a la Alcaldía de la capital de la república por parte de Alianza País. Asimismo, el Capítulo V del Título IV de la Constitución Política de 2008, crea la Función de Transparencia y Control Social, que recoge punto por punto las propuestas de la USAID y del Banco Mundial sobre “participación ciudadana”.



Los temas del derecho a consulta de las poblaciones locales para el manejo de recursos, son uno de los temas claves en los que ya trabajó el Banco Mundial. La posición de Alianza País de oponerse al consentimiento libre, previo e informado y solamente aceptar la consulta previa coincide con la posición del Banco Mundial. En efecto, la Directiva Operacional 4.20 del Banco Mundial (antes de la reforma de 2006), establece lo siguiente en la disposición No. 8: “La política del Banco (Mundial) es que la estrategia para tratar asuntos referidos a pueblos indígenas debe estar basada en la participación informada de los propios indígenas. De esta manera la identificación de las preferencias locales a través de la consulta directa, la incorporación del conocimiento indígena en los enfoques de proyectos y la utilización de especialistas desde una etapa inicial son actividades centrales para cualquier proyecto que involucre a los pueblos indígenas y sus derechos sobre recursos naturales y económicos”. (World Bank: Summary of Consultations with External Stakeholders Regarding the World Bank Indigenous Peoples Policy (Draft PO/BP 4.10). Internal Report, April 18, 2002).



De otra parte, y en el mismo tenor, y en conformidad con esta disposición interna del Banco Mundial, puede observarse la declaración del Banco Mundial en el documento Estrategia Asistencia País entre el Banco Mundial y el gobierno del Ecuador de 2003, lo siguiente: “El Banco (Mundial, P.D.) ha promovido la rendición de cuentas en lo social mediante el apoyo no reembolsable con el fin de desarrollar lineamientos para las consultas previas a las inversiones mineras e hidrocarburíferas y la vigilancia comunitaria para las actividades mineras”. (Banco Mundial, Estrategia Asistencia País, Informe No. 25817 EC, 29 de abril de 2003, pp. 9). La Ley de Minería aprobada por la Comisión de Legislación y Fiscalización, manejada por Alianza País, es tan conservadora, neoliberal y pro-extractivista que ni siquiera recoge las propuestas de consulta previa del Banco Mundial.



Los temas de la prohibición del uso de recursos estatales para campañas políticas y que forma parte de las reivindicaciones de Alianza País, también fueron propuestos por el Banco Mundial. La transparencia en la gestión pública a través de la publicación de todos los contratos del Estado (SIGOB, SIGEF, RUP, etc.) fueron también temas propuestos desde el Banco Mundial y constan en los acuerdos que el Banco Mundial suscribió con Lucio Gutiérrez en 2003.



En lo que hace referencia a la tercerización laboral, y que el régimen de Alianza País ha exhibido como uno de sus logros más caros, el Banco Mundial ya opuso resistencia y cuestionó duramente a este tipo de flexibilización laboral. En un estudio del Banco Mundial, puede leerse lo siguiente: “Por otra parte, la proliferación de agencias temporales de empleo (cerca de 200 creadas en los últimos años y que cubren alrededor del 10% del empleo formal), fenómeno conocido como “terciarización”, no permite su monitoreo adecuado, deteriora la relación laboral e impide supervisar el cumplimiento de los requisitos laborales mínimos por parte de las firmas contratantes” (Fretes Cibils, Vicente, et alt: Ecuador Una agenda económica y social del nuevo milenio, Banco Mundial, pag. Lxii). En la Estrategia Asistencia País (CAS) suscrita en 2003, entre el gobierno de Lucio Gutiérrez y el Banco Mundial puede, asimismo, leerse lo siguiente: “la tercerización contribuye importantemente a la flexibilidad laboral, pero niega a los trabajadores sus derechos y prestaciones”. CAS-2003, prg: 80, pp. 26.



Los temas de la descentralización, las autonomías y el régimen de competencias, que constan en el título V del texto Constitucional de 2008 bajo el nombre de “Organización Territorial del Estado”, fueron previamente pensados y diseñados por el Banco Mundial y por la cooperación internacional al desarrollo en la década de los noventa, en especial la cooperación alemana (GTZ), y recogen punto por punto las necesidades geopolíticas de las corporaciones transnacionales; no solo ello, sino que establecen como artículo constitucional para los gobiernos locales (denominados por la Constitución ecuatoriana de 2008 como “gobiernos autónomos descentralizados”), lo siguiente : “Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias” (Art. 262, numeral 9; Art. 263, numeral 8; Art. 264, numeral 13; Art. 267, numeral 7), abriendo el espacio para la intervención neocolonial por la vía de la cooperación internacional al desarrollo y vulnerando, de esta manera, la soberanía nacional.



Los temas de la lucha contra la corrupción, las auditorías y veedurías públicas, y que en el caso del Ecuador han sido incluso constitucionalizados, son otros de los ejes importantes del Banco Mundial y de la ONG Transparencia Internacional (TI), vinculada al Banco Mundial, al G-8 y al foro de Davos. Los temas de privatización de la naturaleza por la vía del pago de los servicios ambientales, y que también constan en el texto Constitucional de Alianza País[1], y en los que han trabajado instituciones como Conservation International (CI), fueron también estructurados y definidos desde la episteme neoliberal del Banco Mundial y de ONG’s ambientalistas y vinculadas a las corporaciones transnacionales (como el caso de CI, o de TNC).



Todos los temas de derechos, y que han sido el argumento legitimante de esta nueva burguesía emergente y que le han servido para presentar al texto Constitucional de 2008 como el más avanzado en materia de derechos, en realidad pueden mirarse como la traslación al ámbito de los derechos de los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo sustento analítico lo hizo el Banco Mundial.



Ahora bien, educación, salud, producción, sector social, infraestructura, etc., todos ellos fueron objetos de intervención desde la reforma sectorial del Banco Mundial durante la década de los noventa en el Ecuador, pero también fue intervenida la administración de justicia a través de un proyecto específico denominado PROJUSTICIA, y que tenía como objetivo fundamental la construcción del Estado Hobbesiano a través de la creación de la seguridad jurídica necesaria para las inversiones privadas.



Se trataba de adecuar al sistema jurídico para crear los correlatos necesarios para la vigencia de los derechos de propiedad individual por sobre la propiedad comunal, para que de esta manera pueda existir la suficiente seguridad jurídica para las inversiones privadas; como correlato de la seguridad jurídica consta la criminalización a toda forma de resistencia y movilización social. El proyecto PROJUSTICIA del Banco Mundial, en ese sentido, se ha revelado como uno de los mecanismos más importantes de la reforma estructural para consolidarla a nivel jurídico y constitucional. Los marcos de intervención del Banco Mundial sobre la administración de justicia se convertirán en política de Estado durante el gobierno de Alianza País. El responsable de este proyecto clave del Banco Mundial, se convertirá, posteriormente, en Ministro de Justicia y luego en Ministro de Gobierno, durante el gobierno de Alianza País.



En el caso del denominado sector social se gestó la institución más representativa de la reforma sectorial neoliberal del Banco Mundial: el Ministerio de Bienestar Social (que ha tenido varios nombres durante la reforma neoliberal, y que en la era de Alianza País se llamó de Inclusión económica y social). Esta Secretaría de Estado se convierte en el espacio en el que convergen los temas más importantes de la reforma estructural sectorial neoliberal, y que armoniza los tiempos, los momentos, las prioridades y el ritmo de la reforma sectorial con el complejo institucional de la reforma sectorial.



Esta Secretaría de Estado es el producto más caro de la reforma neoliberal, porque allí radican los programas, proyectos y acciones que nacieron desde el BID y el Banco Mundial y que ahora son ya políticas públicas sancionadas desde el Estado. Allí radican los programas de protección social diseñados y creados desde el BID y el Banco Mundial (como el Bono de la pobreza, denominado también como Bono de Desarrollo Humano, los programas de intervención social “Socio-país”, etc.), desde allí la reforma estructural puede desplegarse y legitimarse hacia la sociedad como política de Estado.



Esta Secretaría de Estado, como momento político y como instancia pública de la reforma estructural del neoliberalismo, alcanza su despliegue más importante durante el gobierno de Alianza País, en donde se consolidan y adquieren su punto máximo las estrategias de asistencialismo, focalización, cooptación y asimilación social, bajo los mismos esquemas, modelos de intervención e incluso cuadros técnicos, y consultores de la reforma sectorial del neoliberalismo. De hecho, uno de los cuadros tecno-políticos más importantes del Banco Mundial, Nathalie Cely, es quien maneja y coordina toda el área social en el gobierno de Alianza País.



Estos proyectos de reforma sectorial del Banco Mundial y desde los cuales se intervino en el Estado y en la sociedad, fueron creados para experimentar las formas de privatización de las políticas públicas y los marcos categoriales y metodológicos que luego se convertirían en el formato del Estado en su conjunto. Los proyectos de la reforma sectorial se situaban a la sombra y al amparo del Estado. Crecían como un cuerpo metastático en la periferia del Estado. No eran Estado, pero supuestamente tampoco eran sector privado. Se movían en ese aparente intersticio entre lo público y lo privado que son las ONG’s y la cooperación al desarrollo. De ese intersticio extraían las condiciones de su legitimidad política y a partir de esa situación de ambigüedad y de limbo político, obtenían el peso político para imponer sus prescripciones al conjunto del Estado y la sociedad. Eran un cuerpo canceroso creado ex profeso para infectar al Estado con la lógica neoliberal.



En virtud de que eran proyectos de mediano plazo que testaban sus metodologías y sus cuadros tecno-políticos directamente con el Estado y, además, realizaban cambios en el Estado en conformidad con las estrategias establecidas desde algo que puede ser denominado como complejo institucional de la reforma estructural neoliberal, nunca rindieron cuentas a nadie que no sea del propio complejo institucional de la reforma estructural. Su lealtad era con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID, con la GTZ , con la COSUDE , con el PNUD, con la CAF , nunca con el Estado que les dio abrigo y cobertura. Nunca rindieron cuentas a la sociedad, y la única vez que pretendieron hacerlo (en el proyecto SAPRI del Banco Mundial), se trató más bien de una estrategia política de relegitimación y de manipulación social.



Para el conjunto de la sociedad, e incluso para líderes de opinión y dirigentes sociales, los acrónimos de los proyectos de la reforma estructural eran un arcano misterioso y de difícil comprensión y acceso. Nunca la sociedad conoció, debatió, reflexionó o aprobó ninguno de esos proyectos de reforma sectorial. Sus marcos metodológicos eran metalenguaje puro. Representaban el grado cero de la democracia y la transparencia. Eran casi las entelequias de un poder real que actuaba a la sombra. Una vez que lograban sus resultados, para utilizar una metáfora médica, y conseguían la transferencia de su ADN hacia el Estado, que finalmente adoptaba esas metodologías de los proyectos sectoriales como políticas de Estado, estos proyectos sectoriales desaparecían en una bruma de olvido e indiferencia creada a propósito. Nacieron desde la sombra del complejo institucional de la reforma estructural y, una vez cumplidos sus propósitos, regresaron a las sombras.



El Estado que había sido contaminado por esos proyectos de la reforma estructural-sectorial no podía ser el mismo Estado de la industrialización o de Bienestar. Era un Estado adecuado completamente a las coordenadas de la acumulación del capital en tiempos de neoliberalismo y globalización. Era un Estado que pensaba en términos de “marco lógico”, “árbol de problemas”, “FODA”, “análisis sectorial”, “competitividad”, “cambios institucionales”, etc. Era un Estado colonizado en su episteme misma por el complejo institucional de la reforma estructural. Un Estado hobbesiano y pensado en términos del derecho privado y de propiedad (el famoso “Estado social de derecho” neoliberal). Un Estado presto para actuar en defensa de la propiedad privada y los intereses de los inversionistas privados. Un Estado que podía criminalizar a su población al tiempo que garantizaba la “seguridad jurídica”. Es por ello que el Banco Mundial ahora preconice la consolidación del Estado, porque es un armazón que nada tiene que ver con el Estado anterior a las reformas estructurales del neoliberalismo.



Es por ello que en América Latina varios gobiernos pueden proponer y llevar adelante estrategias políticas de recuperación del Estado, porque ese Estado es la mejor garantía para el funcionamiento del neoliberalismo. Es por ello que el gobierno de Alianza País pudo posicionar su discurso de rescate de la soberanía estatal y de la acción del Estado y de las políticas públicas, y que muchos sectores sociales hayan pensado que se trataba de un cambio radical en el modelo económico neoliberal, cuando en realidad representaba su consolidación y fortalecimiento. Es desde allí que hay que comprender las ambigüedades de los discursos políticos en estos momentos de transición al pos-neoliberalismo.





--------------------------------------------------------------------------------

[1] CPE: “Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.”





**Pablo Dávalos, economista ecuatoriano, catedrático universitario y responsable de ATTAC -Ecuador

Relator Especial sobre pueblos indigenas urge al Gobierno de Peru a dialogar

http://www.politicaspublicas.net/panel/noticias/america-latina/304-relator-especial-sobre-pueblos-indigenas-urge-al-gobierno-de-peru-a-dialogar-con-los-pueblos-indigenas-del-amazonas.html



Relator Especial sobre pueblos indígenas urge al Gobierno de Perú a dialogar con los pueblos indígenas del Amazonas

Ginebra, 10 de junio de 2009




El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Profesor James Anaya, expresa su más profunda preocupación por los enfrentamientos del viernes 5 de junio, y los eventos subsecuentes, en Bagua, Departamento de Amazonas, Perú, que han resultado en la muerte de aproximadamente 30 personas, incluidas personas indígenas y miembros de la Fuerza Pública, así como decenas de heridos y desaparecidos. El Relator Especial expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias.




“Hago un llamado urgente a todos los actores involucrados a que eviten otros acontecimientos de violencia, y exhorto a las autoridades del Estado a implementar todas las medidas ya establecidas, así como a adoptar todas las medidas adicionales necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas”, dijo James Anaya.



Además, el Relator Especial insta al Estado a investigar seriamente todos aquellos actos relacionados a esta situación que puedan indicar violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares. Asimismo, el Relator Especial insta a las personas y pueblos indígenas involucrados que sus reclamos y manifestaciones siempre sean de forma pacífica, respectando los derechos humanos de otros.




El Relator Especial también exhorta a todos los actores involucrados a buscar consensos y encaminarse a una vía de dialogo y de entendimiento sobre la base de la tolerancia y respeto a los derechos humanos. “Enfatizo la necesidad de que el Gobierno y los grupos indígenas interesadas hagan un nuevo esfuerzo conjunto hacia una resolución a los conflictos en la región de manera abierta y transparente que facilite el diálogo, evite la violencia y respete los derechos humanos”.




El Relator Especial expresa su disponibilidad de realizar una visita al país para revisar la situación y contribuir a la búsqueda de tal resolución a los conflictos, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para promover el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.




Finalmente, el Relator Especial desea adherirse a los comunicados previos sobre este tema emitidos por la Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo del Perú.




El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Profesor James Anaya como Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas por un período inicial de tres años. El Sr. Anaya es James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and Policy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos de América.




Para más información sobre el mandato del Relator Especial:

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur

Ecuador: Homo sapiens y homo economicus confrontan en las universidades

Publicado en Kaos en la red.net

Ecuador: Homo sapiens y homo economicus confrontan en las universidades

René Báez**

El nuevo modelo educacional busca la conversión de la universidad pública comprometida con los grandes objetivos nacionales/regionales por una entidad funcional a los fines de las firmas monopólicas


www.kaosenlared.net/noticia/ecuador-homo-sapiens-homo-economicus-confrontan-universidades
En nuestro estudio “El desembarco invisible” (www.alainet.org/active/23016&=es), adelantamos una disección de los orígenes, el contenido y las repercusiones en distintos planos del Proyecto Tuning en las universidades latinoamericanas y particularmente en el Ecuador.
En este breve trabajo aspiramos a ampliar y profundizar algunos puntos de vista ya expuestos en el material citado, tomando en cuenta especialmente las decisiones gubernamentales encaminadas a dar vigor a ese plan funcionalizante de la educación superior en el país.
Acciones recientes
Se alude, en concreto, a que el gobierno de Rafael Correa, inspirado en un discurso esencialmente derechista y bancomundialista, congruente con la reestructuración subordinada y reprimarizante de las economías periféricas impuesta por el capitalismo mundial desde hace varias décadas, viene impulsando la remodelación del sistema educativo en general, y de las universidades en particular, en concomitancia con las denominadas “leyes” o “fuerzas” del mercado. Pruebas al canto.
La aprobación por parte de la oficialista Asamblea de Montecristi de una Constitución de “alma neoliberal” –refrendada plebiscitariamente en septiembre del 2008-, texto jurídico que, además de otorgar rango constitucional a la educación por competencias determinado para los centros educativos superiores, viene siendo progresivamente instrumentalizado con el soporte de una serie de leyes tramitadas por la Comisión Legislativa, un mini Congreso hegemonizado también por el “correísmo”. Conforme era previsible, tales leyes han sido diseñadas a gusto y sabor de las corporaciones transnacionales. Aludimos a la Ley Minera, que viabiliza la explotación a gran escala y a cielo abierto de los yacimientos metalíferos; a la Ley de Seguridad Alimentaria, también conocida como “Ley Monsanto”, así como a la Ley contra el Genocidio, que abre las puertas para el exterminio de las comunidades autóctonas en aislamiento voluntario.
Una ideología del Gran Capital
La estrategia regresiva, extractivista y depredadora –amén de políticamente autoritaria- promovida por el régimen de Alianza País se ha proyectado a los institutos superiores a través del referido paradigma de la educación por competencias, un patrón formativo largamente aupado por la entente euro-estadounidense e implantado en nuestro medio bajo el membrete de Proyecto Tuning-Ecuador (2005), programa coordinado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).
En términos formales, el nuevo modelo educacional busca la conversión de la tradicional universidad pública latinoamericana/ecuatoriana comprometida con los grandes objetivos nacionales/regionales por una entidad funcional a los fines crematísticos y geopolíticos de las firmas monopólicas. ¿Qué está detrás de la esta mutación formal pero, sobre todo, teleológica de las universidades estatales e incluso privadas?
En nuestra opinión, cuestiones como las siguientes:
° Producto histórico de la evolución del capitalismo, la educación por competencias emerge a la superficie en los años 70 del siglo pasado a consecuencia del colapso del Estado de Bienestar en los países primermundistas y del agotamiento de los estados desarrollistas-intervencionistas en la periferia, y correlativamente a la consolidación de las empresas y bancos internacionales como protagonistas del escenario mundial. (1)
° La educación por competencias –también conocida como educación de calidad- tiene que ser visualizada como un mecanismo para llevar el predominio de la razón instrumental –dinero y tecnociencia- hasta sus últimas consecuencias. En buen romance, esto no significa otra cosa que las tareas consustanciales a la universidad –investigación científica, formación de profesionales y extensión- pasan a ser evaluadas según los parámetros esenciales del capitalismo, como la oferta y la demanda, la productividad y la rentabilidad. De lo cual resulta que, en el actual estadio de la modernidad, las verdades científicas y técnicas únicamente son tales si así lo dictamina el mercado, es decir, la deidad de estos tiempos cibernéticos y poscomunistas.
° La fundamentación filosófica de la educación de mercado no puede ser más peligrosa y deleznable. Aludimos al pragmatismo, esa postura filosófica -y ética- que encuentra que la verdad ha de encontrarse únicamente en los resultados prácticos de una determinada acción, para el caso, en la calidad de los profesionales requeridos por los administradores empresariales. Dado que el objetivo supremo de los hombres-corporación no es otro que asegurar la mayor productividad y rentabilidad de los distintos “factores de la producción” -entre ellos, la mano de obra-, el proceso formativo basado en la educación por competencias presiona para la conversión de los seres humanos –maestros, alumnos y profesionales universitarios, en este caso- en simples engranajes de la tecnoestructura controlada por las compañías globales, despojándolos de sus más elevados atributos intelectuales, morales y emocionales. Todo esto en tributo al mito del Progreso/Crecimiento/Desarrollo que el Poder mundial aspira perpetuar pese a su inocultable bancarrota contemporánea, de cuyas expresiones teratológicas dan cuenta el reciente desplome de Wall Street (2008) y los fenómenos naturales/sociales asociados al denominado “cambio climático”. (2)
° A nivel metodológico, la educación por competencias -a horcajadas del pragmatismo y de la mano de una tecnocracia de nuevo cuño-, con sus evaluaciones y acreditaciones cuánticas, superficiales y siempre funcionales a las demandas empresariales, está marcando el retorno del empirismo; es decir, de ese método que busca acceder al conocimiento mediante la simple recopilación de cifras y datos arbitrariamente seleccionados y a menudo irrelevantes. (3)
La marcha reciente del Proyecto Tuning-Ecuador
Para avanzar al análisis concreto de la experiencia nacional con la educación mercantilizada, aparece necesario referirse al marco legal actualmente vigente para los centros de nivel universitario. A este respecto, en la novísima Carta Política montecristense puede leerse:
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía, responsabilidad, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco de diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global.
Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados…
Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:
1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.
2. Un organismo técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.
Más allá de la irritante retórica y del eclecticismo de que hacen gala los citados artículos, particularmente el 350 y el 351, cabe realizar las puntualizaciones siguientes:
° La ya referida consagración constitucional del Proyecto Tuning, con su estrategia formativa medularmente afín a la ideología e intereses imperialistas, “subimperialistas” y corporativos.
° La mutilación casi total de la autonomía académica, administrativa y financiera de los centros superiores al subordinárseles a entidades como la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) y la Comisión Nacional de Evaluación (CONEA). Servidumbre a la “oscura voz de los tecnócratas”, diría el biólogo Albert Jacquard.
° Y, finalmente, la sujeción del sistema de educación superior al denominado régimen de desarrollo formulado en el título VI de la Constitución de marras, cuyas subjetividades y contradicciones antológicas, antes que enrumbar al país al Socialismo del Siglo XXI (y, en rigor, a ningún tipo de socialismo), estarían conduciendo al país, por la ruta del “vil desarrollismo” (Arturo Guillén), a una suerte de protectorado de poderíos políticos y económicos externos. O, lo que es lo mismo, a una especie de reedición del colonialismo que implantara en estas latitudes la Corona española en el distante siglo XVI.
Desafío y respuesta

¿Qué hacer desde nuestras sociedades y desde las universidades estatales frente a la encrucijada en que nos ha colocado una modernidad mal concebida y peor instrumentada?
A grandes males, grandes remedios.
Con el telón de fondo de un análisis raizal del hundimiento de la civilización del capital y de su incidencia en el mundo académico latinoamericano, el investigador compatriota Bolívar Echeverría remata su estudio reciente titulado “¿Es prescindible la universidad?” con frases que compartimos plenamente: “Los movimientos populares de transformación institucional que actualmente ganan terreno en la América Latina tienen ante sí una alternativa: someterse a la tendencia ´modernizante´ que hace del conocer un modo no por sutil menos irreflexivo de depredación de la naturaleza (y del hombre, R.B.) o prestar oídos a los muchos focos de resistencia que se mantienen y que aparecen en contra de esa tendencia predominante, y rescatar así al saber universitario, no como una insistencia infundada en un remanente obsoleto del pasado, sino como una reafirmación de algo, que es indispensable del saber humano, y que debe seguir siéndolo si éste quiere ser en el futuro un saber verdaderamente creativo y comprometido con la sociedad que lo hace posible”. (4)
That is the question, diría el poeta isabelino William Shakespeare.
Notas.-
(1) La lógica de ambos procesos aparece descrita prolijamente en el trabajo de Joao dos Reis Silva Jr., Rev. Cuadernos Latinoamericanos, no. 12, Universidad del Zulia, Maracaibo, 1996, pp. 49-87.)
(2) Con cuanta dosis de razón, en un libro escrito hace más de medio siglo, el escritor argentino Ernesto Sábato censuraba al pragmatismo como a una verdadera peste de la modernidad, describiéndolo como a una visión de las cosas que cultivan quienes “confunden la realidad con un Círculo-De-Dos-Metros-De-Diámetro, con centro en sus modestas cabezas”. Cf. Hombres y engranajes, emecé editores, Buenos Aires, 1951.
(3) Conforme lo está haciendo en estos mismos días el ministro ecuatoriano de Educación, Raúl Vallejo, blandiendo tests con fines punitivos que han desatado el repudio mayoritario de los maestros primarios y secundarios. El empirismo, en tanto forma cognoscitiva, ha sido catalogado como correspondiente a la “edad de piedra” de la razón, y, en su momento, fue impugnada por Poincaré con la precisa metáfora siguiente: “Se hace ciencia con hechos como una casa con piedras; pero una acumulación de hechos no es una ciencia, lo mismo que un montón de piedras no es una casa”.
(4) El Telégrafo, 1 de junio del 2009.
Junio/2009

René Báez** Economista ecuatoriano y catedrático universitario

Los desafíos de Obama: Iraq, Pakistán y Afganistán

Los desafíos de Obama: Iraq, Pakistán y Afganistán Noam Chomsky | The New York Times Syndicate

La buena voluntad de Barack Obama para "hablar" con el enemigo fue uno de los temas que definió su campaña por la presidencia. ¿Puede Obama estar a la altura de esa promesa? La diplomacia es la única alternativa sana al ciclo de violencia desde el Medio Oriente hasta Asia Central que amenaza con devorar al mundo. Un corolario es reconocer que la violencia solamente engendra violencia. También ayudaría si la administración de Obama, y Occidente, enfrentaran tópicos que impulsan la política en la región. Irak El gobierno de Irak ha forjado un Acuerdo sobre el Status de las Fuerzas de ocupación que Washington aceptó con renuencia. El acuerdo tiene como propósito terminar con la presencia militar de Estados Unidos en la nación árabe. El acuerdo es el último paso en el proceso de resistencia masiva no violenta que ha obligado a Washington, paso a paso, a aceptar las elecciones y el aumento de la independencia del país ocupado. Un vocero iraquí dijo que el tentativo acuerdo "se ajusta a la visión del presidente electo de Estados Unidos Barack Obama". La "visión" de Obama no está claramente definida, pero él probablemente aceptará, de alguna manera, las demandas del gobierno iraquí. Si es así, eso exigirá reformas en los planes de Estados Unidos de asegurarse el control sobre las enormes reservas de petróleo de Irak mientras establece bases para reforzar su dominio en la región más importante de producción de energía del mundo. Es bueno señalar que recientes encuestas a nivel mundial muestran una fuerte oposición a la existencia de bases navales de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. La oposición es muy fuerte dentro de la región. La perspectiva de trasladar las fuerzas desde Irak hacia Afganistán hizo que The Washington Post señalara en un editorial: "En tanto Estados Unidos tiene interés en evitar la resurgencia del Talibán afgano, la importancia estratégica del país palidece ante la de Irak, que reposa en el centro geopolítico de Medio Oriente y contiene algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo". Este es un reconocimiento de la realidad. Los pretextos sobre la seguridad y la promoción de la democracia no pueden seguir ocultando los reales intereses e intenciones. El comando de la NATO también está comenzando a reconocer los temas cruciales de la energía. En junio del 2007, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jaap de Hoop Scheffer, informó en una reunión de miembros que "las tropas de la OTAN tienen que cuidar los oleoductos que transportan petróleo y gas hacia Occidente". También necesitan proteger las rutas marítimas usadas por los tanqueros, y otra "crucial" infraestructura del sistema energético, dijo el funcionario de la OTAN. La tarea podría incluir el proyectado oleoducto TAPI, que será construido a un costo de 7.600 millones de dólares y enviaría gas natural desde Turkmenistán hasta Pakistán y la India, atravesando la provincia de Kandahar, en Afganistán, donde están emplazadas tropas canadienses. El objetivo es "bloquear un oleoducto competitivo que traería gas a Pakistán y la India desde Irán" y "disminuir el dominio de Rusia sobre las exportaciones de energía de Asia Central", informó The (Toronto) Globe and Mail, bosquejando de manera verosímil algunos de los contornos del nuevo "Gran Juego" (cuando Gran Bretaña y Rusia competían por la influencia en Asia Central durante el siglo XIX). Pakistán Obama ha respaldado la política de George W. Bush de atacar a presuntos líderes de al-Qaida en países que Estados Unidos no ha (todavía) invadido. En particular, no ha criticado las incursiones de aviones Predator guiados por control remoto que han matado a muchos civiles en Pakistán. En este momento una despiadada mini-guerra se está llevando a cabo en el área tribal de Bajaur en Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. La BBC describe una destrucción extensa a raíz de los combates. "Muchos en Bajaur consideran que las raíces del levantamiento provienen de un presunto ataque norteamericano con misiles contra un seminario islámico, o madrassa, en noviembre del 2006, que mató a alrededor de 80 personas". El ataque fue denunciado en la prensa de Pakistán por el respetado físico disidente paquistaní Pervez Hoodbhoy pero ignorado en Estados Unidos. Las cosas suelen parecer diferentes del otro lado del garrote. Hoodbhoy señaló que el resultado usual de ese tipo de ataques "ha sido casas arrasadas, niños muertos y mutilados, y una creciente población local que busca venganza contra Pakistán y contra Estados Unidos". Bajaur permite ilustrar el círculo vicioso de ataques y represalias que Obama no parece desear romper. El 3 de noviembre, el general David Petraeus, recientemente designado jefe del comando central de las fuerzas armadas de Estados Unidos, que cubre Medio Oriente, tuvo su primera reunión con el presidente paquistaní Asif Ali Zardari, con el jefe del ejército general Ashfaq Parvez Kayani, y con otros funcionarios. La preocupación principal de los funcionarios paquistaníes fue "los continuos ataques con aviones manejados por control remoto en nuestro territorio, que causan la pérdida de preciosas vidas y de propiedades, son contraproducentes, y difíciles de explicar por parte de un gobierno elegido de manera democrática", le dijo Zardari a Petraeus. El gobierno de Islamabad, dijo Zardari, está "siendo presionado para reaccionar con más agresividad" frente a los ataques. Esto podría conducir a que exista una "repercusión negativa contra Estados Unidos" que es ya profundamente impopular en Pakistán. Petraeus dijo que había oído el mensaje, y que "nosotros tendremos que tomar en cuenta (la opinión paquistaní)" cuando se lancen ataques. Se trata de un requisito práctico, sin duda alguna, si se toma en cuenta que más del 80 por ciento de los suministros para la guerra que libran Estados Unidos y la OTAN en Afganistán pasa por Pakistán. El modo en que la opinión paquistaní fue "tomada en cuenta" fue revelado dos semanas más tarde en The Washington Post. El diario informó que Estados Unidos y Pakistán llegaron a un "tácito acuerdo en septiembre (de 2008) sobre una política de no-preguntar-no-decir. Eso permite atacar objetivos de presuntos terroristas" en Pakistán con el avión Predator, dijeron funcionarios de ambos países que pidieron no ser identificados. "Los funcionarios describieron el acuerdo como uno en el cual el gobierno de Estados Unidos se niega a reconocer públicamente los ataques mientras que el gobierno de Pakistán continúa quejándose ruidosamente sobre esos ataques" que conllevan riesgos de inestabilidad interna. Un día antes que fuera publicado el informe sobre el "acuerdo tácito", un atacante suicida en la conflictiva zona tribal cerca de la frontera con Afganistán mató a ocho soldados paquistaníes. Eso fue en represalia por el ataque de un Predator en que murieron 20 personas, entre ellas dos líderes del Talibán. El parlamento paquistaní exigió entablar un diálogo con el Talibán. Haciéndose eco de esa resolución, el ministro del Exterior de Pakistán, Shah Mehmood Qureshi dijo: "Hay una comprensión cada vez más grande de que el uso exclusivo de la fuerza no puede producir los resultados deseados". Afganistán El primer mensaje del presidente afgano Hamid Karzai al presidente electo Obama fue muy similar al que formularon los líderes paquistaníes a Petraeus: "Finalizar los bombardeos aéreos de Estados Unidos que provocan bajas entre los civiles". Su mensaje fue enviado poco después de que las tropas de la coalición bombardearan una fiesta de bodas en la provincia de Kandahar, matando a 40 personas, según informes de prensa. No hay indicaciones de que la opinión de los afganos "fue tomada en cuenta". El comando británico ha advertido que no hay una solución militar al conflicto en Afganistán. Según The Financial Times, el comando militar dijo que hay que entablar negociaciones con el Talibán. Eso arriesga un desacuerdo entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Los temas ya están sobre la mesa, escribe Jason Burke, un corresponsal de The Observer con una larga experiencia en la región: "El Talibán ha estado involucrado en conversaciones secretas sobre la finalización del conflicto en Afganistán en un 'proceso de paz' de amplio alcance patrocinado por Arabia Saudita y apoyado por Gran Bretaña". Algunos activistas por la paz afganos han planteado sus reservas en relación a este enfoque. Prefieren una solución sin interferencia extranjera. Una red creciente de activistas para la paz está convocando a negociaciones y a la reconciliación con el Talibán en la Jirga Nacional de la Paz, una gran asamblea de afganos, formada en mayo del 2008. En una reunión en mayo en apoyo a la Jirga, 3.000 políticos e intelectuales afganos, principalmente de los pashtunes, el grupo étnico más grande, criticó "la campaña militar internacional contra los militantes islámicos en Afganistán y convocó al diálogo para terminar la lucha", informó la agencia France-Presse. Bakhtar Aminzai, presidente interino de la Jirga Nacional de la Paz, "dijo en la reunión de apertura que el actual conflicto no puede ser resuelto por medios militares y que solamente las conversaciones traerían una solución". Un líder del Despertar de la Juventud, un prominente grupo afgano que se opone a la guerra, dijo que "nosotros debemos terminar el 'afganicidio' el asesinato de Afganistán". Un sondeo en un Afganistán desgarrado por la guerra es difícil de hacer, pero los resultados merecen ser tomados en cuenta. Una encuesta hecha por canadienses encontró que los afganos favorecen la presencia de soldados canadienses y de otros países. (Un resultado que fue titular de primera plana en Canadá). Otros hallazgos deben ser examinados con minuciosidad. Solamente el 20 por ciento de los afganos encuestados "piensan que el Talibán prevalecerá una vez las tropas extranjeras se retiren". Tres cuartos apoyan las negociaciones entre el gobierno de Karzai y el Talibán. Y más de la mitad favorece un gobierno de coalición. Por consiguiente, la inmensa mayoría discrepa con el enfoque de Estados Unidos y de la OTAN para militarizar aún más el conflicto, y parece creer que la paz es posible si hay negociaciones. Un estudio de los milicianos del Talibán realizado por el periódico canadiense The Globe and Mail, aunque no sea una encuesta científica tal como señala el periódico, ofrece sin embargo datos considerables. Todos ellos son afganos pashtunes, del área de Kandahar. Se consideran "muyadines", guerreros santos, y siguen la antigua tradición de expulsar a los invasores. Casi un tercio informó que al menos un miembro de su familia había muerto en bombardeos aéreos en años recientes. Muchos dijeros que combatían para defender a aldeanos afganos de los ataques aéreos por parte de tropas invasoras. Pocos afirmaron estar luchando en una guerra santa global, o ser leales al líder Talibán Mullah Omar. La mayoría decían que combatían por principios el establecimiento de un gobierno islámico no por un líder. Nuevamente, estos resultados sugieren posibilidades de un acuerdo negociado de paz, sin interferencia extranjera. En la revista Foreign Affairs, Barnett Rubin y Ahmed Rashid recomiendan que la estrategia de Estados Unidos en la región se desplace de más tropas y ataques en Pakistán a un "gran convenio diplomático forjando un compromiso con los insurgentes... y encarando un arreglo de las rivalidades e inseguridades regionales". El actual foco en lo militar "y el terrorismo subsiguiente", advierten, podría conducir al colapso de Pakistán un país con armas nucleares - con su secuela de graves consecuencias. Esos autores recomiendan al futuro gobierno de Estados Unidos "poner fin a la dinámica cada vez más destructiva del Gran Juego en la región". Eso podría conseguirse a través de negociaciones que reconozcan los intereses de las partes involucradas dentro de Afganistán como también de Pakistán e Irán, pero asimismo de India, China y Rusia que "tienen reservas respecto a una base de la OTAN dentro de sus esferas de influencia" y están preocupados por las amenazas "planteadas por Estados Unidos y la OTAN" como también por al-Qaida y el Talibán. El próximo presidente de los Estados Unidos, escriben Rubin y Rashid, debe terminar con la "búsqueda de la 'victoria' por parte de Washington como solución a todos los problemas, y con la renuencia de Estados Unidos a involucrar en la diplomacia a competidores, oponentes o enemigos". En fecha temprana, en cualquier número de puntos en la zona de peligro, la administración de Obama podría actuar para romper el ominoso ciclo de violencia.

Artículo original en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=79035