miércoles, 13 de agosto de 2008

Reescribir la Historia

REESCRIBIR LA HISTORIA

Noam Chomsky
2004-11-18

El principio fundamental es que "nosotros somos buenos" -"nosotros" entendido como el Estado al que uno sirve-, y lo que "nosotros" hacemos está dedicado a los principios más elevados, aunque se cometan errores en la práctica. En una ilustración típica, según la versión retrospectiva de la izquierda liberal extremista, la guerra de Vietnam comenzó con "esfuerzos fallidos por hacer el bien", pero ya en 1969 se había vuelto un "desastre" (Anthony Lewis): en 1969, después de que el mundo empresarial se había vuelto contra la guerra por ser muy costosa y 70 por ciento del público la consideraba "esencialmente mala e inmoral", no un "error"; en 1969, siete años después del comienzo del ataque de Kennedy contra Vietnam del Sur, dos años después de que el más respetado especialista e historiador militar de Vietnam, Bertrand Fall, advirtió que "Vietnam, como entidad cultural e histórica, está amenazada de extinción... (pues) el campo muere literalmente bajo los golpes de la mayor maquinaria militar jamás lanzada sobre un área de este tamaño"; en 1969, la época de algunas de las operaciones de terrorismo de Estado más despiadadas, de uno de los mayores crímenes del siglo XX, del cual las lanchas rápidas del sur profundo, ya devastado por los bombardeos de saturación, la guerra química y los asesinatos en masa, fueron la menor de las atrocidades cometidas. Pero la historia modificada prevalece. Expertos y serios panelistas evalúan las razones de la "obsesión estadunidense por Vietnam" durante las elecciones de 2004, cuando la guerra de Vietnam ni siquiera se mencionó: la de verdad, claro está, no la imagen reconstruida para la historia.
El principio fundamental tiene corolarios. El primero es que los clientes son en esencia buenos, aunque menos que "nosotros". En la medida en que se moldeen a las exigencias de Washington, aplican un "sano pragmatismo". Otro es que los enemigos son muy malos; hasta dónde lo son depende de la intensidad con que "nosotros" los estemos atacando o planeemos hacerlo. Su estatus puede cambiar con mucha rapidez, de conformidad con estos lineamientos. Por consiguiente el gobierno actual y sus mentores inmediatos apreciaban mucho a Saddam Hussein y lo ayudaban cuando nada más gaseaba kurdos, torturaba disidentes y aplastaba una rebelión chiíta que pudo haberlo derrocado en 1991, por su contribución a la "estabilidad" -palabra en clave con que nos referimos a "nuestra" dominación- y su utilidad a los exportadores estadunidenses, según se declaraba con franqueza. Pero esos mismos crímenes se volvieron la prueba de su maldad absoluta cuando llegó el momento apropiado para que "nosotros", portando con orgullo el estandarte de Dios, invadiéramos Irak e instaláramos lo que será llamado "democracia" si obedece órdenes y contribuye a la "estabilidad".
Los principios son simples, y fáciles de recordar para hacer carrera en círculos respetables. La notable consistencia en su aplicación se ha documentado con amplitud. Lo anterior es de esperarse en estados totalitarios y dictaduras militares, pero es un fenómeno mucho más instructivo en sociedades libres, donde uno no puede con seriedad alegar el miedo como circunstancia atenuante.
La muerte de Arafat ofrece otro de una inmensa lista de estudios de caso. Me limitaré al New York Times (NYT), el periódico más importante del mundo, y al Boston Globe, que tal vez más que otros es el periódico local de la elite educada liberal.
El artículo de opinión de la primera plana del NYT (12 de noviembre) comienza presentando a Arafat como "a un tiempo el símbolo de la esperanza palestina de un Estado independiente viable y el principal obstáculo a su realización". Explica en seguida que jamás fue capaz de alcanzar las alturas del presidente egipcio Anuar Sadat, quien "recuperó el Sinaí mediante un tratado de paz con Israel" porque tuvo la capacidad de "apelar a los israelíes y referirse a sus temores y esperanzas" (cita de Shlomo Avineri, filósofo israelí y ex funcionario del gobierno, en la nota de seguimiento del 13 de noviembre).
Uno puede pensar en obstáculos más graves a la realización de un Estado palestino, pero están excluidos de los principios rectores, como lo está la verdad sobre Sadat, que por lo menos Avineri sin duda conoce.
Recordemos algunos por nuestra cuenta. Desde que el tema de los derechos nacionales palestinos a un Estado formal llegaron a la agenda de la diplomacia, a mediados del decenio de 1970, "el primer obstáculo a su realización" ha sido, de manera inequívoca, el gobierno estadunidense, y el NYT tiene buenos merecimientos para reclamar el segundo lugar de la lista. Eso ha sido evidente desde enero de 1976, cuando Siria presentó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU en que se pedía una solución de dos estados. La propuesta incorporaba la redacción crucial de la resolución 242 del organismo mundial, que según consenso es el documento básico. Concedía a Israel los derechos de cualquier Estado en el sistema internacional, al lado de un Estado palestino en los territorios conquistados por Tel Aviv en 1967. La resolución, que contaba con el respaldo de los principales estados árabes, fue vetada por Washington.
La OLP condenó "la tiranía del veto". Hubo algunas abstenciones por minucias técnicas. En ese tiempo un acuerdo de dos estados en esos términos había obtenido amplio respaldo internacional, bloqueado sólo por Estados Unidos (y rechazado por Israel).
Así continuaron las cosas, no sólo en el Consejo de Seguridad, sino también en la Asamblea General, que aprobó resoluciones similares, por lo regular con votaciones por el estilo de 150-2 (a veces Estados Unidos escogía algún estado cliente). Washington bloqueó también iniciativas similares de estados europeos y árabes.
Entre tanto, el NYT rehusó -ésa es la palabra exacta- publicar el hecho de que durante el decenio de 1980 Arafat convocaba a negociaciones que Israel rechazaba. La principal corriente periodística israelí encabezaba sus notas con el rechazo de Shimon Peres a los llamados de Arafat a negociaciones directas, sobre la base de su doctrina de que la OLP de Arafat "no puede ser parte en las negociaciones". Y poco después el corresponsal del NYT en Jerusalén, Thomas Friedman, ganador del Premio Pulitzer, quien sin duda podía leer la prensa en hebreo, escribía artículos en los que lamentaba la intranquilidad de las fuerzas policiales israelíes por "la ausencia de cualquier parte negociadora", en tanto Peres deploraba la falta de "un movimiento de paz entre el pueblo árabe (como el) que tenemos entre los judíos", y explicaba de nuevo que la OLP no participaría en las negociaciones "en tanto permanezca como organización de pistoleros y se niegue a negociar". Todo esto luego de una oferta más de Arafat para negociar sobre la cual el NYT rehusó informar, y casi tres años después del rechazo del gobierno israelí a la oferta de Arafat de una negociación que condujera a un reconocimiento mutuo. A Peres, entre tanto, se le describe como adscrito al "sano pragmatismo", por virtud de los principios rectores.
Las cosas cambiaron en realidad en el decenio de 1990, cuando el gobierno de Clinton declaró "obsoletas y anacrónicas" todas las resoluciones de la ONU y elaboró su propia política de rechazo. Washington sigue solo en su bloqueo a un acuerdo diplomático. Un importante ejemplo reciente fue la presentación de los acuerdos de Ginebra en diciembre de 2002, apoyados por el usual consenso internacional, con la excepción de costumbre: "De manera conspicua, Estados Unidos no estaba entre los gobiernos que enviaron un mensaje de respaldo", informó el NYT en una crónica desdeñosa (2 de diciembre, 2002).
Se trata sólo de un pequeño fragmento de un historial diplomático que es tan consistente, y tan dramáticamente claro, que es imposible dejar de notarlo, a menos que uno se aferre a la historia creada por quienes son dueños de ella.
Vayamos a un segundo ejemplo: la apelación de Anuar Sadat a los israelíes, con la cual ganó el Sinaí en 1979, era una lección para el malvado Arafat. Recurriendo a una inaceptable interpretación de la historia, Sadat ofreció en febrero de 1971 un tratado integral de paz a Israel, de conformidad con la política oficial estadunidense de entonces -en especial el retiro de Israel del Sinaí-, sin apenas un gesto dirigido a los derechos palestinos. Jordania vino después con ofertas similares. Israel reconoció que podía tener paz total, pero el gobierno laborista de Golda Meir optó por rechazar las ofertas en aras de la expansión, en principio hacia el noreste del Sinaí, donde Israel empujaba a miles de beduinos hacia el desierto y destruía sus pueblos, mezquitas, cementerios y hogares con el fin de fundar la ciudad totalmente judía de Yamit.
La pregunta crucial, como siempre, era cómo reaccionaría Estados Unidos. Kissinger se impuso en un debate interno y Washington adoptó su política de "estancamiento": cero negociaciones, sólo fuerza. Continuó rechazando -o, lo que es más preciso, ignorando- los esfuerzos de Sadat por llevar adelante un curso diplomático, y respaldando la política de rechazo y expansión de Israel. Esa postura condujo a la guerra de 1973, en la que hubo una apretada victoria para Israel, y tal vez para el mundo: Estados Unidos lanzó una alerta nuclear.
Para entonces hasta Kissinger entendía que no se podía tratar a Egipto como desahuciado, y comenzó su "diplomacia de transbordador", que condujo a las reuniones de Campo David, en las cuales Israel y Estados Unidos aceptaron la oferta de Sadat de 1971, pero ahora en términos mucho más severos, desde el punto de vista estadunidense-israelí. Para entonces el consenso internacional había venido a reconocer los derechos nacionales palestinos y, en consecuencia, Sadat llamó a fundar un Estado palestino, anatema para Estados Unidos e Israel.
En la historia oficial ajustada por sus propietarios, y repetida por los artículos de opinión en los medios, estos sucesos son un "triunfo diplomático" de Estados Unidos y una prueba de que, si tan sólo los árabes fueran capaces de unirse a "nosotros" en preferir la paz y la diplomacia, podrían lograr sus metas.
En la historia real, el triunfo fue una catástrofe, y los hechos demostraron que Estados Unidos sólo estaba dispuesto a acceder a la violencia. El rechazo estadunidense de la diplomacia condujo a una guerra terrible y sumamente peligrosa y a muchos años de sufrimiento, cuyos amargos efectos persisten hasta hoy.
En sus memorias, el general Shlomo Gazit, comandante militar de los territorios ocupados de 1967 a 1974, observa que al negarse a considerar propuestas presentadas por el ejército y la inteligencia para instaurar alguna forma de autogobierno en los territorios, o incluso limitada actividad política, y al insistir en "sustanciales cambios fronterizos", el gobierno laborista apoyado por Washington carga con una significativa responsabilidad por el posterior surgimiento del movimiento fanático de colonización Gush Emunim, y por la resistencia palestina que se desarrolló muchos años después en la primera intifada, después de años de brutalidad y terrorismo de Estado, y el constante despojo de valiosas tierras y recursos palestinos.
El extenso obituario de Arafat que escribe la especialista del Times en Medio Oriente, Judith Miller (11 de noviembre), sigue el mismo tenor del artículo de primera plana. Según su versión, "hasta 1988 (Arafat) rechazó en repetidas ocasiones reconocer a Israel, insistiendo en la lucha armada y las campañas de terror. Optó por la diplomacia sólo después de su respaldo al presidente Saddam Hussein durante la guerra del golfo Pérsico de 1991". Miller presenta una versión precisa de la historia oficial. En la historia real Arafat ofreció en repetidas ocasiones negociaciones conducentes al reconocimiento mutuo, en tanto Israel -en particular los mansos "pragmáticos"- rehusó de plano, con el respaldo de Washington. En 1989, la coalición gobernante israelí (Shamir-Peres) se aseguró el consenso político sobre su plan de paz. El primer principio era que no podía haber "un Estado palestino adicional" entre Jordania e Israel, puesto que Palestina ya era "un Estado palestino". El segundo era que el destino de los territorios se fijaría "de acuerdo con los lineamientos básicos del gobierno (israelí)". El plan fue aceptado sin calificación por Estados Unidos, y se convirtió en el "plan Baker" (diciembre de 1989). Totalmente al contrario de lo relatado por Miller y de la historia oficial, sólo después de la guerra del Golfo Washington estuvo dispuesto a considerar negociaciones, reconociendo que estaba ahora en posición de imponer su solución en forma unilateral.
Estados Unidos convocó a la conferencia de Madrid (con participación de Rusia como hoja de parra). En efecto, ésta condujo a negociaciones con una auténtica delegación palestina, encabezada por Haidar Abdul Shafi, honesto nacionalista que es probablemente el líder más respetado en los territorios ocupados. Pero las pláticas se estancaron porque Abdul Shafi rechazó la insistencia israelí, apoyada por Washington, en continuar adosándose partes valiosas de los territorios con programas de asentamiento e infraestructura, todos ilegales, según reconoció incluso la justicia estadunidense, única disidente en el reciente veredicto de la Corte Mundial que condenó el muro con que Tel Aviv ha dividido Cisjordania. Los "palestinos de Túnez", encabezados por Arafat, soslayaron a los negociadores palestinos y realizaron un trato separado, los "acuerdos de Oslo", celebrado con grandes fanfarrias en la Casa Blanca en septiembre de 2003.
Desde el principio fue evidente que se trataba de una rendición. La sola Declaración de Principios señalaba que el resultado final tendría que basarse exclusivamente en la resolución 242 de la ONU (1967), excluyendo el tema central de la diplomacia desde mediados del decenio de 1970: los derechos nacionales palestinos y un acuerdo de dos estados. La 242 define el resultado final porque nada dice de los derechos palestinos, excluye las resoluciones de la ONU que reconocen los derechos de los palestinos junto con los de Israel, de acuerdo con el consenso internacional que ha sido bloqueado por Estados Unidos desde que tomó forma, a mediados del decenio de 1970. La redacción de los acuerdos dejaba en claro que había un mandato para continuar los programas de asentamientos israelíes, cosa que los gobernantes de Tel Aviv (Yitzhak Rabin y Shimon Peres) no se afanaron en ocultar. Por esa razón, Abdul Shafi se negó incluso a asistir a las ceremonias.
El papel de Arafat sería servir de policía de Israel en los territorios, como Rabin dejó en claro. Mientras cumpliese esa tarea, sería un "pragmático" a quien Estados Unidos e Israel apoyarían sin prestar atención a la corrupción, la violencia y la represión. Sólo después de que ya no pudo mantener bajo control a la población, mientras Israel se adueñaba de más y más de sus tierras y recursos, se volvió un archivillano que obstruía el camino hacia la paz: la acostumbrada transición.
Así continuaron las cosas durante el decenio de 1990. En 1998 los objetivos de las palomas israelíes fueron explicados en un estudio académico de Shlomo ben-Ami, quien pronto llegaría a ser el principal negociador de Barak en Campo David: el "proceso de paz de Oslo" conduciría a una "permanente dependencia neocolonial" de los territorios ocupados, con alguna forma de autonomía local.
Entre tanto, la colonización e integración de los territorios siguió adelante con firmeza, con pleno apoyo estadunidense. Alcanzó su punto más alto en el año final del gobierno de Clinton (y de Barak) y minó así las esperanzas de un arreglo diplomático.
Volviendo a Miller, ella se apega a la versión oficial de que "en noviembre de 1998, después de considerable presión estadunidense, la OLP aceptó la resolución de Naciones Unidas que demandaba el reconocimiento de Israel y la renuncia al terrorismo". La historia verdadera es que hacia noviembre de 1988 Washington era objeto de escarnio internacional por su negativa a "ver" que Arafat demandaba un acuerdo diplomático. El gobierno de Reagan accedió de mala gana a reconocer verdad tan obvia, y tuvo que recurrir a otros medios para obstruir la democracia. Entró en negociaciones de bajo nivel con la OLP, pero, como aseguró el primer ministro Rabin a la organización Paz Ahora en 1989, eran insignificantes, y tenían el único fin de dar más tiempo a Israel para ejercer "dura presión militar y económica", así que "al final se romperán" y se tendrían que aceptar los términos israelíes.
Miller prosigue la narración en la misma vena, la cual conduce a la denuncia típica: en Campo David, Arafat "se retiró" de la magnánima oferta de paz de Clinton-Barak, e incluso después se negó a secundar a Barak en aceptar los "parámetros" fijados por Clinton en diciembre de 2000, lo cual es prueba concluyente de que insiste en la violencia, deprimente noticia a la cual los estados amantes de la paz, Estados Unidos e Israel, deben hacer frente de algún modo.
Volviendo a la historia real, las propuestas de Campo David dividían Cisjordania en cantones virtualmente separados, y de ninguna forma podían ser aceptadas por ningún líder palestino. Eso era evidente con sólo mirar los mapas que se podían encontrar con facilidad, pero no en el NYT ni al parecer en ningún lugar de la corriente periodística dominante, tal vez por esa razón.
Luego del colapso de esas negociaciones, Clinton reconoció que las reservas de Arafat eran sensatas, según demostraron los famosos "parámetros", los cuales, aunque vagos, se acercaban mucho más a un posible acuerdo, lo cual iba contra la historia oficial, pero se trataba de lógica simple, y ésta es inaceptable como historia. Clinton dio su propia versión de los "parámetros" en una conferencia ante el Foro de Política Israelí realizado el 7 de enero de 2001: "Tanto el primer ministro Barak como el presidente Arafat han aceptado ahora estos parámetros como base de esfuerzos posteriores. Los dos han expresado algunas reservas".
Uno puede aprender esto de fuentes tan oscuras como la prestigiada revista internacional Security (otoño de 2003), publicada por Harvard y el MIT, junto con la conclusión de que "el recuento palestino de las pláticas de paz de 2000-01 es significativamente más preciso que el israelí", es decir, el de Estados Unidos y el NYT.
Después de eso, las negociaciones palestino-israelíes de alto nivel procedieron a considerar los parámetros de Clinton como "la base para esfuerzos posteriores", y dejaron sus "reservas" para reuniones que se realizaron en Taba en enero siguiente. Dichas pláticas produjeron un acuerdo tentativo, que atendía algunas de las preocupaciones palestinas, lo cual una vez más contrarió la historia oficial.
Persistieron problemas, pero los acuerdos de Taba avanzaron mucho más hacia un posible acuerdo que cualquier cosa que las haya precedido. Las negociaciones fueron suspendidas por Barak, así que su posible resultado se ignora. Un informe detallado del enviado estadunidense Miguel Moratinos fue aceptado como preciso por ambas partes, y se le dio amplia difusión en Israel. Pero dudo que alguna vez haya sido mencionado aquí por la prensa dominante.
La versión de estos sucesos que da Miller en el NYT se basa en un libro muy elogiado de Dennis Ross, enviado de Clinton a Medio Oriente y negociador. Como todo periodista debería saber, cualquier fuente semejante es sumamente sospechosa, aunque sea por sus orígenes. E incluso una lectura por encima bastaría para demostrar que el relato de Ross es del todo indigno de confianza. Sus 800 páginas constan sobre todo de adulación hacia Clinton (y a sus propios esfuerzos), basadas en casi ningún dato verificable, más bien en "citas" de lo que asegura haber dicho y oído de los participantes, identificados por nombre de pila si son "buenos chicos". Apenas si se encuentra una palabra sobre lo que todo el tiempo había sido el meollo de la cuestión, de hecho desde 1971: los programas de asentamientos y desarrollo de infraestructura que se llevaban a cabo en los territorios ocupados, confiando en el apoyo económico, militar y diplomático de Estados Unidos, con el rápido agregado de Clinton.
Ross resolvió para sí el problema de Taba de manera muy simple: acabando su libro en el momento en que iban a comenzar las pláticas (lo cual le permite omitir la evaluación de Clinton, que fue citada con fidelidad unos días después). Así pudo evitar la probabilidad de que sus conclusiones primarias fueran refutadas al instante.
A Abdul Shafi se le menciona una vez, como de paso, en el libro de Ross. Naturalmente, pasa por alto la percepción de su amigo Shlomo ben-Ami sobre el proceso de Oslo, así como todos los elementos significativos de los acuerdos provisionales y de Campo David. No hay referencia a la negativa terminante de sus héroes, Rabin y Peres -más bien, "Yitzhak" y "Shimon"- a considerar siquiera un Estado palestino. De hecho, la primera alusión a esa posibilidad en Israel aparece durante el gobierno del "chico malo", el ultraderechista Benjamin Netanyahu. Su ministro de Información, al preguntársele sobre un Estado palestino, respondió que los palestinos podían llamar "Estado" a los cantones que les dejaron si así lo deseaban, o cualquier otro nombre que se les ocurriera, como "pollo frito".
Esto es sólo para empezar. El punto de vista de Ross es tan carente de apoyo independiente y tan radicalmente selectivo, que uno tiene que tragarse con un pesado grano de sal todo lo que afirma, desde los detalles específicos que con tanta meticulosidad consigna a la letra (tal vez con una grabadora oculta) hasta las conclusiones muy generales presentadas en forma muy doctoral, pero sin evidencia creíble.
Es de interés señalar que ésta es una reseña hecha como si ese libro fuera un recuento autorizado. En general, el libro vale casi nada, excepto para dar las percepciones de uno de los lados. Es difícil imaginar que un periodista no se dé cuenta de eso.
No carece de valor, en cambio, cierta evidencia crucial que escapa a la percepción. Por ejemplo, la evaluación de la inteligencia israelí durante esos años: entre ellos Amos Malka, cabeza de la inteligencia militar; el general Ami Ayalon, que dirigió los Servicios de Seguridad General (Shin Bet); Matti Steinberg, consejero especial del director del Shin Bet sobre asuntos palestinos, y el coronel Ephraim Lavie, responsable oficial de la división de investigación en la arena palestina. Según la forma en que Malka presenta el consenso, "la presunción era que Arafat prefiere un proceso diplomático, que hará todo lo que pueda para llevarlo a término, y que sólo si llega a un callejón sin salida adoptará un camino de violencia. Pero esta violencia estaría dirigida a sacarlo del callejón, movilizar presión internacional y ganar ese kilómetro extra".
Malka asegura también que estas evaluaciones de alto nivel fueron falsificadas en la forma en que se transmitieron a la dirigencia política y a otros interesados. Los reporteros estadunidenses podrían descubrirlas sin problemas en fuentes de fácil acceso, en inglés.
De poco sirve continuar con la versión de Miller o la de Ross. Acudamos al Boston Globe, en el extremo liberal. Sus editores (12 de noviembre) se adhieren al mismo principio fundamental del NYT (tal vez casi universal, sería interesante buscar excepciones). Estos editores sí reconocen que el fracaso en lograr el Estado palestino "no puede atribuirse sólo a Arafat. Los dirigentes israelíes... tuvieron su parte..." Impensable mencionar el papel decisivo de Estados Unidos.
El Globe también presentó un artículo de opinión en primera plana el 11 de noviembre. En su primer párrafo nos enteramos de que Arafat era "uno de un grupo icónico de carismáticos líderes autoritarios -desde Mao Zedong en China hasta Fidel Castro en Cuba o Saddam Hussein en Irak-, surgidos de los movimientos anticoloniales que se extendieron por el globo después de la Segunda Guerra Mundial".
Esta afirmación es interesante desde varios puntos de vista. El vínculo revela, una vez más, el obligatorio odio visceral hacia Castro. Ha habido pretextos cambiantes conforme varían las circunstancias, pero no información para cuestionar las conclusiones de la inteligencia estadunidense en los primeros días de los ataques terroristas y la guerra económica de Washington contra Cuba: el problema básico es su "exitoso desafío" a las políticas estadunidenses, que se remontan a la doctrina Monroe.
Sin embargo, existe un elemento de verdad en el retrato de Arafat que ofrece el artículo del Globe, como podría haberlo en una nota de primera plana durante las imperiales ceremonias fúnebres del semidivino Reagan, que lo describiera como uno de un grupo icónico de asesinos en masa -de Hitler a Idi Amin o Peres-, que mataban con displicencia y con el fuerte apoyo de los medios y los intelectuales. Los que no entiendan la analogía tendrán que aprender algo de historia.
Continuando con el informe del Globe, al hacer un recuento de los crímenes de Arafat, nos dice que ganó control del sur de Líbano y "lo utilizó para lanzar una corriente de ataques contra Israel, el cual respondió invadiendo Líbano (en junio de 1982). El propósito declarado de Tel Aviv era sacar a los palestinos de la zona fronteriza, pero, bajo el mando del entonces general y ministro de la Defensa Sharon, sus fuerzas prosiguieron hasta Beirut, donde permitió a los aliados milicianos cristianos perpetrar una notoria masacre de palestinos en el campo de refugiados de Sabra y Chatilla y enviar a Arafat y a la dirigencia palestina al exilio en Túnez.
Volviendo a la historia inaceptable, durante el año previo a la invasión israelí la OLP se adhirió a un acuerdo de paz promovido por Washington, mientras Israel lanzaba muchos ataques asesinos en el sur de Líbano, en un esfuerzo por provocar alguna reacción palestina que pudiera servir de pretexto para la invasión planeada. Cuando ninguna se materializó, inventaron un pretexto e invadieron, matando quizá a 20 mil palestinos y libaneses, gracias a los vetos de Washington a las resoluciones del Consejo de Seguridad que llamaban al cese del fuego y la retirada. La masacre de Sabra y Chatilla fue una nota al pie de página. El objetivo que con toda claridad expresaban los más altos funcionarios políticos y militares, y los académicos y analistas israelíes, era poner fin a las iniciativas cada vez más irritantes de Arafat para un acuerdo diplomático y asegurar el control de Tel Aviv sobre los territorios ocupados.
En todo el comentario sobre la muerte de Arafat aparecen similares distorsiones de hechos bien documentados, y han sido tan convencionales durante muchos años en los medios estadunidenses, que apenas se puede culpar a los reporteros por repetirlas, auque bastaría una mínima investigación para revelar la verdad.
También son instructivos ciertos elementos menores de los comentarios. Así, el artículo del Times nos dice que los probables sucesores de Arafat -los "moderados" preferidos por Washington- tienen algunos problemas: carecen de "credibilidad en la calle", frase convencional para describir la opinión pública en el mundo árabe, como cuando se nos informa de la "calle árabe". Si una figura política occidental tiene poco apoyo público, no decimos que le falta "credibilidad en la calle", y no hay reportes sobre la "calle" británica o estadunidense. La frase se reserva para las órdenes menores, irreflexivamente: no son personas, sino criaturas que habitan las "calles". Podemos agregar también que el líder político más popular en la "calle palestina", Marwan Barghouti, fue prudentemente encerrado por Israel, en forma permanente. Y que George Bush demostró su pasión por la democracia al secundar a su amigo Sharon -el "hombre de paz"- en llevar a la virtual prisión al único líder democráticamente electo del mundo árabe mientras respaldaba a Mahmoud Abbas, quien, según reconocía Washington, "carece de credibilidad en la calle". Todo esto podría decirnos algo sobre lo que la prensa liberal llama la "visión mesiánica" de Bush de llevar la democracia a Medio Oriente, si tan sólo los hechos y la lógica tuvieran alguna importancia.
El NYT publicó un artículo importante sobre la muerte de Arafat, escrito por el historiador Benny Morris. El ensayo merece estrecho análisis, pero aquí lo dejaré de lado, para conservar sólo su primer comentario, que captura el tono: Arafat, dice Morris, es un engañador que hablaba de paz y de poner fin a la ocupación, pero en realidad quería "redimir Palestina". Esto demuestra la irremediable naturaleza salvaje de Arafat.
En tal afirmación Morris revela su desprecio no sólo por Arafat (que es tan profundo), sino también por los lectores del NYT. En apariencia supone que no se darán cuenta de que toma de la ideología sionista esa frase terrible. El principio esencial de ésta durante más de un siglo ha sido "redimir la Tierra", principio que está detrás de lo que Morris reconoce como el concepto central del movimiento sionista: "transferir" a la población indígena, es decir, expulsarla, a fin de "redimir la Tierra" para sus verdaderos dueños. No parece haber necesidad de expresar las conclusiones.
Morris es identificado como académico israelí, autor del reciente libro The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited (Nueva ojeada al nacimiento del problema de los refugiados palestinos). Es cierto. También ha realizado el trabajo más extenso en los archivos israelíes, mostrando con considerable detalle el salvajismo de las operaciones israelíes de 1948-49, que condujeron a la "transferencia" de la vasta mayoría de la población de lo que llegó a ser Israel, incluida la porción del Estado palestino designado por la ONU que Israel arrebató, dividiéndola más o menos en partes iguales con su socio jordano.
Morris critica las atrocidades y la "limpieza étnica" (en términos más precisos, "purificación étnica")... porque no fue lo bastante lejos. El gran error de Ben-Gurion, siente Morris, tal vez "fatal", fue no haber "limpiado el país entero: toda la Tierra de Israel, hasta el río Jordán".
En justicia hacia Israel, la postura de Morris en la materia ha sido severamente condenada. En Israel. En Estados Unidos, en cambio, es la elección apropiada para elaborar el comentario principal sobre su odiado enemigo.

Publicado en: http://www.rodelu.net/chomsky/chomsky63.html
Traducción: Jorge Anaya
Original en inglés de: chomsky.info

martes, 12 de agosto de 2008

Evaluación del primer año del gobierno de Rafael Correa

Claroscuro de la revolución ciudadana
Evaluación del primer año del gobierno de Rafael Correa
René Báez*

Publicado en ALAI 2008-07-21

La evolución del continente al despuntar el siglo XXI continúa signada por la secular controversia entre el monroísmo/panamericanismo y el nacionalismo de raíz bolivariana, confrontación que salió a primer plano con los periplos paralelos por América Latina de George W. Bush y Hugo Chávez en marzo del 2007.
Ofensiva reciente del panamericanismo
La decadencia de los Estados Unidos, expresada en su derrota político/militar/ideológica en Medio Oriente y la aparatosa caída del dólar, no supone -conforme se lamentan sus panegiristas- el abandono de su geoestrategia en el hemisferio. Por el contrario, una constelación de nuevas acciones de Washington da cuenta de su tozuda vocación intervencionista: la Alianza de la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) orientada a remarcar la subordinación de México y Canadá, el plan de Bush para la anexión de Cuba, la concreción de TLCs con diversos países del área, las maniobras belicistas del Pentágono frente a las costas venezolanas, la adscripción de nuestro vecino norteño al Plan Puebla Panamá, el sostenido respaldo de la Casa Blanca a la fementida cruzada contra el “narcoterrorismo” centrada en el Plan Colombia, la progresiva instrumentación del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sud América)...El convenio bioenergético para la producción y comercialización del etanol suscrito entre Bush y el ex izquierdista Lula da Silva busca reforzar la penetración de Wall Street al sur del Río Grande, afianzar el proceso de reprimarización de la economía latinoamericana (la vieja/nueva división internacional del trabajo) con el previsible efecto de destrucción de la Amazonía y bloquear a los proyectos de integración de signo defensivo como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).Dialéctica de la dominación, dialéctica de la resistencia. Se alude, en concreto, a acontecimientos recientes ocurridos en el área andina.Del lado del panamericanismo y la dominación, la reelección con el respaldo de las genocidas AUC de Álvaro Uribe en Colombia y la elección del aprista Alan García en el Perú con el voto de la derecha coaligada, así como la aprobación por el Congreso estadounidense del TLC acordado entre Washington y Lima. Del lado de la resistencia, los avances en un proceso no carente de conflictos de la Revolución Bolivariana en Venezuela con la confirmación para un tercer período de Hugo Chávez, los difíciles logros de la política nacionalista de Evo Morales en Bolivia (defensa del Estado unitario, recuperación de las riquezas naturales de manos de corporaciones transnacionales, lanzamiento de la reforma agraria), así como el triunfo del “outsider” Rafael Correa en las presidenciales ecuatorianas del 2006, victoria refrendada en el plebiscito de abril del 2007 cuando se dirimió la convocatoria a una Asamblea Constituyente y, en septiembre de ese mismo año, cuando el oficialista Alianza País arrasó en la votación para elegir asambleístas.
Correa y la prueba de la práctica
Correa es un economista de extracción pequeñoburguesa que se define como izquierdista moderno, antineoliberal y nacionalista/bolivariano/alfarista.Como se recordará, Chávez y Morales flanquearon al líder de Alianza País, el 14 de enero del 2007, en su asunción simbólica del mando presidencial cumplida en Zumbahua, una olvidada aldea de la provincia de Cotopaxi, donde el actual inquilino de Carondelet cumplió un voluntariado en los años 80. Según un reporte de ese episodio: “Los yachaks –sabios indígenas- le cubrieron con sus cintas proyectándolo a los cuatro puntos cardinales. Agitaron en su cuerpo las hierbas sagradas y soplaron el aguardiente que limpia el aura del elegido entre los sahumerios de las maderas y especias. Fue conducido por un yachak, quien lo obligó a dejarse guiar. Recibió el bastón de mando, el poncho y una bufanda blanca. Ungieron su coronilla con agua de su cerro y su laguna, que hasta ahora no han sido privatizadas...” (Altercom: 17 de enero del 2007)En la ocasión, Correa Delgado reiteró su convicción de que también en estas tierras ecuatoriales “empieza a surgir la democracia digna y socialista del siglo XXI”. Al día siguiente, al asumir la Magistratura en forma oficial, refrendó su promesa de campaña de presidir una revolución ciudadana y emprender en vastas transformaciones en las esferas política, ética, económica, educación/salud y relaciones internacionales, en función de construir una país soberano y sepultar la dogmática neoliberal.La alegría, el optimismo y una recuperada autoestima se extendieron entre vastos contingentes sociales, especialmente entre los jóvenes, no obstante la molestia que provocara la nominación de un gabinete con predominio de figuras identificadas como defensoras del carcomido establecimiento.En nuestro estudio “Ecuador: ¿Cómo superar el fundamentalismo liberal?”(1), apuntábamos que tales desafíos comportan obrar con firmeza en dos ámbitos íntimamente relacionados. De un lado, emprender en acciones orientadas a defender y recuperar la soberanía, y por otro, instrumentar cambios para sustituir el patrón monopólico y rentista de acumulación impuesto por el capital financiero internacional en connivencia con grupos plutocráticos nativos (la denominada “partidocracia”).A continuación se explora el desempeño gubernamental especialmente en la primera de esas esferas.
La Base de Manta y las relaciones frente al eje Washington-Bogotá
El fin de la Guerra Fría determinó que la Casa Blanca rediseñara su estrategia hemisférica sustituyendo la “lucha contra el comunismo” por la “guerra contra las drogas”, ampliada después del 11-S con la divisa del combate al “terrorismo internacional”, para, de este modo, dar continuidad a la “criminalización” de las sociedades periféricas como medio de legitimación de su sojuzgamiento.En lo que concierne a América Latina, la política exterior estadounidense, antes y después de la Guerra Fría, ha tenido como propósito medular asegurar el control y la explotación de los recursos naturales, mineros y energéticos del subcontinente por parte de las corporaciones yanquis. En la actualidad, ese móvil estratégico tiene -como insinuamos- su núcleo principal al Plan Colombia (2), en vías de complementación con el Plan Mérida acordado entre Bush Jr. y Felipe Calderón.En nuestro estudio “Ecuador escala la guerra colombiana”(3), apuntábamos que la inconstitucional cesión de la Base de Manta al Pentágono decidida por el demócrata cristiano Jamil Mahuad, en 1999, y la aprobación por el Congreso norteamericano, a mediados del 2000, de una gigantesca asignación presupuestaria para el Plan Colombia, financiamiento destinado marginalmente al Ecuador, involucraron abiertamente a nuestro país en la guerra civil que asuela a la hermana república desde hace medio siglo.En el marco de la administración correísta, y no obstante que el líder de la Revolución Ciudadana ha reiterado su compromiso de campaña de no renovar la concesión de la Base de Manta después del 2009 (“excepto que Estados Unidos admita la instalación de un fortín militar ecuatoriano en La Florida”), desinformaciones básicas respecto de los fines y medios de la política norteamericana han llevado a que el Ecuador persista en una diplomacia extraviada y reactiva frente al belicoso eje Washington-Bogotá. Así, voceros gubernamentales no pierden ocasión para formular autos de fe en la cruzada contra las drogas naturales, soslayando que la misma no es sino una coartada de Washington y Wall Street para lograr réditos políticos y económicos de una guerra que gobiernos clientelares y los uniformados bajo sus órdenes libran contra sus propios pueblos.Lo anterior explica que frente a las recurrentes provocaciones del títere Álvaro Uribe, Carondelet haya seguido una línea zigzagueante. Si bien se ha resistido a catalogar a las FARC como “grupo terrorista”, oponiéndose a las presiones del Palacio de Nariño; en cambio, ante las sanguinarias incursiones del Ejército “paisa” en territorio nacional para perseguir y ajusticiar a guerrilleros izquierdistas e incluso a inermes compatriotas, o a los incumplimientos por parte del vecino norteño de compromisos bilaterales en materia de las fumigaciones aéreas fronterizas con glifosato (operativos de terrorismo de Estado ejecutados por mercenarios de la DynCorp), la respuesta de la ex canciller María Fernanda Espinosa se limitaran a inocuas notas de protesta (algunas de ellas ni siquiera respondidas por Bogotá), a lastimeros pedidos de indemnización económica para los campesinos afectados y a anuncios -hasta ahora incumplidos- de llevar la querella a la Corte Internacional de la Haya… Amén de la preparación de un nuevo Plan Ecuador –el primero de ellos fue mentalizado por el socialcristiano Heinz Moeller en tiempos del gobierno de los hermanos Noboa Bejarano- bajo la inocente expectativa de captar mayores asignaciones estadounidenses para financiar el combate al comercio de las drogas psicoactivas vernáculas y a la captura de desesperados migrantes.
Petróleo: ¿La Patria ya es de PETROBRAS?
La política petrolera del régimen de Correa se ha desenvuelto bajo una tónica fluctuante entre el nacionalismo/bolivarianismo y la subalternidad a intereses consustanciales a las transnacionales petroleras. Mientras, por un lado, han resultado plausibles los acuerdos suscritos con Venezuela, incluido el protocolo firmado en agosto del 2007 entre Hugo Chávez y Correa y por el cual PDVSA financiaría la construcción de una refinería de crudo en Jaramijó (Manabí), así como las iniciativas ambientalistas del ex ministro de Energía Alberto Acosta, el incremento del 50 al 99 por ciento en la participación del Estado en las ganancias extraordinarias de la las compañías extranjeras y la reafiliación del Ecuador a la emblemática OPEP; por otro lado, decisiones más recientes del Ejecutivo han puesto en entredicho la línea nacionalista y la integración energética latinoamericana.Inicialmente, al interior del gobierno pugnaron dos posiciones: la de Acosta, que, coincidente con uno de los pilares de la revolución ciudadana, priorizaba la preservación del medio ambiente, y la del ahora ex presidente de PETROECUADOR, Carlos Pareja Yannuzzelli, favorable a la entrega de ricos yacimientos orientales a un consorcio integrado por SINOPEC (China), ENAP (Chile) y PETROBRAS. En un reportaje sobre “La guerra entre Acosta y Pareja” (4) se apuntaba que una de las principales discrepancias entre los dos funcionarios radicaba en que “la cartera de Energía ve el riesgo de que el crudo del ITT (de realizarse la concesión al citado consorcio) termine saliendo por el eje Manta-Manaos a Brasil o China, antes de ser procesado en Ecuador”, lo cual, sumado a la inclinación de Carondelet a inscribir al país en el “modelo de los biocombustibles” -necrocombustibles, según Frei Betto- que vienen impulsando Washington y Brasilia –aliados competidores en la dominación de Sudamérica (5)-, profundizaría nuestra inveterada condición de economía primario-exportadora, soporte último de la racionalidad del neoliberalismo. Enfrentado a ese dilema, Correa resolverá deshacerse de Acosta, acción interpretada desde la izquierda como una victoria de las mafias petroleras extranjeras y criollas afines a PETROBRAS. Con la designación para la cartera de Energía del abogado petrolero Galo Chiriboga, denunciado por sus nexos con la indonesa PERTAMINA y con la china Andes Petroleum, y el otorgamiento, el pasado octubre, de la licencia ambiental a la referida transnacional brasileña, por parte de la ministra Ana Albán, para que inicie la explotación del Bloque 31, contiguo al ITT (Ishpingo, Tambococha, Tipituni)) –Bloque 18-, considerado como la mayor reserva de crudos pesados del país, Carondelet estaría soldando lazos de subalternidad con Brasilia. Y mediante la oferta de pozos en explotación de PETROECUADOR a la tristemente célebre Halliburton, no solamente que estaría pautando la privatización/liquidación de la estatal ecuatoriana, sino buscando congraciarse con la petrolera administración de la Casa Blanca. Episodios dignos de constar en La historia universal de la infamia, de Jorge Luis Borges, jalonan este extraño nacionalismo de la revolución ciudadana.El libro colectivo Ecuador: peaje global. ¿De la hegemonía de USA a la hegemonía de Brasil?(6) describe algunos antecedentes y sórdidos entretelones del affaire PETROBRAS. En él, Fernando Villavicencio, uno de los coautores del libro, escribe: “Un acontecimiento que sacudió el escenario económico y político ecuatoriano en los últimos años fue la caducidad del contrato de la compañía Occidental (OXY), que de carambola echó al basurero el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Descontando la legalidad y el acierto soberano en la salida de la OXY, es necesario preguntarse a quién más benefició o quién pretende beneficiarse de la salida de la petrolera gringa? Podría echar luces sobre el tema de la estrategia de Brasil en Ecuador el análisis de la enorme presión (ejercida por Brasilia) para mantener y ampliar su presencia en bloques petroleros, en particular en zonas de alta concentración de biodiversidad, como el Parque Nacional Yasuní, donde se ubica el proyecto más grande de crudos pesados de Ecuador (ITT), el Bloque 31, el propio Bloque 15 recuperado de manos de la OXY...” (7). Más adelante apunta: “Si la economía dominante está (actualmente) en los países del Pacífico, el objetivo es construir corredores de salida, uno de los cuales ... y que le permitirá a Brasil contar con un gran puerto en el Océano Pacífico es el Eje Multimodal Manta-Manaos-Belem, que le garantizaría a la burguesía brasileña poder llegar hasta el Puerto de Manta, para avanzar a una posición dominante en el subcontinente... Entre los objetivos estratégicos del régimen de Lula da Silva... se contempla (gigantes) proyectos de inversión de PETROBRAS...”. (8)
Más adelante explica:
“PETROBRAS... desembarcó en Ecuador el año 2002, sin haber ganado ninguna licitación pública, sino a través de una ilegal compra de derechos que la argentina Pérez Companc tenía en los bloques 18 y 31 de la Amazonía ecuatoriana y generando un cuadro de corrupción sin precedentes en la historia petrolera nacional, como se desprende del Informe de la Comisión Especial creada por el ministro Alberto Acosta..., documento que concluye recomendando al gobierno de Rafael Correa la caducidad del contrato del Bloque 18 y la reversión al Estado del Campo Palo Azul (Palo Rojo)”. (9) “Del Informe se desprende además que: ‘El Bloque 18 cuenta con 2.28 millones de barriles de reservas probadas y una producción promedio día de 170 barriles, mientras el campo denominado Palo Azul (Palo Rojo) de PETROECUADOR registra 100 millones de barriles de reservas probadas y una producción promedio de 40.000 barriles de petróleo por día’, es decir, el Bloque 18 nunca fue ni es comercial, sino que a través de un fraude técnico y al margen de la Ley varias autoridades de PETROECUADOR, del ministerio de Energía y representantes de la compañía anexaron el campo Palo Rojo de PETROECUADOR al bloque 18, sin ser unificado, llamándolo Palo Azul”. (10)Conforme al propio Villavicencio, en la galería de responsables de la ilegal cesión de derechos y de la declaratoria de común del Campo Palo Azul deberían constar al menos los siguientes personajes: Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez, Pablo Terán Ribadeneira, Samia Peñaherrera Solah, Rodolfo Barniol, Rosendo Santos, Carlos Quiroz, Kléber Peláez, Galo Román, Galo Balda, Francisco Silva, Fernando Lozada, Luis Ayala, Genaro Peña, Galo Carrillo, Patricio Sáenz, Stalin Salgado, Miguel Montalvo, Fernando Robalino, Carlos Pareja Yannuzzelli, Galo Chiriboga, José María Borja, Ítalo Cedeño, José Páez, Gonzalo González Galarza... (11)A modo de conclusión anota: “La salida de Occidental del Bloque 15 dejó abierta la trocha a PETROBRAS, no solo para el control del ITT, sino incluso para llevarse la operación del Bloque 15, administrado deliberadamente fuera de PETROECUADOR bajo la figura tramposa de Administración Temporal, para luego de resuelta la demanda de la OXY en el CIADI, integrarlo a la operación del ITT y del Bloque 31 como un megaproyecto. Todas las fichas encajan en este rompecabezas, hasta la designación de Wilson Pástor como gerente del Bloque 15, un ferviente defensor e impulsor de PETROBRAS en Ecuador...” (12)En este marco, la autorización ambiental a PETROBRAS provista por la censurada ministra Albán apareció como la guinda en el pastel.Los entretelones del affaire Halliburton aún permanecen en las sombras, aunque, al respecto, resulta altamente sintomática el respaldo público de la embajadora estadounidense Linda Jewell a la gestión correísta.Casi huelga señalar que la sinuosa política petrolera de Carondelet tiene ya correlatos tan deplorables como la salvaje represión a los pobladores de Dayuma a fines del 2007 y el virtual fracaso de la campaña de preservación ambiental y energética publicitada por Correa Delgado incluso en el seno de la Asamblea General de la ONU.
Minería: retorno a los tiempos del colonialismo hispano
Pese a la explotación histórica, Ecuador tiene enterradas en sus entrañas reservas de cobre, oro y plata avaluadas en la bicoca de 143 mil millones de dólares.La política minera del régimen de Alianza País se ha desenvuelto, asimismo, bajo el signo de una creciente debilidad. El hecho es que las recurrentes e iracundas movilizaciones protagonizadas por pobladores de distintas provincias, especialmente sureñas, han desnudado un pavoroso cuadro de extrañamiento de recursos del subsuelo y depredación humana y ambiental, panorama que ha hecho rememorar los tiempos de la conquista y colonización europeas hace medio milenio.Según se conoce ahora, los gobiernos de la última década han suscrito 4.112 concesiones mineras que abarcan 2.8 millones de hectáreas para extraer los metales arriba citados. Entre las firmas que operan en el país se cuentan las canadienses Ascendat Cooper, Conerstone, I Am Gold, Aurelian Resourses y Dinasty Metal, y la estadounidense Lowell. Conforme a los dirigentes de las revueltas, las riquezas minerales han sido festinadas sin siquiera consultar a las comunidades directamente afectadas, conforme exige la Ley. Si bien esta deprimente realidad es imputable esencialmente a gobiernos anteriores, la administración de Correa aparece dispuesta a proseguir por la misma ruta entreguista de sus predecesores. En efecto, abocado a la iracundia social y a las demandas para se expulse a las transnacionales y se estatice su producción, la respuesta del oficialismo continúa siendo la represión, cuando no vagas ofertas de revisión de contratos o penosas declaraciones de impotencia frente a los inversionistas foráneos.En una nota periodística titulada “Correa abre una puerta a la minería” se puede leer: “Durante la última cadena radial de los sábados, (el presidente) dijo que en el país si se puede hacer actividades mineras ‘siempre y cuando cumplan con los adecuados controles y las consultas a la comunidad sobre los beneficios que conlleva la explotación minera’. Minería sí, pero con los adecuados controles, con adecuadas consultas a la comunidad, respetando a la comunidad, al medio ambiente y al Estado”. (13). Conforme a la misma fuente, César Espinosa, presidente de la Cámara Nacional de Minería, habría acotado que “las empresas mineras afincadas en el país cumplen con esos parámetros”. (14)¿Será que los pobladores rurales ecuatorianos han perdido el sentido de la realidad?
Extraña postura frente al TLC del mar
Los reclamos diplomáticas frente a los intentos de Washington y Lima por vulnerar la soberanía marítima nacional a propósito de las maniobras UNITAS cumplida a comienzos del 2006, ha tenido como contrapartida una extraña –por decir lo menos- postura de Carondelet de cara a la CONVEMAR (Convención del Mar), instrumento jurídico aprobado en Montego Bay (Jamaica, 1982) que se encuentra vigente desde 1994. Este Tratado, promovido por las grandes potencias, cuenta actualmente con la adhesión de 150 países, la mayoría de ellos beneficiarios de la ampliación a 12 millas de su mar territorial.¿Por qué resulta cuestionable la posición del gobierno de cara a esta sensible cuestión?Concretamente, debido a la campaña impulsada por el propio Correa, la ex canciller Espinosa, la ex titular de Defensa Lorena Escudero y la cúpula militar en orden a persuadir al Congreso y ulteriormente a la Asamblea Constituyente para que ratifiquen la adhesión del país a ese instrumento colonialista. Igual postura ha mantenido en esta materia la nueva ministra de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador.¿Qué es lo que oculta el elegante nombre CONVEMAR?. En una carta que Marcelo Larrea, ex candidato bolivariano a la presidencia, le remitiera al titular del Ejecutivo el pasado mayo, puede leerse: “... el mar territorial de nuestro país es cuatro veces superior al territorio continental, tiene hoy una dimensión de 1’095.445 km2, pero si llegase a suscribir la CONVEMAR, por ese solo hecho, el Ecuador perderá su soberanía territorial marina sobre 1’029.718 km2. Este sería el resultado de renunciar a nuestros legales y legítimos derechos sobre las 200 millas de mar territorial y subordinarnos a un instrumento internacional diseñado entre otros objetivos... para arrebatar a nuestra nación su mar geológico e histórico con sus riquezas, y con ellas, el derecho inalienable a su supervivencia”. (15) Más adelante apunta: “En ese camino se ha pretendido vender la idea de que la figura jurídica de la Zona Económica Exclusiva es equivalente casi totalmente al concepto de mar territorial y que, en consecuencia, suscribiendo la CONVEMAR, el Ecuador tendría 12 millas de mar territorial y 188 de Zona Exclusiva. Como es obvio... el cambio de palabras no es gratuito, revela las argucias de la diplomacia colonial para forzarnos a renunciar a nuestros legítimos derechos... (No) existe sustento jurídico alguno para que el Ecuador por sí y ante sí, renuncie al ejercicio de su soberanía territorial sobre 200 millas de mar y se someta a la CONVEMAR, cuyo objetivo esencial es la transnacionalización y privatización de los mares del planeta... Las llamadas ventajas de la suscripción de la CONVEMAR, expuestas en la página web de la Comisión Nacional sobre Derecho de Mar, me han recordado con dolor las crónicas de los canjes de oro con espejos”. (16) En otro pasaje, la misiva cuestiona la curiosa percepción del problema por parte del mandatario Correa: “He leído en la página A2 de la edición del 22 de mayo de 2007, del diario El Tiempo, de Cuenca, declaraciones atribuidas a usted, transcritas textualmente de la siguiente forma: ‘Manifestó que no es negociable la soberanía marítima, y destacó que pidió al Congreso Nacional la aprobación para la adhesión del Ecuador Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, CONVEMAR. Indicó que dicho tratado regula todas las actividades humanas en el mar, entre las que se incluyen la explotación de recursos vivos y no vivos y, las investigaciones científicas en beneficio de la humanidad’”. (17) (Subrayados R.B.). Una opinión similar la expresó el comandante de la Marina, para quien la firma de la CONVEMAR no comporta ningún cambio respecto del actual status territorial marítimo, ya que supondría únicamente la sustitución de la palabra “autorización” por la palabra “notificación”, en cuanto concierne al requisito que deberían cumplir las naves militares o comerciales que busquen ingresar al mar territorial ecuatoriano. De Ripley.
¿Se proyectarán estas chapucerías jurídicas a la Asamblea Constituyente?
Entre la integración y el “libre comercio”
La suspensión de las negociación del TLC con Estados Unidos el 2006, bajo presión de las aguerridas protestas campesino-indígenas contra el régimen de Alfredo Palacio, hicieron que el lema “No al TLC recolonizador” fuera asumido también por Correa-candidato. De otro lado, los referidos acuerdos de Correa-presidente firmados para materializar la integración energética con la Venezuela bolivariana, así como el respaldo de Quito al proyectado Banco del Sur, parecían colocar al Ecuador en la ruta del ALBA, un proyecto de integración-integradora al cual han adherido, aparte de la nación llanera, Bolivia, Cuba y Nicaragua, y que ha sido diseñado para neutralizar en alguna medida el sistemático socavamiento de la soberanía de nuestros países impuesto por las metrópolis y su lógica mercantil.A últimas fechas, Rafael Correa ha reiterado que “el TLC con Estados Unidos está más hundido que el Titanic” y que no “implorará la ampliación del ATPDEA”.Semejantes definiciones, sin embargo, se han visto desdibujadas por acciones como la entusiasta aproximación del régimen correísta a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) neoliberal, presidida actualmente por el “paraco” Uribe, y recientemente tonificada en esa postura con la incorporación del Chile de la “socialista” Bachelet, y el inicio por parte de la citada Comunidad de negociaciones con la Unión Europea para llegar a un Acuerdo de Asociación que, según coinciden diversos analistas, tendría similares consecuencias recolonizadoras que los TLCs ofertados por Washington. ¿Será que la Revolución Ciudadana desconoce que los núcleos centrales del capitalismo, esgrimiendo el señuelo del “libre comercio”, coordinan esfuerzos para potenciar su capacidad de extorsionar y depredar a las zonas pauperizadas del planeta? ¿A qué esquema unionista respaldará la inminente Asamblea Constituyente ecuatoriana? ¿Al que lidera el bolivariano/latinoamericanista Hugo Chávez o al de corte recolonizador que promueven figuras como Lula y Calderón siguiendo la partitura de la Casa Blanca?
¿Cambio de modelo económico o fuga hacia delante?
La recuperación real de la autodeterminación económica supone avanzar en la desconexión de la globalización corporativa (18); este proceso solo puede sustentarse en una economía relativamente autocentrada y regulada. De ahí que, al menos en el caso ecuatoriano, un modelo propiamente alternativo al neoliberal-aperturista predominante en las últimas tres décadas únicamente podría emerger de insustituibles vectores nacionalistas y latinoamericanistas. En la línea de desmontar el modelo neoliberal/monetarista en la variante esquizofrénica vigente en nuestro medio (Estado del bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres), el régimen de Correa, en su primer año de gestión, ha emprendido en algunas iniciativas cuestionadoras del establecimiento, como el referido repudio al TLC con Estados Unidos, la ruptura nominal con el tutelaje del FMI a partir del pago de un saldo pendiente con ese organismo y la no utilización de algunos créditos otorgados por el Banco Mundial, el incremento del gasto fiscal en educación y salud, el alza de los aranceles para unas 800 partidas arancelarias y la elevación del 50 al 99 por ciento de la participación estatal en los beneficios extras de las petroleras extranjeras. No obstante, la tónica predominante de las medidas correístas luce más bien asistencialista y clientelar: el incremento del “bono de la pobreza” y del subsidio para la vivienda, los microcréditos aprobados para distintos segmentos poblacionales, el incremento de sueldos a los militares, la “tarifa de la dignidad” en el consumo de energía eléctrica para las familias de bajos ingresos. O administrativas, como el diferimiento de plazos a los deudores del Banco de Fomento; la intervención en algunos nidos de corrupción de los “pelucones” nobles y plebeyos (CATEG, PACIFICTEL, ANDINATEL, ELEVAL, Aduanas); la refiscalización de poderosos grupos empresariales, entre otras.Ambos órdenes de medidas están lejos de conformar una ruta sólida para superar al establecimiento neoliberal. Más allá de la Agenda Económica y el Plan de Desarrollo 2007-2010 preparados por el Ejecutivo, con sus contenidos de inspiración desarrollista/intervencionista, decisiones en vitales áreas como la agrícola, la petrolera y la minera llevan a pensar que el clasemediero régimen de Alianza País, más que por un genuino cambio de modelo económico estaría apostando a corto plazo a la reactivación productiva y la redistribución de ingresos mediante la utilización, frecuentemente dispendiosa, de los ingresos provenientes de una sostenida alza de la cotización internacional del crudo –el precio del barril de petróleo ecuatoriano ha llegado a superar los 100 dólares en los últimos meses- y de las abultadas remesas de los emigrados –estimadas en unos 3 mil millones de dólares para el 2007. A mediano plazo, el propósito no sería otro que fundar el crecimiento en los ingresos que generaría el impulso a producciones primarias (caña de azúcar, palma africana) requeridas por Estados Unidos y Europa para impulsar la producción industrial de biocombustibles. Es decir, por la vía de una refrendada adscripción del país a la vieja/nueva división internacional del trabajo tan cara al capital financiero internacional; lo cual significaría, por un lado, diferir para las calendas griegas la reforma agraria y la soberanía alimentaria, y por otro, que la proterva racionalidad del capital metropolitano de convertir los desastres que provoca en jugosas oportunidades de negocios, se afiance en estas latitudes.. Todo esto explicaría que la banca usuraria se mantenga intocada, a la espera de “soluciones de mercado” para reducir las tasas de interés. O que el planteo inicial de “renegociación soberana” de la deuda externa-interna haya devenido en la tesis de la “renegociación amistosa”, y, ulteriormente, en la teoría del “reacomodo financiero” del presupuesto ejecutada por el ministros de Economía Ricardo Patiño y por su sucesor Fausto Ortiz.
*René Báez.
Miembro de la International Writers Association
Marzo/2008
Notas.-
(2) En un artículo recientemente publicado por la prestigiosa Foreign Police titulado “The Global War en Drugs Can Be Won”, Ethan Nadelmann desnuda los cinco mitos con que actualmente la Casa Blanca busca sustentar su cruzada antidrogas. Tales mitos son: “1) Podemos reducir la demanda de drogas, 2) La solución es reducir la oferta de drogas, 3) La política antidrogas de USA es la del mundo, 4) Hay que impedir la producción de opio en Afganistán y 5) Nunca habrá legalización”. Cf. Gustavo Pérez Ramírez, “¿Se puede ganar la guerra contra las drogas?” (www.gustavoperez ramirez.blogspot.com/index.html ).
(4) Rev. Vanguardia, no. 82, 17-23 de abril del 2007.
(5) La contradictoria unidad entre el imperio estadounidense y el subimperio brasileño se puede inferir de informaciones como las siguientes: “El hindú Rajendra Pachauri... es una persona agradecida. En cuanto recibió el Premio Nobel de la Paz, junto con Al Gore, pagó su deuda con el imperialismo occidental sugiriendo la expropiación de la Amazonía: ‘No voy a opinar sobre lo que debe hacer el gobierno brasileño, pero las selvas como el Amazonas son las mayores fuentes naturales para la captación del carbono. En el futuro debemos tener políticas claras y un acuerdo internacional para garantizar que la protección forestal aumente en el mundo... La reacción de la élite brasileña a la creciente presión de desbrasileñizar la Amazonía ha sido diversa. En el campo político, la famosa diplomacia de Itamaraty se ha quedado dormida, al igual que la de Venezuela, permitiendo, por ejemplo, que la Organización del Tratado de la Amazonía (OTCA) –bajo la conducción de la funcionaria Rosalía Arteaga, nombrada por Lucio Gutiérrez- abriera las puertas del ‘oro verde’ al imperialismo europeo (España, Alemania, Francia) y estadounidense”. Heinz Dieterich, “Nobel de la Paz pide expropiación de la Amazonía”, artículo puesto en circulación por el Bloque Regional de Poder Popular, el día 17 de octubre del 2007.
(6) Napoleón Saltos et al , PH Ediciones, Quito, 2007.
(7) Ibid., pp. 31 y 32.
(8) Ibid., p.32.
(9) Ibid., 43.
(10) Ibid., 44.
(11) Ibid., 51 y 52.
(12) Ibid., 39
(13) La Hora, 30 de octubre del 2007.
(14) Ibid.
(15) Documento inédito.
(16) Ibid.
(17) Ibid.
(18) Según Wim Dierckxsens: “La lucha social por una alternativa supone la desconexión del proceso de globalización (corporativa). La desconexión del proceso de globalización es una condición necesaria para recuperar la soberanía en todos los sentidos: económico, político, social, cultural, etc. El proceso de globalización niega dicha soberanía y promueve más bien la progresiva anexión de los países periféricos en general y de América Latina en particular en beneficio cada vez más exclusivo de unas cuantas empresas ligadas al capital financiero internacional. Esta desconexión, planteada, por ejemplo, en el ALBA, tiene mejores perspectivas conforme se acentúa la crisis del neoliberalismo en general y con una crisis cada vez más profunda de la hegemonía norteamericana en particular, condiciones que se cumplen hoy en día de manera cada vez más clara” (“El proceso de desconexión y la transición”, ALAI, 12 de junio del 2006)

A proposito de la Consulta

lunes, 11 de agosto de 2008

Entre gallos y media noche

Entre gallos y media noche

Mario Melo*

El proceso constituyente ecuatoriano convocó a muchos sectores. No fueron solamente los Asambleístas quienes intervinieron en la elaboración de la nueva Carta Fundamental, sino infinidad de actores políticos, sectores sociales, gremios, grupos de presión, que cabildeando, participando en foros, visitando las mesas, presentando documentos, pronunciándose por los medios, fueron aportando en un debate que nunca fue fácil y que a ratos incluso tomó tintes dramáticos.El resultado de un proceso que, con altibajos, era una expresión de democracia abierta e incluyente, se concretaba en un articulado cuya construcción implicaba largas y complejas discusiones en las mesas constituyentes, luego un debate público en el pleno de la Asamblea para receptar comentarios y aportes de los asambleístas más un segundo debate público que culminaba con la votación del articulado.
La decisión política de no ampliar el plazo de la Asamblea para aprobar el proyecto de Constitución llevó, primero a la salida de Alberto Acosta de la presidencia de la Asamblea y luego a una atropellada carrera contra el tiempo para aprobar el texto dentro de dicho plazo. Fernando Cordero como nuevo presidente de la Asamblea demostró, desde un principio, que estaba dispuesto a todo con tal de cumplir la agenda establecida.
En la larga noche entre el 18 y el 19 de julio de 2008 se terminó de votar el articulado pendiente y se despacharon las reconsideraciones extraordinarias solicitadas de conformidad con al artículo 56 del Reglamento de la Asamblea, por los asambleístas y las fundadas en las propuestas alternativas que la Comisión de Redacción había hecho para corregir omisiones y contradicciones conceptuales, y que según afirma esta Comisión en su Informe Definitivo había presentado la misma madrugada del 19. Con esas aprobaciones el proyecto de Constitución quedaba completo.
La Comisión de Redacción, de acuerdo al artículo 47 del mismo Reglamento, debía elaborar el texto final que debía ser puesto a consideración del Pleno con cinco días de anticipación para ser aprobado, sin previo debate, con los votos de la mayoría absoluta de los asambleístas. Lo que se puso en consideración de los Asambleístas y de la ciudadanía en general a través de la página web de la Asamblea el 21 de julio de 2008, fue el texto completo del articulado aprobado por el pleno entre el 18 y el 19 de julio.
El texto final elaborado por la Comisión de Redacción solo fue entregado, junto con su Informe Definitivo, el 24 de julio, el mismo día en que el Pleno de la Asamblea lo votó. Es decir que los asambleístas no tuvieron el tiempo mínimo para que al menos den lectura al texto sobre el que iban a votar.Este retraso en la entrega del texto final no debía haber provocado mayor problema, pues una vez que el articulado había sido aprobado el 19 incluidas las observaciones de fondo de la Comisión, lo que se esperaba era que del texto del 19 al texto del 24 hayan contados cambios de ortografía y sintaxis. La verdad no es esa. En el texto del 24 hay importantes modificaciones que no aparecen fundamentadas en ningún debate dado en el Pleno de la Asamblea, ni en ninguna parte del Informe Definitivo que la Comisión de Redacción entregó al Presidente de la Asamblea el 24 de julio.Así por ejemplo: en el artículo 73 del texto del proyecto constitucional aprobado el 19 de julio y que aparecía en la web de la Asamblea el 21 de julio se puede leer: “La naturaleza tiene derecho a la restauración integral.” En el artículo 72 del texto del proyecto constitucional votado sin debate el 24 de julio aparece: “La naturaleza tiene derecho a la restauración.” Alguien dirá “se comieron una palabrita”, yo digo: mutilaron un derecho.
Otro ejemplo: el artículo 58 del texto del 19 de julio dice, refiriéndose a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario: “El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de genocidio y etnocidio.” En el texto aprobado el 24 la última frase dice: “La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.” No se puede negar que en temas trascendentes como éstos las opiniones pueden ser diversas. Se podría sostener que una reparación integral de la naturaleza dañada es imposible o que el genocidio es un crimen con una estricta tipificación en el derecho penal internacional que no siempre se cumpliría en relación a las violaciones de los derechos de estos pueblos. Nosotros sostenemos que la reparación in integrum del daño a la Naturaleza y la criminalización internacional de las acciones y omisiones que lleven a la desaparición de los pueblos ocultos del Yasuní son imperativos éticos del Ecuador de hoy. El punto, sin embargo, no es ese.
Lo que preocupa es que la voluntad de aquellos a quienes dimos un mandato para que en nuestro nombre discutan y aprueben una Carta Magna parece haber sido torcida, manipulada, en éstos y quizá en decenas de otros temas por manos anónimas que responden a quién sabe qué intereses.Estos cambios, si hubieren sido fruto de un debate abierto y transparente entre las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, siendo retrocesos serían aceptables en el juego de la democracia. Pero como fueron fruto de una manipulación hecha literalmente “entre gallos y media noche” parece que por una corte de aduladores que no medían las consecuencias de sus actos para agradar a su patrón, resultan indignantes.No sabemos quién hizo los cambios. La Fiscalía debería investigarlo para establecer responsabilidades penales incluso, si como dice la prensa hubo funcionarios del gobierno o asesores nacionales o extranjeros que, más allá de sus atribuciones, metieron mano a los textos.
Resulta evidente, sin embargo, que cuando se pidió hacerse a un lado a Alberto Acosta se buscaba no un Presidente de la Asamblea más ágil sino uno más dócil. Fernando Cordero debería asumir su responsabilidad y dar clara y puntual respuesta al país, señalando paso a paso, nombre a nombre, artículo por artículo, cómo se llegó del proyecto del 19 al proyecto del 24 sin pasar por el Pleno.Sin embargo, y con todo eso, el proyecto de Constitución de 2008 es superior a la Constitución de 1998 que hoy nos rige. Hay avances importantes sobre los que es necesario detenerse a reflexionar. Por el momento y siguiendo con los ejemplos a los que nos hemos referido antes, que la Naturaleza tenga derechos es un avance capital, aún cuando una mano fantasmal se los haya recortado o que los pueblos indígenas aislados, de quienes no se dice una palabra en la Constitución del 98, sean protegidos en la nueva Constitución es muy importante, aunque a alguien a quien no le convenía que se agraven las responsabilidades de quienes debiendo hacer algo no hacen nada por proteger sus vidas haya pretendido, eliminando la palabra genocidio, aligerar sus culpas.
Por ello es más doloroso aún que las manipulaciones que pudo haber sufrido el texto del proyecto en las críticas horas transcurridas entre el 19 y el 24 de julio le hagan perder legitimidad frente a la ciudadanía. Si a la hora del referéndum la votación se inclina por el NO, los sectores sociales perderán la oportunidad de contar con una Constitución que, con todas sus limitaciones, contiene una serie de herramientas de derecho útiles para enfrentar la prepotencia de los poderosos, fortalecer canales de participación social y proteger a la naturaleza.Si gana el NO, la culpa no será de la derecha, de los pelucones, de la prensa, de las iglesias, de los indios, de los ecologistas infantiles, de las gorditas horrorosas, de las majaderas, de los infiltrados. La culpa será sencillamente de quienes habiendo asumido la propuesta de la Constituyente, la llevaron adelante hasta aprobar un texto, que sin ser de consenso era legítimo, pero no tuvieron la grandeza necesaria para respetar su contenido hasta el final.
07 de agosto de 2008

Mario Melo, es abogado ecuatoriano

jueves, 7 de agosto de 2008

¿Cómo salir del laberinto neoliberal?

Emir Sader*
Carta Maior- Publicado en SINPERMISO


El neoliberalismo es un laberinto. Cruzado el umbral de sus corredores, no se sale de ellos. Las alternativas se presentan dentro del propio laberinto. ¿Tasas de interés menores? ¿Superávit fiscal menor? ¿Desvalorización del real [la moneda brasileña]? Todos son objetivos – por meritorios que sean – internos al modelo, al laberinto.
¿Cómo se sale de un laberinto? Por arriba. Escapando a la retícula de sus corredores, redefiniendo el sentido de las políticas públicas.
En nuestro caso, retomar el desarrollo económico y social como norte fundamental del gobierno, en función del cual tienen que redefinir su papel las otras políticas del gobierno.
Significa tener una política monetaria subordinada a ese objetivo estratégico y, por lo tanto, poner fin a la independencia real que asumió el Banco Central. Significa definir metas sociales, con acompañamiento regular de una comisión con participación de los movimiento sociales, para controlar los pasos del gobierno y contribuir a su realización.
Asimismo, para salir del laberinto, es preciso retomar por lo menos dos temas, hasta aquí desconocidos o subestimados: el tema del Estado y el del imperialismo. Retomar el tema del Estado es redefinir su función inductora de las políticas de gobierno, explícitamente, no para fortalecer su aparato en sí mismo, sino para fortalecer la dimensión pública del Estado.
Probablemente será necesaria una nueva Asamblea Constituyente, que refunde el Estado brasileño, desmercantilizándolo y redefiniéndolo en torno a la esfera pública y los intereses de la mayoría de la población, para lo cual será indispensable introducir en la Constitución la cuestión del Presupuesto Participativo.
El otro tema es el de la hegemonía imperial en el mundo, con todas sus dimensiones: dominación económica, tecnológica, política, militar, cultural. De la misma forma que tenemos que salir de la dominación del reino del dinero, zafándonos del modelo neoliberal, tenemos que trabajar activamente – comenzando a fortalecer los procesos de integración regional—, aunque también trabajar, dentro y fuera de Brasil, en la lucha contra la hegemonía imperial.
Asumir que el imperialismo es el elemento más determinante en el mundo contemporáneo, que sin esa comprensión no se pueden comprender los temas fundamentales del mundo, de América Latina y del Brasil, y actuar en esa dirección.
De seguir esa dirección, podemos empezar a decir que rompemos con el neoliberalismo y con su lógica mercantil e imperial.

*Emir Sader es Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, Profesor de la Universidade de São Paulo (USP) y de la Universidade do Estado do Río de Janeiro (UERJ), es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la UERJ

Kinross, la real politik y la Asamblea Constituyente

Editorial para Radio Visión 91.7 FM Quito-Ecuador


Pablo Dávalos*

Sincronía de hechos que revela el sentido de la política: el 24 de julio, el mismo día en el que concluía sus labores la Asamblea Constituyente Ecuatoriana, la empresa Kinross Gold Corporation hacía pública su opción amistosa de compra del 100% de las acciones de Aurelian Ressources Inc., por 1.200 millones de dólares. Se trata, a no dudarlo, de una operación financiera importante, sobre todo para Aurelian, que por la información oficial de esta empresa, como únicos activos solamente posee 95.000 hectáreas de concesión, en la zona de la cordillera del Cóndor, provincia de Zamora.

Es una aparente paradoja, por cuanto existe un mandato minero aprobado por la Asamblea Constituyente que extinguió las concesiones mineras, y, al mismo tiempo, aún no ha sido ratificado el nuevo texto Constitucional, que propone un conjunto de derechos que supuestamente acotarían a la industria minera. En un escenario de supuesta incertidumbre política e institucional, la decisión de realizar una operación por 1.2 millardos de dólares, el mismo día en el que se terminó la redacción del texto Constitucional, quizá sea un albur, a condición de que Kinross posea información que los ecuatorianos no tenemos.

En el documento de acuerdo entre estas dos empresas existe, al efecto, un texto revelador: “Kinross y Aurelian son del criterio de que las recientes iniciativas realizadas por el gobierno ecuatoriano, incluidas las declaraciones públicas del Presidente Correa y del Ministro de Minas y Petróleo, indican que el Ecuador está abierto, de una forma creciente, a la minería responsable”. De otra parte, la decisión de Kinross fue realizada con la asesoría de consultorios jurídicos y bancas de inversión como Scotia Capital Inc., Rothschild Inc., CIBC World Markets Inc., y el estudio jurídico ecuatoriano, Pérez, Bustamante & Ponce. Es decir, Kinross, en efecto, tiene más información que muchos de los ecuatorianos que ahora debatimos el proyecto Constitucional.

En un ambiente saturado por el conflicto político a propósito del nuevo texto Constitucional, en el que a los nuevos actores en disputa se suma la Iglesia Católica ecuatoriana, es revelador el hecho de que la real politik sigue otros caminos que el debate público. La decisión de Kinross demuestra que el gobierno de Correa ha tomado ya las decisiones fundamentales con respecto al país, independientemente del nuevo texto Constitucional. Entre esas decisiones constan la entrega del territorio nacional a las empresas mineras, el compromiso por desarrollar la industria de los biocombustibles (y en la cual existe, al parecer, una gran expectativa de inversión del grupo NOBIS, grupo financiero muy vinculado al gobierno de Rafael Correa), la privatización territorial contenida en los megaproyectos de infraestructura del IIRSA (como el eje Manta-Manaos), etc.

Quizá sea por ello que, conjuntamente con la real politik de subastar la soberanía nacional, en un contexto en el que, irónicamente, se ha hecho del conflicto con Colombia una cuestión más personal que política, sea correlativo el atemorizamiento de la población que resiste a las mineras, a las hidroeléctricas, a las petroquímicas, a los biocombustibles, a los ejes multimodales, realizada por la Fiscalía del Estado ecuatoriano, que no duda un instante en criminalizar la protesta social, como fue el paradigmático caso de Dayuma, o como lo revela el reciente caso de la persecución política a Esther Landeta, lidereza social de las comunidades de Tenguel, en lucha en contra de las mineras del sector. En ese sentido, la Constituyente ecuatoriana parece ser más un simulacro de la política inscrita en la lógica del Gatopardo. Las decisiones fundamentales, aquellas que nos atañen y nos definen a futuro, ya han sido tomadas y sin siquiera habernos enterado.


Pablo Dávalos, economista, analista político y profesor universitario ecuatoriano.