Inversión extranjera directa y Estado de derecho

Inversión extranjera directa y Estado de derecho:

Amenazas a la democracia y a la sociedad







Pablo Dávalos*



La noción de “inversión extranjera directa” se ha convertido en una especie de dispositivo ideológico del capitalismo tardío que encubre sus derivas financieras y especulativas, al mismo tiempo que justifica y otorga un cariz de legitimidad jurídica y política a los procesos de privatización territorial y criminalización social. La inversión extranjera directa y su correlato del Estado de derecho (o Estado social de derecho) son ahora una de las amenazas más importantes en contra de la democracia y la sociedad. Urge, entonces, comprender qué existe detrás de este concepto aparentemente inocuo de “inversión extranjera directa”, y cómo se relaciona con aquel de Estado de derecho, como formas políticas de la dominación en el capitalismo tardío.



Desarrollo, crecimiento económico e inversión extranjera: los orígenes



Hay que considerar que luego de la segunda guerra mundial en la teoría económica se discutió mucho sobre la naturaleza, las dinámicas y los procesos que explican el crecimiento económico al interior de un discurso denominado “teorías del desarrollo económico”. En este discurso era claro, o al menos así lo parecía, el hecho de que desarrollo y crecimiento eran parte de una misma dinámica y ambos remitían a la economía.



Esto significó que todo el universo simbólico que estuvo asociado a la idea decimonónica del progreso y que hacía referencia a una especie de rol prometeico del hombre ante la naturaleza y ante la escasez, en el caso de la visión más moderna del desarrollo económico, más bien se convierta en una especie de instrumentación y adecuación técnica de recursos escasos para necesidades alternativas, tal como redefinió la economía a su propio campo analítico a mediados del siglo veinte.



En otras palabras, con la moderna visión de desarrollo económico se pierde ese universo simbólico inherente a la idea de progreso, pero al mismo tiempo se gana en pragmatismo y sencillez. Desarrollo no es otra cosa que crecimiento económico. A más crecimiento más desarrollo. A más desarrollo más progreso. De esta manera, se planteó la complejidad del capitalismo en términos más sencillos y lineales: aquellos países que tenían altos niveles de crecimiento económico indicaban el camino a aquellas regiones y países que no alcanzaban esos niveles de crecimiento. A los primeros se les denominó “países desarrollados” y, a los segundos, “países subdesarrollados”. Como el término “subdesarrollo” sonaba fuerte y, hasta cierto punto, peyorativo, se optó por el término más cortés pero que en definitiva significaba lo mismo de “países en vías de desarrollo”.



El desarrollo, en consecuencia, se convirtió en un asunto de técnica económica en la cual una sociedad tenía que cumplir una serie de requisitos casi formales para alcanzarlo. Existían “etapas” entre el subdesarrollo y el desarrollo. Esta visión simple, lineal, esquemática y fuertemente reductora de la complejidad del capitalismo como sistema-mundo, se fue imponiendo gracias al complejo científico-técnico, en lo fundamental, de las universidades de EEUU que sirvieron como caja de resonancia para las “teorías del desarrollo”, sobre todo después de la última posguerra. La noción del desarrollo económico se convirtió, de hecho, en la única baza que tenía el capitalismo para oponerse con relativo éxito al discurso del socialismo y de la planificación económica, en un contexto en el que las luchas por la liberación nacional durante los años sesenta adscribían en forma mayoritaria a las ideas del socialismo y la planificación económica.



Los Estados Unidos tuvieron que inventar sobre la marcha una serie de mecanismos y dispositivos ideológicos e institucionales que puedan convertirse en frenos y murallas al avance de las ideas socialistas. En América Latina, y asustados por el triunfo de la revolución cubana, tuvieron que crear la Alianza para el progreso, con un discurso modernizante y que, incluso, iba en contra de los intereses de las oligarquías de la región. De esta forma, EEUU aparecía más a la izquierda que las oligarquías latinoamericanas, cuando reconocía la necesidad de la reforma agraria y la necesidad de la industrialización y el crecimiento económico por la vía de mercados internos con la suficiente capacidad de compra que permita a estos países tener una demanda interna que sirva de sustento y línea de defensa política ante el avance del socialismo. Fueron los años que en Europa se conocen como los “treinta gloriosos” y que dieron forma al Estado del Bienestar, y que en América Latina marcaron el proceso de industrialización por sustitución de importaciones.



En este contexto, la idea de desarrollo y crecimiento económico salió de las aulas de economía y de las oficinas de los tecnócratas para convertirse en un movilizador social. Se vendió con tanto éxito la idea del desarrollo económico como una teleología social (es decir, como una finalidad de toda la sociedad), que todos los discursos sociales, entre ellos el discurso político, el discurso social, el discurso jurídico, el discurso económico, el discurso mediático e, incluso, el discurso religioso, convergieron hacia la idea de desarrollo económico y su sustento del crecimiento económico. El sueño era desarrollarse a cualquier costo, como sea y en el menor tiempo posible.



Es a partir de entonces que se crean una serie de metodologías para medir, comparar y establecer metas de crecimiento económico. Se retoma el conocimiento del siglo XIX sobre los flujos económicos, idea que nació precisamente de un médico entusiasta por la economía en la Francia monárquica, el Doctor François Quesnay, para calcular los flujos económicos y medir físicamente al desarrollo económico.



Fueron economistas socialistas encargados de la planificación centralizada (y también un economista americano de origen ruso Wassily Leontief, ganador del premio Nobel de economía en 1973), quienes crearon las primeras matrices (es decir, registros de doble entrada), entre la producción y la utilización de los recursos económicos, que servirán de sustento para la medición de lo que ahora se denomina “Producción Nacional” (GDP en inglés por Gross Domestic Product, o PIB en español, por Producto Interno Bruto).



De hecho, era la primera vez en la historia del capitalismo que se podía medir físicamente algo que era más una idea y un símbolo que una realidad fáctica: el progreso humano. Los economistas se transforman, de esta manera, en especie de taumaturgos (magos) y demiurgos (creadores) de este caro sueño de la burguesía y de sus promesas emancipatorias.



Si bien es cierto que ahora se cree con la fe del carbonero en los indicadores que construyen el PIB, y que para la gente común la jerga de los economistas se parece más a un arcano indescifrable y complejo, también es cierto que el discurso de la economía apostó con todo a la fundamentación y sustentación del desarrollo económico como la epifanía del capitalismo. Se mide al capitalismo y sus posibilidades en función, precisamente, de este indicador denominado PIB, o GDP.



Los ciclos ahorro-inversión y el desarrollo económico



En esta sustentación teórica y analítica del PIB y del desarrollo y crecimiento económico, se creó un dispositivo conceptual que tenía el objetivo de servir de explicación central al desarrollo económico, se trata de la relación ahorro-inversión. Detrás de este dispositivo conceptual hay un largo recorrido teórico al interior del discurso de la economía.



En efecto, en primer lugar había que reconocer que al interior de las sociedades se producen fenómenos que por su complejidad rebasan la simple comprensión de la actividad y cálculo económico de una sola persona. Es decir, el comportamiento económico de un individuo aislado no necesariamente genera un marco heurístico para comprender el comportamiento económico de toda la sociedad, como lo había creído el discurso económico desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX.



En otros términos, las sociedades generaban fenómenos económicos complejos que determinaban el comportamiento de los individuos. La economía clásica pensaba las cosas al revés. Consideraba que si comprendía el comportamiento y la racionalidad económica de una sola persona podía comprender la racionalidad de todo el sistema. Este abuso conceptual tiene un nombre preciso en la teoría económica, se denomina: homo economicus (hombre económico) y sirve de sustento a la moderna a la teoría del consumidor.



Hay que indicar, sin embargo, que existieron voces al interior del discurso económico que cuestionaron duramente este abuso conceptual de creer que tal como es el homo económicus es todo el sistema. Se puede mencionar a Carlos Marx que decía al respecto que se trata de “robinsonadas” de la “economía vulgar” (son sus términos), o el caso del economista americano Thorstein Veblen quien fue uno de los primeros en señalar la importancia de las instituciones y los comportamientos no económicos, entre otros críticos.



Se tuvo que esperar hasta el primer tercio del siglo XX, cuando el economista inglés John M. Keynes publicó su libro “Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero” (1936), para salir de ese estrecho corsé teórico del homo economicus y la economía pueda, finalmente, apreciar la complejidad de los procesos económicos como procesos sociales, es decir, agregados (o globales como le gustaba decir a Keynes).



Es solamente desde esta visión que recupera la visión global y social de la economía que puede entenderse a la economía como una totalidad en la cual el todo es más que la suma de las partes. En esta nueva visión que supera la estrecha y limitada concepción de un homo economicus, se pueden comprender los fenómenos económicos del consumo, el ahorro, la inversión, el ingreso y el empleo.



Estos procesos de consumo, ahorro, inversión, empleo, entre otros, parecen fenómenos individuales pero en realidad obedecen a estructuras y lógicas sociales. El empleo no es una responsabilidad individual sino social. La inversión no es solamente una decisión de un empresario sino la suma y la consecuencia de procesos sociales. El ingreso no es un asunto de una persona sino una consecuencia de decisiones de toda la sociedad. Si un conjunto de personas no tienen ingresos porque no tienen empleo, no es un problema que les atañe a ellos sino al conjunto de la sociedad y deben ser resueltos por ésta. El desempleo debe verse como una responsabilidad social y no como un problema personal.



Esta visión se la debemos a Keynes, por ello a las políticas económicas que buscan resolver los problemas de desempleo, la falta de ingresos y la carencia en el consumo se conocen como políticas keynesianas. No toda intervención del Estado en la economía releva del keynesianismo. Hay intervenciones del Estado hechas más para proteger intereses corporativos que intereses sociales, como fue el caso de la intervención del Estado americano y europeo en la crisis financiera a fines de la primera década del 2000.



Ahora bien, es desde esta visión global y como procesos sociales que hay que visualizar al empleo, al ahorro y al consumo. De hecho se denominan funciones porque están interrelacionadas entre sí, generan efectos multiplicadores y tienen un alcance global (se habla de consumo nacional, ingreso nacional, ahorro nacional, etc.).



Es desde esta visión, más compleja y más elaborada que la tradicional teoría económica del consumidor, que la teoría del desarrollo económico vinculaba el ahorro nacional con la inversión nacional como explicación determinante y fundamental para el desarrollo. Si una sociedad o un país tenían problemas de desarrollo era porque sus niveles de ahorro interno eran escasos lo que determinaba magros resultados de inversión. Con una inversión global mínima, el empleo resultante era también mínimo.



En consecuencia, esa sociedad debía resolver ese impasse entre el ahorro nacional y la inversión. Existía ahí un entrampamiento en virtud de la cual una sociedad no podía salir de sus bajos niveles de ahorro justamente porque era pobre y subdesarrollada (o estaba en vías de desarrollo), de ahí que tenía que resolver de manera previa una serie de condiciones, entre ellas tenía que resolver la principal trampa para el desarrollo que se había ubicado en la relación entre un sector moderno y un sector tradicional. El primero generalmente estaba en la industria y en el sector urbano, mientras que el segundo estaba en la agricultura y en el sector rural.



Había, entonces, que modernizar la agricultura como condición previa para modernizar la economía y posibilitar el despegue (take-off) económico. Hasta ahí, con múltiples variantes, matices, posiciones, críticas y debates, la teoría tradicional del desarrollo económico, había identificado de manera analítica la relación entre inversión y desarrollo económico.



Ahora bien, en este esquema analítico la carencia de ahorro interno se compensaba con ahorro externo (deuda externa para el desarrollo), y las deficiencias tecnológicas de ciertos sectores industriales y modernos se complementaban con inversión extranjera directa. Esta última tenía que ser cuidadosamente regulada, controlada y administrada, y siempre se la había considerado como provisional y complementaria a la inversión nacional.



Es decir, un país permitía la inversión extranjera directa en sectores determinados, porque necesitaba de tecnología, capitales, o la capacidad de generar impulsos y señales para un determinado sector económico. No existía, en esta visión, una apertura total a la inversión extranjera porque se la consideraba más una amenaza que una oportunidad. Y era una amenaza porque la inversión extranjera erosionaba el ahorro nacional al transferir sus utilidades por fuera de la economía nacional, y tomaba decisiones por fuera de la planificación selectiva de la liquidez, la producción, la inversión y el empleo. La inversión extranjera directa podía desestructurar de manera grave la planificación al largo plazo, al tiempo que provocaba una presión en la balanza de pagos por la vía del envío de sus transferencias hacia la casa matriz que generaban incertidumbre en los tipos de cambio. Esa transferencia producía una fuga, por decirlo de alguna manera, de recursos financieros y monetarios que eran fundamentales en la relación ahorro-inversión para el desarrollo económico.



De ahí que los países hayan visto con recelo y suspicacia a la inversión extranjera directa y la hayan controlado de manera estricta. Hay que recordar a este tenor la Decisión 24 de la Junta del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) que controlaba de manera rigurosa a la inversión extranjera directa. En esta etapa del capitalismo, la inversión extranjera directa no tenía la libertad de diseñar en función de sus conveniencias la geografía económica del mundo.



Derivados financieros, economía de casino e inversión extranjera directa



Empero, los tiempos cambian y el capitalismo también. Aquel capitalismo que al menos se daba el trabajo de explotar a los obreros al parecer, y en las regiones y países de mayor avance y consolidación del capitalismo, ha cedido el paso al capitalismo de especulación. Ahora lo más importante de la producción mundial se realiza en la periferia del capitalismo. En regiones en donde existe abundante mano de obra, barata y totalmente flexible, como es el sudeste asiático, la India o la China, y la explotación al trabajo puede llevarse a los niveles que existían en el siglo XVIII. En EEUU, Europa o Japón, el verdadero negocio no está tanto en producir sino en especular sobre esa producción.



El capitalismo de especulación ha creado al respecto una de la innovaciones más importantes de toda su vida: los productos financieros derivados. Se trata de un mecanismo financiero que permite el apalancamiento especulativo de cualquier activo, situación o incluso expectativa, sin medida o límite alguno. Los productos derivados permiten que el capitalismo pueda especular incluso con sus propios sueños. En el año 2002, el inversionista de Wall Street, Warren Buffet afirmó que los derivados son: “armas financieras de destrucción masiva, que conllevan peligros importantes que, siendo hoy importantes, serán potencialmente letales”. La crisis de las hipotecas subprime del año 2007 le daría finalmente la razón.



Los productos derivados, en especial gracias a las fórmulas de Merton y Black-Scholes, de 1973, (Robert Merton y Myron Scholes ganarían el premio Nobel de Economía en 1997, precisamente por haber creado el esquema matemático-financiero que permite dar valor a los productos derivados), no tienen ningún límite que no sea la imaginación humana. Posibilitan una especulación tan frenética, tan intensa, tan pregnante, que necesitan de un espacio propio libre de toda regulación, control, supervisión. Un espacio en el cual sean sus propias reglas la normativa que les abra la puerta a sus propias necesidades.



Ese espacio se denomina Mercado de Transacciones Sobre el Mostrador (Over The Counter, u OTC’s). Fue creado, entre otros, por las bancas de inversión, entre ellas Goldman Sachs, y tuvo el apoyo de importantes personajes como fue el caso de Alan Greespan, ex director de la Reserva Federal Americana (FED). En el primer semestre del año 2010, el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), que es la institución pública que trata de seguir y estudiar a estos mercados financieros, determinó un volumen de transacciones de alrededor de 615 trillones de dólares en los mercados de derivados en los OTC’s, una cantidad que excede, cabe indicarlo, en diez veces la producción mundial en bienes y servicios.



En los mismos años en los que empezaron las primeras transacciones sobre productos derivados en los mercados sobre el mostrador (1994-1995) se creaba la Organización Mundial de Comercio, OMC, y se sancionaban nuevas dinámicas en el capitalismo orientadas a fortalecer, proteger y consolidar la especulación financiera.



Es justamente en ese periodo, que la OMC determina a la inversión extranjera directa y al inversionista extranjero como los sujetos fundamentales que las leyes y la jurisdicción de los Estados deberán ahora respetar incluso al costo de su propia normativa.



Esta indicación es importante porque permite comprender una transición clave al interior del capitalismo: aquella de la regulación del sistema por los mercados financieros internacionales. La apelación al inversionista extranjero y a la inversión extranjera como figura de derecho internacional, y su correlato en la seguridad jurídica y en el Estado de derecho, hechas por la OMC, están en línea directa con las necesidades del capitalismo de especulación y con las necesidades de los operadores de la especulación mundial, por una razón evidente: la demanda de protección jurídica a la inversión extranjera directa sancionaba los procesos de privatización del Estado que se hicieron en los años ochenta y noventa y garantizaba los derechos de propiedad privada sobre una propiedad que antes fue pública y que fue transferida al sector privado en procesos muchas veces corruptos.



El reconocimiento de esos derechos de propiedad individual eran fundamentales para garantizar la especulación financiera que cada vez era más importante. Los derechos de propiedad claramente definidos, a la larga sirven de colateral y cable a tierra de la especulación financiera mundial. Los derivados financieros se apalancaban en el sector real de la economía y en los fondos de pensiones privatizados (fondos de seguridad social, infraestructura eléctrica, de transportes, actividades hidrocarburíferas, sector de la salud y medicinas, etc.), como garantes de su propio apalancamiento especulativo.



Los derivados financieros no habrían tenido el desarrollo que adquirieron si no mediaba la privatización de la esfera pública y si esa privatización no habría sido conectada a la especulación mundial. Este conector se llama: derechos de propiedad. El concepto económico que le sirve de cobertura y coartada se llama costos de transacción y es la clave de la economía de la información. Los derechos de propiedad claramente establecidos determinan el nivel de seguridad jurídica de un Estado. Un Estado que estructura su andamiaje jurídico en función de los derechos de propiedad se llama Estado de derecho.



Es desde esta dinámica que ahora hay que comprender al inversionista y a la inversión extranjera directa. Ahora son ellos quienes sancionan el empleo, la inversión, el ingreso, el consumo de una sociedad. Su capacidad de regular y arbitrar sobre decisiones sociales es tan grande que pueden poner de rodillas a un Estado cualquiera. La inversión extranjera directa, en consecuencia, sanciona una de los procesos más importantes del capitalismo tardío, aquel de su transición hacia la especulación financiera y la economía de casino.



La seguridad jurídica y la privatización del derecho



Ahora bien, la inversión extranjera directa y su correlato del inversionista extranjero, ameritan cambios importantes en las leyes, en las regulaciones y en el discurso de la economía. Su principal demanda es la “seguridad jurídica”. El Estado de Bienestar no puede garantizar la seguridad jurídica que demandan los inversionistas para su inversión, porque su construcción institucional de alguna manera ha fortalecido los mecanismos democráticos de la sociedad, sobre todo porque considera a la economía más como un medio que como un fin. De ahí la presión por desmontar al Estado de Bienestar, y una de las formas de desmontarlo está, precisamente, en la reciente utilización del déficit fiscal, pero esa es otra historia.



En el caso de América Latina, los procesos de industrialización también implicaron la creación de una estructura jurídica e institucional que garantizaba la inversión nacional y la vinculaban a la relación ahorro-inversión. Es decir, ese ámbito de una justicia desvinculada de una jurisdicción nacional y que pueda garantizar la seguridad jurídica, hasta las reformas neoliberales de los años ochenta, no existía.



En el ámbito jurídico la noción de inversión extranjera directa y de inversionista extranjero abre el espacio para un locus de normatividad por fuera de los Estados que tiene capacidad coercitiva y un rango igual que el Estado. Es decir, implica la privatización de la justicia y de las leyes internacionales, y la reducción del ámbito de la soberanía política de los Estados a las decisiones de los mercados financieros.



Puede parecer una exageración pero ésa fue la intención de la OCDE cuando intentó aprobar el Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI, en el año 1998. No obstante, aquellos puntos del AMI que hacían referencia al inversionista extranjero y a la inversión extranjera directa, se trasladarían punto por punto a los Acuerdos y Tratados de Libre Comercio que EEUU y la Unión Europea suscribirían con varios países a partir de esa fecha.



De igual manera, la OMC va a crear esos espacios de desregulación jurídica en los denominados Tribunales de Conciliación y Arbitraje para asuntos relativos a inversiones. Quizá el más conocido de ellos sea el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Banco Mundial, el CIADI.



La creación de un espacio de justicia y regulación normativa por fuera de los espacios jurídicos de cualquier Estado es correlativa con el avance y profundización de las derivas especulativas del capitalismo.



En este locus el pivote central que estructura, define y regula las relaciones de poder en el ámbito jurídico es, precisamente, el inversionista. El inversionista puede demandar a un Estado si considera que las políticas públicas de éste han perjudicado su inversión o sus expectativas de rentabilidad. No hay Estado en el mundo que pueda defenderse de las demandas de los inversionistas apelando a las tradicionales nociones de soberanía política.



La soberanía política del Estado-nación, en el capitalismo tardío, es una reliquia del pasado. La prueba está, justamente, en la figura jurídica del inversionista y en los tribunales de conciliación y arbitraje como espacios desregulados y privatizados de justicia y normatividad.



La convergencia normativa: criminalización social y seguridad jurídica



Ahora bien, es necesario que los Estados reconozcan ese estatuto especial que tiene el inversionista y que tiene la inversión extranjera. De una u otra forma, los Estados están obligados a articular su legislación interna y sus normas de tal manera que éstas se pongan en función de las necesidades y prerrogativas del inversionista y de la inversión extranjera.



Este proceso se denomina convergencia normativa y su expresión mayor está en el reconocimiento que hacen los Estados a la seguridad jurídica para el inversionista y sus inversiones. Los Estados están obligados a reconocer ese estatuto supranacional y por fuera de toda regulación interna que tiene el inversionista y la inversión extranjera. Cuando un Estado reconoce la seguridad jurídica del inversionista en el ámbito contractual (o Constitucional), se convierte en Estado de derecho.



No obstante, la construcción del Estado de derecho tiene su lado numinoso, y hace referencia al hecho de que a medida que los inversionistas ganan espacios de reconocimiento jurídico, la sociedad y los ciudadanos los pierden.



La seguridad jurídica implica necesariamente la criminalización social. Se trata de una conclusión lógica porque los inversionistas van a reclamar derechos de propiedad que muchas veces atentan y lesionan incluso a los derechos humanos. Muy rara vez los negocios van de la mano de los derechos humanos. El horizonte de rentabilidad excluye cualquier consideración ética a nombre de la eficiencia mercantil.



Cuando la sociedad reclama por los derechos humanos lesionados por la eficiencia mercantil, los inversionistas acuden al expediente de acusar al Estado de falta de garantías jurídicas para la inversión, y en virtud de que las decisiones de los inversionistas implican los niveles de inversión, empleo, consumo, ingresos de toda la sociedad, los gobiernos generalmente dan razón a los inversionistas en contra de la sociedad.



De ahí que cualquier situación que amenace a los derechos de propiedad de los inversionistas amerite duras respuestas por parte de los gobiernos que no dudan en poner todo el poder legítimo de la violencia en beneficio exclusivo de los inversionistas y sus inversiones.



Quienes reclaman por sus derechos humanos, sociales y colectivos lesionados por los derechos de propiedad de los inversionistas, generalmente son perseguidos e incluso criminalizados, muchas veces bajo el expediente del terrorismo. Muchos líderes sociales que han defendido sus territorios ancestrales de la depredación y del abuso de los inversionistas extranjeros, sobre todo en el caso de las industrias extractivas, han sido criminalizados por sus respectivos Estados y acusados de sedición y terrorismo. Muchos dirigentes laborales que han confrontado la sobreexplotación de la cual son víctimas, han sido víctimas de secuestros, asesinatos, persecuciones, criminalización por parte de estos inversionistas extranjeros, con la complicidad del Estado de derecho.



La conclusión parece evidente: a mayor seguridad jurídica mayor criminalización social. De esta manera, el Estado de derecho, en realidad, es el Estado de criminalización social. Esto que parece ser tanto una exageración cuanto una antinomia se ejemplifica de manera evidente cuando se recorre el camino de las inversiones extranjeras y se constata que junto a éstas hay una estela de conflictos sociales, represión gubernamental y criminalización social: de los femicidios de Ciudad Juárez a la sobreexplotación laboral en las fábricas chinas media la presencia del inversionista y la inversión extranjera como factótum de su propia violencia.



Empero, el Estado de derecho es más peligroso aún para los derechos humanos, sociales y colectivos, porque abre un espacio transnacionalizado de coerción hecho en función específica de los derechos de propiedad y legitimado por fuera del Estado.



Los inversionistas han construido un locus de soberanía jurídica que rebasa la soberanía política de los Estados y, en tal virtud, pueden ejercer la capacidad coercitiva que permite el derecho y las leyes en beneficio propio y sin ninguna consideración social ni ética.



Los acuerdos que se discuten en la OMC a propósito de los derechos de propiedad intelectual (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA por sus siglas en inglés), les otorgan a los inversionistas una capacidad coercitiva a nivel internacional y un peso jurídico que no tiene ni siquiera la Corte Penal Internacional. El Acuerdo ACTA, de suscribirse tal cual lo está discutiendo la OMC, le da la posibilidad al inversionista de revisar y controlar el comercio mundial, sin la necesidad de permisos estatales y bajo la cobertura de luchar contra la falsificación de los derechos de propiedad intelectual.



Pero no solo les da el control sobre el comercio mundial sino también capacidades coercitivas que generalmente son prerrogativas de los Estados-nación. Tanto los Acuerdos de Libre Comercio, como el ACTA, o los Tribunales de Conciliación y Arbitraje para asuntos relativos a inversiones, dan cuenta de que en la hora actual, el Estado de derecho es el principal enemigo de la democracia, de los derechos humanos, sociales y colectivos, y de la sociedad en general. La conclusión parece contradictoria pero no por ello menos real: a más Estado de derecho, menos democracia y menos garantía para los derechos humanos y colectivos.



La colonización epistemológica



Otro cambio importante y que hace referencia a la conformación del inversionista y de la inversión extranjera no solo como sujetos propios de derecho y como actores de la gobernanza mundial, está en los cambios suscitados en la teoría económica que ahora articula sus marcos teóricos y explicativos en función, precisamente, del inversionista y de la inversión extranjera.



Mientras que en la teoría del desarrollo el crecimiento económico dependía de la relación ahorro-inversión, ahora el crecimiento económico depende de forma exclusiva de la inversión extranjera directa y, en consecuencia, de la seguridad jurídica, de la estabilidad macroeconómica, de la disciplina fiscal, de la convergencia jurídica.



No se menciona más la relación ahorro-inversión como parte de la estrategia de crecimiento económico. Es más, en la jerga de los economistas neoliberales (que al momento son la mayoría), ya no hay países en vías de desarrollo, sino “mercados emergentes”.



En los documentos oficiales el concepto de mercados emergentes sirve para denominar a aquellos que antes estaban en vías de desarrollo. Los países que no alcanzan a emerger son puestos en la lista negra de Estados parias (también se los ha denominado como Estados fallidos). Es decir, excluidos de la globalización, de los flujos de capital y, en consecuencia, de la inversión extranjera directa, y susceptibles de ser invadidos y ocupados militarmente.



Esta transición conceptual desaloja de la teoría todo aquello que haga referencia a la sociedad y a las complejidades que la definen y estructuran. Es un retorno a la idea de que el sistema económico es la trasposición al ámbito social del comportamiento egoísta y maximizador del homo economicus.



De esta manera, ahora el desempleo no es un problema social sino una cuestión individual. El desempleo que existe no tiene nada que ver con el capitalismo sino con las preferencias racionales de consumidores que pueden adecuar de forma racional sus expectativas, habida cuenta de que los mercados generan información a través del sistema de precios.



En otros términos, el desempleo es culpa de las personas que no quieren aceptar el trabajo existente porque, supuestamente, no están de acuerdo con el nivel de remuneraciones que se les ofrece. Ha desaparecido, en consecuencia, toda referencia a la sociedad y ésta se convierte en el campo de batalla de personas egoístas y racionales. En esta sociedad en donde los egoísmos pueden desgarrar de manera radical el tejido social, el mercado actúa como articulador y armonizador de esos egoísmos. Es una especie de bálsamo que cura ese desgarre casi natural producido por la confrontación de intereses contradictorios.



Es por ello, que la teoría económica no hace referencia a procesos globales ni sociales. Ahora, el desarrollo no es obra de una sociedad que articule de manera coherente sus decisiones de ahorro-inversión, sino más bien de las garantías que esta sociedad pueda ofrecer a la inversión extranjera y a la apertura a los mercados mundiales.



Si hay seguridad jurídica, si existe disciplina fiscal, si los Estados están armonizando sus leyes internas con las disposiciones de la OMC, en virtud de la convergencia normativa, si hay apertura para la libre circulación de capitales, y si los derechos de propiedad están los suficientemente claros para que no generen costos de transacción al sistema, entonces esa economía puede emerger en la globalización y crecer económicamente, y a medida que crece en términos económicos puede resolver sus problemas de pobreza, desempleo, desinversión, etc.



Esta colonización teórica empezó en la década de los años ochenta de la mano del FMI y se ha consolidado al punto de convertirse casi en un tópico: para crecer se necesita inversión y ésta, por definición, viene de fuera. El inversionista se convierte en la condición de posibilidad para el empleo, la producción, la inversión, el consumo, etc. Sus decisiones definen las posibilidades de las sociedades. La relación ahorro-inversión no tendría nada que ver con la ideología neoliberal de la seguridad jurídica, la inversión extranjera directa, la flexibilización de los mercados, la desregulación social, la apertura comercial y la convergencia normativa.



Para que la inversión no se asuste y no huya de un país o región determinadas y esto provoque recesión, crisis y desempleo, es necesario no hacer ruido con leyes laborales, exigencias ambientales, requerimientos éticos, obligaciones fiscales o demandas en derechos humanos. Tampoco hay que generar señales de indisciplina fiscal con gasto público en salud, educación o bienestar social. Es mejor quedarse callados cuando la inversión extranjera desmantela los países, cuando hunde en la miseria a vastos conglomerados humanos, cuando irrespeta los derechos humanos, cuando destruye la naturaleza, cuando fractura las sociedades y las sume en la violencia y la desintegración total. Tal es la distopía inherente del Estado de derecho y la pretensión final de los inversionistas extranjeros.

*Pablo Dávalos,economista y catedrático ecuatoriano.

Los crímenes de guerra de Israel: Del Liberty estadounidense a la Flotilla de la Libertad de Gaza

Los crímenes de guerra de Israel: Del Liberty estadounidense a la Flotilla de la Libertad de Gaza

Publicado en Rebelion.Org

James Petras
Rebelión


Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández




El 8 de junio de 1967, dos escuadrones de aviones de combate israelíes bombardearon, arrojaron napalm y ametrallaron en aguas internacionales a un barco estadounidense encargado de reunir información de inteligencia, el USS Liberty, matando a 34 marineros estadounidenses e hiriendo a otros 172. El asalto se produjo en una tarde soleada con la bandera de EEUU y las señales de identificación claramente visibles. Los israelíes atacaron la antena para impedir que la tripulación pudiera pedir ayuda por radio y dispararon contra las lanchas salvavidas para asegurarse de que no habría supervivientes. No obstante hubo supervivientes que lograron improvisar una antena y transmitieron lo que ocurría en un llamamiento de ayuda que llegó hasta Washington D.C. En un acto de traición sin precedentes, el Presidente Johnson, estrechamente vinculado con los poderosos patrocinadores políticos sionistas judíos estadounidenses, encubrió el asesinato masivo en alta mar emitiendo una serie de órdenes para impedir, en primer lugar, que los aviones de combate que tenían su base en el Mediterráneo se apresuraran a ayudar a sus camaradas asediados y, en segundo lugar, amenazando después con someter a consejo de guerra a los supervivientes que se les ocurriera denunciar la naturaleza deliberada del asalto israelí, repitiendo finalmente la proclama israelí de que el ataque fue consecuencia de un error de identificación, una mentira que numerosos altos cargos del ejército rechazaron más tarde.
Casi cuarenta y tres años después, el 31 de mayo de 2010, los buques de guerra, helicópteros de ataque y comandos israelíes asaltaron en aguas internacionales a un convoy de ayuda humanitaria que llevaba diez mil toneladas de ayuda a Gaza. Antes de que los buques de esta misión se echaran a navegar, las autoridades turcas habían registrado navíos y pasajeros para asegurar que no iban armas a bordo. A pesar de todo, los israelíes abordaron los barcos disparando y aporreando a los desarmados pasajeros, matando a diecinueve e hiriendo a varias docenas. A pesar de las posteriores afirmaciones israelíes sionistas en sentido contrario, no se encontraron armas, aparte de los palos utilizados por algunas de las víctimas intentando rechazar el criminal, premeditado y planeado asalto, dirigido y defendido por los altos dirigentes israelíes y por todo el liderazgo de las principales organizaciones sionistas de EEUU y otros lugares. Las invasoras tropas de asalto destruyeron sistemáticamente todas las cámaras, videos y grabadoras que habrían documentado su salvaje asalto, para poder extender después sus infames mentiras en el sentido de que se habían encontrado con resistencia armada.

La respuesta del mundo

A las pocas horas del sangriento acto de piratería israelí, las naciones, los dirigentes políticos, las organizaciones por los derechos humanos y la inmensa mayoría de la comunidad internacional condenó al Estado israelí por violación del derecho internacional. Turquía, España, Grecia, Dinamarca y Austria convocaron a los respectivos embajadores de Israel para protestar contra el letal asalto. El Financial Times (1 junio 2010) se refirió al asalto israelí como un “desvergonzado acto de piratería… fuera de toda legalidad”, con las mismas raíces que su “bloqueo ilegal de Gaza”. El Primer Ministro turco Recep Erdogan declaró que el asalto israelí era un acto de “terrorismo de Estado” que tendría “graves consecuencias”. Los juristas expertos definieron como “acto de guerra” los ataques de Israel contra barcos que navegaban por alta mar con banderas turcas, griegas e irlandesas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN y el Secretario General de la ONU exigieron a Israel que cesara en su agresión, mientras decenas de miles de manifestantes salían a las calles para denunciar la flagrante actuación del Estado israelí asesinando e hiriendo a pacifistas, personas humanitarias y manifestantes de sesenta países. Los expertos de las Naciones Unidas exigieron que se pidieran “responsabilidades criminales” a los dirigentes israelíes. Sólo el régimen de Obama se negó a condenar el acto de terrorismo del Estado israelí, expresando únicamente “preocupación y pesar”. El Estado de Israel defendió su asalto criminal prometiendo más para el futuro e insistiendo en mantener el bloqueo de Gaza, incluso después de que EEUU sugiriera que podría suavizarse.

La defensa israelí de la piratería y el terrorismo de Estado

Mientras las noticias de la masacre israelí iban deslizándose en los medios y la comunidad internacional reaccionaba con horror e indignación, el Gobierno israelí “trataba de inundar las ondas con su versión de los hechos… y lo más destacable, las autoridades trataron de asegurar que su narrativa fuera avanzando y silenciando en gran medida a los cientos de activistas que estaban a bordo durante el ataque” (Financial Times, 2 junio 2010, página 2). El Estado judío mantuvo incomunicados a todos los prisioneros vivos, heridos y muertos, confiscando sus teléfonos móviles y prohibiendo cualquier entrevista con cualquier periodista. Al igual que hace la mayor parte de los Estados terroristas, el Estado judío pretendía monopolizar la propaganda de los medios. La máquina de la propaganda israelí, a través de sus medios y de los periodistas patrocinados por ese Estado, empleó diversas estratagemas, típicas todas ellas de los regímenes totalitarios, a saber:

Las tropas de asalto israelí que invadieron el buque se convirtieron en víctimas y los pacifistas humanitarios en agresores. “Israeli Soldiers Met by Well-Planned Lynch Mob” [Los soldados israelíes se encontraron con una turba bien organizada dispuesta a lincharlos] (Jerusalem Post, 31 mayo 2010); “Israeli Soldiers Attacked” (IDF, 31 mayo 2010).
El Profesor Sabel, de la Universidad Hebrea, declaró que el acto de piratería cometido en aguas internacionales era legal.
Según el Viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, Ayalon, los organizadores de la ayuda humanitaria estaban acusados de tener vínculos con los terroristas, aunque no se presentó prueba alguna (Haaretz, 30 mayo 2010). Ayalon acusó a los organizadores, incluido el grupo por los derechos humanos turco, de haber sido entrenados por la agencia de inteligencia turca, el ejército y el Gobierno de Erdogan, miembro de la OTAN y durante muchos años (en el pasado) colaborador del Mossad israelí. Entre los 600 voluntarios por los derechos humanos figuraban pacifistas, parlamentarios, antiguos diplomáticos, así como actuales miembros árabes del Parlamento israelí.
Mientras se disparaba, mataba y acosaba a docenas de defensores de los derechos humanos, los propagandistas israelíes amañaron diversos videos en los que aparecía uno de los agresores israelíes en la cubierta del buque, cortando toda la secuencia anterior al ataque (Financial Times, 2 junio 2010, página 2).
Se describió a los agresores marítimos y aerotransportados israelíes como las víctimas de un “Brutal Ambush at Sea” [Brutal emboscada en el mar] (Ynet News, 1 junio 2010).
Se acusó a los activistas por los derechos humanos de ser una “turba de linchamiento” que atacó a los comandos judíos que estaban disparando salvajemente sus rifles automáticos por toda la cubierta contra las acorraladas víctimas. Los pocos valientes que lucharon para detener el criminal ataque fueron difamados por la propaganda sionista, que es tan monstruosa en sí misma como los crímenes que perpetra.
Una vez que la maquinaria de la propaganda israelí empezó a vomitar sus obscenas mentiras, todo el liderazgo quintacolumnista sionista se puso en marcha.

La configuración del poder sionista estadounidense: En defensa de la masacre

Al igual que todo el liderazgo de las 51 principales organizaciones judías estadounidenses defendió todos y cada uno de los crímenes de guerra israelíes en el pasado, desde el bombardeo del USS Liberty a la Ocupación de Cisjordania y al bloqueo contra la Franja de Gaza, lo mismo hicieron también esta vez esos muy honorables apologistas repitiendo al pie de la letra las mentiras del Estado de Israel acerca del asalto a la flotilla humanitaria.

El Daily Alert (31 mayo-2 junio 2010), el órgano oficial de la propaganda pública de los Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses (AIPAC, por sus siglas en inglés) publicaron todas las groseras mentiras del Estado israelí de que se había “linchado” y “atacado” a los comandos israelíes, culpando a los activistas por los derechos humanos de la muerte de sus camaradas… a manos del ejército israelí. Ni una sola desviación, ni una mera palabra de crítica. Ni una única mención, siquiera superficial, que criticara la ejecución, el uso de armamento letal, el asalto en aguas internacionales y el fiasco en las relaciones públicas. La inmensa mayoría de judíos israelíes y sionistas organizados en EEUU apoyaron la sangrienta masacre y se enfrentaron a la pequeña minoría que no tiene acceso a los medios dominantes. Se demostró de nuevo el control sionista sobre los medios masivos de comunicación en los que se iba informando de todos los hechos a través de los “ojos de Israel” (FAIR, 1 junio 2010). Sobre todo el New York Times, el Washington Post, CNN, CBS, NBC, presentaron a los comandos israelíes que atacaban al barco de ayuda humanitaria como… “asaltados y golpeados” (Washington Post, 1 junio 2010). El New York Times dio crédito a la proclama israelí de que su acto de piratería en alta mar era legal (New York Times, 1 junio 2020). Para los medios dominantes estadounidenses, el problema no era el Estado terrorista israelí, sino cómo manipular y desarmar la indignación de la comunidad internacional. A ese fin, toda la configuración del Poder Sionista tiene un aliado de confianza en el sionizado Obama, la Casa Blanca y el Congreso de EEUU.

La respuesta de Obama al terrorismo de Estado israelí

Hay una única razón fundamental por la que Israel comete una y otra vez crímenes contra la humanidad, incluido el reciente asalto contra la flotilla humanitaria: porque sabe que la Configuración del Poder Sionista, empotrada en la estructura de poder de EEUU, le asegurará el apoyo del Gobierno, en este caso la Casa Blanca de Obama.

Frente a la amplia condena mundial del crimen de Israel en alta mar y a los llamamientos de la comunidad internacional a emprender acciones legales, el régimen de Obama se negó absolutamente a criticar a Israel. Un portavoz de la Casa Blanca declaró: “Estados Unidos lamenta profundamente la pérdida de vidas y los heridos y trabaja en estos momentos para comprender las circunstancias en que se produjo la tragedia” (AFP, 31 mayo 2010). Un acto de terrorismo de Estado no provoca “lamentos” sino, normalmente, condena y castigo. La potencia que causó “pérdida de vidas y heridos” tiene nombre: Israel; las personas que sufrieron muerte y heridas durante el asalto israelí tienen nombre: voluntarios de la ayuda humanitaria. No fue sencillamente una “pérdida de vidas” sino un asesinato premeditado y planeado que abiertamente defendieron el Primer Ministro Netanyahu y todo su gabinete. Las “circunstancias” de los asesinatos están claras: Israel asaltó un barco desarmado en aguas internacionales, abriendo fuego al abordar el buque. La obscena tapadera política del régimen de Israel de un acto criminal deliberado que viola el derecho internacional es evidente en su descripción como “tragedia” de un homicidio en serie. El terrorismo premeditado de Estado no se parece en nada a la trágica acción de un gobernante honesto forzado por las circunstancias a un acto criminal contra sus más estrechos aliados.

Washington, presionado para que participara en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, pasó diez horas eliminando todas las referencias al ilegal acto criminal de Israel, por lo que se acabó con una resolución que únicamente pedía una investigación “imparcial”, con Washington pretendiendo encima imponer quién debía llevarla a cabo: un comité de investigación israelí. Ante el mundo en general, incluido el Gobierno turco, el régimen de Obama y el Gobierno de EEUU, al rechazar condenar a Israel, son “cómplices de asesinato masivo”.

Para poder entender por qué el régimen de Obama se impregna de infamia y vergüenza ante los ojos del mundo, uno debe mirar hacia la composición sionista de la Casa Blanca de Obama y, lo que es de igual importancia, al poder directo y acceso que las principales organizaciones judías-sionistas tienen sobre el sistema político estadounidense. En la semana que precedió al anunciado asalto de Israel contra la flotilla humanitaria, dirigentes judíos (pro-Israel) se reunieron con un tercio de los senadores estadounidenses a fin de presionarles para que en junio se impongan sanciones mucho más duras contra Irán. Entre los operativos claves que asistieron estaba la Federación Judía de Norteamérica, el AIPAC y el resto de la Quinta Columna israelí (Jewish Telegraph Agency, 27 mayo 2010). Al día siguiente, todo un escuadrón de dirigentes de las Federaciones Judías voló a Washington para reunirse con los altos funcionarios de la administración de Obama y asegurar que ni la Casa Blanca ni el Congreso expresaran en público crítica alguna en relación con la política de asentamientos de Israel. No hay duda de que los apologistas de los crímenes de guerra israelíes ampliaron su agenda para incluir que tampoco hubiera crítica pública alguna del asalto israelí contra la flotilla. Rahm Emmanuel, el jefe del gabinete de Obama, se encontraba en Tel Aviv como huésped de los altos oficiales del ejército israelí pocos días antes de que éste lanzara el asalto y, sin duda, a Rahm se le comunicaron todos los detalles. Cabe asegurar que el ayudante estadounidense-israelí de Obama dio seguridades a los criminales de guerra israelíes del incondicional apoyo militar y político de Washington hacia los actos de agresión de Israel.

Desde dentro y fuera de la Administración Obama, las agresivas presiones de las 51 principales organizaciones de los sionistas estadounidenses han garantizado inmunidad a los criminales de guerra israelíes ante cualquier Tribunal de Crímenes de Guerra. La táctica de la sionizada Casa Blanca es desviar la atención de la inmediata y consecuente condena y mucho más de las posibles sanciones, confiando en que el paso del tiempo, ayudado por la apología general de los medios de masas en EEUU, la indignación masiva y las protestas exteriores irán desvaneciéndose gradualmente. Obama y su cohorte sionista se arrastran ya panza abajo ante Israel. Parte de la misión de Rahm en Israel era ofrecerle a Netanyahu una invitación para que fuera a la Casa Blanca durante la semana de la carnicería en el mar. La única razón por la que Netanyahu no fue a Washington fue porque se apresuró a regresar a Israel para apuntalar la defensa efectuada por el Ministerio de Exteriores del acto de barbarie frente a la indignación mundial. Pero en una conversación telefónica, Obama prometió a Netanyahu una nueva y pronta invitación, asegurándole al hombre de estado judío que violar las leyes internacionales y la masacre de docenas de activistas humanitarios no tienen consecuencias, especialmente si se cuenta con el continuado apoyo financiero de los patrocinadores sionistas de Obama.

Al igual que Lyndon Jonson en el encubrimiento de lo ocurrido con el USS Liberty, la apología de Obama de los crímenes de guerra de Israel es el precio para asegurarse el apoyo de los multimillonarios financieros sionistas, de los magnates de la prensa, de las decenas de miles de judíos pro Israel y de los 51 Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses.

Frente a la complicidad de Washington con los crímenes de guerra israelíes, el único camino es intensificar la campaña a favor de las sanciones, el boicot y la retirada de inversiones de todos los productos israelíes, actividades culturales e intercambios profesionales. Con un poco de suerte, las masivas protestas islámicas encontrarán un eco más amplio en comunidades judías y cristianas antisionistas, especialmente cuando los apologistas israelíes del terrorismo de Estado comparezcan en público. Y más importante aún sería que todos y cada uno de los israelíes implicados en el asalto fueran sometidos a enjuiciamiento criminal en cualquier país que se les ocurra visitar. Sólo haciendo que los israelíes entiendan que tendrán que pagar un alto precio por sus homicidios en serie y violaciones del derecho internacional será posible que su narrativa política entre por un camino un poco razonable. Sólo llegando más allá de las protestas simbólicas, retirando diplomáticos y adoptando acciones sustantivas como romper relaciones, es como la comunidad internacional podrá aislar a quienes cometen terrorismo de Estado. Todos los estadounidenses deberían decirle alto y claro al Presidente Obama NUNCA JAMAS. De otra manera con la Configuración del Poder Sionista manteniéndose activa veinticuatro horas al día y siete días a la semana, el régimen de Obama, fiel a la agenda sionista, volverá de nuevo a centrarse en el objetivo de atacar Irán. La acción perpetrada estos días por Israel, con la complicidad de EEUU, es un preludio del tipo de fuerza letal que tienen en reserva para sabotear el reciente acuerdo diplomático entre Turquía, Brasil e Irán.

Estas líneas van dedicadas a los valientes mártires turcos del Mavi Marmara del 31 de mayo de 2010, y a los 34 marineros estadounidenses del USS Liberty asesinados el 8 de junio de 1967, todos ellos víctimas de un impenitente Estado criminal: Israel.

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Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Finaliza sin acuerdos la IX reunión de acceso a los recursos genéticos

Finaliza sin acuerdos la IX reunión de acceso a los recursos genéticos

(Publicado por Red OCIM-Observatorio Internacional de Migraciones)


El 29 de Marzo en la ciudad de Cali – Colombia, concluye luego de una 7 días de tensas reuniones la IX reunión del Grupo de Trabajo sobre acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficio (ABS) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD).


El mandato establecido en la conferencia de las partes (COP) al grupo de trabajo fue negociar un régimen internacional sobre acceso y la participación en los beneficios de los recursos. En esta reunión se debería concluir las negociaciones y remitir el texto del Régimen Internacional para su aprobación durante la X Conferencia de las Partes, que tendrá lugar en Nagoya Japón.

La reunión de las negociaciones se hizo en base de un proyecto de protocolo, presentado como texto de los Copresidentes. Sin embargo el texto de negociaciones no logro consensos y se suspendieron las negociaciones, cuestión que quedo pendiente para junio del presente, con la idea de llegar con acuerdos antes del COP.

La Red de mujeres indígenas sobre biodiversidad (RMIB) manifestó sus preocupaciones en la siguiente declaración de clausura leída por María Eugenia Choque, Aymara de Bolivia, Coordinadora región sur de la (RMIB) . Así como también el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB).





DECLARACION
RED DE MUJERES INDIGENAS SOBRE BIODIVERSIDAD



Gracias señores Co-presidentes



La Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, agradece al gobierno de Colombia, y a los Pueblos Indígenas de esta región por la hospitalidad y la acogida que nos ha brindado en estos días durante la Novena Reunión del Grupo de Trabajo en ABS.



Señores Co-presidentes



La participación de las mujeres indígenas en el proceso del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha contribuido significativamente en las negociaciones efectuadas en los diferentes grupos de trabajo, hemos venido contribuyendo en este proceso, por la importancia y el papel que como mujeres tenemos en la protección y mantenimiento de nuestra Madre Tierra.

Queremos hacer referencia a nuestras preocupaciones en cuanto al desarrollo de este proceso de negociación en el cual nuestras propuestas como Pueblos Indígenas no han sido tomadas en cuenta de forma integral en los siguientes puntos específicos:



1. La referencia a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que es un avance en el reconocimiento de nuestros derechos. Sin embargo sentimos la falta de la voluntad política en la aplicación de los instrumentos internacionales que se refieren a nuestros derechos fundamentales.


2. La participación en los beneficios: las mujeres indígenas deben ser tomadas en cuenta con su participación plena y efectiva en todo el proceso del RI. Para lo cual es necesario considerar el papel fundamental de la mujer, el mismo que es reconocido en el preámbulo del Convenio en su párrafo 13, cuando se refiere al reconocimiento de la función decisiva que desempeña la mujer en la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y la existencia de un Plan de Acción de Genero del CDB, el mismo que fue elaborado en enero del 2008 en Suiza de acuerdo con la Decisión V/16: Articulo 8j y provisiones relacionadas. Este Plan fue adoptado en la COP 9.


3. Para las mujeres, y por ende para los pueblos indígenas, es importante que se reconozca el carácter colectivo del CT, los cuales son heredados, desarrollados e innovados a través de los años. El CT debe ser un tema transversal en todo el protocolo del Régimen Internacional.



4. Es importante que en el tema de cumplimiento se pueda crear un certificado de cumplimiento internacionalmente reconocido que incluya la información sobre el PIC y el MAT de los pueblos indígenas y comunidades locales, de acuerdo con el derecho consuetudinario y los protocolos comunitarios deben ser consistentes con el derecho internacional.

5. Igualmente en el tema de capacidades, para nosotras es importante que se tome en cuenta la perspectiva y la visión de la mujer indígena y que estas capacidades sean desarrolladas en atención a las necesidades y realidades de nuestros Pueblos Indígenas con medios culturalmente apropiados y la utilización de los idiomas indígenas a fin de tener la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas.


Las mujeres indígenas así como los representantes de los pueblos indígenas aquí presentes, hemos venido a este espacio con plena voluntad de diálogo, respetando todo principio de buena fe. Por tal motivo, exigimos que los Estados Partes, asuman un compromiso serio para garantizar la protección de los CT asociados a los RG incluyendo sus productos derivados para evitar su apropiación indebida.

Cuando los problemas y los desafíos se nos presentan, debemos trabajar en solidaridad para respetar los derechos de todos. Requerimos tener una participación activa en el proceso de camino a Nagoya.



Queremos concluir manifestando que la Madre Tierra es la madre mayor que nos ha parido a todos. Todos tenemos la obligación de cuidarla y protegerla con miras a lograr el buen vivir de la humanidad.


Muchas gracias Srs. Co presidentes

Tukuyañataki, ma suma arumtawi taqui chuymauqui.
Para finalizar con todo el corazón un gran saludo a todos.

Jallalla




FORO INTERNACIONAL INDÍGENA SOBRE BIODIVERSIDAD

DECLARACIÓN DE CLAUSURA
29 de marzo de 2010

GRUPO DE TRABAJO SOBRE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS
9ª REUNIÓN
CALI, COLOMBIA





2010 es el Año Internacional de la Biodiversidad y es esencial que las Partes completen la tarea que se han impuesto de adoptar un Protocolo sobre Acceso y Participación en los Beneficios.

Como Pueblos Indígenas, estamos respondiendo al Año Internacional trabajando para que se logren los objetivos del CDB, acordados hace casi 20 años, tanto en la protección de la biodiversidad del mundo y su utilización sostenible como en la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados.

Es importante entender que nuestro empoderamiento para ejercer nuestros derechos es un aspecto esencial de la protección de la biodiversidad y que nuestros derechos en relación con la biodiversidad, incluidos sus recursos genéticos, debe ser un aspecto esencial del régimen internacional de APB para que el futuro protocolo tenga éxito.

Los Pueblos Indígenas representamos el principio de que todos los pueblos tienen responsabilidades y obligaciones para preservar a la madre naturaleza que nos nutre y define nuestra existencia. Los Pueblos Indígenas nos esforzamos por cumplir con estas responsabilidades en nuestros territorios de origen de acuerdo con nuestras tradiciones culturales.

Desde 2007, las Naciones Unidas han reconocido nuestra existencia como pueblos, respondiendo al mito histórico de que no tenemos derechos de autogobierno ni derechos colectivos sobre nuestros territorios y recursos.

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también clarifica que los pueblos indígenas, como todos los pueblos, tenemos un claro derecho a la libre determinación y el derecho a tomar nuestras propias decisiones sobre nuestros medios de vida, culturas y futuro.

Nos alegra ver que nuestros derechos en relación con los conocimientos tradicionales asociados con los recursos genéticos se reconocen en el proyecto de protocolo. No tenemos ninguna razón para pensar que este reconocimiento vaya a cambiar.

Esperamos aún que nuestros derechos sobre los conocimientos tradicionales se consideren un asunto transversal y que los conocimientos tradicionales se incorporen en la sección sobre cumplimiento.

Advertimos que algunas Partes han sugerido que los Pueblos Indígenas no quieren que los estados proporcionen protección a nuestros conocimientos tradicionales.

Aunque los pueblos indígenas tenemos el derecho de mantener, controlar, proteger y desarrollar nuestros conocimientos tradicionales, las Partes también tienen la obligación, según el derecho internacional, de aplicar medidas efectivas para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

No estamos de acuerdo con las sugerencias de que las medidas de cumplimiento en relación con los conocimientos tradicionales deben encargarse a la OMPI. No tenemos mucha fe en las discusiones en la OMPI, después de haber participado en las quince sesiones hasta ahora celebradas del Comité Intergubernamental sobre recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore.

Pensamos que nuestros derechos sobre los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos asociados deben tratarse más bien en el régimen internacional de ABS, porque es aquí donde se va a establecer la estructura, capacidad e información para el cumplimiento.

Hemos solicitado que el proyecto de protocolo refleje “la interrelación entre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y la naturaleza inseparable de estos recursos y los conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”. Esperamos que las Partes afirmen esta importante relación en el texto del Protocolo.

Los Pueblos Indígenas no consideramos el Protocolo de ABS como un reducido tratado de comercio, en el que los valiosos recursos de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales que aún se conservan son extraídos, expropiados y privatizados a través de derechos de propiedad intelectual.

Los Pueblos Indígenas hemos sido los guardianes de la biodiversidad, que hemos mejorado a través de la aplicación de nuestros conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales.

Este patrimonio histórico debe ser plenamente valorado en el Protocolo de ABS, además de recompensado y mejorado como un legado continuo para las futuras generaciones.


Hortencia Hidalgo Caceres
Comunicación RMIB – LAC

Banco Mundial, neoliberalismo y Alianza País: la trama invisible

Banco Mundial, neoliberalismo y Alianza País: la trama invisible



Pablo Dávalos**



En virtud de que el Banco Mundial está concebido para el financiamiento al desarrollo económico en los países de la periferia del sistema-mundo, se ha convertido en una de las instituciones más importantes, sobre todo cuando se trata de generar marcos conceptuales que permitan la transformación geopolítica hacia el neoliberalismo y la transición al pos-neoliberalismo, porque asume al neoliberalismo no como una etapa sino como un fin en sí mismo, de ahí su apelación epistemológica al neoinstitucionalismo económico y a las propuestas de cambio institucional, que formaron parte de las reformas estructurales de la segunda generación que se impulsaron en América Latina durante la década de los noventa y que dieron consistencia teórica a la reforma sectorial.



En efecto, el Banco Mundial es uno de los think tanks más importantes del mundo, y sus dispositivos ideológicos se convierten luego en los temas de las agendas políticas de la cooperación internacional al desarrollo, del sistema de Naciones Unidas, y de los países de la periferia. De la lucha por reducir la pobreza a la cruzada por cambiar al mundo en las coordenadas neoliberales, hay un paso hacia el cual el Banco Mundial obligó a transitar a casi toda la periferia del sistema-mundo.



Ahora bien, existe un relativo consenso alrededor de la idea de que el Banco Mundial es uno de los ejes estructurantes del neoliberalismo, por ello llaman la atención las coincidencias entre el proyecto político de Alianza País, sus principales cuadros tecno-políticos y el Banco Mundial. Se trata de algo más de una coincidencia y que demuestra más bien una convergencia entre la necesidad de transitar al posneoliberalismo y el rol ambiguo que cumplen ahora gobiernos que suscriben en el discurso tesis radicales, pero que tienen un norte político que coincide con aquellos del Banco Mundial.



En ese sentido, es curioso y, aparentemente, una paradoja de la historia, que muchos de los temas que se debatieron y aprobaron a propósito del texto Constitucional propuesto por Alianza País en el año 2008, bajo el pomposo nombre de “revolución ciudadana”, y en supuesta contradicción y contrapunto con la episteme neoliberal, en realidad, continúen, consoliden y profundicen aquellos temas que fueron posicionados por el Banco Mundial, el BID, la USAID y la cooperación internacional al desarrollo, en los momentos más radicales del neoliberalismo. Como Monsieur Jourdain que hablaba prosa sin saberlo, los tecno-burócratas de Alianza País articularon a nivel Constitucional la prosa neoliberal sin, aparentemente, estar advertidos de ello.



Los ejemplos a este tenor son numerosos. Los temas de la participación ciudadana, por ejemplo, y que constituyen uno de los puntales ideológicos de las nuevas burguesías emergentes para apuntalar su proyecto político detrás de la cobertura de Alianza País, fueron impulsados por la USAID y el Banco Mundial durante la década de los noventa.



En efecto, en la década de los noventa la USAID , a través de una serie de ayudas para el desarrollo canalizadas especialmente a través de la fundación Esquel, contribuyó para crear espacios de interlocución social bajo la cobertura de la “participación ciudadana”, y cuyo objetivo era el de dotar de legitimidad a las políticas de ajuste macrofiscal y reforma estructural. Algunos de los tecnócratas que participaron en estos proyectos (Diálogo 2000, Esquinas de Diálogo, etc.), se convirtieron en prominentes miembros de Alianza País, en especial, María Paula Romo y Norman Wray.



Hay que indicar que USAID también financió la creación de la ONG “Participación Ciudadana”, de la que provinieron cuadros políticos importantes para Alianza País. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, y por iniciativa del Banco Mundial, se creó la Secretaría de Diálogo Social, sustentada en los criterios de “participación ciudadana” y que en realidad tenía por objetivo encubrir con un manto de supuesta legitimidad los procesos de privatización, sobre todo en los fondos de pensiones y en la energía eléctrica. El responsable de esta Secretaría de Estado de Lucio Gutiérrez, Augusto Barrera, formó parte del Buró Político de Alianza País, y fue el candidato a la Alcaldía de la capital de la república por parte de Alianza País. Asimismo, el Capítulo V del Título IV de la Constitución Política de 2008, crea la Función de Transparencia y Control Social, que recoge punto por punto las propuestas de la USAID y del Banco Mundial sobre “participación ciudadana”.



Los temas del derecho a consulta de las poblaciones locales para el manejo de recursos, son uno de los temas claves en los que ya trabajó el Banco Mundial. La posición de Alianza País de oponerse al consentimiento libre, previo e informado y solamente aceptar la consulta previa coincide con la posición del Banco Mundial. En efecto, la Directiva Operacional 4.20 del Banco Mundial (antes de la reforma de 2006), establece lo siguiente en la disposición No. 8: “La política del Banco (Mundial) es que la estrategia para tratar asuntos referidos a pueblos indígenas debe estar basada en la participación informada de los propios indígenas. De esta manera la identificación de las preferencias locales a través de la consulta directa, la incorporación del conocimiento indígena en los enfoques de proyectos y la utilización de especialistas desde una etapa inicial son actividades centrales para cualquier proyecto que involucre a los pueblos indígenas y sus derechos sobre recursos naturales y económicos”. (World Bank: Summary of Consultations with External Stakeholders Regarding the World Bank Indigenous Peoples Policy (Draft PO/BP 4.10). Internal Report, April 18, 2002).



De otra parte, y en el mismo tenor, y en conformidad con esta disposición interna del Banco Mundial, puede observarse la declaración del Banco Mundial en el documento Estrategia Asistencia País entre el Banco Mundial y el gobierno del Ecuador de 2003, lo siguiente: “El Banco (Mundial, P.D.) ha promovido la rendición de cuentas en lo social mediante el apoyo no reembolsable con el fin de desarrollar lineamientos para las consultas previas a las inversiones mineras e hidrocarburíferas y la vigilancia comunitaria para las actividades mineras”. (Banco Mundial, Estrategia Asistencia País, Informe No. 25817 EC, 29 de abril de 2003, pp. 9). La Ley de Minería aprobada por la Comisión de Legislación y Fiscalización, manejada por Alianza País, es tan conservadora, neoliberal y pro-extractivista que ni siquiera recoge las propuestas de consulta previa del Banco Mundial.



Los temas de la prohibición del uso de recursos estatales para campañas políticas y que forma parte de las reivindicaciones de Alianza País, también fueron propuestos por el Banco Mundial. La transparencia en la gestión pública a través de la publicación de todos los contratos del Estado (SIGOB, SIGEF, RUP, etc.) fueron también temas propuestos desde el Banco Mundial y constan en los acuerdos que el Banco Mundial suscribió con Lucio Gutiérrez en 2003.



En lo que hace referencia a la tercerización laboral, y que el régimen de Alianza País ha exhibido como uno de sus logros más caros, el Banco Mundial ya opuso resistencia y cuestionó duramente a este tipo de flexibilización laboral. En un estudio del Banco Mundial, puede leerse lo siguiente: “Por otra parte, la proliferación de agencias temporales de empleo (cerca de 200 creadas en los últimos años y que cubren alrededor del 10% del empleo formal), fenómeno conocido como “terciarización”, no permite su monitoreo adecuado, deteriora la relación laboral e impide supervisar el cumplimiento de los requisitos laborales mínimos por parte de las firmas contratantes” (Fretes Cibils, Vicente, et alt: Ecuador Una agenda económica y social del nuevo milenio, Banco Mundial, pag. Lxii). En la Estrategia Asistencia País (CAS) suscrita en 2003, entre el gobierno de Lucio Gutiérrez y el Banco Mundial puede, asimismo, leerse lo siguiente: “la tercerización contribuye importantemente a la flexibilidad laboral, pero niega a los trabajadores sus derechos y prestaciones”. CAS-2003, prg: 80, pp. 26.



Los temas de la descentralización, las autonomías y el régimen de competencias, que constan en el título V del texto Constitucional de 2008 bajo el nombre de “Organización Territorial del Estado”, fueron previamente pensados y diseñados por el Banco Mundial y por la cooperación internacional al desarrollo en la década de los noventa, en especial la cooperación alemana (GTZ), y recogen punto por punto las necesidades geopolíticas de las corporaciones transnacionales; no solo ello, sino que establecen como artículo constitucional para los gobiernos locales (denominados por la Constitución ecuatoriana de 2008 como “gobiernos autónomos descentralizados”), lo siguiente : “Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias” (Art. 262, numeral 9; Art. 263, numeral 8; Art. 264, numeral 13; Art. 267, numeral 7), abriendo el espacio para la intervención neocolonial por la vía de la cooperación internacional al desarrollo y vulnerando, de esta manera, la soberanía nacional.



Los temas de la lucha contra la corrupción, las auditorías y veedurías públicas, y que en el caso del Ecuador han sido incluso constitucionalizados, son otros de los ejes importantes del Banco Mundial y de la ONG Transparencia Internacional (TI), vinculada al Banco Mundial, al G-8 y al foro de Davos. Los temas de privatización de la naturaleza por la vía del pago de los servicios ambientales, y que también constan en el texto Constitucional de Alianza País[1], y en los que han trabajado instituciones como Conservation International (CI), fueron también estructurados y definidos desde la episteme neoliberal del Banco Mundial y de ONG’s ambientalistas y vinculadas a las corporaciones transnacionales (como el caso de CI, o de TNC).



Todos los temas de derechos, y que han sido el argumento legitimante de esta nueva burguesía emergente y que le han servido para presentar al texto Constitucional de 2008 como el más avanzado en materia de derechos, en realidad pueden mirarse como la traslación al ámbito de los derechos de los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo sustento analítico lo hizo el Banco Mundial.



Ahora bien, educación, salud, producción, sector social, infraestructura, etc., todos ellos fueron objetos de intervención desde la reforma sectorial del Banco Mundial durante la década de los noventa en el Ecuador, pero también fue intervenida la administración de justicia a través de un proyecto específico denominado PROJUSTICIA, y que tenía como objetivo fundamental la construcción del Estado Hobbesiano a través de la creación de la seguridad jurídica necesaria para las inversiones privadas.



Se trataba de adecuar al sistema jurídico para crear los correlatos necesarios para la vigencia de los derechos de propiedad individual por sobre la propiedad comunal, para que de esta manera pueda existir la suficiente seguridad jurídica para las inversiones privadas; como correlato de la seguridad jurídica consta la criminalización a toda forma de resistencia y movilización social. El proyecto PROJUSTICIA del Banco Mundial, en ese sentido, se ha revelado como uno de los mecanismos más importantes de la reforma estructural para consolidarla a nivel jurídico y constitucional. Los marcos de intervención del Banco Mundial sobre la administración de justicia se convertirán en política de Estado durante el gobierno de Alianza País. El responsable de este proyecto clave del Banco Mundial, se convertirá, posteriormente, en Ministro de Justicia y luego en Ministro de Gobierno, durante el gobierno de Alianza País.



En el caso del denominado sector social se gestó la institución más representativa de la reforma sectorial neoliberal del Banco Mundial: el Ministerio de Bienestar Social (que ha tenido varios nombres durante la reforma neoliberal, y que en la era de Alianza País se llamó de Inclusión económica y social). Esta Secretaría de Estado se convierte en el espacio en el que convergen los temas más importantes de la reforma estructural sectorial neoliberal, y que armoniza los tiempos, los momentos, las prioridades y el ritmo de la reforma sectorial con el complejo institucional de la reforma sectorial.



Esta Secretaría de Estado es el producto más caro de la reforma neoliberal, porque allí radican los programas, proyectos y acciones que nacieron desde el BID y el Banco Mundial y que ahora son ya políticas públicas sancionadas desde el Estado. Allí radican los programas de protección social diseñados y creados desde el BID y el Banco Mundial (como el Bono de la pobreza, denominado también como Bono de Desarrollo Humano, los programas de intervención social “Socio-país”, etc.), desde allí la reforma estructural puede desplegarse y legitimarse hacia la sociedad como política de Estado.



Esta Secretaría de Estado, como momento político y como instancia pública de la reforma estructural del neoliberalismo, alcanza su despliegue más importante durante el gobierno de Alianza País, en donde se consolidan y adquieren su punto máximo las estrategias de asistencialismo, focalización, cooptación y asimilación social, bajo los mismos esquemas, modelos de intervención e incluso cuadros técnicos, y consultores de la reforma sectorial del neoliberalismo. De hecho, uno de los cuadros tecno-políticos más importantes del Banco Mundial, Nathalie Cely, es quien maneja y coordina toda el área social en el gobierno de Alianza País.



Estos proyectos de reforma sectorial del Banco Mundial y desde los cuales se intervino en el Estado y en la sociedad, fueron creados para experimentar las formas de privatización de las políticas públicas y los marcos categoriales y metodológicos que luego se convertirían en el formato del Estado en su conjunto. Los proyectos de la reforma sectorial se situaban a la sombra y al amparo del Estado. Crecían como un cuerpo metastático en la periferia del Estado. No eran Estado, pero supuestamente tampoco eran sector privado. Se movían en ese aparente intersticio entre lo público y lo privado que son las ONG’s y la cooperación al desarrollo. De ese intersticio extraían las condiciones de su legitimidad política y a partir de esa situación de ambigüedad y de limbo político, obtenían el peso político para imponer sus prescripciones al conjunto del Estado y la sociedad. Eran un cuerpo canceroso creado ex profeso para infectar al Estado con la lógica neoliberal.



En virtud de que eran proyectos de mediano plazo que testaban sus metodologías y sus cuadros tecno-políticos directamente con el Estado y, además, realizaban cambios en el Estado en conformidad con las estrategias establecidas desde algo que puede ser denominado como complejo institucional de la reforma estructural neoliberal, nunca rindieron cuentas a nadie que no sea del propio complejo institucional de la reforma estructural. Su lealtad era con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID, con la GTZ , con la COSUDE , con el PNUD, con la CAF , nunca con el Estado que les dio abrigo y cobertura. Nunca rindieron cuentas a la sociedad, y la única vez que pretendieron hacerlo (en el proyecto SAPRI del Banco Mundial), se trató más bien de una estrategia política de relegitimación y de manipulación social.



Para el conjunto de la sociedad, e incluso para líderes de opinión y dirigentes sociales, los acrónimos de los proyectos de la reforma estructural eran un arcano misterioso y de difícil comprensión y acceso. Nunca la sociedad conoció, debatió, reflexionó o aprobó ninguno de esos proyectos de reforma sectorial. Sus marcos metodológicos eran metalenguaje puro. Representaban el grado cero de la democracia y la transparencia. Eran casi las entelequias de un poder real que actuaba a la sombra. Una vez que lograban sus resultados, para utilizar una metáfora médica, y conseguían la transferencia de su ADN hacia el Estado, que finalmente adoptaba esas metodologías de los proyectos sectoriales como políticas de Estado, estos proyectos sectoriales desaparecían en una bruma de olvido e indiferencia creada a propósito. Nacieron desde la sombra del complejo institucional de la reforma estructural y, una vez cumplidos sus propósitos, regresaron a las sombras.



El Estado que había sido contaminado por esos proyectos de la reforma estructural-sectorial no podía ser el mismo Estado de la industrialización o de Bienestar. Era un Estado adecuado completamente a las coordenadas de la acumulación del capital en tiempos de neoliberalismo y globalización. Era un Estado que pensaba en términos de “marco lógico”, “árbol de problemas”, “FODA”, “análisis sectorial”, “competitividad”, “cambios institucionales”, etc. Era un Estado colonizado en su episteme misma por el complejo institucional de la reforma estructural. Un Estado hobbesiano y pensado en términos del derecho privado y de propiedad (el famoso “Estado social de derecho” neoliberal). Un Estado presto para actuar en defensa de la propiedad privada y los intereses de los inversionistas privados. Un Estado que podía criminalizar a su población al tiempo que garantizaba la “seguridad jurídica”. Es por ello que el Banco Mundial ahora preconice la consolidación del Estado, porque es un armazón que nada tiene que ver con el Estado anterior a las reformas estructurales del neoliberalismo.



Es por ello que en América Latina varios gobiernos pueden proponer y llevar adelante estrategias políticas de recuperación del Estado, porque ese Estado es la mejor garantía para el funcionamiento del neoliberalismo. Es por ello que el gobierno de Alianza País pudo posicionar su discurso de rescate de la soberanía estatal y de la acción del Estado y de las políticas públicas, y que muchos sectores sociales hayan pensado que se trataba de un cambio radical en el modelo económico neoliberal, cuando en realidad representaba su consolidación y fortalecimiento. Es desde allí que hay que comprender las ambigüedades de los discursos políticos en estos momentos de transición al pos-neoliberalismo.





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[1] CPE: “Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.”





**Pablo Dávalos, economista ecuatoriano, catedrático universitario y responsable de ATTAC -Ecuador

Relator Especial sobre pueblos indigenas urge al Gobierno de Peru a dialogar

http://www.politicaspublicas.net/panel/noticias/america-latina/304-relator-especial-sobre-pueblos-indigenas-urge-al-gobierno-de-peru-a-dialogar-con-los-pueblos-indigenas-del-amazonas.html



Relator Especial sobre pueblos indígenas urge al Gobierno de Perú a dialogar con los pueblos indígenas del Amazonas

Ginebra, 10 de junio de 2009




El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Profesor James Anaya, expresa su más profunda preocupación por los enfrentamientos del viernes 5 de junio, y los eventos subsecuentes, en Bagua, Departamento de Amazonas, Perú, que han resultado en la muerte de aproximadamente 30 personas, incluidas personas indígenas y miembros de la Fuerza Pública, así como decenas de heridos y desaparecidos. El Relator Especial expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias.




“Hago un llamado urgente a todos los actores involucrados a que eviten otros acontecimientos de violencia, y exhorto a las autoridades del Estado a implementar todas las medidas ya establecidas, así como a adoptar todas las medidas adicionales necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas”, dijo James Anaya.



Además, el Relator Especial insta al Estado a investigar seriamente todos aquellos actos relacionados a esta situación que puedan indicar violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares. Asimismo, el Relator Especial insta a las personas y pueblos indígenas involucrados que sus reclamos y manifestaciones siempre sean de forma pacífica, respectando los derechos humanos de otros.




El Relator Especial también exhorta a todos los actores involucrados a buscar consensos y encaminarse a una vía de dialogo y de entendimiento sobre la base de la tolerancia y respeto a los derechos humanos. “Enfatizo la necesidad de que el Gobierno y los grupos indígenas interesadas hagan un nuevo esfuerzo conjunto hacia una resolución a los conflictos en la región de manera abierta y transparente que facilite el diálogo, evite la violencia y respete los derechos humanos”.




El Relator Especial expresa su disponibilidad de realizar una visita al país para revisar la situación y contribuir a la búsqueda de tal resolución a los conflictos, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para promover el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.




Finalmente, el Relator Especial desea adherirse a los comunicados previos sobre este tema emitidos por la Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo del Perú.




El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Profesor James Anaya como Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas por un período inicial de tres años. El Sr. Anaya es James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and Policy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos de América.




Para más información sobre el mandato del Relator Especial:

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur

Ecuador: Homo sapiens y homo economicus confrontan en las universidades

Publicado en Kaos en la red.net

Ecuador: Homo sapiens y homo economicus confrontan en las universidades

René Báez**

El nuevo modelo educacional busca la conversión de la universidad pública comprometida con los grandes objetivos nacionales/regionales por una entidad funcional a los fines de las firmas monopólicas


www.kaosenlared.net/noticia/ecuador-homo-sapiens-homo-economicus-confrontan-universidades
En nuestro estudio “El desembarco invisible” (www.alainet.org/active/23016&=es), adelantamos una disección de los orígenes, el contenido y las repercusiones en distintos planos del Proyecto Tuning en las universidades latinoamericanas y particularmente en el Ecuador.
En este breve trabajo aspiramos a ampliar y profundizar algunos puntos de vista ya expuestos en el material citado, tomando en cuenta especialmente las decisiones gubernamentales encaminadas a dar vigor a ese plan funcionalizante de la educación superior en el país.
Acciones recientes
Se alude, en concreto, a que el gobierno de Rafael Correa, inspirado en un discurso esencialmente derechista y bancomundialista, congruente con la reestructuración subordinada y reprimarizante de las economías periféricas impuesta por el capitalismo mundial desde hace varias décadas, viene impulsando la remodelación del sistema educativo en general, y de las universidades en particular, en concomitancia con las denominadas “leyes” o “fuerzas” del mercado. Pruebas al canto.
La aprobación por parte de la oficialista Asamblea de Montecristi de una Constitución de “alma neoliberal” –refrendada plebiscitariamente en septiembre del 2008-, texto jurídico que, además de otorgar rango constitucional a la educación por competencias determinado para los centros educativos superiores, viene siendo progresivamente instrumentalizado con el soporte de una serie de leyes tramitadas por la Comisión Legislativa, un mini Congreso hegemonizado también por el “correísmo”. Conforme era previsible, tales leyes han sido diseñadas a gusto y sabor de las corporaciones transnacionales. Aludimos a la Ley Minera, que viabiliza la explotación a gran escala y a cielo abierto de los yacimientos metalíferos; a la Ley de Seguridad Alimentaria, también conocida como “Ley Monsanto”, así como a la Ley contra el Genocidio, que abre las puertas para el exterminio de las comunidades autóctonas en aislamiento voluntario.
Una ideología del Gran Capital
La estrategia regresiva, extractivista y depredadora –amén de políticamente autoritaria- promovida por el régimen de Alianza País se ha proyectado a los institutos superiores a través del referido paradigma de la educación por competencias, un patrón formativo largamente aupado por la entente euro-estadounidense e implantado en nuestro medio bajo el membrete de Proyecto Tuning-Ecuador (2005), programa coordinado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).
En términos formales, el nuevo modelo educacional busca la conversión de la tradicional universidad pública latinoamericana/ecuatoriana comprometida con los grandes objetivos nacionales/regionales por una entidad funcional a los fines crematísticos y geopolíticos de las firmas monopólicas. ¿Qué está detrás de la esta mutación formal pero, sobre todo, teleológica de las universidades estatales e incluso privadas?
En nuestra opinión, cuestiones como las siguientes:
° Producto histórico de la evolución del capitalismo, la educación por competencias emerge a la superficie en los años 70 del siglo pasado a consecuencia del colapso del Estado de Bienestar en los países primermundistas y del agotamiento de los estados desarrollistas-intervencionistas en la periferia, y correlativamente a la consolidación de las empresas y bancos internacionales como protagonistas del escenario mundial. (1)
° La educación por competencias –también conocida como educación de calidad- tiene que ser visualizada como un mecanismo para llevar el predominio de la razón instrumental –dinero y tecnociencia- hasta sus últimas consecuencias. En buen romance, esto no significa otra cosa que las tareas consustanciales a la universidad –investigación científica, formación de profesionales y extensión- pasan a ser evaluadas según los parámetros esenciales del capitalismo, como la oferta y la demanda, la productividad y la rentabilidad. De lo cual resulta que, en el actual estadio de la modernidad, las verdades científicas y técnicas únicamente son tales si así lo dictamina el mercado, es decir, la deidad de estos tiempos cibernéticos y poscomunistas.
° La fundamentación filosófica de la educación de mercado no puede ser más peligrosa y deleznable. Aludimos al pragmatismo, esa postura filosófica -y ética- que encuentra que la verdad ha de encontrarse únicamente en los resultados prácticos de una determinada acción, para el caso, en la calidad de los profesionales requeridos por los administradores empresariales. Dado que el objetivo supremo de los hombres-corporación no es otro que asegurar la mayor productividad y rentabilidad de los distintos “factores de la producción” -entre ellos, la mano de obra-, el proceso formativo basado en la educación por competencias presiona para la conversión de los seres humanos –maestros, alumnos y profesionales universitarios, en este caso- en simples engranajes de la tecnoestructura controlada por las compañías globales, despojándolos de sus más elevados atributos intelectuales, morales y emocionales. Todo esto en tributo al mito del Progreso/Crecimiento/Desarrollo que el Poder mundial aspira perpetuar pese a su inocultable bancarrota contemporánea, de cuyas expresiones teratológicas dan cuenta el reciente desplome de Wall Street (2008) y los fenómenos naturales/sociales asociados al denominado “cambio climático”. (2)
° A nivel metodológico, la educación por competencias -a horcajadas del pragmatismo y de la mano de una tecnocracia de nuevo cuño-, con sus evaluaciones y acreditaciones cuánticas, superficiales y siempre funcionales a las demandas empresariales, está marcando el retorno del empirismo; es decir, de ese método que busca acceder al conocimiento mediante la simple recopilación de cifras y datos arbitrariamente seleccionados y a menudo irrelevantes. (3)
La marcha reciente del Proyecto Tuning-Ecuador
Para avanzar al análisis concreto de la experiencia nacional con la educación mercantilizada, aparece necesario referirse al marco legal actualmente vigente para los centros de nivel universitario. A este respecto, en la novísima Carta Política montecristense puede leerse:
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía, responsabilidad, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco de diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global.
Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados…
Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:
1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.
2. Un organismo técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.
Más allá de la irritante retórica y del eclecticismo de que hacen gala los citados artículos, particularmente el 350 y el 351, cabe realizar las puntualizaciones siguientes:
° La ya referida consagración constitucional del Proyecto Tuning, con su estrategia formativa medularmente afín a la ideología e intereses imperialistas, “subimperialistas” y corporativos.
° La mutilación casi total de la autonomía académica, administrativa y financiera de los centros superiores al subordinárseles a entidades como la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) y la Comisión Nacional de Evaluación (CONEA). Servidumbre a la “oscura voz de los tecnócratas”, diría el biólogo Albert Jacquard.
° Y, finalmente, la sujeción del sistema de educación superior al denominado régimen de desarrollo formulado en el título VI de la Constitución de marras, cuyas subjetividades y contradicciones antológicas, antes que enrumbar al país al Socialismo del Siglo XXI (y, en rigor, a ningún tipo de socialismo), estarían conduciendo al país, por la ruta del “vil desarrollismo” (Arturo Guillén), a una suerte de protectorado de poderíos políticos y económicos externos. O, lo que es lo mismo, a una especie de reedición del colonialismo que implantara en estas latitudes la Corona española en el distante siglo XVI.
Desafío y respuesta

¿Qué hacer desde nuestras sociedades y desde las universidades estatales frente a la encrucijada en que nos ha colocado una modernidad mal concebida y peor instrumentada?
A grandes males, grandes remedios.
Con el telón de fondo de un análisis raizal del hundimiento de la civilización del capital y de su incidencia en el mundo académico latinoamericano, el investigador compatriota Bolívar Echeverría remata su estudio reciente titulado “¿Es prescindible la universidad?” con frases que compartimos plenamente: “Los movimientos populares de transformación institucional que actualmente ganan terreno en la América Latina tienen ante sí una alternativa: someterse a la tendencia ´modernizante´ que hace del conocer un modo no por sutil menos irreflexivo de depredación de la naturaleza (y del hombre, R.B.) o prestar oídos a los muchos focos de resistencia que se mantienen y que aparecen en contra de esa tendencia predominante, y rescatar así al saber universitario, no como una insistencia infundada en un remanente obsoleto del pasado, sino como una reafirmación de algo, que es indispensable del saber humano, y que debe seguir siéndolo si éste quiere ser en el futuro un saber verdaderamente creativo y comprometido con la sociedad que lo hace posible”. (4)
That is the question, diría el poeta isabelino William Shakespeare.
Notas.-
(1) La lógica de ambos procesos aparece descrita prolijamente en el trabajo de Joao dos Reis Silva Jr., Rev. Cuadernos Latinoamericanos, no. 12, Universidad del Zulia, Maracaibo, 1996, pp. 49-87.)
(2) Con cuanta dosis de razón, en un libro escrito hace más de medio siglo, el escritor argentino Ernesto Sábato censuraba al pragmatismo como a una verdadera peste de la modernidad, describiéndolo como a una visión de las cosas que cultivan quienes “confunden la realidad con un Círculo-De-Dos-Metros-De-Diámetro, con centro en sus modestas cabezas”. Cf. Hombres y engranajes, emecé editores, Buenos Aires, 1951.
(3) Conforme lo está haciendo en estos mismos días el ministro ecuatoriano de Educación, Raúl Vallejo, blandiendo tests con fines punitivos que han desatado el repudio mayoritario de los maestros primarios y secundarios. El empirismo, en tanto forma cognoscitiva, ha sido catalogado como correspondiente a la “edad de piedra” de la razón, y, en su momento, fue impugnada por Poincaré con la precisa metáfora siguiente: “Se hace ciencia con hechos como una casa con piedras; pero una acumulación de hechos no es una ciencia, lo mismo que un montón de piedras no es una casa”.
(4) El Telégrafo, 1 de junio del 2009.
Junio/2009

René Báez** Economista ecuatoriano y catedrático universitario