Ecuador
Memoria del “crack” financiero
-Especial para la Agencia Latinoamericana de Información-
René Báez
International Writers Association
El segundo quinquenio de los 90 estuvo signado para la economía internacional por la denominada crisis asiática, inaugurada en l997 con el derrumbe del bath tailandés, a la cual siguieron las tormentas financieras en Rusia y Brasil, así como una agudización de la situación en la vecina Colombia.
No obstante su condición de eslabón perdido en la cadena del capitalismo mundial, el Ecuador resintió esas conmociones por la vía del deterioro de sus exportaciones primarias (petróleo, banano, camarón, flores) y de la contracción de los flujos de inversión fresca externa. La asfixia fiscal no se hizo esperar, agudizada por las protuberancias del servicio de la deuda y por los coletazos de la corriente de El Niño que, entre l997 y l998, arruinaron la agricultura y la infraestructura de la Costa.
Este orden de factores –desarreglos externos y fiscales- galvanizaron una situación recesiva que no tardaría en proyectarse al sector financiero, que hasta entonces había sido el principal beneficiario de un modelo económico especulativo exacerbado por las reformas liberales y aperturistas del gobierno de Sixto Durán y el “mago” Alberto Dahik. En esencia, tal modelo consistía en privilegiar al capital financiero sobre el capital productivo y en fomentar el ingreso de capitales externos cortoplacistas –golondrinas- garantizándoles altas tasas de interés.
Cuando Mahuad juró la presidencia con su recordado discurso cosmogónico (agosto de l998), el terreno de las finanzas estaba minado, tanto por las tendencias económicas descritas como por los recurrentes prácticas permisivas e inmorales de la mayoría de entidades bancarias. Apenas dos semanas después de la posesión del mandatario demócrata cristiano, el ministro de Finanzas, Fidel Jaramillo, anunció la liquidación del Banco de Préstamos. En noviembre del referido año y a pesar de un “jumbo” e ilegal préstamo de salvataje por 760 millones de dólares otorgado por el Banco Central, se derrumbó La Filantrópica (Grupo Isaías), supuestamente la institución financiera más poderosa del país.
El liberalismo esquizofrénico de Mahuad –Estado del Bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres- terminó por desnudar y agudizar el descalabro económico-financiero que había incubado en el Ecuador el libreto del Consenso de Washington. Presionado por la vieja oligarquía, el gobierno mahuadista hizo aprobar por el Congreso, a fines del 98, la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), un instrumento de proteccionismo estatal a la bancocracia. Igualmente, respaldó un proyecto de ley, promovido por el diputado socialcristiano Jaime Nebot Saadi, que sustituyó el Impuesto a la Renta por el Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC). La entrada en vigor de esta última legislación resultó en el detonante de la hecatombe financiera ecuatoriana, ya que para eludir el nuevo tributo los banqueros y financistas nativos y extranjeros intensificaron sus operativos de descapitalización del país. Similar efecto tuvo la desaprensiva decisión de disponer –siguiendo la recomendación del FMI- la flotación del tipo de cambio. Solamente entre enero y febrero de l999 se estima habrían fugado 2 mil millones de dólares, un equivalente a la mitad de las exportaciones anuales del Ecuador. Por su lado, el servicio de la deuda extenuaba el presupuesto estatal (a comienzos de ese año aproximadamente el 80 ciento de los ingresos ordinarios del Fisco se destinaban al pago de ese tributo imperial compartido con conocidos “buitres” criollos que hasta ahora permanecen intocados).
En este contexto, el colapso de la economía ecuatoriana se tornó inminente y llegó en marzo de l999.
La primera y simbólica víctima del “crack” fue la moneda nacional. Entre el l y el 5 de ese mes, la memorable Semana Negra, el sucre se desplomó desde una relación de 7 mil por dólar hasta los surrealistas niveles de l7 y l8 mil. A propósito de evitar nuevas “corridas” de depósitos y proteger a las entidades con problemas de liquidez –particularmente al Banco del Progreso (Grupo Aspiazu)-, Mahuad decretó un feriado bancario que se extendió entre el 8 y el l2 de marzo. La reapertura del sistema se decidió simultáneamente a un congelamiento de la gran masa de depósitos e inversiones del público, unos 4 mil millones de dólares. El “corralito” ecuatoriano perjudicó directa e inmediatamente a dos millones de personas, pese a lo cual la mayoría de entidades financieras terminaron desmoronándose. A la emblemática quiebra del Banco del Progreso, en abril del 99, siguieron el Banco Popular, Pacífico, La Previsora, Azuay, etc. La debacle bancaria se cerró con la estatización reaccionaria del 70 por ciento del sistema financiero y con la fuga a Miami de los principales actores y responsables.
El “crack” financiero de fines del siglo pasado, prefigurado por quiebras como la de la Cooperativa San Francisco, tuvo corolarios de inmensa trascendencia. Aparte de la “socialización de las pérdidas” en un monto que actualmente se estima en 8 mil millones de dólares, el derrumbe de bancos y financieras debilitó a las finanzas públicas al punto que, en septiembre del 99, Mahuad se vio forzado a declarar la moratoria de la deuda Brady (aproximadamente unos 6.000 millones de dólares) y abdicar de la soberanía monetaria mediante la inconstitucional dolarización dispuesta el 9 de enero del 2000, medida que nos convirtió en opaca estrella de Washington y Wall Street.
La espectacular decisión del ahora prófugo Mahuad derivó en vastas movilizaciones de inspiración nacionalista y popular, comandadas por la CONAIE, que lo desalojaron de Carondelet pocos días después mediante acciones bautizadas por los shamanes como la Revolución del Arco Iris.
Cuando una colosal crisis financiera incubada por el capitalismo estadounidense planea sobre el planeta entero, acaso convenga subrayar que, con la dolarización, el país quedó “enconsertado” a un tipo de cambio ultrafijo, un esquema monetario que el gobierno de Rafael Correa buscaría preservar fomentando no precisamente el Socialismo del Siglo XXI (y, en rigor, ningún tipo de socialismo), sino más bien el colonialismo del siglo XVI que implantara en estas tierras la Corona española. Pruebas al canto.
La privatización manu militari de PETROECUADOR y el festín de contratos petroleros; la apología oficial de la minería a cielo abierto; la teatral defensa de la biodiversidad del ITT; la entusiasta adhesión gubernamental a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de Sud América (Correa acaba de firmar con la “subimperialista” la construcción del eje multimodal Manta-Manaos); la incorporación a la recientemente refrendada Constitución montecristense de las autonomías y descentralizaciones de inspiración bancomundialista; la alineación de Quito con Bogotá y Lima, en el seno de la CAN, para viabilizar la negociación andina de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (distanciándose definitivamente del ALBA y abandonando a su suerte a la Bolivia de Evo Morales); la consagración de la “educación de mercado” como guía obligatoria para los centros superiores, mediante la inclusión del Proyecto Tunning en la referida Carta Política, y, en fin, la puesta en vigor con recursos y asesoría norteamericana del llamado Plan Libertador, un programa diseñado para espiar las actividades de los disidentes reales o potenciales de la globalización corporativa.
Esta constelación de acciones y orientaciones de la autodenominada Revolución Ciudadana constituyen, a nuestro juicio, pruebas contundentes de la actual vocación de la cúpula de Alianza País por un modelo económico/social/político regresivo y represivo.
¡Cuánto desearíamos estar equivocados!
(Oct.3/2008)
lunes, 6 de octubre de 2008
Ecuador: las fronteras del cambio
Ecuador: las fronteras del cambio
Quito, octubre de 2008
wnsaltosg@yahoo.es
Lo más difícil reside en distinguir entre lo que es simplemente la continuación de patrones cíclicos del viejo sistema y lo que es nuevo de verdad. Y esto se vuelve complicado por el hecho de que una de las características de nuestro actual sistema-mundo es su ideología de la novedad,… celebra cualquier vaivén del mundo real como algo “nuevo” y en consecuencia como algo “maravilloso” o “terrible”. Debemos conservar cierta sangre fría en nuestra evaluación.
Inmanuel Wallerstein[1]
Nueva Constitución y consulta
Los resultados de la consulta del 28 de septiembre sobre la nueva Constitución confirman que la energía social de cambio continúa vigente en el país; y trazan los alineamientos de las fuerzas.
Se presentan tres proyectos: el 64% de respaldo al SI ratifica al proyecto de Alianza País como el predominante; con dos complementos: una reducción del 18% respecto al respaldo a la convocatoria de la Constituyente en abril, y el surgimiento de una corriente del “sí crítico”, con búsquedas de independencia ante el Gobierno de Correa. El 28% del NO marca una parcial recuperación de la derecha, encabezada por el Alcalde Jaime Nebot en Guayaquil y por Lucio Gutiérrez en poblaciones periféricas, como en la provincia del Napo, y sustentada en la campaña de la Jerarquía de la Iglesia Católica y de los sectores fundamentalistas de las iglesias evangélicas.
El resultado más importante es el surgimiento de una corriente de izquierda y de los movimientos sociales que busca recuperar su proyecto histórico, y que se alineó en torno al voto nulo (7%) y al “sí crítico”, sobre todo desde algunos sectores del movimiento indígena.[2]
Con la consulta se cierra una fase basada en la crítica “negativa”, en la oposición a la derecha (pelucones, partidocracia), y se abre la expectativa de respuestas en positivo, de alternativas que muestren “soluciones” a los problemas vitales de la población y a las cuestiones estratégicas de la República.
El respaldo al régimen se fundamenta en dos líneas: un discurso, con marketing atosigante, de cambio asentado en acciones de “desenganche” de sectores vinculados al poder tradicional (la salida de la Base de Manta, el embargo de las propiedades de los Isaías, la expulsión de Odebrecht); y una política asistencialista masiva dirigida sobre todo a los sectores marginales. La pregunta para la nueva fase se centra en el carácter del “reenganche”, de las nuevas conexiones: la disyuntiva entre una salida popular o la vinculación a nuevos grupos de poder local y regional.
Tiempo de cambios
Los cambios sociales se construyen socialmente, con las angustias, las esperanzas y las luchas de la gente, pero para ello debe haber condiciones objetivas.
Vivimos un tiempo de cambios. Los signos de los tiempos muestran que el capitalismo global ha entrado en un período de crisis sistémica: “estamos ante un cambio de época”[3]
Sin embargo, el capitalismo no morirá de muerte natural. La visión, la voluntad, la decisión y la acción de los hombres y mujeres oprimidos y comprometidos con la liberación es la condición. “La crisis se puede ver como amenaza pero también como oportunidad de cambio profundo. Si bien una crisis económica no lleva necesariamente, por sí sola, a un proceso revolucionario, sí crea condiciones propicias para generar una conciencia revolucionaria y la acción para demandar un cambio drástico o estructural.”[4]
En nuestro país, desde inicios de los noventa se inicia un proceso ascendente de movilización social, y a mediados de los noventa entramos en un período de inestabilidad política que llega a niveles de crisis de hegemonía, afectando a los principios organizativos del Estado liberal y de la democracia representativa. El retorno de la cuestión indígena por la nueva presencia de los pueblos originarios en la década de los noventa, amplía las exigencias y posibilidades de cambio hasta el enfrentamiento a las herencias coloniales. Las luchas feministas y de género amplían el campo del cambio hasta la transformación del Estado y la sociedad asentadas en el dominio patriarcal.
Se abren las posibilidades de un proceso refundacional del Estado y la sociedad: la definición del sentido del cambio se convierte en el escenario de la lucha política. En esta perspectiva también confluyen los impactos de la crisis mundial y del reordenamiento del capitalismo global. Hay un consenso sobre el cambio, la cuestión es hacia dónde y con qué dirección.
El tiempo mundial
Dos procesos marcan el tiempo mundial contemporáneo: la confluencia de la crisis financiera, energética, bélica y alimentaria; y el reordenamiento del poder mundial.
En los últimos veinte años se ha sucedido la explosión de burbujas especulativas en la periferia. Ahora el hundimiento se ha producido en el centro y ha impactado a varios de los mayores grupos financieros mundiales: en junio del año pasado estalla la crisis hipotecaria en Estados Unidos, empieza a transformarse en crisis bancaria en agosto de 2007 y desemboca en un crac financiero en agosto y septiembre de 2008: Lehman Brothers, el cuarto banco de Estados Unidos se declara en quiebra; AIG, la mayor aseguradora financiera del mundo ha entrado en terapia intensiva; los bancos IndyMac y Washington Mutual entran en colapso. A pesar de las medidas de salvataje asumidas por los Estados – los bancos centrales están pasando de prestamistas de última instancia a acreedores de primera instancia –, la crisis se expande hacia Europa e incluso a Asia. Y la crisis financiera puede transformarse en crisis económica: en el tercer trimestre de este año, el índice Dow Jones acumuló una baja del 4,4%.
Una segunda característica del período actual es la convergencia “(d)el mayor globo financiero de la historia del capitalismo; … la crisis energética que está expresando el fin de la era del petróleo barato; … la declinación del Imperio (norteamericano) es no solo económica o institucional sino también militar, su complejo industrial-militar demuestra su incompetencia en el terreno concreto de la guerra, de manera directa en Irak y Afganistán e indirecta en la reciente invasión israelí al Líbano.”[5] Esta situación desemboca en la crisis alimentaria y los problemas del calentamiento global. Se trata de una crisis del capitalismo no sólo como sistema económico, sino también como visión civilizatoria y modo de vida.
Pero cuando el capitalismo entra en crisis no se queda a esperar que el tiempo pase. En medio de la crisis se opera un reordenamiento mundial. El primer factor es el debilitamiento económico-político del eje Norte-Sur y el estancamiento militar de Estados Unidos en Medio Oriente: a pesar el mito tecnológico-militar, la alianza USA-Gran Bretaña encuentra una fuerte resistencia tanto en Irak como en Afganistán; mientras se extiende el rechazo en otros países amenazados, especialmente Irán, y surgen fronteras de contención, como se observa en la respuesta de Rusia ante el conflicto con Georgia.
El segundo factor es el fortalecimiento de nuevos países – los BRICAS (Brasil, Rusia, India, China, África del Sur) – como nuevas potencias económicas, que, a su vez, buscan desarrollar su propia agenda político-económica; aunque no se alejan del sistema capitalista. El dominio unilateral de los años 90, bajo el poder norteamericano, ahora se desplaza a un funcionamiento multilateral.
El tercer factor es la emergencia de gobiernos con posiciones nacionalistas y de mayor independencia ante el dominio imperial. En particular, hay una modificación del mapa político de América Latina, como resultado de la resistencia de los movimientos sociales y de los pueblos del Continente.
El capitalismo, cuando agota una fase, se renueva y se desplaza a nuevas formas, sin abandonar su naturaleza básica, la acumulación de la riqueza, la explotación del trabajo y el dominio de los pueblos.
Cuando en torno a los años 70, se agotó el modelo fordista, asentado en la ampliación de las empresas productivas, saltó a su fase financiera, bajo la forma del neoliberalismo. Agotada esta etapa, ahora busca entrar en una nueva, con la retorno del Estado para el salvataje financiero y la privatización del gobierno, articulada a una nueva forma de capital estatal.
Los nuevos voceros del capital, Soros, Bill Gates, Stiglitz, recomiendan la renovación, la sociedad abierta, el capitalismo del siglo XXI: la transición de Bush a Obama o al menos a McCain.
El poder militar
El otro pivote del reordenamiento imperial es la reubicación del poder militar: “la mano invisible del mercado global nunca opera sin el puño invisible. Y el puño invisible que mantiene al mundo seguro para el florecimiento de las tecnologías del Silicon Valley se llama Ejército de Estados Unidos, Armada de Estados Unidos, Fuerza Aérea de Estados Unidos y Cuerpo de Marines de Estados Unidos (con la ayuda, incidentalmente, de instituciones globales como las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional.)”[6]
El empantanamiento militar en Medio Oriente y la crisis económica en el centro, habían abierto espacio a posiciones más autónomas en nuestro Continente: el fracaso del ALCA en el 2003 fue el punto de inflexión que ha llevado a una revisión de la estrategia imperialista.
Un paso clave es la reactivación de la IV Flota de la Armada, ordenada por el Departamento de Defensa en abril del 2008, inmediatamente después de los acontecimientos de Angostura. “Desactivada desde 1950, la IV Flota fue sacada de su letargo con el mandato específico de patrullar la región y monitorear los acontecimientos que se puedan producir en el vasto espacio conformado por América Latina y el Caribe. No sólo se trata de controlar el litoral marítimo en el Atlántico y el Pacífico sino que también -se deslizó con llamativa imprudencia- podría inclusive navegar por los caudalosos ríos interiores del continente con el propósito de perseguir narcotraficantes, atrapar terroristas y desarrollar acciones humanitarias que hubieran provocado la envidia de la madre Teresa de Calcuta. No hace falta ser demasiado perspicaz para caer en la cuenta que la penetración de la IV Flota por el Amazonas y su eventual estacionamiento en ese río le otorgaría un sólido respaldo militar a la pretensión norteamericana de convertir a esa región en un “patrimonio de la humanidad bajo supervisión de las Naciones Unidas.” Tampoco se requiere de demasiada imaginación para percatarse de lo que podría significar la navegación de la IV Flota por los grandes ríos sudamericanos (en soledad o con el auxilio de fuerzas locales aliadas al imperialismo) para maniatar y subyugar la que, en un trabajo reciente, Perry Anderson calificara como la región más rebelde y resistente al dominio neoliberal del planeta.”[7]
Con ello se completa el control establecido a través de la red de bases militares ubicadas en los puntos estratégicos del Continente, y de los planes Colombia y Puebla-Panamá. Pero hay una modificación clave: se trata ya no sólo de la guerra de posiciones, sino también de la constitución de fuerzas altamente móviles, dentro de la estrategia de guerra preventiva proclamada en la Doctrina de Seguridad Nacional de Bush.[8]
Sobre esta plataforma, el poder norteamericano busca un nuevo mapa político de la región: (i) conforma un eje alineado con Washington, encabezado por Uribe y Alan García; (ii) establece acuerdos con Brasil, que apunta a constituirse en poder ordenador regional; (iii) busca aislar al proceso bolivariano, encabezado por Chávez, y quebrar desde adentro, con estrategias separatistas, la experiencia boliviana; (iv) desarrolla políticas de neutralización y cooptación de las posibilidades de cambio en Ecuador, Uruguay y Argentina
La nueva fase en América Latina
En cada fase, se reordena no sólo el centro, sino también la periferia. En la fase fordista, en nuestros países florecieron los modelos cepalinos. En la etapa neoliberal, los gobernantes criollos aprendieron rápidamente las lecciones del FMI y del Banco Mundial y jugaron el papel de burguesías comisionistas (lobbystas) para participar en los beneficios de las privatizaciones de los recursos y las empresas públicas.
El caso extremo se presentó en Argentina, con el Gobierno de Menem: se privatizó todo, hasta las playas. Cumplida esta fase, los nuevos sectores empresariales buscaron cauces “democráticos” para desplazar a los antiguos sectores dominantes: el control del gobierno, bajo discurso de cambios y reformas, empieza a orientarse a la consolidación del poder de estos sectores emergentes.
La primera fase del neoliberalismo representa un proceso de reacumulación “originaria” de capitales en manos de nuevos sectores empresariales. Una historia marcada con sangre y corrupción: en los orígenes de los capitales encontramos la violencia y la expoliación.[9] En Argentina, Menem engendró a los Pescarmona y los Eurnekian. En México, Salinas de Gortari engendró a Carlos Slim, con la privatización de TELMEX. Después de posicionados en el poder, el olvido de los orígenes les convierte en los nuevos hombres honorables, de empresa.
Los signos de los tiempos actuales están en el paso de Menem a los Kirchner: los nuevos sectores empresariales bajo un discurso de nacionalización y reforma. El símbolo del nuevo tiempo es el poder de Carlos Slim, convertido en el hombre más rico del mundo, ahora en expansión global.
Las nuevas burguesías, durante su ascenso, se mueven en alianzas con actores sociales e impulsan programas de reformas parciales.
Para esta transferencia ya no opera el neoliberalismo bajo su primera versión en torno al Consenso de Washington; pues ya ha cumplido su función y se ha desacreditado. En el nuevo discurso oficial nadie quiere ser tildado de neoliberal: el FMI y el Banco Mundial encabezan las propuestas de revisión. Entramos en una fase superior: la privatización del Gobierno y de su gestión.
En este nuevo método operan tres ejes: el primero, la utilización de la cobertura estatal para la expansión de las empresas surgidas en la fase anterior de la privatización. El discurso anterior era antiestatal: el Estado era el problema. Ahora el discurso pasa por el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad; y la receta es la privatización bajo bandera estatal.
PETROBRAS se presenta como una empresa del Estado brasileño, pero su composición mayoritaria es privada (el 56%), con intervención de los nuevos capitales mundiales, y responde a la lógica de un Estado capitalista brasileño (32%): Soros acaba de comprar el 22% de las acciones de PETROBRAS. Y entonces la empresa puede jugar dos papeles. Hacia dentro mantiene una política nacionalista: Lula proclama que PETROBRAS es el Estado brasileño. Hacia fuera es el instrumento de expansión del capital brasileño, bajo la lógica de cualquier transnacional capitalista: el discurso de la integración latinoamericana apenas es una bandera que facilita la penetración para contener la competencia norteamericana.
La misma lógica encontramos en la política rusa con GAZPRON como punta de lanza. Asistimos a una nueva oleada de control estatal de los recursos energéticos: el 93% de las reservas de hidrocarburos están bajo control de las empresas estatales. El nacionalismo se define en su proyección. A partir de este nuevo poder, se proyecta una política expansionista, que entra en disputa con el poder del eje Norte-Sur, pero trabaja bajo la lógica del capitalismo.
El método está en las S.A. con sello estatal. ENARSA, que aparece como la sustitución de YPF, con bandera argentina es la cobertura de los capitales privados. "ENARSA no tiene experiencia alguna, pero en la panza de ENARSA, en ese caballo de Troya de ENARSA, están tres grupos argentinos: Eurnekian, Cartellone y Pescarmona."[10] “La constructora Cartellone está en manos de la familia argentina Cartellone. Corporación América está a cargo del argentino Eduardo Eurnekian e IMPSA, es de Enrique Pescarmona y de Francisco Valente.”[11]
Por los mercados de nuestra América desfilan nuevas siglas, pero con pocas variaciones en el método de los negocios. La petrolera IVANHOE, con bandera canadiense, es la antigua OXY camuflada
El círculo se cierra, con la creación de empresas de papel como contraparte del Estado receptor: En Ecuador, Hidropastaza S:A. negocia con Odebrecht S.A. la construcción de la Hidroeléctrica San Francisco, que suspende sus operaciones por defectos estructurales en su construcción, apenas un año después de entregada la obra. Ya no es el Estado el que contrata y, por tanto, puede ejercer el peso de su soberanía: es la relación en el libre mercado entre dos empresas privadas o “privatizadas”.[12]
El segundo eje del nuevo período es la reprimarización de las economías: nuevos modelos extractivos, la creciente importancia de los sectores agromineros y sus industrias satélite (finanzas, comercio, maquinaria agrícola, infraestructuras y construcción)”, reorientación del agro a la producción de biocombustibles. La burbuja de los conmodities se inscribe en esta dinámica, aunque estará sometida a los vaivenes de la crisis.
El tercer eje, es la modificación de las vinculaciones internacionales. Hay un relativo desenganche del dominio del eje Norte-Sur. Pero “desengancharse del proceso de globalización neoliberal todavía no explicita el proceso de reconexión. Aquí hay una gama de posibilidades por tomar en cuenta. En primer lugar, debemos diferenciar una reconexión con los intereses privados nacionales de un proceso de reconexión con los intereses populares.”[13] La clave está en el reenganche: la soberanía no es cambiar de amo.
“América Latina se está desvinculando cada vez más de la economía estadounidense en tres direcciones: primera, potenciando sus vínculos comerciales con Asia y la Unión Europea; la segunda, incrementando el comercio regional; y por último, profundizando su mercado nacional. Teniendo en cuenta el boom de los productos básicos, globalizarse significa obtener mayores beneficios, mejor acceso al mercado y menos limitaciones para la consecución de precios negociados más altos. Por consiguiente, la decadencia de la centralidad del mercado estadounidense y de su influencia política, significa que los exportadores latinoamericanos pueden evitar los acuerdos comerciales no equitativos con Estados Unidos, donde los contingentes, los aranceles y las subvenciones limitan el libre comercio Norte-Sur.”[14]
En la reconexión ha retomado fuerza el discurso de la integración latinoamericana, como un mecanismo para enfrentar el desenganche de la globalización neoliberal. Empero el proceso de complica, porque en el mapa económico mundial, al mismo tiempo que se produce el debilitamiento y crisis del eje Norte-Sur, empieza a surgir un nuevo eje Este-Oeste, articulado a los BRICAS, que actúa en una doble lógica: internamente recupera tesis de neodesarrollismo nacionalista, mientras hacia fuera reproduce las prácticas de expansión capitalista de las transnacionales. El debate se centra en las orientaciones de la integración.
Los intentos de una integración autónoma, en torno al ALBA aún son parciales y no logran marcar el proceso en su conjunto. Las ilusiones iniciales del Banco del Sur y Unasur, se han visto frenadas por una dinámica de subordinación de las relaciones a los intereses de las burguesías locales y a los acuerdos con los países centrales.
El eslabón ecuatoriano
El aporte más importante de las ciencias sociales en la comprensión de nuestra realidad es el establecimiento de una especie de “ley” que rige la historia en nuestro país:[15] la historia del Estado democrático-liberal está regida por la pugna-alianza burgués-oligárquica, que ha ido tomando diversas formas a lo largo del último siglo, desde el enfrentamiento-pacto entre la burguesía comercial agroexportadora, representada por el Partido Liberal, y la oligarquía terrateniente-clerical, representada por el Partido Conservador y la Iglesia Católica, en la revolución alfarista y su truncamiento; hasta el enfrentamiento-pacto entre la oligarquía financiera articulada al capital comercial agroexportador y al eje Norte-Sur de la globalización capitalista, representada por el Partido Social Cristiano, y la burguesía financiera articulada al capital empresarial y a nuevos sectores empresariales emergentes articulados al eje Este-Oeste, liderado por los BRICAS, representados por la diversas variantes de la socialdemocracia, en el período contemporáneo.
Las luchas sociales y el pensamiento crítico ampliaron esta “ley” con una variante:[16] en tiempos de crisis política, del enfrentamiento entre los dos polos, burgués-oligárquico, emerge una tercera fuerza, un polo contestatario, desde abajo y a través de formas de lucha insurreccionales, con capacidad de incidencia política y posibilidades de poder constituyente. Este tercer polo ha tomado diversas formas en los períodos de crisis: en la Revolución Juliana, emergió desde los mandos militares medios en alianza con sectores tecnocráticos. En la Gloriosa del 44, emerge una fuerza insurreccional ligada a los trabajadores, los campesinos y los estudiantes, representada por los partidos de izquierda, Comunista y Socialista.
En el período contemporáneo emerge un bloque social, liderado por el movimiento indígena. La acción de esta fuerza social autónoma impide que se cierre el pacto burgués-oligárquico, como en otras oportunidades, profundiza la crisis política y abre campo para un período constituyente. Empero este bloque social no logra traspasar la frontera de fuerza de oposición y crítica, para convertirse en poder constituyente. El intento de la rebelión del 21 de enero del 2000 es derrotado, sobre todo por la carencia de un partido político de dirección y por la división política del bloque social-indígena.
En ese espacio abierto por las luchas sociales, los sectores medios urbanos de la Sierra generan mecanismos de movilización sobre todo en la caída de Gutiérrez: la “rebelión de los forajidos” implica un desplazamiento desde la centralidad de los movimientos sociales alternativos (movimiento indígena y trabajadores) a la participación de sectores “ciudadanos”.
Se presentaron las condiciones objetivas, pero no había un sujeto que condense las luchas sociales. Este vacío es copado por Rafael Correa que se ubica entre el imaginario de cambio forjado por las luchas sociales y la emergencia de nuevos sectores empresariales locales, en pugna con el viejo eje oligárquico, y articulados al nuevo eje Este-Oeste, China-Brasil.
No es suficiente señalar que “el gobierno de Correa se debe a un doble origen: por un lado, las luchas emprendidas por el movimiento popular, por otro lado, la recuperación política limitada expresada en la mentalidad de las capas medias”,[17] dejando a un lado el marco general de la lucha de clases. Un momento clave para la emergencia electoral de Correa es el compromiso con el grupo Nobis, un momento clave del proyecto regional de Correa está en el alineamiento temprano en el primer viaje realizado por el candidato electo a Brasil, para un acuerdo con el Gobierno de Lula, en diciembre del 2006.[18]
El teatro político no se reduce a la contradicción pueblo-oligarquía. En un campo complejo, intervienen tres proyectos: el proyecto oligárquico-imperialista (eje Norte-Sur); un proyecto “socialdemócrata”, encabezado por la burguesía emergente articulada al eje Este-Oeste, en alianza con sectores tecnocráticos vinculados a una red de ONGs y de organismos multilaterales, y que cuenta con el respaldo de sectores sociales y ciudadanos y con el reciclaje de diversos sectores y personajes de los partidos políticos tradicionales; y el proyecto histórico de la izquierda revolucionaria y los movimientos sociales. La correlación de fuerzas opera bajo el predominio del bloque socialdemócrata; la derecha está debilitada políticamente, aunque no ha visto afectadas las bases de su poder económico y cuenta con algunas bases políticas locales, sobre todo en Guayaquil; la izquierda y los movimientos sociales atraviesan un período de debilitamiento y crisis que viene desde fines del 2001.
“La tentación de abordar lo político a demasiado corto plazo nos conduce a todos a errores constantes… Lo que necesitamos son explicaciones de la actualidad vistas desde la larga duración.”[19] La memoria puede permitirnos encontrar las claves de los errores históricos y la posibilidad de abrir caminos alternativos.
En un amplio espacio de los movimientos sociales y la izquierda crítica hay una coincidencia sobre la caracterización del régimen de Correa, como una variante del capitalismo. Mario Unda señala: “El proyecto del gobierno de Correa es una reforma del capitalismo que tendría como sujeto central al Estado. Propone, en este plano, recuperar un papel orientador para el Estado, normar el funcionamiento del capital y renegociar con los capitales transnacionales. Recuperar el papel del Estado como “rector de la economía” y propulsor de un modelo “desarrollista”, extractivista”.[20] La cuestión es que precisamente allí está el reordenamiento del capital mundial.
La discrepancia está en la estrategia resultante. En el marco de una corriente que plantea la necesidad de recuperar la independencia del proyecto histórico de los movimientos sociales y de la izquierda, se presentó una gama de posiciones en el voto ante la consulta, desde el sí crítico y la desobediencia de la abstención, hasta el nulo rebelde. Allí se expresan, de un lado, la posibilidad de reconstruir la unidad de los movimientos sociales y la izquierda, pero también, la dispersión y las dificultades de esa unidad.
El peligro es repetir la historia de oportunidades anteriores: la cooptación por el lado del “mal menor”. En la Gloriosa del 44, después del triunfo de la insurrección armada, encabezada por los trabajadores y la izquierda, el desenlace fue llamar a Velasco Ibarra, en nombre de la correlación de fuerzas desfavorable y la falta de condiciones, mientras los mejores cuadros del Partido Comunista y del Partido Socialista se dedicaban a aprobar la Constitución más avanzada de América Latina, que duró apenas un año por el contragolpe encabezado por el líder convocado. En los años 70 y 80, el ascenso de las luchas sociales, encabezadas por las Centrales Sindicales, el FUT y los partidos de izquierda, terminó en el respaldo al “bloque progresista” dentro del Parlamento.
El aporte más importante del bloque social liderado por el movimiento indígena en los años 90, fue rebasar la estrategia del “mal menor” y plantear una estrategia de acumulación independiente de fuerzas en un proceso prolongado.
Las luchas sociales marcan el camino. En la década del 90 el ascenso de los proyectos rupturistas se basó en dos procesos: la emergencia de los pueblos indios en torno a la lucha por la tierra y por la identidad; y la lucha de los trabajadores en defensa del patrimonio nacional, sobre todo petrolero. Ahora el esfuerzo, para enfrentar la cooptación, es reconocer los puntos de ruptura estratégica, tanto desde la dinámica de la lucha local, como desde la dinámica del capital global. No partimos de cero, hay un largo proceso acumulado.
Las luchas sociales que logran enfrentar al doble juego de los polos dominantes se localizan en la defensa de los recursos naturales: biodiversidad, agua y recursos energéticos, especialmente petróleo. El símbolo está en la resistencia a la privatización del Río Napo y a la entrega del ITT en el Parque Yasuní.
Una vieja y olvidada ley leninista
La memoria debe ir más allá, dirigirse a la historia de las revoluciones, que es el campo donde podemos aprender a ver errores y límites, pero también esperanzas y alternativas.
Engels, en una carta de a Bebel, señala que, en una crisis revolucionaria, el capital tiende a refugiarse en las posiciones de la “democracia pura”, que se presentan con un lenguaje radical sintonizado con el estado de conciencia de las masas, pero detienen el proceso en el límite del sistema.[21] Lenin convierte a esta constatación en la principal ley de los tiempos revolucionarios: el poder del capital en crisis se alinea tras de las posiciones verbalmente más radicales, las refuerza, para recoger el sentimiento de las mayorías, detener el proceso de cambios profundos y, una vez pasada la crisis, desplazarlas y volver a asumir el poder directamente.
En esa situación, las condiciones de lucha para las fuerzas revolucionarias se complican: “no es de esperar que, en el momento de la crisis, nosotros tengamos ya detrás a la mayoría de los electores, es decir, de la nación.”[22] Las fuerzas revolucionarias tienen que aprender a trabajar “en minoría”, para retomar el proyecto histórico; pero también tienen que aprender a acompañar a las masas en su aprendizaje: la tarea es saltar en el tiempo más corto la “etapa de la democracia pura”.[23]
El sistema produce dilemas que se agotan dentro de las reglas de juego, sin posibilidad de elección. La dinámica del juego político es crear un espacio cerrado. La libertad hay que construirla.
El Gobierno de Rafael Correa y la nueva Constitución
Rafael Correa condensa la energía social de cambio producida por las luchas sociales de las dos últimas décadas, ante la incapacidad de la izquierda y de los movimientos sociales de traspasar la barrera de organizaciones de oposición y crítica, para convertirse en referentes de poder constituyente.
Empero, no hay propuesta sin sujeto; o más bien el sujeto (bloque histórico) contiene las fronteras y los alcances de la propuesta. El proyecto de Alianza País, expresado en la Constitución de Montecristi, recoge “muchas demandas de las luchas sociales… en clave capitalista;”[24] pero eso no significa sólo que las recoge “en forma limitada”, como señala Mario Unda, sino que las metamorfosea y las articula a un proyecto diferente, extraño; un proyecto que implica cambios formales y parciales, pero continuidades estructurales en la reproducción ampliada del capital. Recoge las demandas en el movimiento de “desenganche” del poder imperial del eje Norte-Sur, en el momento de la “crítica negativa” – el acuerdo en la oposición – pero las orienta hacia un “reenganche” con un nuevo eje de reproducción ampliada del capital en torno al eje Manta-Manaos, China-Brasil-Argentina. Recoge las demandas en el combate a la oligarquía (“los pelucones” y la “partidocracia”), pero las orienta a la constitución y fortalecimiento de una nueva burguesía comisionista, en donde se presentan nuevos grupos empresariales o se reciclan los antiguos.
Este doble carácter se refleja en la Constitución de Montecristi, cuya característica principal es la ambigüedad e indefinición, sobre todo en los puntos de enunciación estratégica.
La nueva Constitución tiene la fortaleza y los límites de una visión liberal reformada con componentes sociales y ambientales. Amplía los derechos individuales y colectivos, siguiendo el camino trazado por anteriores Constituciones. Introduce los derechos de la naturaleza y fortalece, en particular, los derechos de los sectores de atención prioritaria: adultos mayores, jóvenes, enfermos, etc. Empero, no logra rebasar el límite liberal sobre todo en tres ámbitos: el derecho laboral se privatiza, retrocede al campo del derecho privado económico; el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado no se proyecta al reconocimiento del carácter vinculante de las consultas previas en el manejo de los territorios por las comunidades indígenas y campesinas; a pesar del reconocimiento del Estado como laico, no se “atreve” a reconocer la educación como laica.
Se deja puertas para pasar del viejo modelo neoliberal a una nueva forma de integración al capital, aunque bajo la declaración de “economía solidaria”. El eje del nuevo modelo económico es la empresa mixta que, al correlacionarla con la práctica del régimen, se presenta como la nueva forma de privatización del gobierno mediante la creación de sociedades anónimas, encargadas de las relaciones con las empresas privadas, al margen del ejercicio del poder soberano del Estado.
La reforma política se asienta en tres pilares: el fortalecimiento del presidencialismo; la introducción de mecanismos de participación ciudadana bajo control institucional, en torno a la visión los organismos multilaterales, sobre todo el nuevo discurso “ciudadano” del Banco Mundial, con propuestas como la silla vacía, las veedurías y la constitución de una función de transparencia y control social; y la apertura de un amplio espacio para las autonomías provinciales y regionales.
Esta transformación se presenta también en el campo militar: como señala René Báez, la diplomacia ecuatoriana no fue capaz de romper el juego trazado por la estrategia guerrerista de Uribe en el conflicto con las FARC. Y a nivel interno, “esta tónica de la diplomacia del régimen de Alianza País acaba de alumbrar un acontecimiento de temibles consecuencias. Nos referimos a la aprobación y puesta en marcha por Correa y su ministro del Interior, Fernando Bustamante, del sarcásticamente denominado Proyecto Libertador, un programa de espionaje telefónico y electrónico montado con financiamiento y asesoría estadounidenses y que, a pretexto de espiar a los narcotraficantes, estaría convirtiendo al Ecuador en un auténtico Estado policial. La justificación oficial para consumar ese atentado a la soberanía nacional y a la privacidad de los ciudadanos no podía ser más peregrina y deleznable. Según voceros oficiales, tal proyecto no debiera preocupar a nadie, ya que dispositivos idénticos se encuentran en plena operatividad en la Colombia de uribista y en el Perú de Alan García. Únicamente les ha faltado decir que corresponden a extensiones a estas latitudes de la Patriot Act impuesta por el guerrerista Bush Jr. después del memorable 11-S.”[25]
La disyuntiva para el proyecto PAIS es quedarse como el partido de la “democracia pura”, como el partido de los nuevos sectores emergentes de la burguesía articulada a los poderes emergentes mundiales, o recuperar el proyecto histórico de los cambios profundos.
Perspectivas
El escenario político-económico está marcado por la disputa intermonopólica en la conducción del país; el polo de izquierda y de los movimientos sociales aún está debilitado.
Concluida la consulta, en el escenario político del Ecuador, se abre una nueva fase: la consolidación del poder político del Gobierno, mediante la aplicación del “régimen de transición” aprobado conjuntamente con la Constitución, la proyección a un nuevo período electoral, y la acción en torno a las demandas sociales y a los temas estratégicos.
El escenario económico para el período presenta riesgos por tres lados: (i) los impactos de la crisis mundial, por el lado de la crisis financiero-económica y del debilitamiento del dólar, de la crisis energética que se expresa en los ciclos de los precios internacionales del petróleo, y por los problemas de la migración y las remesas; (ii) el entrampamiento de la economía nacional que no ha logrado impulsar procesos de reactivación productiva y más bien se orienta a un nuevo período extractivo y de reprimarización de la economía, así como al uso clientelar y asistencialista de los excedentes petroleros de la fase actual; (iii) el desfase entre la presión de las ofertas del Gobierno y los compromisos de la nueva Constitución frente a la capacidad de financiamiento.
Puede presentarse la paradoja de un crecimiento cuantitativo del PIB, según ha anunciado el régimen, como resultado de enclaves de inversión externa (Proyecto ITT, eje multimodal Manta-Manaos, gran minería, Refinería del Pacífico); sin el correspondiente desarrollo nacional y social; lo que puede proyectarse hacia una crisis económica-social en un período próximo.
Ante la complejidad de las crisis, no hay soluciones locales. Las salidas alternativas se definen en el carácter del “reenganche” de los países y la región; podrían provenir desde el relanzamiento de una vigorosa unidad latinoamericana en torno a un proyecto de independencia tanto ante el eje Norte-Sur en crisis, como ante la lógica capitalista transnacional de las potencias emergentes (eje Este-Oeste). Esta perspectiva requiere la recuperación de la movilización social y la construcción de la unidad de la izquierda, de los movimientos sociales y de los hombres y mujeres patriotas, en torno a los ejes programáticos de cambios revolucionarios.
Quito, octubre de 2008
wnsaltosg@yahoo.es
Lo más difícil reside en distinguir entre lo que es simplemente la continuación de patrones cíclicos del viejo sistema y lo que es nuevo de verdad. Y esto se vuelve complicado por el hecho de que una de las características de nuestro actual sistema-mundo es su ideología de la novedad,… celebra cualquier vaivén del mundo real como algo “nuevo” y en consecuencia como algo “maravilloso” o “terrible”. Debemos conservar cierta sangre fría en nuestra evaluación.
Inmanuel Wallerstein[1]
Nueva Constitución y consulta
Los resultados de la consulta del 28 de septiembre sobre la nueva Constitución confirman que la energía social de cambio continúa vigente en el país; y trazan los alineamientos de las fuerzas.
Se presentan tres proyectos: el 64% de respaldo al SI ratifica al proyecto de Alianza País como el predominante; con dos complementos: una reducción del 18% respecto al respaldo a la convocatoria de la Constituyente en abril, y el surgimiento de una corriente del “sí crítico”, con búsquedas de independencia ante el Gobierno de Correa. El 28% del NO marca una parcial recuperación de la derecha, encabezada por el Alcalde Jaime Nebot en Guayaquil y por Lucio Gutiérrez en poblaciones periféricas, como en la provincia del Napo, y sustentada en la campaña de la Jerarquía de la Iglesia Católica y de los sectores fundamentalistas de las iglesias evangélicas.
El resultado más importante es el surgimiento de una corriente de izquierda y de los movimientos sociales que busca recuperar su proyecto histórico, y que se alineó en torno al voto nulo (7%) y al “sí crítico”, sobre todo desde algunos sectores del movimiento indígena.[2]
Con la consulta se cierra una fase basada en la crítica “negativa”, en la oposición a la derecha (pelucones, partidocracia), y se abre la expectativa de respuestas en positivo, de alternativas que muestren “soluciones” a los problemas vitales de la población y a las cuestiones estratégicas de la República.
El respaldo al régimen se fundamenta en dos líneas: un discurso, con marketing atosigante, de cambio asentado en acciones de “desenganche” de sectores vinculados al poder tradicional (la salida de la Base de Manta, el embargo de las propiedades de los Isaías, la expulsión de Odebrecht); y una política asistencialista masiva dirigida sobre todo a los sectores marginales. La pregunta para la nueva fase se centra en el carácter del “reenganche”, de las nuevas conexiones: la disyuntiva entre una salida popular o la vinculación a nuevos grupos de poder local y regional.
Tiempo de cambios
Los cambios sociales se construyen socialmente, con las angustias, las esperanzas y las luchas de la gente, pero para ello debe haber condiciones objetivas.
Vivimos un tiempo de cambios. Los signos de los tiempos muestran que el capitalismo global ha entrado en un período de crisis sistémica: “estamos ante un cambio de época”[3]
Sin embargo, el capitalismo no morirá de muerte natural. La visión, la voluntad, la decisión y la acción de los hombres y mujeres oprimidos y comprometidos con la liberación es la condición. “La crisis se puede ver como amenaza pero también como oportunidad de cambio profundo. Si bien una crisis económica no lleva necesariamente, por sí sola, a un proceso revolucionario, sí crea condiciones propicias para generar una conciencia revolucionaria y la acción para demandar un cambio drástico o estructural.”[4]
En nuestro país, desde inicios de los noventa se inicia un proceso ascendente de movilización social, y a mediados de los noventa entramos en un período de inestabilidad política que llega a niveles de crisis de hegemonía, afectando a los principios organizativos del Estado liberal y de la democracia representativa. El retorno de la cuestión indígena por la nueva presencia de los pueblos originarios en la década de los noventa, amplía las exigencias y posibilidades de cambio hasta el enfrentamiento a las herencias coloniales. Las luchas feministas y de género amplían el campo del cambio hasta la transformación del Estado y la sociedad asentadas en el dominio patriarcal.
Se abren las posibilidades de un proceso refundacional del Estado y la sociedad: la definición del sentido del cambio se convierte en el escenario de la lucha política. En esta perspectiva también confluyen los impactos de la crisis mundial y del reordenamiento del capitalismo global. Hay un consenso sobre el cambio, la cuestión es hacia dónde y con qué dirección.
El tiempo mundial
Dos procesos marcan el tiempo mundial contemporáneo: la confluencia de la crisis financiera, energética, bélica y alimentaria; y el reordenamiento del poder mundial.
En los últimos veinte años se ha sucedido la explosión de burbujas especulativas en la periferia. Ahora el hundimiento se ha producido en el centro y ha impactado a varios de los mayores grupos financieros mundiales: en junio del año pasado estalla la crisis hipotecaria en Estados Unidos, empieza a transformarse en crisis bancaria en agosto de 2007 y desemboca en un crac financiero en agosto y septiembre de 2008: Lehman Brothers, el cuarto banco de Estados Unidos se declara en quiebra; AIG, la mayor aseguradora financiera del mundo ha entrado en terapia intensiva; los bancos IndyMac y Washington Mutual entran en colapso. A pesar de las medidas de salvataje asumidas por los Estados – los bancos centrales están pasando de prestamistas de última instancia a acreedores de primera instancia –, la crisis se expande hacia Europa e incluso a Asia. Y la crisis financiera puede transformarse en crisis económica: en el tercer trimestre de este año, el índice Dow Jones acumuló una baja del 4,4%.
Una segunda característica del período actual es la convergencia “(d)el mayor globo financiero de la historia del capitalismo; … la crisis energética que está expresando el fin de la era del petróleo barato; … la declinación del Imperio (norteamericano) es no solo económica o institucional sino también militar, su complejo industrial-militar demuestra su incompetencia en el terreno concreto de la guerra, de manera directa en Irak y Afganistán e indirecta en la reciente invasión israelí al Líbano.”[5] Esta situación desemboca en la crisis alimentaria y los problemas del calentamiento global. Se trata de una crisis del capitalismo no sólo como sistema económico, sino también como visión civilizatoria y modo de vida.
Pero cuando el capitalismo entra en crisis no se queda a esperar que el tiempo pase. En medio de la crisis se opera un reordenamiento mundial. El primer factor es el debilitamiento económico-político del eje Norte-Sur y el estancamiento militar de Estados Unidos en Medio Oriente: a pesar el mito tecnológico-militar, la alianza USA-Gran Bretaña encuentra una fuerte resistencia tanto en Irak como en Afganistán; mientras se extiende el rechazo en otros países amenazados, especialmente Irán, y surgen fronteras de contención, como se observa en la respuesta de Rusia ante el conflicto con Georgia.
El segundo factor es el fortalecimiento de nuevos países – los BRICAS (Brasil, Rusia, India, China, África del Sur) – como nuevas potencias económicas, que, a su vez, buscan desarrollar su propia agenda político-económica; aunque no se alejan del sistema capitalista. El dominio unilateral de los años 90, bajo el poder norteamericano, ahora se desplaza a un funcionamiento multilateral.
El tercer factor es la emergencia de gobiernos con posiciones nacionalistas y de mayor independencia ante el dominio imperial. En particular, hay una modificación del mapa político de América Latina, como resultado de la resistencia de los movimientos sociales y de los pueblos del Continente.
El capitalismo, cuando agota una fase, se renueva y se desplaza a nuevas formas, sin abandonar su naturaleza básica, la acumulación de la riqueza, la explotación del trabajo y el dominio de los pueblos.
Cuando en torno a los años 70, se agotó el modelo fordista, asentado en la ampliación de las empresas productivas, saltó a su fase financiera, bajo la forma del neoliberalismo. Agotada esta etapa, ahora busca entrar en una nueva, con la retorno del Estado para el salvataje financiero y la privatización del gobierno, articulada a una nueva forma de capital estatal.
Los nuevos voceros del capital, Soros, Bill Gates, Stiglitz, recomiendan la renovación, la sociedad abierta, el capitalismo del siglo XXI: la transición de Bush a Obama o al menos a McCain.
El poder militar
El otro pivote del reordenamiento imperial es la reubicación del poder militar: “la mano invisible del mercado global nunca opera sin el puño invisible. Y el puño invisible que mantiene al mundo seguro para el florecimiento de las tecnologías del Silicon Valley se llama Ejército de Estados Unidos, Armada de Estados Unidos, Fuerza Aérea de Estados Unidos y Cuerpo de Marines de Estados Unidos (con la ayuda, incidentalmente, de instituciones globales como las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional.)”[6]
El empantanamiento militar en Medio Oriente y la crisis económica en el centro, habían abierto espacio a posiciones más autónomas en nuestro Continente: el fracaso del ALCA en el 2003 fue el punto de inflexión que ha llevado a una revisión de la estrategia imperialista.
Un paso clave es la reactivación de la IV Flota de la Armada, ordenada por el Departamento de Defensa en abril del 2008, inmediatamente después de los acontecimientos de Angostura. “Desactivada desde 1950, la IV Flota fue sacada de su letargo con el mandato específico de patrullar la región y monitorear los acontecimientos que se puedan producir en el vasto espacio conformado por América Latina y el Caribe. No sólo se trata de controlar el litoral marítimo en el Atlántico y el Pacífico sino que también -se deslizó con llamativa imprudencia- podría inclusive navegar por los caudalosos ríos interiores del continente con el propósito de perseguir narcotraficantes, atrapar terroristas y desarrollar acciones humanitarias que hubieran provocado la envidia de la madre Teresa de Calcuta. No hace falta ser demasiado perspicaz para caer en la cuenta que la penetración de la IV Flota por el Amazonas y su eventual estacionamiento en ese río le otorgaría un sólido respaldo militar a la pretensión norteamericana de convertir a esa región en un “patrimonio de la humanidad bajo supervisión de las Naciones Unidas.” Tampoco se requiere de demasiada imaginación para percatarse de lo que podría significar la navegación de la IV Flota por los grandes ríos sudamericanos (en soledad o con el auxilio de fuerzas locales aliadas al imperialismo) para maniatar y subyugar la que, en un trabajo reciente, Perry Anderson calificara como la región más rebelde y resistente al dominio neoliberal del planeta.”[7]
Con ello se completa el control establecido a través de la red de bases militares ubicadas en los puntos estratégicos del Continente, y de los planes Colombia y Puebla-Panamá. Pero hay una modificación clave: se trata ya no sólo de la guerra de posiciones, sino también de la constitución de fuerzas altamente móviles, dentro de la estrategia de guerra preventiva proclamada en la Doctrina de Seguridad Nacional de Bush.[8]
Sobre esta plataforma, el poder norteamericano busca un nuevo mapa político de la región: (i) conforma un eje alineado con Washington, encabezado por Uribe y Alan García; (ii) establece acuerdos con Brasil, que apunta a constituirse en poder ordenador regional; (iii) busca aislar al proceso bolivariano, encabezado por Chávez, y quebrar desde adentro, con estrategias separatistas, la experiencia boliviana; (iv) desarrolla políticas de neutralización y cooptación de las posibilidades de cambio en Ecuador, Uruguay y Argentina
La nueva fase en América Latina
En cada fase, se reordena no sólo el centro, sino también la periferia. En la fase fordista, en nuestros países florecieron los modelos cepalinos. En la etapa neoliberal, los gobernantes criollos aprendieron rápidamente las lecciones del FMI y del Banco Mundial y jugaron el papel de burguesías comisionistas (lobbystas) para participar en los beneficios de las privatizaciones de los recursos y las empresas públicas.
El caso extremo se presentó en Argentina, con el Gobierno de Menem: se privatizó todo, hasta las playas. Cumplida esta fase, los nuevos sectores empresariales buscaron cauces “democráticos” para desplazar a los antiguos sectores dominantes: el control del gobierno, bajo discurso de cambios y reformas, empieza a orientarse a la consolidación del poder de estos sectores emergentes.
La primera fase del neoliberalismo representa un proceso de reacumulación “originaria” de capitales en manos de nuevos sectores empresariales. Una historia marcada con sangre y corrupción: en los orígenes de los capitales encontramos la violencia y la expoliación.[9] En Argentina, Menem engendró a los Pescarmona y los Eurnekian. En México, Salinas de Gortari engendró a Carlos Slim, con la privatización de TELMEX. Después de posicionados en el poder, el olvido de los orígenes les convierte en los nuevos hombres honorables, de empresa.
Los signos de los tiempos actuales están en el paso de Menem a los Kirchner: los nuevos sectores empresariales bajo un discurso de nacionalización y reforma. El símbolo del nuevo tiempo es el poder de Carlos Slim, convertido en el hombre más rico del mundo, ahora en expansión global.
Las nuevas burguesías, durante su ascenso, se mueven en alianzas con actores sociales e impulsan programas de reformas parciales.
Para esta transferencia ya no opera el neoliberalismo bajo su primera versión en torno al Consenso de Washington; pues ya ha cumplido su función y se ha desacreditado. En el nuevo discurso oficial nadie quiere ser tildado de neoliberal: el FMI y el Banco Mundial encabezan las propuestas de revisión. Entramos en una fase superior: la privatización del Gobierno y de su gestión.
En este nuevo método operan tres ejes: el primero, la utilización de la cobertura estatal para la expansión de las empresas surgidas en la fase anterior de la privatización. El discurso anterior era antiestatal: el Estado era el problema. Ahora el discurso pasa por el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad; y la receta es la privatización bajo bandera estatal.
PETROBRAS se presenta como una empresa del Estado brasileño, pero su composición mayoritaria es privada (el 56%), con intervención de los nuevos capitales mundiales, y responde a la lógica de un Estado capitalista brasileño (32%): Soros acaba de comprar el 22% de las acciones de PETROBRAS. Y entonces la empresa puede jugar dos papeles. Hacia dentro mantiene una política nacionalista: Lula proclama que PETROBRAS es el Estado brasileño. Hacia fuera es el instrumento de expansión del capital brasileño, bajo la lógica de cualquier transnacional capitalista: el discurso de la integración latinoamericana apenas es una bandera que facilita la penetración para contener la competencia norteamericana.
La misma lógica encontramos en la política rusa con GAZPRON como punta de lanza. Asistimos a una nueva oleada de control estatal de los recursos energéticos: el 93% de las reservas de hidrocarburos están bajo control de las empresas estatales. El nacionalismo se define en su proyección. A partir de este nuevo poder, se proyecta una política expansionista, que entra en disputa con el poder del eje Norte-Sur, pero trabaja bajo la lógica del capitalismo.
El método está en las S.A. con sello estatal. ENARSA, que aparece como la sustitución de YPF, con bandera argentina es la cobertura de los capitales privados. "ENARSA no tiene experiencia alguna, pero en la panza de ENARSA, en ese caballo de Troya de ENARSA, están tres grupos argentinos: Eurnekian, Cartellone y Pescarmona."[10] “La constructora Cartellone está en manos de la familia argentina Cartellone. Corporación América está a cargo del argentino Eduardo Eurnekian e IMPSA, es de Enrique Pescarmona y de Francisco Valente.”[11]
Por los mercados de nuestra América desfilan nuevas siglas, pero con pocas variaciones en el método de los negocios. La petrolera IVANHOE, con bandera canadiense, es la antigua OXY camuflada
El círculo se cierra, con la creación de empresas de papel como contraparte del Estado receptor: En Ecuador, Hidropastaza S:A. negocia con Odebrecht S.A. la construcción de la Hidroeléctrica San Francisco, que suspende sus operaciones por defectos estructurales en su construcción, apenas un año después de entregada la obra. Ya no es el Estado el que contrata y, por tanto, puede ejercer el peso de su soberanía: es la relación en el libre mercado entre dos empresas privadas o “privatizadas”.[12]
El segundo eje del nuevo período es la reprimarización de las economías: nuevos modelos extractivos, la creciente importancia de los sectores agromineros y sus industrias satélite (finanzas, comercio, maquinaria agrícola, infraestructuras y construcción)”, reorientación del agro a la producción de biocombustibles. La burbuja de los conmodities se inscribe en esta dinámica, aunque estará sometida a los vaivenes de la crisis.
El tercer eje, es la modificación de las vinculaciones internacionales. Hay un relativo desenganche del dominio del eje Norte-Sur. Pero “desengancharse del proceso de globalización neoliberal todavía no explicita el proceso de reconexión. Aquí hay una gama de posibilidades por tomar en cuenta. En primer lugar, debemos diferenciar una reconexión con los intereses privados nacionales de un proceso de reconexión con los intereses populares.”[13] La clave está en el reenganche: la soberanía no es cambiar de amo.
“América Latina se está desvinculando cada vez más de la economía estadounidense en tres direcciones: primera, potenciando sus vínculos comerciales con Asia y la Unión Europea; la segunda, incrementando el comercio regional; y por último, profundizando su mercado nacional. Teniendo en cuenta el boom de los productos básicos, globalizarse significa obtener mayores beneficios, mejor acceso al mercado y menos limitaciones para la consecución de precios negociados más altos. Por consiguiente, la decadencia de la centralidad del mercado estadounidense y de su influencia política, significa que los exportadores latinoamericanos pueden evitar los acuerdos comerciales no equitativos con Estados Unidos, donde los contingentes, los aranceles y las subvenciones limitan el libre comercio Norte-Sur.”[14]
En la reconexión ha retomado fuerza el discurso de la integración latinoamericana, como un mecanismo para enfrentar el desenganche de la globalización neoliberal. Empero el proceso de complica, porque en el mapa económico mundial, al mismo tiempo que se produce el debilitamiento y crisis del eje Norte-Sur, empieza a surgir un nuevo eje Este-Oeste, articulado a los BRICAS, que actúa en una doble lógica: internamente recupera tesis de neodesarrollismo nacionalista, mientras hacia fuera reproduce las prácticas de expansión capitalista de las transnacionales. El debate se centra en las orientaciones de la integración.
Los intentos de una integración autónoma, en torno al ALBA aún son parciales y no logran marcar el proceso en su conjunto. Las ilusiones iniciales del Banco del Sur y Unasur, se han visto frenadas por una dinámica de subordinación de las relaciones a los intereses de las burguesías locales y a los acuerdos con los países centrales.
El eslabón ecuatoriano
El aporte más importante de las ciencias sociales en la comprensión de nuestra realidad es el establecimiento de una especie de “ley” que rige la historia en nuestro país:[15] la historia del Estado democrático-liberal está regida por la pugna-alianza burgués-oligárquica, que ha ido tomando diversas formas a lo largo del último siglo, desde el enfrentamiento-pacto entre la burguesía comercial agroexportadora, representada por el Partido Liberal, y la oligarquía terrateniente-clerical, representada por el Partido Conservador y la Iglesia Católica, en la revolución alfarista y su truncamiento; hasta el enfrentamiento-pacto entre la oligarquía financiera articulada al capital comercial agroexportador y al eje Norte-Sur de la globalización capitalista, representada por el Partido Social Cristiano, y la burguesía financiera articulada al capital empresarial y a nuevos sectores empresariales emergentes articulados al eje Este-Oeste, liderado por los BRICAS, representados por la diversas variantes de la socialdemocracia, en el período contemporáneo.
Las luchas sociales y el pensamiento crítico ampliaron esta “ley” con una variante:[16] en tiempos de crisis política, del enfrentamiento entre los dos polos, burgués-oligárquico, emerge una tercera fuerza, un polo contestatario, desde abajo y a través de formas de lucha insurreccionales, con capacidad de incidencia política y posibilidades de poder constituyente. Este tercer polo ha tomado diversas formas en los períodos de crisis: en la Revolución Juliana, emergió desde los mandos militares medios en alianza con sectores tecnocráticos. En la Gloriosa del 44, emerge una fuerza insurreccional ligada a los trabajadores, los campesinos y los estudiantes, representada por los partidos de izquierda, Comunista y Socialista.
En el período contemporáneo emerge un bloque social, liderado por el movimiento indígena. La acción de esta fuerza social autónoma impide que se cierre el pacto burgués-oligárquico, como en otras oportunidades, profundiza la crisis política y abre campo para un período constituyente. Empero este bloque social no logra traspasar la frontera de fuerza de oposición y crítica, para convertirse en poder constituyente. El intento de la rebelión del 21 de enero del 2000 es derrotado, sobre todo por la carencia de un partido político de dirección y por la división política del bloque social-indígena.
En ese espacio abierto por las luchas sociales, los sectores medios urbanos de la Sierra generan mecanismos de movilización sobre todo en la caída de Gutiérrez: la “rebelión de los forajidos” implica un desplazamiento desde la centralidad de los movimientos sociales alternativos (movimiento indígena y trabajadores) a la participación de sectores “ciudadanos”.
Se presentaron las condiciones objetivas, pero no había un sujeto que condense las luchas sociales. Este vacío es copado por Rafael Correa que se ubica entre el imaginario de cambio forjado por las luchas sociales y la emergencia de nuevos sectores empresariales locales, en pugna con el viejo eje oligárquico, y articulados al nuevo eje Este-Oeste, China-Brasil.
No es suficiente señalar que “el gobierno de Correa se debe a un doble origen: por un lado, las luchas emprendidas por el movimiento popular, por otro lado, la recuperación política limitada expresada en la mentalidad de las capas medias”,[17] dejando a un lado el marco general de la lucha de clases. Un momento clave para la emergencia electoral de Correa es el compromiso con el grupo Nobis, un momento clave del proyecto regional de Correa está en el alineamiento temprano en el primer viaje realizado por el candidato electo a Brasil, para un acuerdo con el Gobierno de Lula, en diciembre del 2006.[18]
El teatro político no se reduce a la contradicción pueblo-oligarquía. En un campo complejo, intervienen tres proyectos: el proyecto oligárquico-imperialista (eje Norte-Sur); un proyecto “socialdemócrata”, encabezado por la burguesía emergente articulada al eje Este-Oeste, en alianza con sectores tecnocráticos vinculados a una red de ONGs y de organismos multilaterales, y que cuenta con el respaldo de sectores sociales y ciudadanos y con el reciclaje de diversos sectores y personajes de los partidos políticos tradicionales; y el proyecto histórico de la izquierda revolucionaria y los movimientos sociales. La correlación de fuerzas opera bajo el predominio del bloque socialdemócrata; la derecha está debilitada políticamente, aunque no ha visto afectadas las bases de su poder económico y cuenta con algunas bases políticas locales, sobre todo en Guayaquil; la izquierda y los movimientos sociales atraviesan un período de debilitamiento y crisis que viene desde fines del 2001.
“La tentación de abordar lo político a demasiado corto plazo nos conduce a todos a errores constantes… Lo que necesitamos son explicaciones de la actualidad vistas desde la larga duración.”[19] La memoria puede permitirnos encontrar las claves de los errores históricos y la posibilidad de abrir caminos alternativos.
En un amplio espacio de los movimientos sociales y la izquierda crítica hay una coincidencia sobre la caracterización del régimen de Correa, como una variante del capitalismo. Mario Unda señala: “El proyecto del gobierno de Correa es una reforma del capitalismo que tendría como sujeto central al Estado. Propone, en este plano, recuperar un papel orientador para el Estado, normar el funcionamiento del capital y renegociar con los capitales transnacionales. Recuperar el papel del Estado como “rector de la economía” y propulsor de un modelo “desarrollista”, extractivista”.[20] La cuestión es que precisamente allí está el reordenamiento del capital mundial.
La discrepancia está en la estrategia resultante. En el marco de una corriente que plantea la necesidad de recuperar la independencia del proyecto histórico de los movimientos sociales y de la izquierda, se presentó una gama de posiciones en el voto ante la consulta, desde el sí crítico y la desobediencia de la abstención, hasta el nulo rebelde. Allí se expresan, de un lado, la posibilidad de reconstruir la unidad de los movimientos sociales y la izquierda, pero también, la dispersión y las dificultades de esa unidad.
El peligro es repetir la historia de oportunidades anteriores: la cooptación por el lado del “mal menor”. En la Gloriosa del 44, después del triunfo de la insurrección armada, encabezada por los trabajadores y la izquierda, el desenlace fue llamar a Velasco Ibarra, en nombre de la correlación de fuerzas desfavorable y la falta de condiciones, mientras los mejores cuadros del Partido Comunista y del Partido Socialista se dedicaban a aprobar la Constitución más avanzada de América Latina, que duró apenas un año por el contragolpe encabezado por el líder convocado. En los años 70 y 80, el ascenso de las luchas sociales, encabezadas por las Centrales Sindicales, el FUT y los partidos de izquierda, terminó en el respaldo al “bloque progresista” dentro del Parlamento.
El aporte más importante del bloque social liderado por el movimiento indígena en los años 90, fue rebasar la estrategia del “mal menor” y plantear una estrategia de acumulación independiente de fuerzas en un proceso prolongado.
Las luchas sociales marcan el camino. En la década del 90 el ascenso de los proyectos rupturistas se basó en dos procesos: la emergencia de los pueblos indios en torno a la lucha por la tierra y por la identidad; y la lucha de los trabajadores en defensa del patrimonio nacional, sobre todo petrolero. Ahora el esfuerzo, para enfrentar la cooptación, es reconocer los puntos de ruptura estratégica, tanto desde la dinámica de la lucha local, como desde la dinámica del capital global. No partimos de cero, hay un largo proceso acumulado.
Las luchas sociales que logran enfrentar al doble juego de los polos dominantes se localizan en la defensa de los recursos naturales: biodiversidad, agua y recursos energéticos, especialmente petróleo. El símbolo está en la resistencia a la privatización del Río Napo y a la entrega del ITT en el Parque Yasuní.
Una vieja y olvidada ley leninista
La memoria debe ir más allá, dirigirse a la historia de las revoluciones, que es el campo donde podemos aprender a ver errores y límites, pero también esperanzas y alternativas.
Engels, en una carta de a Bebel, señala que, en una crisis revolucionaria, el capital tiende a refugiarse en las posiciones de la “democracia pura”, que se presentan con un lenguaje radical sintonizado con el estado de conciencia de las masas, pero detienen el proceso en el límite del sistema.[21] Lenin convierte a esta constatación en la principal ley de los tiempos revolucionarios: el poder del capital en crisis se alinea tras de las posiciones verbalmente más radicales, las refuerza, para recoger el sentimiento de las mayorías, detener el proceso de cambios profundos y, una vez pasada la crisis, desplazarlas y volver a asumir el poder directamente.
En esa situación, las condiciones de lucha para las fuerzas revolucionarias se complican: “no es de esperar que, en el momento de la crisis, nosotros tengamos ya detrás a la mayoría de los electores, es decir, de la nación.”[22] Las fuerzas revolucionarias tienen que aprender a trabajar “en minoría”, para retomar el proyecto histórico; pero también tienen que aprender a acompañar a las masas en su aprendizaje: la tarea es saltar en el tiempo más corto la “etapa de la democracia pura”.[23]
El sistema produce dilemas que se agotan dentro de las reglas de juego, sin posibilidad de elección. La dinámica del juego político es crear un espacio cerrado. La libertad hay que construirla.
El Gobierno de Rafael Correa y la nueva Constitución
Rafael Correa condensa la energía social de cambio producida por las luchas sociales de las dos últimas décadas, ante la incapacidad de la izquierda y de los movimientos sociales de traspasar la barrera de organizaciones de oposición y crítica, para convertirse en referentes de poder constituyente.
Empero, no hay propuesta sin sujeto; o más bien el sujeto (bloque histórico) contiene las fronteras y los alcances de la propuesta. El proyecto de Alianza País, expresado en la Constitución de Montecristi, recoge “muchas demandas de las luchas sociales… en clave capitalista;”[24] pero eso no significa sólo que las recoge “en forma limitada”, como señala Mario Unda, sino que las metamorfosea y las articula a un proyecto diferente, extraño; un proyecto que implica cambios formales y parciales, pero continuidades estructurales en la reproducción ampliada del capital. Recoge las demandas en el movimiento de “desenganche” del poder imperial del eje Norte-Sur, en el momento de la “crítica negativa” – el acuerdo en la oposición – pero las orienta hacia un “reenganche” con un nuevo eje de reproducción ampliada del capital en torno al eje Manta-Manaos, China-Brasil-Argentina. Recoge las demandas en el combate a la oligarquía (“los pelucones” y la “partidocracia”), pero las orienta a la constitución y fortalecimiento de una nueva burguesía comisionista, en donde se presentan nuevos grupos empresariales o se reciclan los antiguos.
Este doble carácter se refleja en la Constitución de Montecristi, cuya característica principal es la ambigüedad e indefinición, sobre todo en los puntos de enunciación estratégica.
La nueva Constitución tiene la fortaleza y los límites de una visión liberal reformada con componentes sociales y ambientales. Amplía los derechos individuales y colectivos, siguiendo el camino trazado por anteriores Constituciones. Introduce los derechos de la naturaleza y fortalece, en particular, los derechos de los sectores de atención prioritaria: adultos mayores, jóvenes, enfermos, etc. Empero, no logra rebasar el límite liberal sobre todo en tres ámbitos: el derecho laboral se privatiza, retrocede al campo del derecho privado económico; el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado no se proyecta al reconocimiento del carácter vinculante de las consultas previas en el manejo de los territorios por las comunidades indígenas y campesinas; a pesar del reconocimiento del Estado como laico, no se “atreve” a reconocer la educación como laica.
Se deja puertas para pasar del viejo modelo neoliberal a una nueva forma de integración al capital, aunque bajo la declaración de “economía solidaria”. El eje del nuevo modelo económico es la empresa mixta que, al correlacionarla con la práctica del régimen, se presenta como la nueva forma de privatización del gobierno mediante la creación de sociedades anónimas, encargadas de las relaciones con las empresas privadas, al margen del ejercicio del poder soberano del Estado.
La reforma política se asienta en tres pilares: el fortalecimiento del presidencialismo; la introducción de mecanismos de participación ciudadana bajo control institucional, en torno a la visión los organismos multilaterales, sobre todo el nuevo discurso “ciudadano” del Banco Mundial, con propuestas como la silla vacía, las veedurías y la constitución de una función de transparencia y control social; y la apertura de un amplio espacio para las autonomías provinciales y regionales.
Esta transformación se presenta también en el campo militar: como señala René Báez, la diplomacia ecuatoriana no fue capaz de romper el juego trazado por la estrategia guerrerista de Uribe en el conflicto con las FARC. Y a nivel interno, “esta tónica de la diplomacia del régimen de Alianza País acaba de alumbrar un acontecimiento de temibles consecuencias. Nos referimos a la aprobación y puesta en marcha por Correa y su ministro del Interior, Fernando Bustamante, del sarcásticamente denominado Proyecto Libertador, un programa de espionaje telefónico y electrónico montado con financiamiento y asesoría estadounidenses y que, a pretexto de espiar a los narcotraficantes, estaría convirtiendo al Ecuador en un auténtico Estado policial. La justificación oficial para consumar ese atentado a la soberanía nacional y a la privacidad de los ciudadanos no podía ser más peregrina y deleznable. Según voceros oficiales, tal proyecto no debiera preocupar a nadie, ya que dispositivos idénticos se encuentran en plena operatividad en la Colombia de uribista y en el Perú de Alan García. Únicamente les ha faltado decir que corresponden a extensiones a estas latitudes de la Patriot Act impuesta por el guerrerista Bush Jr. después del memorable 11-S.”[25]
La disyuntiva para el proyecto PAIS es quedarse como el partido de la “democracia pura”, como el partido de los nuevos sectores emergentes de la burguesía articulada a los poderes emergentes mundiales, o recuperar el proyecto histórico de los cambios profundos.
Perspectivas
El escenario político-económico está marcado por la disputa intermonopólica en la conducción del país; el polo de izquierda y de los movimientos sociales aún está debilitado.
Concluida la consulta, en el escenario político del Ecuador, se abre una nueva fase: la consolidación del poder político del Gobierno, mediante la aplicación del “régimen de transición” aprobado conjuntamente con la Constitución, la proyección a un nuevo período electoral, y la acción en torno a las demandas sociales y a los temas estratégicos.
El escenario económico para el período presenta riesgos por tres lados: (i) los impactos de la crisis mundial, por el lado de la crisis financiero-económica y del debilitamiento del dólar, de la crisis energética que se expresa en los ciclos de los precios internacionales del petróleo, y por los problemas de la migración y las remesas; (ii) el entrampamiento de la economía nacional que no ha logrado impulsar procesos de reactivación productiva y más bien se orienta a un nuevo período extractivo y de reprimarización de la economía, así como al uso clientelar y asistencialista de los excedentes petroleros de la fase actual; (iii) el desfase entre la presión de las ofertas del Gobierno y los compromisos de la nueva Constitución frente a la capacidad de financiamiento.
Puede presentarse la paradoja de un crecimiento cuantitativo del PIB, según ha anunciado el régimen, como resultado de enclaves de inversión externa (Proyecto ITT, eje multimodal Manta-Manaos, gran minería, Refinería del Pacífico); sin el correspondiente desarrollo nacional y social; lo que puede proyectarse hacia una crisis económica-social en un período próximo.
Ante la complejidad de las crisis, no hay soluciones locales. Las salidas alternativas se definen en el carácter del “reenganche” de los países y la región; podrían provenir desde el relanzamiento de una vigorosa unidad latinoamericana en torno a un proyecto de independencia tanto ante el eje Norte-Sur en crisis, como ante la lógica capitalista transnacional de las potencias emergentes (eje Este-Oeste). Esta perspectiva requiere la recuperación de la movilización social y la construcción de la unidad de la izquierda, de los movimientos sociales y de los hombres y mujeres patriotas, en torno a los ejes programáticos de cambios revolucionarios.
[1] WALLERSTEIN Inmanuel, Un mundo incierto, Libros del Zorzal, Buenos Aires, Argentina, 2002, p 86.
[2] Mónica Chuji, en su separación del Movimiento País, denuncia la “derechización del gobierno” y plantea la necesidad de recuperar el proyecto de los movimientos sociales y del movimiento indígena.
[3] DIERCKXSENS Wim, La crisis mundial del siglo XXI: oportunidad de transición al postcapitalismo, DEI, Ediciones desde abajo, Bogotá, Colombia, junio 2008, p 10
[4] DIERCKXSENS W., Op. Cit., p 10
[5] BERNSTEIN Jorge, Más allá de la recesión. En el comienzo de la segunda etapa de la crisis global, Op. Cit.
[6] FRIEDMAN Thomas L., Foreign Affairs; Techno-Nothings, New York Times, 18 de abril de 1998, citado por BORON Atilio, La cuarta Flota destruyó a Imperio, versión electrónica, julio 2008
[7] BORON A., Op. Cit.
[8] BUSH George W., Estrategia de seguridad nacional, septiembre 2002
[9] MARX Karl, El Capital, Tomo I.
[10] ROLDÓS León, www.urgente24.com, Argentina, 15/09/08.
[11] EL COMERCIO, www2.elcomercio.com, Enarsa es una empresa cuestionada en Argentina, 15/09/08
[12] SALTOS Napoleón, Oda al dedo, Periódico virtual “La otra historia”, Quito, septiembre 2008. En vísperas del cierre de la campaña por la consulta, el Presidente Correa decretó la intervención de los proyectos manejados por Odebrecht; el Gobierno brasilero calificó el tema como político y declaró el apoyo a la empresa; y se ha iniciado un proceso de negociación.
[13] DIERCKXSENS W., Op. Cit.
[14] PETRAS J., Op. Cit.
[15] CUEVA Agustín, El proceso de dominación política en el Ecuador.
[16] SALTOS Napoleón, Las fronteras de los movimientos sociales, Revista de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, Nº 23, junio 2005. El subrayado es del original.
[17] UNDA Mario, Ecuador: Con el referéndum a la vista. ¿Qué es lo que está en juego?, pdf, versión electrónica, Quito, 18 agosto 2008.
[18] No es una mera coincidencia que el último viaje de Lucio Gutiérrez, a raíz de su derrocamiento, haya sido también a Brasil: más allá de los gobiernos opera el eje Manta-Manaos, China-Brasil, articulado al IIRSA, como el nuevo ordenador del modelo.
[19] WALLERSTEIN I., Op. Cit., pp. 9 - 10
[20] UNDA M., Op. Cit. pp. 2 – 3. Los subrayados son del original.
[21] “Así ha ocurrido en toda revolución: el partido más dócil, y todavía con posibilidades de gobernar, llega al poder, precisamente porque los derrotados ven en él la última posibilidad de salvación… Toda la clase burguesa y el resto de la clase propietaria feudal, una buena parte de la pequeña burguesía y de la población agraria se cobija alrededor de este partido – declamatoriamente muy revolucionario –, la extrema izquierda burguesa.” ENGELS Federico, Carta a Bebel, 11 de diciembre de 1884, citada en DOMÈNECH Antoni, El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista, Crítica, Barcelona, 2004, pp. 273 – 274.
[22] ENGELS F., Op. Cit.
[23] ENGELS F., Op. Cit. “Sea como fuere, nuestro único enemigo el día de la crisis y el día siguiente será el conjunto de la reacción agrupada en torno a la pura democracia, y eso no conviene perderlo de vista.”
[24] UNDA M., Op. Cit., p 4.
[25] BAEZ René, Correa o la fase superior del neoliberalismo, versión electrónica, septiembre 4 de 2008.
martes, 9 de septiembre de 2008
Correa o la fase superior del neoliberalismo
Ecuador
Correa o la fase superior del neoliberalismo
-Especial para la revista argentina América XXI-
René Báez
Premio Nacional de Economía y miembro de la
International Writers Association
Las orientaciones y decisiones más recientes del gobierno de Rafael Correa han venido a acentuar inquietudes que ya expresáramos en el balance del primer año de la autodenominada Revolución Ciudadana (www.alainet. org/active/25357&lang=es).
Como se recordará, Correa logró la adhesión mayoritaria de los votantes en el ballotage del 2006 –incluido, por cierto, el respaldo virtualmente unánime de los partidos de izquierda y demás fuerzas y organizaciones antisistema- por su compromiso de sepultar el modelo liberal esquizofrénico (Estado del bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres), institucionalizado en el Ecuador a partir de la administración del demócrata cristiano Osvaldo Hurtado (1981-84).
Más allá de la retórica de las “cinco revoluciones” anunciadas al calor de la campaña presidencial –política, económica, ética, educación/salud y relaciones internacionales-, desmontar la institucionalidad neoliberal suponía/supone instrumentar un conjunto de acciones encaminado, por un lado, a defender la soberanía política y económica nacional, y por otro, a concretar programas destinados a plasmar una autonomización relativa del aparato productivo doméstico. (Ver nuestro estudio “¿Cómo superar el fundamentalismo neoliberal?”: www.paginadigital.com.ar/articulos/2007/2007prim/noticias/fundamental).
Por lo demás, cabe destacar que la escalada del precio internacional del crudo a consecuencia básicamente de la invasión estadounidense a Irak el 2003, así como las abultadas remesas de divisas de los emigrados, proveían de viabilidad económica a ese modelo alternativo al impuesto a escala latinoamericana por el capital financiero internacional y sus socios locales desde la implantación de regímenes fascistas en el Cono Sur a comienzos de los años 70.
Conforme ya insinuamos, el gobierno correísta y su Revolución Ciudadana han venido apartándose cada vez más de sus definiciones de cuño nacionalista, popular y latinoamericanista, y, por esa ruta, aproximándose perniciosamente a los intereses y dictados del capital monopólico externo y nativo. Pruebas al canto.
Contradictoria defensa de la soberanía política
La masacre de Angostura y sus reflejos
La diplomacia de la Revolución Ciudadana viene exhibiendo los mismos rasgos de ingenuidad, improvisación, cortoplacismo y frecuente defección que han caracterizado a la Cancillería ecuatoriana a lo largo de su historia.
Así, por ejemplo, frente a la incursión militar colombiana del 1 de marzo pasado a la provincia amazónica de Sucumbíos, operativo de terrorismo de Estado que se saldó con la masacre de más de dos decenas de militantes o simpatizantes de las FARC, entre ellos el comandante Raúl Reyes, la reacción de Carondelet se tradujo en una vehemente pero descontextualizada denuncia de los sangrientos hechos. Es decir, ni Correa ni la canciller María Isabel Salvador asumieron la vulneración de la soberanía territorial del país y su estela sanguinaria como correlato de la geopolítica diseñada por Washington e instrumentada en la subregión andina con el colaboracionismo de la narcodemocracia colombiana. ¿A qué aludimos en concreto?
Esencialmente a que, si por un lado, la denuncia de los bombardeos a la remota Angostura –aldea en donde diversos gobiernos y la referida guerrilla afinaban los detalles para la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes en manos del mencionado grupo guerrillero- desató una crisis hemisférica que desembocó en la ruptura de relaciones con la Colombia de Álvaro Uribe tanto de la Venezuela bolivariana y de la Nicaragua sandinista como la del propio Ecuador, así como en el reconocimiento por parte del Grupo de Río y la OEA de la violación de nuestra soberanía; por otro, los anuncios de Quito de llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya o de suspender el intercambio comercial con el vecino norteño nunca desbordaron el nivel de las palabras. Este orden de actitudes entre tibias y zigzagueantes ha conducido a que el actual inquilino del Palacio de Nariño retome su línea agresiva e intimidatoria, y, a través de la utilización de las computadoras “a la carta” de Reyes, inicie juicios bajo legislación y jurisdicción colombiana incluso contra funcionarios del gobierno de Correa.
La incomprensión de que los sucesos de Angostura tenían como telón de fondo la fementida guerra contra el “narcoterrorismo” promovida por George W. Bush para criminalizar a los disidentes de la globalización corporativa -llámense insurgentes armados, dirigentes indígenas o campesinos, cristianos liberacionistas, opositores políticos parlamentarios, intelectuales, ecologistas, defensores de los derechos humanos, etc.- ha determinado que el Carondelet persista en su cadena de errores y/o defecciones.
Esta tónica de la diplomacia del régimen de Alianza País acaba de alumbrar un acontecimiento de temibles consecuencias. Nos referimos a la aprobación y puesta en marcha por Correa y su ministro del Interior, Fernando Bustamante, del sarcásticamente denominado Proyecto Libertador, un programa de espionaje telefónico y electrónico montado con financiamiento y asesoría estadounidenses y que, a pretexto de espiar a los narcotraficantes, estaría convirtiendo al Ecuador en un auténtico Estado policial. La justificación oficial para consumar ese atentado a la soberanía nacional y a la privacidad de los ciudadanos no podía ser más peregrina y deleznable. Según voceros oficiales, tal proyecto no debiera preocupar a nadie, ya que dispositivos idénticos se encuentran en plena operatividad en la Colombia de uribista y en el Perú de Alan García. Únicamente les ha faltado decir que corresponden a extensiones a estas latitudes de la Patriot Act impuesta por el guerrerista Bush Jr. después del memorable 11-S.
Una de cal y otra de arena.
Si, por un lado, fue plausible que, en agosto pasado, el Ecuador notificara a Estados Unidos su decisión de no renovar el convenio de entrega de la Base Manta al Pentágono, a partir de noviembre del próximo año; por otro, no ha dejado de suscitar perplejidad el silencio del Palacio de Najas respecto de la resolución de la Casa Blanca, aplaudida por Bogotá, de reactivar la IV Flota, incluso con portaaviones atómicos, para patrullar las costas de América Latina y el Caribe.
Preservar la dolarización: una apuesta suicida
La capacidad de emitir un signo monetario, establecer su valor en relación a otras monedas y determinar su circulación de conformidad a una estrategia nacional es un atributo consustancial a la soberanía política y económica de un país.
Rafael Correa emergió a la escena política como opositor al “dictócrata” Lucio Gutiérrez y crítico de la inconstitucional dolarización dispuesta por Jamil Mahuad a comienzos del 2000, que se saldó con un feriado bancario, un “corralito” en el argot argentino, y el endoso al Estado –es decir, a los contribuyentes- de un atraco cifrado en 8.000 millones de dólares.
En la campaña para las presidenciales del 2006, el caudillo de Alianza País reiteró sus denuncias contra esa medida ultraneoliberal y liquidacionista del aparato productivo doméstico. Ya instalado en Carondelet, sin embargo, no desaprovecha ocasión para insistir en que, a lo largo de su mandato de cuatro años, mantendrá al dólar estadounidense como moneda oficial “ecuatoriana”.
¿Qué supone esa explícita renuncia a la soberanía monetaria? ¿Cómo explicar la repentina vocación presidencial por un tipo de cambio fijo? ¿Cuáles las consecuencias internas y en las relaciones externas de ese nacionalismo “dolarizado”? ¿Qué nos depara el futuro previsible?
Pablo Dávalos, investigador y catedrático de la Universidad Católica de Quito, responde a ese orden de inquietudes en un estudio titulado “Ecuador: el debate prohibido”, donde apunta:
Desde el año 2000 cuando se impuso la dolarización, su tarea ha sido la de ir minando al país: ha destruido la pequeña producción campesina poniendo en riesgo el abastecimiento alimentario más elemental. Ha destruido la pequeña y mediana producción industrial, generando desempleo y pérdida de ingreso a miles de familias. Ha desquiciado el sistema de precios con distorsiones que han multiplicado por diez a la canasta familiar en menos de una década y ha destrozado la capacidad adquisitiva del salario que actualmente apenas cubre menos de un tercio de la canasta básica. Ha provocado un profundo intercambio desigual entre el sector rural y el sector urbano. Ha incentivado una deriva consumista que se refleja en el mayor déficit comercial en toda la historia del país, un déficit oculto por los altos precios del petróleo. Ha provocado una enorme migración de ecuatorianos en búsqueda de trabajo en el extranjero. Ha polarizado la concentración del ingreso, al extremo que el 20% más rico de la población dispone de más del 50% de la renta nacional, mientras que el 20% más pobre no llega a participar ni del 4% de la renta nacional. Ha incentivado los comportamientos rentistas de sectores medios de la población, y la demanda de asistencialismo en los sectores más pobres. Ha transformado el mercado financiero doméstico que ahora cobra tasas de interés desmesuradas en dólares, e incentiva la fuga de divisas y el endeudamiento externo agresivo por parte del sector privado, que recuerda aquel proceso de los años setenta que condujo a la crisis de la deuda externa… Estos hechos nos muestran una economía en descalabro y una sociedad fracturada, y un esquema monetario que empieza a hacer aguas y cuyo colapso, a más de inminente, parece más próximo de lo que quisiéramos… (1)
Más adelante explica:
La dolarización no es solo un esquema monetario que otorga certezas para decisiones económicas en el corto y mediano plazo, sino que es el centro de gravedad del esquema neoliberal. Y el modelo neoliberal no se reduce a un conjunto de recomendaciones en política fiscal, sino a la readecuación de las relaciones de poder en beneficio del capital financiero. (2)
En buen romance, lo anterior implica que si no se sale de la dolarización –y de una manera ordenada- no hay cambio de modelo económico posible. Razonar de modo distinto, como lo hacen tanto la derecha tradicional liderada por el alcalde guayaquileño Jaime Nebot Saadi como la derecha correísta y oenegeísta, ambas militantes del vil desarrollismo, comporta la gran impostura que padece actualmente la sociedad ecuatoriana.
Más aún, lejos de instrumentar una alternativa al cambio fijo y al legado neoliberalizante, Carondelet y sus funambulescos revolucionarios han venido impulsando una fórmula entre regresiva y clientelar para enjugar esos problemas estructurales y de redivivo colonialismo. ¿A qué aludimos?
Particularmente al festín de recursos petroleros, mineros y ambientales, incluida la privatización manu militari de PETROECUADOR (3); a las apuestas al IIRSA y a los transgénicos preconizadas por el binomio Bush-Lula da Silva, al aperturismo comercial y financiero, a las negociaciones recolonizadoras con la Unión Europea, al diferimiento para las calendas griegas de la adhesión del Ecuador al ALBA, a la alineación con Colombia y Perú en el seno de la CAN (traicionando a la Bolivia de Evo Morales y al propio discurso oficial de no mercantilización de la vida). En suma, al autobloqueo a una estrategia de relativa autonomía productiva y a la sistemática adopción del modelo regresivo y de lumpenacumulación que describiera André Gunder Frank hace casi medio siglo.
Notas
(1) Ver: www.llacta.org/notic/not050a.htm
(2) Ibid.
(3) A ese respeto, especialmente sustentadas y crudas han sido las denuncias formuladas por Polo Democrático, una organización policlasista encabezada por el ex sacerdote Eduardo Delgado, que ha convocado a la ciudadanía a anular el voto en el referendo constitucional del 28 de septiembre próximo. A criterio de esa entidad política, tal sería la mejor forma de comenzar a sortear el dilema de hierro al que ha sido empujado el país por una democracia formal, mediática y ritualista.
Sept.5/2008
Correa o la fase superior del neoliberalismo
-Especial para la revista argentina América XXI-
René Báez
Premio Nacional de Economía y miembro de la
International Writers Association
Las orientaciones y decisiones más recientes del gobierno de Rafael Correa han venido a acentuar inquietudes que ya expresáramos en el balance del primer año de la autodenominada Revolución Ciudadana (www.alainet. org/active/25357&lang=es).
Como se recordará, Correa logró la adhesión mayoritaria de los votantes en el ballotage del 2006 –incluido, por cierto, el respaldo virtualmente unánime de los partidos de izquierda y demás fuerzas y organizaciones antisistema- por su compromiso de sepultar el modelo liberal esquizofrénico (Estado del bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres), institucionalizado en el Ecuador a partir de la administración del demócrata cristiano Osvaldo Hurtado (1981-84).
Más allá de la retórica de las “cinco revoluciones” anunciadas al calor de la campaña presidencial –política, económica, ética, educación/salud y relaciones internacionales-, desmontar la institucionalidad neoliberal suponía/supone instrumentar un conjunto de acciones encaminado, por un lado, a defender la soberanía política y económica nacional, y por otro, a concretar programas destinados a plasmar una autonomización relativa del aparato productivo doméstico. (Ver nuestro estudio “¿Cómo superar el fundamentalismo neoliberal?”: www.paginadigital.com.ar/articulos/2007/2007prim/noticias/fundamental).
Por lo demás, cabe destacar que la escalada del precio internacional del crudo a consecuencia básicamente de la invasión estadounidense a Irak el 2003, así como las abultadas remesas de divisas de los emigrados, proveían de viabilidad económica a ese modelo alternativo al impuesto a escala latinoamericana por el capital financiero internacional y sus socios locales desde la implantación de regímenes fascistas en el Cono Sur a comienzos de los años 70.
Conforme ya insinuamos, el gobierno correísta y su Revolución Ciudadana han venido apartándose cada vez más de sus definiciones de cuño nacionalista, popular y latinoamericanista, y, por esa ruta, aproximándose perniciosamente a los intereses y dictados del capital monopólico externo y nativo. Pruebas al canto.
Contradictoria defensa de la soberanía política
La masacre de Angostura y sus reflejos
La diplomacia de la Revolución Ciudadana viene exhibiendo los mismos rasgos de ingenuidad, improvisación, cortoplacismo y frecuente defección que han caracterizado a la Cancillería ecuatoriana a lo largo de su historia.
Así, por ejemplo, frente a la incursión militar colombiana del 1 de marzo pasado a la provincia amazónica de Sucumbíos, operativo de terrorismo de Estado que se saldó con la masacre de más de dos decenas de militantes o simpatizantes de las FARC, entre ellos el comandante Raúl Reyes, la reacción de Carondelet se tradujo en una vehemente pero descontextualizada denuncia de los sangrientos hechos. Es decir, ni Correa ni la canciller María Isabel Salvador asumieron la vulneración de la soberanía territorial del país y su estela sanguinaria como correlato de la geopolítica diseñada por Washington e instrumentada en la subregión andina con el colaboracionismo de la narcodemocracia colombiana. ¿A qué aludimos en concreto?
Esencialmente a que, si por un lado, la denuncia de los bombardeos a la remota Angostura –aldea en donde diversos gobiernos y la referida guerrilla afinaban los detalles para la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes en manos del mencionado grupo guerrillero- desató una crisis hemisférica que desembocó en la ruptura de relaciones con la Colombia de Álvaro Uribe tanto de la Venezuela bolivariana y de la Nicaragua sandinista como la del propio Ecuador, así como en el reconocimiento por parte del Grupo de Río y la OEA de la violación de nuestra soberanía; por otro, los anuncios de Quito de llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya o de suspender el intercambio comercial con el vecino norteño nunca desbordaron el nivel de las palabras. Este orden de actitudes entre tibias y zigzagueantes ha conducido a que el actual inquilino del Palacio de Nariño retome su línea agresiva e intimidatoria, y, a través de la utilización de las computadoras “a la carta” de Reyes, inicie juicios bajo legislación y jurisdicción colombiana incluso contra funcionarios del gobierno de Correa.
La incomprensión de que los sucesos de Angostura tenían como telón de fondo la fementida guerra contra el “narcoterrorismo” promovida por George W. Bush para criminalizar a los disidentes de la globalización corporativa -llámense insurgentes armados, dirigentes indígenas o campesinos, cristianos liberacionistas, opositores políticos parlamentarios, intelectuales, ecologistas, defensores de los derechos humanos, etc.- ha determinado que el Carondelet persista en su cadena de errores y/o defecciones.
Esta tónica de la diplomacia del régimen de Alianza País acaba de alumbrar un acontecimiento de temibles consecuencias. Nos referimos a la aprobación y puesta en marcha por Correa y su ministro del Interior, Fernando Bustamante, del sarcásticamente denominado Proyecto Libertador, un programa de espionaje telefónico y electrónico montado con financiamiento y asesoría estadounidenses y que, a pretexto de espiar a los narcotraficantes, estaría convirtiendo al Ecuador en un auténtico Estado policial. La justificación oficial para consumar ese atentado a la soberanía nacional y a la privacidad de los ciudadanos no podía ser más peregrina y deleznable. Según voceros oficiales, tal proyecto no debiera preocupar a nadie, ya que dispositivos idénticos se encuentran en plena operatividad en la Colombia de uribista y en el Perú de Alan García. Únicamente les ha faltado decir que corresponden a extensiones a estas latitudes de la Patriot Act impuesta por el guerrerista Bush Jr. después del memorable 11-S.
Una de cal y otra de arena.
Si, por un lado, fue plausible que, en agosto pasado, el Ecuador notificara a Estados Unidos su decisión de no renovar el convenio de entrega de la Base Manta al Pentágono, a partir de noviembre del próximo año; por otro, no ha dejado de suscitar perplejidad el silencio del Palacio de Najas respecto de la resolución de la Casa Blanca, aplaudida por Bogotá, de reactivar la IV Flota, incluso con portaaviones atómicos, para patrullar las costas de América Latina y el Caribe.
Preservar la dolarización: una apuesta suicida
La capacidad de emitir un signo monetario, establecer su valor en relación a otras monedas y determinar su circulación de conformidad a una estrategia nacional es un atributo consustancial a la soberanía política y económica de un país.
Rafael Correa emergió a la escena política como opositor al “dictócrata” Lucio Gutiérrez y crítico de la inconstitucional dolarización dispuesta por Jamil Mahuad a comienzos del 2000, que se saldó con un feriado bancario, un “corralito” en el argot argentino, y el endoso al Estado –es decir, a los contribuyentes- de un atraco cifrado en 8.000 millones de dólares.
En la campaña para las presidenciales del 2006, el caudillo de Alianza País reiteró sus denuncias contra esa medida ultraneoliberal y liquidacionista del aparato productivo doméstico. Ya instalado en Carondelet, sin embargo, no desaprovecha ocasión para insistir en que, a lo largo de su mandato de cuatro años, mantendrá al dólar estadounidense como moneda oficial “ecuatoriana”.
¿Qué supone esa explícita renuncia a la soberanía monetaria? ¿Cómo explicar la repentina vocación presidencial por un tipo de cambio fijo? ¿Cuáles las consecuencias internas y en las relaciones externas de ese nacionalismo “dolarizado”? ¿Qué nos depara el futuro previsible?
Pablo Dávalos, investigador y catedrático de la Universidad Católica de Quito, responde a ese orden de inquietudes en un estudio titulado “Ecuador: el debate prohibido”, donde apunta:
Desde el año 2000 cuando se impuso la dolarización, su tarea ha sido la de ir minando al país: ha destruido la pequeña producción campesina poniendo en riesgo el abastecimiento alimentario más elemental. Ha destruido la pequeña y mediana producción industrial, generando desempleo y pérdida de ingreso a miles de familias. Ha desquiciado el sistema de precios con distorsiones que han multiplicado por diez a la canasta familiar en menos de una década y ha destrozado la capacidad adquisitiva del salario que actualmente apenas cubre menos de un tercio de la canasta básica. Ha provocado un profundo intercambio desigual entre el sector rural y el sector urbano. Ha incentivado una deriva consumista que se refleja en el mayor déficit comercial en toda la historia del país, un déficit oculto por los altos precios del petróleo. Ha provocado una enorme migración de ecuatorianos en búsqueda de trabajo en el extranjero. Ha polarizado la concentración del ingreso, al extremo que el 20% más rico de la población dispone de más del 50% de la renta nacional, mientras que el 20% más pobre no llega a participar ni del 4% de la renta nacional. Ha incentivado los comportamientos rentistas de sectores medios de la población, y la demanda de asistencialismo en los sectores más pobres. Ha transformado el mercado financiero doméstico que ahora cobra tasas de interés desmesuradas en dólares, e incentiva la fuga de divisas y el endeudamiento externo agresivo por parte del sector privado, que recuerda aquel proceso de los años setenta que condujo a la crisis de la deuda externa… Estos hechos nos muestran una economía en descalabro y una sociedad fracturada, y un esquema monetario que empieza a hacer aguas y cuyo colapso, a más de inminente, parece más próximo de lo que quisiéramos… (1)
Más adelante explica:
La dolarización no es solo un esquema monetario que otorga certezas para decisiones económicas en el corto y mediano plazo, sino que es el centro de gravedad del esquema neoliberal. Y el modelo neoliberal no se reduce a un conjunto de recomendaciones en política fiscal, sino a la readecuación de las relaciones de poder en beneficio del capital financiero. (2)
En buen romance, lo anterior implica que si no se sale de la dolarización –y de una manera ordenada- no hay cambio de modelo económico posible. Razonar de modo distinto, como lo hacen tanto la derecha tradicional liderada por el alcalde guayaquileño Jaime Nebot Saadi como la derecha correísta y oenegeísta, ambas militantes del vil desarrollismo, comporta la gran impostura que padece actualmente la sociedad ecuatoriana.
Más aún, lejos de instrumentar una alternativa al cambio fijo y al legado neoliberalizante, Carondelet y sus funambulescos revolucionarios han venido impulsando una fórmula entre regresiva y clientelar para enjugar esos problemas estructurales y de redivivo colonialismo. ¿A qué aludimos?
Particularmente al festín de recursos petroleros, mineros y ambientales, incluida la privatización manu militari de PETROECUADOR (3); a las apuestas al IIRSA y a los transgénicos preconizadas por el binomio Bush-Lula da Silva, al aperturismo comercial y financiero, a las negociaciones recolonizadoras con la Unión Europea, al diferimiento para las calendas griegas de la adhesión del Ecuador al ALBA, a la alineación con Colombia y Perú en el seno de la CAN (traicionando a la Bolivia de Evo Morales y al propio discurso oficial de no mercantilización de la vida). En suma, al autobloqueo a una estrategia de relativa autonomía productiva y a la sistemática adopción del modelo regresivo y de lumpenacumulación que describiera André Gunder Frank hace casi medio siglo.
Notas
(1) Ver: www.llacta.org/notic/not050a.htm
(2) Ibid.
(3) A ese respeto, especialmente sustentadas y crudas han sido las denuncias formuladas por Polo Democrático, una organización policlasista encabezada por el ex sacerdote Eduardo Delgado, que ha convocado a la ciudadanía a anular el voto en el referendo constitucional del 28 de septiembre próximo. A criterio de esa entidad política, tal sería la mejor forma de comenzar a sortear el dilema de hierro al que ha sido empujado el país por una democracia formal, mediática y ritualista.
Sept.5/2008
miércoles, 13 de agosto de 2008
Reescribir la Historia
REESCRIBIR LA HISTORIA
Noam Chomsky
2004-11-18
El principio fundamental es que "nosotros somos buenos" -"nosotros" entendido como el Estado al que uno sirve-, y lo que "nosotros" hacemos está dedicado a los principios más elevados, aunque se cometan errores en la práctica. En una ilustración típica, según la versión retrospectiva de la izquierda liberal extremista, la guerra de Vietnam comenzó con "esfuerzos fallidos por hacer el bien", pero ya en 1969 se había vuelto un "desastre" (Anthony Lewis): en 1969, después de que el mundo empresarial se había vuelto contra la guerra por ser muy costosa y 70 por ciento del público la consideraba "esencialmente mala e inmoral", no un "error"; en 1969, siete años después del comienzo del ataque de Kennedy contra Vietnam del Sur, dos años después de que el más respetado especialista e historiador militar de Vietnam, Bertrand Fall, advirtió que "Vietnam, como entidad cultural e histórica, está amenazada de extinción... (pues) el campo muere literalmente bajo los golpes de la mayor maquinaria militar jamás lanzada sobre un área de este tamaño"; en 1969, la época de algunas de las operaciones de terrorismo de Estado más despiadadas, de uno de los mayores crímenes del siglo XX, del cual las lanchas rápidas del sur profundo, ya devastado por los bombardeos de saturación, la guerra química y los asesinatos en masa, fueron la menor de las atrocidades cometidas. Pero la historia modificada prevalece. Expertos y serios panelistas evalúan las razones de la "obsesión estadunidense por Vietnam" durante las elecciones de 2004, cuando la guerra de Vietnam ni siquiera se mencionó: la de verdad, claro está, no la imagen reconstruida para la historia.
El principio fundamental tiene corolarios. El primero es que los clientes son en esencia buenos, aunque menos que "nosotros". En la medida en que se moldeen a las exigencias de Washington, aplican un "sano pragmatismo". Otro es que los enemigos son muy malos; hasta dónde lo son depende de la intensidad con que "nosotros" los estemos atacando o planeemos hacerlo. Su estatus puede cambiar con mucha rapidez, de conformidad con estos lineamientos. Por consiguiente el gobierno actual y sus mentores inmediatos apreciaban mucho a Saddam Hussein y lo ayudaban cuando nada más gaseaba kurdos, torturaba disidentes y aplastaba una rebelión chiíta que pudo haberlo derrocado en 1991, por su contribución a la "estabilidad" -palabra en clave con que nos referimos a "nuestra" dominación- y su utilidad a los exportadores estadunidenses, según se declaraba con franqueza. Pero esos mismos crímenes se volvieron la prueba de su maldad absoluta cuando llegó el momento apropiado para que "nosotros", portando con orgullo el estandarte de Dios, invadiéramos Irak e instaláramos lo que será llamado "democracia" si obedece órdenes y contribuye a la "estabilidad".
Los principios son simples, y fáciles de recordar para hacer carrera en círculos respetables. La notable consistencia en su aplicación se ha documentado con amplitud. Lo anterior es de esperarse en estados totalitarios y dictaduras militares, pero es un fenómeno mucho más instructivo en sociedades libres, donde uno no puede con seriedad alegar el miedo como circunstancia atenuante.
La muerte de Arafat ofrece otro de una inmensa lista de estudios de caso. Me limitaré al New York Times (NYT), el periódico más importante del mundo, y al Boston Globe, que tal vez más que otros es el periódico local de la elite educada liberal.
El artículo de opinión de la primera plana del NYT (12 de noviembre) comienza presentando a Arafat como "a un tiempo el símbolo de la esperanza palestina de un Estado independiente viable y el principal obstáculo a su realización". Explica en seguida que jamás fue capaz de alcanzar las alturas del presidente egipcio Anuar Sadat, quien "recuperó el Sinaí mediante un tratado de paz con Israel" porque tuvo la capacidad de "apelar a los israelíes y referirse a sus temores y esperanzas" (cita de Shlomo Avineri, filósofo israelí y ex funcionario del gobierno, en la nota de seguimiento del 13 de noviembre).
Uno puede pensar en obstáculos más graves a la realización de un Estado palestino, pero están excluidos de los principios rectores, como lo está la verdad sobre Sadat, que por lo menos Avineri sin duda conoce.
Recordemos algunos por nuestra cuenta. Desde que el tema de los derechos nacionales palestinos a un Estado formal llegaron a la agenda de la diplomacia, a mediados del decenio de 1970, "el primer obstáculo a su realización" ha sido, de manera inequívoca, el gobierno estadunidense, y el NYT tiene buenos merecimientos para reclamar el segundo lugar de la lista. Eso ha sido evidente desde enero de 1976, cuando Siria presentó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU en que se pedía una solución de dos estados. La propuesta incorporaba la redacción crucial de la resolución 242 del organismo mundial, que según consenso es el documento básico. Concedía a Israel los derechos de cualquier Estado en el sistema internacional, al lado de un Estado palestino en los territorios conquistados por Tel Aviv en 1967. La resolución, que contaba con el respaldo de los principales estados árabes, fue vetada por Washington.
La OLP condenó "la tiranía del veto". Hubo algunas abstenciones por minucias técnicas. En ese tiempo un acuerdo de dos estados en esos términos había obtenido amplio respaldo internacional, bloqueado sólo por Estados Unidos (y rechazado por Israel).
Así continuaron las cosas, no sólo en el Consejo de Seguridad, sino también en la Asamblea General, que aprobó resoluciones similares, por lo regular con votaciones por el estilo de 150-2 (a veces Estados Unidos escogía algún estado cliente). Washington bloqueó también iniciativas similares de estados europeos y árabes.
Entre tanto, el NYT rehusó -ésa es la palabra exacta- publicar el hecho de que durante el decenio de 1980 Arafat convocaba a negociaciones que Israel rechazaba. La principal corriente periodística israelí encabezaba sus notas con el rechazo de Shimon Peres a los llamados de Arafat a negociaciones directas, sobre la base de su doctrina de que la OLP de Arafat "no puede ser parte en las negociaciones". Y poco después el corresponsal del NYT en Jerusalén, Thomas Friedman, ganador del Premio Pulitzer, quien sin duda podía leer la prensa en hebreo, escribía artículos en los que lamentaba la intranquilidad de las fuerzas policiales israelíes por "la ausencia de cualquier parte negociadora", en tanto Peres deploraba la falta de "un movimiento de paz entre el pueblo árabe (como el) que tenemos entre los judíos", y explicaba de nuevo que la OLP no participaría en las negociaciones "en tanto permanezca como organización de pistoleros y se niegue a negociar". Todo esto luego de una oferta más de Arafat para negociar sobre la cual el NYT rehusó informar, y casi tres años después del rechazo del gobierno israelí a la oferta de Arafat de una negociación que condujera a un reconocimiento mutuo. A Peres, entre tanto, se le describe como adscrito al "sano pragmatismo", por virtud de los principios rectores.
Las cosas cambiaron en realidad en el decenio de 1990, cuando el gobierno de Clinton declaró "obsoletas y anacrónicas" todas las resoluciones de la ONU y elaboró su propia política de rechazo. Washington sigue solo en su bloqueo a un acuerdo diplomático. Un importante ejemplo reciente fue la presentación de los acuerdos de Ginebra en diciembre de 2002, apoyados por el usual consenso internacional, con la excepción de costumbre: "De manera conspicua, Estados Unidos no estaba entre los gobiernos que enviaron un mensaje de respaldo", informó el NYT en una crónica desdeñosa (2 de diciembre, 2002).
Se trata sólo de un pequeño fragmento de un historial diplomático que es tan consistente, y tan dramáticamente claro, que es imposible dejar de notarlo, a menos que uno se aferre a la historia creada por quienes son dueños de ella.
Vayamos a un segundo ejemplo: la apelación de Anuar Sadat a los israelíes, con la cual ganó el Sinaí en 1979, era una lección para el malvado Arafat. Recurriendo a una inaceptable interpretación de la historia, Sadat ofreció en febrero de 1971 un tratado integral de paz a Israel, de conformidad con la política oficial estadunidense de entonces -en especial el retiro de Israel del Sinaí-, sin apenas un gesto dirigido a los derechos palestinos. Jordania vino después con ofertas similares. Israel reconoció que podía tener paz total, pero el gobierno laborista de Golda Meir optó por rechazar las ofertas en aras de la expansión, en principio hacia el noreste del Sinaí, donde Israel empujaba a miles de beduinos hacia el desierto y destruía sus pueblos, mezquitas, cementerios y hogares con el fin de fundar la ciudad totalmente judía de Yamit.
La pregunta crucial, como siempre, era cómo reaccionaría Estados Unidos. Kissinger se impuso en un debate interno y Washington adoptó su política de "estancamiento": cero negociaciones, sólo fuerza. Continuó rechazando -o, lo que es más preciso, ignorando- los esfuerzos de Sadat por llevar adelante un curso diplomático, y respaldando la política de rechazo y expansión de Israel. Esa postura condujo a la guerra de 1973, en la que hubo una apretada victoria para Israel, y tal vez para el mundo: Estados Unidos lanzó una alerta nuclear.
Para entonces hasta Kissinger entendía que no se podía tratar a Egipto como desahuciado, y comenzó su "diplomacia de transbordador", que condujo a las reuniones de Campo David, en las cuales Israel y Estados Unidos aceptaron la oferta de Sadat de 1971, pero ahora en términos mucho más severos, desde el punto de vista estadunidense-israelí. Para entonces el consenso internacional había venido a reconocer los derechos nacionales palestinos y, en consecuencia, Sadat llamó a fundar un Estado palestino, anatema para Estados Unidos e Israel.
En la historia oficial ajustada por sus propietarios, y repetida por los artículos de opinión en los medios, estos sucesos son un "triunfo diplomático" de Estados Unidos y una prueba de que, si tan sólo los árabes fueran capaces de unirse a "nosotros" en preferir la paz y la diplomacia, podrían lograr sus metas.
En la historia real, el triunfo fue una catástrofe, y los hechos demostraron que Estados Unidos sólo estaba dispuesto a acceder a la violencia. El rechazo estadunidense de la diplomacia condujo a una guerra terrible y sumamente peligrosa y a muchos años de sufrimiento, cuyos amargos efectos persisten hasta hoy.
En sus memorias, el general Shlomo Gazit, comandante militar de los territorios ocupados de 1967 a 1974, observa que al negarse a considerar propuestas presentadas por el ejército y la inteligencia para instaurar alguna forma de autogobierno en los territorios, o incluso limitada actividad política, y al insistir en "sustanciales cambios fronterizos", el gobierno laborista apoyado por Washington carga con una significativa responsabilidad por el posterior surgimiento del movimiento fanático de colonización Gush Emunim, y por la resistencia palestina que se desarrolló muchos años después en la primera intifada, después de años de brutalidad y terrorismo de Estado, y el constante despojo de valiosas tierras y recursos palestinos.
El extenso obituario de Arafat que escribe la especialista del Times en Medio Oriente, Judith Miller (11 de noviembre), sigue el mismo tenor del artículo de primera plana. Según su versión, "hasta 1988 (Arafat) rechazó en repetidas ocasiones reconocer a Israel, insistiendo en la lucha armada y las campañas de terror. Optó por la diplomacia sólo después de su respaldo al presidente Saddam Hussein durante la guerra del golfo Pérsico de 1991". Miller presenta una versión precisa de la historia oficial. En la historia real Arafat ofreció en repetidas ocasiones negociaciones conducentes al reconocimiento mutuo, en tanto Israel -en particular los mansos "pragmáticos"- rehusó de plano, con el respaldo de Washington. En 1989, la coalición gobernante israelí (Shamir-Peres) se aseguró el consenso político sobre su plan de paz. El primer principio era que no podía haber "un Estado palestino adicional" entre Jordania e Israel, puesto que Palestina ya era "un Estado palestino". El segundo era que el destino de los territorios se fijaría "de acuerdo con los lineamientos básicos del gobierno (israelí)". El plan fue aceptado sin calificación por Estados Unidos, y se convirtió en el "plan Baker" (diciembre de 1989). Totalmente al contrario de lo relatado por Miller y de la historia oficial, sólo después de la guerra del Golfo Washington estuvo dispuesto a considerar negociaciones, reconociendo que estaba ahora en posición de imponer su solución en forma unilateral.
Estados Unidos convocó a la conferencia de Madrid (con participación de Rusia como hoja de parra). En efecto, ésta condujo a negociaciones con una auténtica delegación palestina, encabezada por Haidar Abdul Shafi, honesto nacionalista que es probablemente el líder más respetado en los territorios ocupados. Pero las pláticas se estancaron porque Abdul Shafi rechazó la insistencia israelí, apoyada por Washington, en continuar adosándose partes valiosas de los territorios con programas de asentamiento e infraestructura, todos ilegales, según reconoció incluso la justicia estadunidense, única disidente en el reciente veredicto de la Corte Mundial que condenó el muro con que Tel Aviv ha dividido Cisjordania. Los "palestinos de Túnez", encabezados por Arafat, soslayaron a los negociadores palestinos y realizaron un trato separado, los "acuerdos de Oslo", celebrado con grandes fanfarrias en la Casa Blanca en septiembre de 2003.
Desde el principio fue evidente que se trataba de una rendición. La sola Declaración de Principios señalaba que el resultado final tendría que basarse exclusivamente en la resolución 242 de la ONU (1967), excluyendo el tema central de la diplomacia desde mediados del decenio de 1970: los derechos nacionales palestinos y un acuerdo de dos estados. La 242 define el resultado final porque nada dice de los derechos palestinos, excluye las resoluciones de la ONU que reconocen los derechos de los palestinos junto con los de Israel, de acuerdo con el consenso internacional que ha sido bloqueado por Estados Unidos desde que tomó forma, a mediados del decenio de 1970. La redacción de los acuerdos dejaba en claro que había un mandato para continuar los programas de asentamientos israelíes, cosa que los gobernantes de Tel Aviv (Yitzhak Rabin y Shimon Peres) no se afanaron en ocultar. Por esa razón, Abdul Shafi se negó incluso a asistir a las ceremonias.
El papel de Arafat sería servir de policía de Israel en los territorios, como Rabin dejó en claro. Mientras cumpliese esa tarea, sería un "pragmático" a quien Estados Unidos e Israel apoyarían sin prestar atención a la corrupción, la violencia y la represión. Sólo después de que ya no pudo mantener bajo control a la población, mientras Israel se adueñaba de más y más de sus tierras y recursos, se volvió un archivillano que obstruía el camino hacia la paz: la acostumbrada transición.
Así continuaron las cosas durante el decenio de 1990. En 1998 los objetivos de las palomas israelíes fueron explicados en un estudio académico de Shlomo ben-Ami, quien pronto llegaría a ser el principal negociador de Barak en Campo David: el "proceso de paz de Oslo" conduciría a una "permanente dependencia neocolonial" de los territorios ocupados, con alguna forma de autonomía local.
Entre tanto, la colonización e integración de los territorios siguió adelante con firmeza, con pleno apoyo estadunidense. Alcanzó su punto más alto en el año final del gobierno de Clinton (y de Barak) y minó así las esperanzas de un arreglo diplomático.
Volviendo a Miller, ella se apega a la versión oficial de que "en noviembre de 1998, después de considerable presión estadunidense, la OLP aceptó la resolución de Naciones Unidas que demandaba el reconocimiento de Israel y la renuncia al terrorismo". La historia verdadera es que hacia noviembre de 1988 Washington era objeto de escarnio internacional por su negativa a "ver" que Arafat demandaba un acuerdo diplomático. El gobierno de Reagan accedió de mala gana a reconocer verdad tan obvia, y tuvo que recurrir a otros medios para obstruir la democracia. Entró en negociaciones de bajo nivel con la OLP, pero, como aseguró el primer ministro Rabin a la organización Paz Ahora en 1989, eran insignificantes, y tenían el único fin de dar más tiempo a Israel para ejercer "dura presión militar y económica", así que "al final se romperán" y se tendrían que aceptar los términos israelíes.
Miller prosigue la narración en la misma vena, la cual conduce a la denuncia típica: en Campo David, Arafat "se retiró" de la magnánima oferta de paz de Clinton-Barak, e incluso después se negó a secundar a Barak en aceptar los "parámetros" fijados por Clinton en diciembre de 2000, lo cual es prueba concluyente de que insiste en la violencia, deprimente noticia a la cual los estados amantes de la paz, Estados Unidos e Israel, deben hacer frente de algún modo.
Volviendo a la historia real, las propuestas de Campo David dividían Cisjordania en cantones virtualmente separados, y de ninguna forma podían ser aceptadas por ningún líder palestino. Eso era evidente con sólo mirar los mapas que se podían encontrar con facilidad, pero no en el NYT ni al parecer en ningún lugar de la corriente periodística dominante, tal vez por esa razón.
Luego del colapso de esas negociaciones, Clinton reconoció que las reservas de Arafat eran sensatas, según demostraron los famosos "parámetros", los cuales, aunque vagos, se acercaban mucho más a un posible acuerdo, lo cual iba contra la historia oficial, pero se trataba de lógica simple, y ésta es inaceptable como historia. Clinton dio su propia versión de los "parámetros" en una conferencia ante el Foro de Política Israelí realizado el 7 de enero de 2001: "Tanto el primer ministro Barak como el presidente Arafat han aceptado ahora estos parámetros como base de esfuerzos posteriores. Los dos han expresado algunas reservas".
Uno puede aprender esto de fuentes tan oscuras como la prestigiada revista internacional Security (otoño de 2003), publicada por Harvard y el MIT, junto con la conclusión de que "el recuento palestino de las pláticas de paz de 2000-01 es significativamente más preciso que el israelí", es decir, el de Estados Unidos y el NYT.
Después de eso, las negociaciones palestino-israelíes de alto nivel procedieron a considerar los parámetros de Clinton como "la base para esfuerzos posteriores", y dejaron sus "reservas" para reuniones que se realizaron en Taba en enero siguiente. Dichas pláticas produjeron un acuerdo tentativo, que atendía algunas de las preocupaciones palestinas, lo cual una vez más contrarió la historia oficial.
Persistieron problemas, pero los acuerdos de Taba avanzaron mucho más hacia un posible acuerdo que cualquier cosa que las haya precedido. Las negociaciones fueron suspendidas por Barak, así que su posible resultado se ignora. Un informe detallado del enviado estadunidense Miguel Moratinos fue aceptado como preciso por ambas partes, y se le dio amplia difusión en Israel. Pero dudo que alguna vez haya sido mencionado aquí por la prensa dominante.
La versión de estos sucesos que da Miller en el NYT se basa en un libro muy elogiado de Dennis Ross, enviado de Clinton a Medio Oriente y negociador. Como todo periodista debería saber, cualquier fuente semejante es sumamente sospechosa, aunque sea por sus orígenes. E incluso una lectura por encima bastaría para demostrar que el relato de Ross es del todo indigno de confianza. Sus 800 páginas constan sobre todo de adulación hacia Clinton (y a sus propios esfuerzos), basadas en casi ningún dato verificable, más bien en "citas" de lo que asegura haber dicho y oído de los participantes, identificados por nombre de pila si son "buenos chicos". Apenas si se encuentra una palabra sobre lo que todo el tiempo había sido el meollo de la cuestión, de hecho desde 1971: los programas de asentamientos y desarrollo de infraestructura que se llevaban a cabo en los territorios ocupados, confiando en el apoyo económico, militar y diplomático de Estados Unidos, con el rápido agregado de Clinton.
Ross resolvió para sí el problema de Taba de manera muy simple: acabando su libro en el momento en que iban a comenzar las pláticas (lo cual le permite omitir la evaluación de Clinton, que fue citada con fidelidad unos días después). Así pudo evitar la probabilidad de que sus conclusiones primarias fueran refutadas al instante.
A Abdul Shafi se le menciona una vez, como de paso, en el libro de Ross. Naturalmente, pasa por alto la percepción de su amigo Shlomo ben-Ami sobre el proceso de Oslo, así como todos los elementos significativos de los acuerdos provisionales y de Campo David. No hay referencia a la negativa terminante de sus héroes, Rabin y Peres -más bien, "Yitzhak" y "Shimon"- a considerar siquiera un Estado palestino. De hecho, la primera alusión a esa posibilidad en Israel aparece durante el gobierno del "chico malo", el ultraderechista Benjamin Netanyahu. Su ministro de Información, al preguntársele sobre un Estado palestino, respondió que los palestinos podían llamar "Estado" a los cantones que les dejaron si así lo deseaban, o cualquier otro nombre que se les ocurriera, como "pollo frito".
Esto es sólo para empezar. El punto de vista de Ross es tan carente de apoyo independiente y tan radicalmente selectivo, que uno tiene que tragarse con un pesado grano de sal todo lo que afirma, desde los detalles específicos que con tanta meticulosidad consigna a la letra (tal vez con una grabadora oculta) hasta las conclusiones muy generales presentadas en forma muy doctoral, pero sin evidencia creíble.
Es de interés señalar que ésta es una reseña hecha como si ese libro fuera un recuento autorizado. En general, el libro vale casi nada, excepto para dar las percepciones de uno de los lados. Es difícil imaginar que un periodista no se dé cuenta de eso.
No carece de valor, en cambio, cierta evidencia crucial que escapa a la percepción. Por ejemplo, la evaluación de la inteligencia israelí durante esos años: entre ellos Amos Malka, cabeza de la inteligencia militar; el general Ami Ayalon, que dirigió los Servicios de Seguridad General (Shin Bet); Matti Steinberg, consejero especial del director del Shin Bet sobre asuntos palestinos, y el coronel Ephraim Lavie, responsable oficial de la división de investigación en la arena palestina. Según la forma en que Malka presenta el consenso, "la presunción era que Arafat prefiere un proceso diplomático, que hará todo lo que pueda para llevarlo a término, y que sólo si llega a un callejón sin salida adoptará un camino de violencia. Pero esta violencia estaría dirigida a sacarlo del callejón, movilizar presión internacional y ganar ese kilómetro extra".
Malka asegura también que estas evaluaciones de alto nivel fueron falsificadas en la forma en que se transmitieron a la dirigencia política y a otros interesados. Los reporteros estadunidenses podrían descubrirlas sin problemas en fuentes de fácil acceso, en inglés.
De poco sirve continuar con la versión de Miller o la de Ross. Acudamos al Boston Globe, en el extremo liberal. Sus editores (12 de noviembre) se adhieren al mismo principio fundamental del NYT (tal vez casi universal, sería interesante buscar excepciones). Estos editores sí reconocen que el fracaso en lograr el Estado palestino "no puede atribuirse sólo a Arafat. Los dirigentes israelíes... tuvieron su parte..." Impensable mencionar el papel decisivo de Estados Unidos.
El Globe también presentó un artículo de opinión en primera plana el 11 de noviembre. En su primer párrafo nos enteramos de que Arafat era "uno de un grupo icónico de carismáticos líderes autoritarios -desde Mao Zedong en China hasta Fidel Castro en Cuba o Saddam Hussein en Irak-, surgidos de los movimientos anticoloniales que se extendieron por el globo después de la Segunda Guerra Mundial".
Esta afirmación es interesante desde varios puntos de vista. El vínculo revela, una vez más, el obligatorio odio visceral hacia Castro. Ha habido pretextos cambiantes conforme varían las circunstancias, pero no información para cuestionar las conclusiones de la inteligencia estadunidense en los primeros días de los ataques terroristas y la guerra económica de Washington contra Cuba: el problema básico es su "exitoso desafío" a las políticas estadunidenses, que se remontan a la doctrina Monroe.
Sin embargo, existe un elemento de verdad en el retrato de Arafat que ofrece el artículo del Globe, como podría haberlo en una nota de primera plana durante las imperiales ceremonias fúnebres del semidivino Reagan, que lo describiera como uno de un grupo icónico de asesinos en masa -de Hitler a Idi Amin o Peres-, que mataban con displicencia y con el fuerte apoyo de los medios y los intelectuales. Los que no entiendan la analogía tendrán que aprender algo de historia.
Continuando con el informe del Globe, al hacer un recuento de los crímenes de Arafat, nos dice que ganó control del sur de Líbano y "lo utilizó para lanzar una corriente de ataques contra Israel, el cual respondió invadiendo Líbano (en junio de 1982). El propósito declarado de Tel Aviv era sacar a los palestinos de la zona fronteriza, pero, bajo el mando del entonces general y ministro de la Defensa Sharon, sus fuerzas prosiguieron hasta Beirut, donde permitió a los aliados milicianos cristianos perpetrar una notoria masacre de palestinos en el campo de refugiados de Sabra y Chatilla y enviar a Arafat y a la dirigencia palestina al exilio en Túnez.
Volviendo a la historia inaceptable, durante el año previo a la invasión israelí la OLP se adhirió a un acuerdo de paz promovido por Washington, mientras Israel lanzaba muchos ataques asesinos en el sur de Líbano, en un esfuerzo por provocar alguna reacción palestina que pudiera servir de pretexto para la invasión planeada. Cuando ninguna se materializó, inventaron un pretexto e invadieron, matando quizá a 20 mil palestinos y libaneses, gracias a los vetos de Washington a las resoluciones del Consejo de Seguridad que llamaban al cese del fuego y la retirada. La masacre de Sabra y Chatilla fue una nota al pie de página. El objetivo que con toda claridad expresaban los más altos funcionarios políticos y militares, y los académicos y analistas israelíes, era poner fin a las iniciativas cada vez más irritantes de Arafat para un acuerdo diplomático y asegurar el control de Tel Aviv sobre los territorios ocupados.
En todo el comentario sobre la muerte de Arafat aparecen similares distorsiones de hechos bien documentados, y han sido tan convencionales durante muchos años en los medios estadunidenses, que apenas se puede culpar a los reporteros por repetirlas, auque bastaría una mínima investigación para revelar la verdad.
También son instructivos ciertos elementos menores de los comentarios. Así, el artículo del Times nos dice que los probables sucesores de Arafat -los "moderados" preferidos por Washington- tienen algunos problemas: carecen de "credibilidad en la calle", frase convencional para describir la opinión pública en el mundo árabe, como cuando se nos informa de la "calle árabe". Si una figura política occidental tiene poco apoyo público, no decimos que le falta "credibilidad en la calle", y no hay reportes sobre la "calle" británica o estadunidense. La frase se reserva para las órdenes menores, irreflexivamente: no son personas, sino criaturas que habitan las "calles". Podemos agregar también que el líder político más popular en la "calle palestina", Marwan Barghouti, fue prudentemente encerrado por Israel, en forma permanente. Y que George Bush demostró su pasión por la democracia al secundar a su amigo Sharon -el "hombre de paz"- en llevar a la virtual prisión al único líder democráticamente electo del mundo árabe mientras respaldaba a Mahmoud Abbas, quien, según reconocía Washington, "carece de credibilidad en la calle". Todo esto podría decirnos algo sobre lo que la prensa liberal llama la "visión mesiánica" de Bush de llevar la democracia a Medio Oriente, si tan sólo los hechos y la lógica tuvieran alguna importancia.
El NYT publicó un artículo importante sobre la muerte de Arafat, escrito por el historiador Benny Morris. El ensayo merece estrecho análisis, pero aquí lo dejaré de lado, para conservar sólo su primer comentario, que captura el tono: Arafat, dice Morris, es un engañador que hablaba de paz y de poner fin a la ocupación, pero en realidad quería "redimir Palestina". Esto demuestra la irremediable naturaleza salvaje de Arafat.
En tal afirmación Morris revela su desprecio no sólo por Arafat (que es tan profundo), sino también por los lectores del NYT. En apariencia supone que no se darán cuenta de que toma de la ideología sionista esa frase terrible. El principio esencial de ésta durante más de un siglo ha sido "redimir la Tierra", principio que está detrás de lo que Morris reconoce como el concepto central del movimiento sionista: "transferir" a la población indígena, es decir, expulsarla, a fin de "redimir la Tierra" para sus verdaderos dueños. No parece haber necesidad de expresar las conclusiones.
Morris es identificado como académico israelí, autor del reciente libro The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited (Nueva ojeada al nacimiento del problema de los refugiados palestinos). Es cierto. También ha realizado el trabajo más extenso en los archivos israelíes, mostrando con considerable detalle el salvajismo de las operaciones israelíes de 1948-49, que condujeron a la "transferencia" de la vasta mayoría de la población de lo que llegó a ser Israel, incluida la porción del Estado palestino designado por la ONU que Israel arrebató, dividiéndola más o menos en partes iguales con su socio jordano.
Morris critica las atrocidades y la "limpieza étnica" (en términos más precisos, "purificación étnica")... porque no fue lo bastante lejos. El gran error de Ben-Gurion, siente Morris, tal vez "fatal", fue no haber "limpiado el país entero: toda la Tierra de Israel, hasta el río Jordán".
En justicia hacia Israel, la postura de Morris en la materia ha sido severamente condenada. En Israel. En Estados Unidos, en cambio, es la elección apropiada para elaborar el comentario principal sobre su odiado enemigo.
El principio fundamental tiene corolarios. El primero es que los clientes son en esencia buenos, aunque menos que "nosotros". En la medida en que se moldeen a las exigencias de Washington, aplican un "sano pragmatismo". Otro es que los enemigos son muy malos; hasta dónde lo son depende de la intensidad con que "nosotros" los estemos atacando o planeemos hacerlo. Su estatus puede cambiar con mucha rapidez, de conformidad con estos lineamientos. Por consiguiente el gobierno actual y sus mentores inmediatos apreciaban mucho a Saddam Hussein y lo ayudaban cuando nada más gaseaba kurdos, torturaba disidentes y aplastaba una rebelión chiíta que pudo haberlo derrocado en 1991, por su contribución a la "estabilidad" -palabra en clave con que nos referimos a "nuestra" dominación- y su utilidad a los exportadores estadunidenses, según se declaraba con franqueza. Pero esos mismos crímenes se volvieron la prueba de su maldad absoluta cuando llegó el momento apropiado para que "nosotros", portando con orgullo el estandarte de Dios, invadiéramos Irak e instaláramos lo que será llamado "democracia" si obedece órdenes y contribuye a la "estabilidad".
Los principios son simples, y fáciles de recordar para hacer carrera en círculos respetables. La notable consistencia en su aplicación se ha documentado con amplitud. Lo anterior es de esperarse en estados totalitarios y dictaduras militares, pero es un fenómeno mucho más instructivo en sociedades libres, donde uno no puede con seriedad alegar el miedo como circunstancia atenuante.
La muerte de Arafat ofrece otro de una inmensa lista de estudios de caso. Me limitaré al New York Times (NYT), el periódico más importante del mundo, y al Boston Globe, que tal vez más que otros es el periódico local de la elite educada liberal.
El artículo de opinión de la primera plana del NYT (12 de noviembre) comienza presentando a Arafat como "a un tiempo el símbolo de la esperanza palestina de un Estado independiente viable y el principal obstáculo a su realización". Explica en seguida que jamás fue capaz de alcanzar las alturas del presidente egipcio Anuar Sadat, quien "recuperó el Sinaí mediante un tratado de paz con Israel" porque tuvo la capacidad de "apelar a los israelíes y referirse a sus temores y esperanzas" (cita de Shlomo Avineri, filósofo israelí y ex funcionario del gobierno, en la nota de seguimiento del 13 de noviembre).
Uno puede pensar en obstáculos más graves a la realización de un Estado palestino, pero están excluidos de los principios rectores, como lo está la verdad sobre Sadat, que por lo menos Avineri sin duda conoce.
Recordemos algunos por nuestra cuenta. Desde que el tema de los derechos nacionales palestinos a un Estado formal llegaron a la agenda de la diplomacia, a mediados del decenio de 1970, "el primer obstáculo a su realización" ha sido, de manera inequívoca, el gobierno estadunidense, y el NYT tiene buenos merecimientos para reclamar el segundo lugar de la lista. Eso ha sido evidente desde enero de 1976, cuando Siria presentó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU en que se pedía una solución de dos estados. La propuesta incorporaba la redacción crucial de la resolución 242 del organismo mundial, que según consenso es el documento básico. Concedía a Israel los derechos de cualquier Estado en el sistema internacional, al lado de un Estado palestino en los territorios conquistados por Tel Aviv en 1967. La resolución, que contaba con el respaldo de los principales estados árabes, fue vetada por Washington.
La OLP condenó "la tiranía del veto". Hubo algunas abstenciones por minucias técnicas. En ese tiempo un acuerdo de dos estados en esos términos había obtenido amplio respaldo internacional, bloqueado sólo por Estados Unidos (y rechazado por Israel).
Así continuaron las cosas, no sólo en el Consejo de Seguridad, sino también en la Asamblea General, que aprobó resoluciones similares, por lo regular con votaciones por el estilo de 150-2 (a veces Estados Unidos escogía algún estado cliente). Washington bloqueó también iniciativas similares de estados europeos y árabes.
Entre tanto, el NYT rehusó -ésa es la palabra exacta- publicar el hecho de que durante el decenio de 1980 Arafat convocaba a negociaciones que Israel rechazaba. La principal corriente periodística israelí encabezaba sus notas con el rechazo de Shimon Peres a los llamados de Arafat a negociaciones directas, sobre la base de su doctrina de que la OLP de Arafat "no puede ser parte en las negociaciones". Y poco después el corresponsal del NYT en Jerusalén, Thomas Friedman, ganador del Premio Pulitzer, quien sin duda podía leer la prensa en hebreo, escribía artículos en los que lamentaba la intranquilidad de las fuerzas policiales israelíes por "la ausencia de cualquier parte negociadora", en tanto Peres deploraba la falta de "un movimiento de paz entre el pueblo árabe (como el) que tenemos entre los judíos", y explicaba de nuevo que la OLP no participaría en las negociaciones "en tanto permanezca como organización de pistoleros y se niegue a negociar". Todo esto luego de una oferta más de Arafat para negociar sobre la cual el NYT rehusó informar, y casi tres años después del rechazo del gobierno israelí a la oferta de Arafat de una negociación que condujera a un reconocimiento mutuo. A Peres, entre tanto, se le describe como adscrito al "sano pragmatismo", por virtud de los principios rectores.
Las cosas cambiaron en realidad en el decenio de 1990, cuando el gobierno de Clinton declaró "obsoletas y anacrónicas" todas las resoluciones de la ONU y elaboró su propia política de rechazo. Washington sigue solo en su bloqueo a un acuerdo diplomático. Un importante ejemplo reciente fue la presentación de los acuerdos de Ginebra en diciembre de 2002, apoyados por el usual consenso internacional, con la excepción de costumbre: "De manera conspicua, Estados Unidos no estaba entre los gobiernos que enviaron un mensaje de respaldo", informó el NYT en una crónica desdeñosa (2 de diciembre, 2002).
Se trata sólo de un pequeño fragmento de un historial diplomático que es tan consistente, y tan dramáticamente claro, que es imposible dejar de notarlo, a menos que uno se aferre a la historia creada por quienes son dueños de ella.
Vayamos a un segundo ejemplo: la apelación de Anuar Sadat a los israelíes, con la cual ganó el Sinaí en 1979, era una lección para el malvado Arafat. Recurriendo a una inaceptable interpretación de la historia, Sadat ofreció en febrero de 1971 un tratado integral de paz a Israel, de conformidad con la política oficial estadunidense de entonces -en especial el retiro de Israel del Sinaí-, sin apenas un gesto dirigido a los derechos palestinos. Jordania vino después con ofertas similares. Israel reconoció que podía tener paz total, pero el gobierno laborista de Golda Meir optó por rechazar las ofertas en aras de la expansión, en principio hacia el noreste del Sinaí, donde Israel empujaba a miles de beduinos hacia el desierto y destruía sus pueblos, mezquitas, cementerios y hogares con el fin de fundar la ciudad totalmente judía de Yamit.
La pregunta crucial, como siempre, era cómo reaccionaría Estados Unidos. Kissinger se impuso en un debate interno y Washington adoptó su política de "estancamiento": cero negociaciones, sólo fuerza. Continuó rechazando -o, lo que es más preciso, ignorando- los esfuerzos de Sadat por llevar adelante un curso diplomático, y respaldando la política de rechazo y expansión de Israel. Esa postura condujo a la guerra de 1973, en la que hubo una apretada victoria para Israel, y tal vez para el mundo: Estados Unidos lanzó una alerta nuclear.
Para entonces hasta Kissinger entendía que no se podía tratar a Egipto como desahuciado, y comenzó su "diplomacia de transbordador", que condujo a las reuniones de Campo David, en las cuales Israel y Estados Unidos aceptaron la oferta de Sadat de 1971, pero ahora en términos mucho más severos, desde el punto de vista estadunidense-israelí. Para entonces el consenso internacional había venido a reconocer los derechos nacionales palestinos y, en consecuencia, Sadat llamó a fundar un Estado palestino, anatema para Estados Unidos e Israel.
En la historia oficial ajustada por sus propietarios, y repetida por los artículos de opinión en los medios, estos sucesos son un "triunfo diplomático" de Estados Unidos y una prueba de que, si tan sólo los árabes fueran capaces de unirse a "nosotros" en preferir la paz y la diplomacia, podrían lograr sus metas.
En la historia real, el triunfo fue una catástrofe, y los hechos demostraron que Estados Unidos sólo estaba dispuesto a acceder a la violencia. El rechazo estadunidense de la diplomacia condujo a una guerra terrible y sumamente peligrosa y a muchos años de sufrimiento, cuyos amargos efectos persisten hasta hoy.
En sus memorias, el general Shlomo Gazit, comandante militar de los territorios ocupados de 1967 a 1974, observa que al negarse a considerar propuestas presentadas por el ejército y la inteligencia para instaurar alguna forma de autogobierno en los territorios, o incluso limitada actividad política, y al insistir en "sustanciales cambios fronterizos", el gobierno laborista apoyado por Washington carga con una significativa responsabilidad por el posterior surgimiento del movimiento fanático de colonización Gush Emunim, y por la resistencia palestina que se desarrolló muchos años después en la primera intifada, después de años de brutalidad y terrorismo de Estado, y el constante despojo de valiosas tierras y recursos palestinos.
El extenso obituario de Arafat que escribe la especialista del Times en Medio Oriente, Judith Miller (11 de noviembre), sigue el mismo tenor del artículo de primera plana. Según su versión, "hasta 1988 (Arafat) rechazó en repetidas ocasiones reconocer a Israel, insistiendo en la lucha armada y las campañas de terror. Optó por la diplomacia sólo después de su respaldo al presidente Saddam Hussein durante la guerra del golfo Pérsico de 1991". Miller presenta una versión precisa de la historia oficial. En la historia real Arafat ofreció en repetidas ocasiones negociaciones conducentes al reconocimiento mutuo, en tanto Israel -en particular los mansos "pragmáticos"- rehusó de plano, con el respaldo de Washington. En 1989, la coalición gobernante israelí (Shamir-Peres) se aseguró el consenso político sobre su plan de paz. El primer principio era que no podía haber "un Estado palestino adicional" entre Jordania e Israel, puesto que Palestina ya era "un Estado palestino". El segundo era que el destino de los territorios se fijaría "de acuerdo con los lineamientos básicos del gobierno (israelí)". El plan fue aceptado sin calificación por Estados Unidos, y se convirtió en el "plan Baker" (diciembre de 1989). Totalmente al contrario de lo relatado por Miller y de la historia oficial, sólo después de la guerra del Golfo Washington estuvo dispuesto a considerar negociaciones, reconociendo que estaba ahora en posición de imponer su solución en forma unilateral.
Estados Unidos convocó a la conferencia de Madrid (con participación de Rusia como hoja de parra). En efecto, ésta condujo a negociaciones con una auténtica delegación palestina, encabezada por Haidar Abdul Shafi, honesto nacionalista que es probablemente el líder más respetado en los territorios ocupados. Pero las pláticas se estancaron porque Abdul Shafi rechazó la insistencia israelí, apoyada por Washington, en continuar adosándose partes valiosas de los territorios con programas de asentamiento e infraestructura, todos ilegales, según reconoció incluso la justicia estadunidense, única disidente en el reciente veredicto de la Corte Mundial que condenó el muro con que Tel Aviv ha dividido Cisjordania. Los "palestinos de Túnez", encabezados por Arafat, soslayaron a los negociadores palestinos y realizaron un trato separado, los "acuerdos de Oslo", celebrado con grandes fanfarrias en la Casa Blanca en septiembre de 2003.
Desde el principio fue evidente que se trataba de una rendición. La sola Declaración de Principios señalaba que el resultado final tendría que basarse exclusivamente en la resolución 242 de la ONU (1967), excluyendo el tema central de la diplomacia desde mediados del decenio de 1970: los derechos nacionales palestinos y un acuerdo de dos estados. La 242 define el resultado final porque nada dice de los derechos palestinos, excluye las resoluciones de la ONU que reconocen los derechos de los palestinos junto con los de Israel, de acuerdo con el consenso internacional que ha sido bloqueado por Estados Unidos desde que tomó forma, a mediados del decenio de 1970. La redacción de los acuerdos dejaba en claro que había un mandato para continuar los programas de asentamientos israelíes, cosa que los gobernantes de Tel Aviv (Yitzhak Rabin y Shimon Peres) no se afanaron en ocultar. Por esa razón, Abdul Shafi se negó incluso a asistir a las ceremonias.
El papel de Arafat sería servir de policía de Israel en los territorios, como Rabin dejó en claro. Mientras cumpliese esa tarea, sería un "pragmático" a quien Estados Unidos e Israel apoyarían sin prestar atención a la corrupción, la violencia y la represión. Sólo después de que ya no pudo mantener bajo control a la población, mientras Israel se adueñaba de más y más de sus tierras y recursos, se volvió un archivillano que obstruía el camino hacia la paz: la acostumbrada transición.
Así continuaron las cosas durante el decenio de 1990. En 1998 los objetivos de las palomas israelíes fueron explicados en un estudio académico de Shlomo ben-Ami, quien pronto llegaría a ser el principal negociador de Barak en Campo David: el "proceso de paz de Oslo" conduciría a una "permanente dependencia neocolonial" de los territorios ocupados, con alguna forma de autonomía local.
Entre tanto, la colonización e integración de los territorios siguió adelante con firmeza, con pleno apoyo estadunidense. Alcanzó su punto más alto en el año final del gobierno de Clinton (y de Barak) y minó así las esperanzas de un arreglo diplomático.
Volviendo a Miller, ella se apega a la versión oficial de que "en noviembre de 1998, después de considerable presión estadunidense, la OLP aceptó la resolución de Naciones Unidas que demandaba el reconocimiento de Israel y la renuncia al terrorismo". La historia verdadera es que hacia noviembre de 1988 Washington era objeto de escarnio internacional por su negativa a "ver" que Arafat demandaba un acuerdo diplomático. El gobierno de Reagan accedió de mala gana a reconocer verdad tan obvia, y tuvo que recurrir a otros medios para obstruir la democracia. Entró en negociaciones de bajo nivel con la OLP, pero, como aseguró el primer ministro Rabin a la organización Paz Ahora en 1989, eran insignificantes, y tenían el único fin de dar más tiempo a Israel para ejercer "dura presión militar y económica", así que "al final se romperán" y se tendrían que aceptar los términos israelíes.
Miller prosigue la narración en la misma vena, la cual conduce a la denuncia típica: en Campo David, Arafat "se retiró" de la magnánima oferta de paz de Clinton-Barak, e incluso después se negó a secundar a Barak en aceptar los "parámetros" fijados por Clinton en diciembre de 2000, lo cual es prueba concluyente de que insiste en la violencia, deprimente noticia a la cual los estados amantes de la paz, Estados Unidos e Israel, deben hacer frente de algún modo.
Volviendo a la historia real, las propuestas de Campo David dividían Cisjordania en cantones virtualmente separados, y de ninguna forma podían ser aceptadas por ningún líder palestino. Eso era evidente con sólo mirar los mapas que se podían encontrar con facilidad, pero no en el NYT ni al parecer en ningún lugar de la corriente periodística dominante, tal vez por esa razón.
Luego del colapso de esas negociaciones, Clinton reconoció que las reservas de Arafat eran sensatas, según demostraron los famosos "parámetros", los cuales, aunque vagos, se acercaban mucho más a un posible acuerdo, lo cual iba contra la historia oficial, pero se trataba de lógica simple, y ésta es inaceptable como historia. Clinton dio su propia versión de los "parámetros" en una conferencia ante el Foro de Política Israelí realizado el 7 de enero de 2001: "Tanto el primer ministro Barak como el presidente Arafat han aceptado ahora estos parámetros como base de esfuerzos posteriores. Los dos han expresado algunas reservas".
Uno puede aprender esto de fuentes tan oscuras como la prestigiada revista internacional Security (otoño de 2003), publicada por Harvard y el MIT, junto con la conclusión de que "el recuento palestino de las pláticas de paz de 2000-01 es significativamente más preciso que el israelí", es decir, el de Estados Unidos y el NYT.
Después de eso, las negociaciones palestino-israelíes de alto nivel procedieron a considerar los parámetros de Clinton como "la base para esfuerzos posteriores", y dejaron sus "reservas" para reuniones que se realizaron en Taba en enero siguiente. Dichas pláticas produjeron un acuerdo tentativo, que atendía algunas de las preocupaciones palestinas, lo cual una vez más contrarió la historia oficial.
Persistieron problemas, pero los acuerdos de Taba avanzaron mucho más hacia un posible acuerdo que cualquier cosa que las haya precedido. Las negociaciones fueron suspendidas por Barak, así que su posible resultado se ignora. Un informe detallado del enviado estadunidense Miguel Moratinos fue aceptado como preciso por ambas partes, y se le dio amplia difusión en Israel. Pero dudo que alguna vez haya sido mencionado aquí por la prensa dominante.
La versión de estos sucesos que da Miller en el NYT se basa en un libro muy elogiado de Dennis Ross, enviado de Clinton a Medio Oriente y negociador. Como todo periodista debería saber, cualquier fuente semejante es sumamente sospechosa, aunque sea por sus orígenes. E incluso una lectura por encima bastaría para demostrar que el relato de Ross es del todo indigno de confianza. Sus 800 páginas constan sobre todo de adulación hacia Clinton (y a sus propios esfuerzos), basadas en casi ningún dato verificable, más bien en "citas" de lo que asegura haber dicho y oído de los participantes, identificados por nombre de pila si son "buenos chicos". Apenas si se encuentra una palabra sobre lo que todo el tiempo había sido el meollo de la cuestión, de hecho desde 1971: los programas de asentamientos y desarrollo de infraestructura que se llevaban a cabo en los territorios ocupados, confiando en el apoyo económico, militar y diplomático de Estados Unidos, con el rápido agregado de Clinton.
Ross resolvió para sí el problema de Taba de manera muy simple: acabando su libro en el momento en que iban a comenzar las pláticas (lo cual le permite omitir la evaluación de Clinton, que fue citada con fidelidad unos días después). Así pudo evitar la probabilidad de que sus conclusiones primarias fueran refutadas al instante.
A Abdul Shafi se le menciona una vez, como de paso, en el libro de Ross. Naturalmente, pasa por alto la percepción de su amigo Shlomo ben-Ami sobre el proceso de Oslo, así como todos los elementos significativos de los acuerdos provisionales y de Campo David. No hay referencia a la negativa terminante de sus héroes, Rabin y Peres -más bien, "Yitzhak" y "Shimon"- a considerar siquiera un Estado palestino. De hecho, la primera alusión a esa posibilidad en Israel aparece durante el gobierno del "chico malo", el ultraderechista Benjamin Netanyahu. Su ministro de Información, al preguntársele sobre un Estado palestino, respondió que los palestinos podían llamar "Estado" a los cantones que les dejaron si así lo deseaban, o cualquier otro nombre que se les ocurriera, como "pollo frito".
Esto es sólo para empezar. El punto de vista de Ross es tan carente de apoyo independiente y tan radicalmente selectivo, que uno tiene que tragarse con un pesado grano de sal todo lo que afirma, desde los detalles específicos que con tanta meticulosidad consigna a la letra (tal vez con una grabadora oculta) hasta las conclusiones muy generales presentadas en forma muy doctoral, pero sin evidencia creíble.
Es de interés señalar que ésta es una reseña hecha como si ese libro fuera un recuento autorizado. En general, el libro vale casi nada, excepto para dar las percepciones de uno de los lados. Es difícil imaginar que un periodista no se dé cuenta de eso.
No carece de valor, en cambio, cierta evidencia crucial que escapa a la percepción. Por ejemplo, la evaluación de la inteligencia israelí durante esos años: entre ellos Amos Malka, cabeza de la inteligencia militar; el general Ami Ayalon, que dirigió los Servicios de Seguridad General (Shin Bet); Matti Steinberg, consejero especial del director del Shin Bet sobre asuntos palestinos, y el coronel Ephraim Lavie, responsable oficial de la división de investigación en la arena palestina. Según la forma en que Malka presenta el consenso, "la presunción era que Arafat prefiere un proceso diplomático, que hará todo lo que pueda para llevarlo a término, y que sólo si llega a un callejón sin salida adoptará un camino de violencia. Pero esta violencia estaría dirigida a sacarlo del callejón, movilizar presión internacional y ganar ese kilómetro extra".
Malka asegura también que estas evaluaciones de alto nivel fueron falsificadas en la forma en que se transmitieron a la dirigencia política y a otros interesados. Los reporteros estadunidenses podrían descubrirlas sin problemas en fuentes de fácil acceso, en inglés.
De poco sirve continuar con la versión de Miller o la de Ross. Acudamos al Boston Globe, en el extremo liberal. Sus editores (12 de noviembre) se adhieren al mismo principio fundamental del NYT (tal vez casi universal, sería interesante buscar excepciones). Estos editores sí reconocen que el fracaso en lograr el Estado palestino "no puede atribuirse sólo a Arafat. Los dirigentes israelíes... tuvieron su parte..." Impensable mencionar el papel decisivo de Estados Unidos.
El Globe también presentó un artículo de opinión en primera plana el 11 de noviembre. En su primer párrafo nos enteramos de que Arafat era "uno de un grupo icónico de carismáticos líderes autoritarios -desde Mao Zedong en China hasta Fidel Castro en Cuba o Saddam Hussein en Irak-, surgidos de los movimientos anticoloniales que se extendieron por el globo después de la Segunda Guerra Mundial".
Esta afirmación es interesante desde varios puntos de vista. El vínculo revela, una vez más, el obligatorio odio visceral hacia Castro. Ha habido pretextos cambiantes conforme varían las circunstancias, pero no información para cuestionar las conclusiones de la inteligencia estadunidense en los primeros días de los ataques terroristas y la guerra económica de Washington contra Cuba: el problema básico es su "exitoso desafío" a las políticas estadunidenses, que se remontan a la doctrina Monroe.
Sin embargo, existe un elemento de verdad en el retrato de Arafat que ofrece el artículo del Globe, como podría haberlo en una nota de primera plana durante las imperiales ceremonias fúnebres del semidivino Reagan, que lo describiera como uno de un grupo icónico de asesinos en masa -de Hitler a Idi Amin o Peres-, que mataban con displicencia y con el fuerte apoyo de los medios y los intelectuales. Los que no entiendan la analogía tendrán que aprender algo de historia.
Continuando con el informe del Globe, al hacer un recuento de los crímenes de Arafat, nos dice que ganó control del sur de Líbano y "lo utilizó para lanzar una corriente de ataques contra Israel, el cual respondió invadiendo Líbano (en junio de 1982). El propósito declarado de Tel Aviv era sacar a los palestinos de la zona fronteriza, pero, bajo el mando del entonces general y ministro de la Defensa Sharon, sus fuerzas prosiguieron hasta Beirut, donde permitió a los aliados milicianos cristianos perpetrar una notoria masacre de palestinos en el campo de refugiados de Sabra y Chatilla y enviar a Arafat y a la dirigencia palestina al exilio en Túnez.
Volviendo a la historia inaceptable, durante el año previo a la invasión israelí la OLP se adhirió a un acuerdo de paz promovido por Washington, mientras Israel lanzaba muchos ataques asesinos en el sur de Líbano, en un esfuerzo por provocar alguna reacción palestina que pudiera servir de pretexto para la invasión planeada. Cuando ninguna se materializó, inventaron un pretexto e invadieron, matando quizá a 20 mil palestinos y libaneses, gracias a los vetos de Washington a las resoluciones del Consejo de Seguridad que llamaban al cese del fuego y la retirada. La masacre de Sabra y Chatilla fue una nota al pie de página. El objetivo que con toda claridad expresaban los más altos funcionarios políticos y militares, y los académicos y analistas israelíes, era poner fin a las iniciativas cada vez más irritantes de Arafat para un acuerdo diplomático y asegurar el control de Tel Aviv sobre los territorios ocupados.
En todo el comentario sobre la muerte de Arafat aparecen similares distorsiones de hechos bien documentados, y han sido tan convencionales durante muchos años en los medios estadunidenses, que apenas se puede culpar a los reporteros por repetirlas, auque bastaría una mínima investigación para revelar la verdad.
También son instructivos ciertos elementos menores de los comentarios. Así, el artículo del Times nos dice que los probables sucesores de Arafat -los "moderados" preferidos por Washington- tienen algunos problemas: carecen de "credibilidad en la calle", frase convencional para describir la opinión pública en el mundo árabe, como cuando se nos informa de la "calle árabe". Si una figura política occidental tiene poco apoyo público, no decimos que le falta "credibilidad en la calle", y no hay reportes sobre la "calle" británica o estadunidense. La frase se reserva para las órdenes menores, irreflexivamente: no son personas, sino criaturas que habitan las "calles". Podemos agregar también que el líder político más popular en la "calle palestina", Marwan Barghouti, fue prudentemente encerrado por Israel, en forma permanente. Y que George Bush demostró su pasión por la democracia al secundar a su amigo Sharon -el "hombre de paz"- en llevar a la virtual prisión al único líder democráticamente electo del mundo árabe mientras respaldaba a Mahmoud Abbas, quien, según reconocía Washington, "carece de credibilidad en la calle". Todo esto podría decirnos algo sobre lo que la prensa liberal llama la "visión mesiánica" de Bush de llevar la democracia a Medio Oriente, si tan sólo los hechos y la lógica tuvieran alguna importancia.
El NYT publicó un artículo importante sobre la muerte de Arafat, escrito por el historiador Benny Morris. El ensayo merece estrecho análisis, pero aquí lo dejaré de lado, para conservar sólo su primer comentario, que captura el tono: Arafat, dice Morris, es un engañador que hablaba de paz y de poner fin a la ocupación, pero en realidad quería "redimir Palestina". Esto demuestra la irremediable naturaleza salvaje de Arafat.
En tal afirmación Morris revela su desprecio no sólo por Arafat (que es tan profundo), sino también por los lectores del NYT. En apariencia supone que no se darán cuenta de que toma de la ideología sionista esa frase terrible. El principio esencial de ésta durante más de un siglo ha sido "redimir la Tierra", principio que está detrás de lo que Morris reconoce como el concepto central del movimiento sionista: "transferir" a la población indígena, es decir, expulsarla, a fin de "redimir la Tierra" para sus verdaderos dueños. No parece haber necesidad de expresar las conclusiones.
Morris es identificado como académico israelí, autor del reciente libro The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited (Nueva ojeada al nacimiento del problema de los refugiados palestinos). Es cierto. También ha realizado el trabajo más extenso en los archivos israelíes, mostrando con considerable detalle el salvajismo de las operaciones israelíes de 1948-49, que condujeron a la "transferencia" de la vasta mayoría de la población de lo que llegó a ser Israel, incluida la porción del Estado palestino designado por la ONU que Israel arrebató, dividiéndola más o menos en partes iguales con su socio jordano.
Morris critica las atrocidades y la "limpieza étnica" (en términos más precisos, "purificación étnica")... porque no fue lo bastante lejos. El gran error de Ben-Gurion, siente Morris, tal vez "fatal", fue no haber "limpiado el país entero: toda la Tierra de Israel, hasta el río Jordán".
En justicia hacia Israel, la postura de Morris en la materia ha sido severamente condenada. En Israel. En Estados Unidos, en cambio, es la elección apropiada para elaborar el comentario principal sobre su odiado enemigo.
Publicado en: http://www.rodelu.net/chomsky/chomsky63.html
Traducción: Jorge Anaya
Original en inglés de: chomsky.info
martes, 12 de agosto de 2008
Evaluación del primer año del gobierno de Rafael Correa
Claroscuro de la revolución ciudadana
Evaluación del primer año del gobierno de Rafael Correa
René Báez*
La evolución del continente al despuntar el siglo XXI continúa signada por la secular controversia entre el monroísmo/panamericanismo y el nacionalismo de raíz bolivariana, confrontación que salió a primer plano con los periplos paralelos por América Latina de George W. Bush y Hugo Chávez en marzo del 2007.
Evaluación del primer año del gobierno de Rafael Correa
René Báez*
Publicado en ALAI 2008-07-21
La evolución del continente al despuntar el siglo XXI continúa signada por la secular controversia entre el monroísmo/panamericanismo y el nacionalismo de raíz bolivariana, confrontación que salió a primer plano con los periplos paralelos por América Latina de George W. Bush y Hugo Chávez en marzo del 2007.
Ofensiva reciente del panamericanismo
La decadencia de los Estados Unidos, expresada en su derrota político/militar/ideológica en Medio Oriente y la aparatosa caída del dólar, no supone -conforme se lamentan sus panegiristas- el abandono de su geoestrategia en el hemisferio. Por el contrario, una constelación de nuevas acciones de Washington da cuenta de su tozuda vocación intervencionista: la Alianza de la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) orientada a remarcar la subordinación de México y Canadá, el plan de Bush para la anexión de Cuba, la concreción de TLCs con diversos países del área, las maniobras belicistas del Pentágono frente a las costas venezolanas, la adscripción de nuestro vecino norteño al Plan Puebla Panamá, el sostenido respaldo de la Casa Blanca a la fementida cruzada contra el “narcoterrorismo” centrada en el Plan Colombia, la progresiva instrumentación del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sud América)...El convenio bioenergético para la producción y comercialización del etanol suscrito entre Bush y el ex izquierdista Lula da Silva busca reforzar la penetración de Wall Street al sur del Río Grande, afianzar el proceso de reprimarización de la economía latinoamericana (la vieja/nueva división internacional del trabajo) con el previsible efecto de destrucción de la Amazonía y bloquear a los proyectos de integración de signo defensivo como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).Dialéctica de la dominación, dialéctica de la resistencia. Se alude, en concreto, a acontecimientos recientes ocurridos en el área andina.Del lado del panamericanismo y la dominación, la reelección con el respaldo de las genocidas AUC de Álvaro Uribe en Colombia y la elección del aprista Alan García en el Perú con el voto de la derecha coaligada, así como la aprobación por el Congreso estadounidense del TLC acordado entre Washington y Lima. Del lado de la resistencia, los avances en un proceso no carente de conflictos de la Revolución Bolivariana en Venezuela con la confirmación para un tercer período de Hugo Chávez, los difíciles logros de la política nacionalista de Evo Morales en Bolivia (defensa del Estado unitario, recuperación de las riquezas naturales de manos de corporaciones transnacionales, lanzamiento de la reforma agraria), así como el triunfo del “outsider” Rafael Correa en las presidenciales ecuatorianas del 2006, victoria refrendada en el plebiscito de abril del 2007 cuando se dirimió la convocatoria a una Asamblea Constituyente y, en septiembre de ese mismo año, cuando el oficialista Alianza País arrasó en la votación para elegir asambleístas.
Correa y la prueba de la práctica
Correa es un economista de extracción pequeñoburguesa que se define como izquierdista moderno, antineoliberal y nacionalista/bolivariano/alfarista.Como se recordará, Chávez y Morales flanquearon al líder de Alianza País, el 14 de enero del 2007, en su asunción simbólica del mando presidencial cumplida en Zumbahua, una olvidada aldea de la provincia de Cotopaxi, donde el actual inquilino de Carondelet cumplió un voluntariado en los años 80. Según un reporte de ese episodio: “Los yachaks –sabios indígenas- le cubrieron con sus cintas proyectándolo a los cuatro puntos cardinales. Agitaron en su cuerpo las hierbas sagradas y soplaron el aguardiente que limpia el aura del elegido entre los sahumerios de las maderas y especias. Fue conducido por un yachak, quien lo obligó a dejarse guiar. Recibió el bastón de mando, el poncho y una bufanda blanca. Ungieron su coronilla con agua de su cerro y su laguna, que hasta ahora no han sido privatizadas...” (Altercom: 17 de enero del 2007)En la ocasión, Correa Delgado reiteró su convicción de que también en estas tierras ecuatoriales “empieza a surgir la democracia digna y socialista del siglo XXI”. Al día siguiente, al asumir la Magistratura en forma oficial, refrendó su promesa de campaña de presidir una revolución ciudadana y emprender en vastas transformaciones en las esferas política, ética, económica, educación/salud y relaciones internacionales, en función de construir una país soberano y sepultar la dogmática neoliberal.La alegría, el optimismo y una recuperada autoestima se extendieron entre vastos contingentes sociales, especialmente entre los jóvenes, no obstante la molestia que provocara la nominación de un gabinete con predominio de figuras identificadas como defensoras del carcomido establecimiento.En nuestro estudio “Ecuador: ¿Cómo superar el fundamentalismo liberal?”(1), apuntábamos que tales desafíos comportan obrar con firmeza en dos ámbitos íntimamente relacionados. De un lado, emprender en acciones orientadas a defender y recuperar la soberanía, y por otro, instrumentar cambios para sustituir el patrón monopólico y rentista de acumulación impuesto por el capital financiero internacional en connivencia con grupos plutocráticos nativos (la denominada “partidocracia”).A continuación se explora el desempeño gubernamental especialmente en la primera de esas esferas.
La Base de Manta y las relaciones frente al eje Washington-Bogotá
El fin de la Guerra Fría determinó que la Casa Blanca rediseñara su estrategia hemisférica sustituyendo la “lucha contra el comunismo” por la “guerra contra las drogas”, ampliada después del 11-S con la divisa del combate al “terrorismo internacional”, para, de este modo, dar continuidad a la “criminalización” de las sociedades periféricas como medio de legitimación de su sojuzgamiento.En lo que concierne a América Latina, la política exterior estadounidense, antes y después de la Guerra Fría, ha tenido como propósito medular asegurar el control y la explotación de los recursos naturales, mineros y energéticos del subcontinente por parte de las corporaciones yanquis. En la actualidad, ese móvil estratégico tiene -como insinuamos- su núcleo principal al Plan Colombia (2), en vías de complementación con el Plan Mérida acordado entre Bush Jr. y Felipe Calderón.En nuestro estudio “Ecuador escala la guerra colombiana”(3), apuntábamos que la inconstitucional cesión de la Base de Manta al Pentágono decidida por el demócrata cristiano Jamil Mahuad, en 1999, y la aprobación por el Congreso norteamericano, a mediados del 2000, de una gigantesca asignación presupuestaria para el Plan Colombia, financiamiento destinado marginalmente al Ecuador, involucraron abiertamente a nuestro país en la guerra civil que asuela a la hermana república desde hace medio siglo.En el marco de la administración correísta, y no obstante que el líder de la Revolución Ciudadana ha reiterado su compromiso de campaña de no renovar la concesión de la Base de Manta después del 2009 (“excepto que Estados Unidos admita la instalación de un fortín militar ecuatoriano en La Florida”), desinformaciones básicas respecto de los fines y medios de la política norteamericana han llevado a que el Ecuador persista en una diplomacia extraviada y reactiva frente al belicoso eje Washington-Bogotá. Así, voceros gubernamentales no pierden ocasión para formular autos de fe en la cruzada contra las drogas naturales, soslayando que la misma no es sino una coartada de Washington y Wall Street para lograr réditos políticos y económicos de una guerra que gobiernos clientelares y los uniformados bajo sus órdenes libran contra sus propios pueblos.Lo anterior explica que frente a las recurrentes provocaciones del títere Álvaro Uribe, Carondelet haya seguido una línea zigzagueante. Si bien se ha resistido a catalogar a las FARC como “grupo terrorista”, oponiéndose a las presiones del Palacio de Nariño; en cambio, ante las sanguinarias incursiones del Ejército “paisa” en territorio nacional para perseguir y ajusticiar a guerrilleros izquierdistas e incluso a inermes compatriotas, o a los incumplimientos por parte del vecino norteño de compromisos bilaterales en materia de las fumigaciones aéreas fronterizas con glifosato (operativos de terrorismo de Estado ejecutados por mercenarios de la DynCorp), la respuesta de la ex canciller María Fernanda Espinosa se limitaran a inocuas notas de protesta (algunas de ellas ni siquiera respondidas por Bogotá), a lastimeros pedidos de indemnización económica para los campesinos afectados y a anuncios -hasta ahora incumplidos- de llevar la querella a la Corte Internacional de la Haya… Amén de la preparación de un nuevo Plan Ecuador –el primero de ellos fue mentalizado por el socialcristiano Heinz Moeller en tiempos del gobierno de los hermanos Noboa Bejarano- bajo la inocente expectativa de captar mayores asignaciones estadounidenses para financiar el combate al comercio de las drogas psicoactivas vernáculas y a la captura de desesperados migrantes.
Petróleo: ¿La Patria ya es de PETROBRAS?
La política petrolera del régimen de Correa se ha desenvuelto bajo una tónica fluctuante entre el nacionalismo/bolivarianismo y la subalternidad a intereses consustanciales a las transnacionales petroleras. Mientras, por un lado, han resultado plausibles los acuerdos suscritos con Venezuela, incluido el protocolo firmado en agosto del 2007 entre Hugo Chávez y Correa y por el cual PDVSA financiaría la construcción de una refinería de crudo en Jaramijó (Manabí), así como las iniciativas ambientalistas del ex ministro de Energía Alberto Acosta, el incremento del 50 al 99 por ciento en la participación del Estado en las ganancias extraordinarias de la las compañías extranjeras y la reafiliación del Ecuador a la emblemática OPEP; por otro lado, decisiones más recientes del Ejecutivo han puesto en entredicho la línea nacionalista y la integración energética latinoamericana.Inicialmente, al interior del gobierno pugnaron dos posiciones: la de Acosta, que, coincidente con uno de los pilares de la revolución ciudadana, priorizaba la preservación del medio ambiente, y la del ahora ex presidente de PETROECUADOR, Carlos Pareja Yannuzzelli, favorable a la entrega de ricos yacimientos orientales a un consorcio integrado por SINOPEC (China), ENAP (Chile) y PETROBRAS. En un reportaje sobre “La guerra entre Acosta y Pareja” (4) se apuntaba que una de las principales discrepancias entre los dos funcionarios radicaba en que “la cartera de Energía ve el riesgo de que el crudo del ITT (de realizarse la concesión al citado consorcio) termine saliendo por el eje Manta-Manaos a Brasil o China, antes de ser procesado en Ecuador”, lo cual, sumado a la inclinación de Carondelet a inscribir al país en el “modelo de los biocombustibles” -necrocombustibles, según Frei Betto- que vienen impulsando Washington y Brasilia –aliados competidores en la dominación de Sudamérica (5)-, profundizaría nuestra inveterada condición de economía primario-exportadora, soporte último de la racionalidad del neoliberalismo. Enfrentado a ese dilema, Correa resolverá deshacerse de Acosta, acción interpretada desde la izquierda como una victoria de las mafias petroleras extranjeras y criollas afines a PETROBRAS. Con la designación para la cartera de Energía del abogado petrolero Galo Chiriboga, denunciado por sus nexos con la indonesa PERTAMINA y con la china Andes Petroleum, y el otorgamiento, el pasado octubre, de la licencia ambiental a la referida transnacional brasileña, por parte de la ministra Ana Albán, para que inicie la explotación del Bloque 31, contiguo al ITT (Ishpingo, Tambococha, Tipituni)) –Bloque 18-, considerado como la mayor reserva de crudos pesados del país, Carondelet estaría soldando lazos de subalternidad con Brasilia. Y mediante la oferta de pozos en explotación de PETROECUADOR a la tristemente célebre Halliburton, no solamente que estaría pautando la privatización/liquidación de la estatal ecuatoriana, sino buscando congraciarse con la petrolera administración de la Casa Blanca. Episodios dignos de constar en La historia universal de la infamia, de Jorge Luis Borges, jalonan este extraño nacionalismo de la revolución ciudadana.El libro colectivo Ecuador: peaje global. ¿De la hegemonía de USA a la hegemonía de Brasil?(6) describe algunos antecedentes y sórdidos entretelones del affaire PETROBRAS. En él, Fernando Villavicencio, uno de los coautores del libro, escribe: “Un acontecimiento que sacudió el escenario económico y político ecuatoriano en los últimos años fue la caducidad del contrato de la compañía Occidental (OXY), que de carambola echó al basurero el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Descontando la legalidad y el acierto soberano en la salida de la OXY, es necesario preguntarse a quién más benefició o quién pretende beneficiarse de la salida de la petrolera gringa? Podría echar luces sobre el tema de la estrategia de Brasil en Ecuador el análisis de la enorme presión (ejercida por Brasilia) para mantener y ampliar su presencia en bloques petroleros, en particular en zonas de alta concentración de biodiversidad, como el Parque Nacional Yasuní, donde se ubica el proyecto más grande de crudos pesados de Ecuador (ITT), el Bloque 31, el propio Bloque 15 recuperado de manos de la OXY...” (7). Más adelante apunta: “Si la economía dominante está (actualmente) en los países del Pacífico, el objetivo es construir corredores de salida, uno de los cuales ... y que le permitirá a Brasil contar con un gran puerto en el Océano Pacífico es el Eje Multimodal Manta-Manaos-Belem, que le garantizaría a la burguesía brasileña poder llegar hasta el Puerto de Manta, para avanzar a una posición dominante en el subcontinente... Entre los objetivos estratégicos del régimen de Lula da Silva... se contempla (gigantes) proyectos de inversión de PETROBRAS...”. (8)
Más adelante explica:
“PETROBRAS... desembarcó en Ecuador el año 2002, sin haber ganado ninguna licitación pública, sino a través de una ilegal compra de derechos que la argentina Pérez Companc tenía en los bloques 18 y 31 de la Amazonía ecuatoriana y generando un cuadro de corrupción sin precedentes en la historia petrolera nacional, como se desprende del Informe de la Comisión Especial creada por el ministro Alberto Acosta..., documento que concluye recomendando al gobierno de Rafael Correa la caducidad del contrato del Bloque 18 y la reversión al Estado del Campo Palo Azul (Palo Rojo)”. (9) “Del Informe se desprende además que: ‘El Bloque 18 cuenta con 2.28 millones de barriles de reservas probadas y una producción promedio día de 170 barriles, mientras el campo denominado Palo Azul (Palo Rojo) de PETROECUADOR registra 100 millones de barriles de reservas probadas y una producción promedio de 40.000 barriles de petróleo por día’, es decir, el Bloque 18 nunca fue ni es comercial, sino que a través de un fraude técnico y al margen de la Ley varias autoridades de PETROECUADOR, del ministerio de Energía y representantes de la compañía anexaron el campo Palo Rojo de PETROECUADOR al bloque 18, sin ser unificado, llamándolo Palo Azul”. (10)Conforme al propio Villavicencio, en la galería de responsables de la ilegal cesión de derechos y de la declaratoria de común del Campo Palo Azul deberían constar al menos los siguientes personajes: Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez, Pablo Terán Ribadeneira, Samia Peñaherrera Solah, Rodolfo Barniol, Rosendo Santos, Carlos Quiroz, Kléber Peláez, Galo Román, Galo Balda, Francisco Silva, Fernando Lozada, Luis Ayala, Genaro Peña, Galo Carrillo, Patricio Sáenz, Stalin Salgado, Miguel Montalvo, Fernando Robalino, Carlos Pareja Yannuzzelli, Galo Chiriboga, José María Borja, Ítalo Cedeño, José Páez, Gonzalo González Galarza... (11)A modo de conclusión anota: “La salida de Occidental del Bloque 15 dejó abierta la trocha a PETROBRAS, no solo para el control del ITT, sino incluso para llevarse la operación del Bloque 15, administrado deliberadamente fuera de PETROECUADOR bajo la figura tramposa de Administración Temporal, para luego de resuelta la demanda de la OXY en el CIADI, integrarlo a la operación del ITT y del Bloque 31 como un megaproyecto. Todas las fichas encajan en este rompecabezas, hasta la designación de Wilson Pástor como gerente del Bloque 15, un ferviente defensor e impulsor de PETROBRAS en Ecuador...” (12)En este marco, la autorización ambiental a PETROBRAS provista por la censurada ministra Albán apareció como la guinda en el pastel.Los entretelones del affaire Halliburton aún permanecen en las sombras, aunque, al respecto, resulta altamente sintomática el respaldo público de la embajadora estadounidense Linda Jewell a la gestión correísta.Casi huelga señalar que la sinuosa política petrolera de Carondelet tiene ya correlatos tan deplorables como la salvaje represión a los pobladores de Dayuma a fines del 2007 y el virtual fracaso de la campaña de preservación ambiental y energética publicitada por Correa Delgado incluso en el seno de la Asamblea General de la ONU.
Minería: retorno a los tiempos del colonialismo hispano
Pese a la explotación histórica, Ecuador tiene enterradas en sus entrañas reservas de cobre, oro y plata avaluadas en la bicoca de 143 mil millones de dólares.La política minera del régimen de Alianza País se ha desenvuelto, asimismo, bajo el signo de una creciente debilidad. El hecho es que las recurrentes e iracundas movilizaciones protagonizadas por pobladores de distintas provincias, especialmente sureñas, han desnudado un pavoroso cuadro de extrañamiento de recursos del subsuelo y depredación humana y ambiental, panorama que ha hecho rememorar los tiempos de la conquista y colonización europeas hace medio milenio.Según se conoce ahora, los gobiernos de la última década han suscrito 4.112 concesiones mineras que abarcan 2.8 millones de hectáreas para extraer los metales arriba citados. Entre las firmas que operan en el país se cuentan las canadienses Ascendat Cooper, Conerstone, I Am Gold, Aurelian Resourses y Dinasty Metal, y la estadounidense Lowell. Conforme a los dirigentes de las revueltas, las riquezas minerales han sido festinadas sin siquiera consultar a las comunidades directamente afectadas, conforme exige la Ley. Si bien esta deprimente realidad es imputable esencialmente a gobiernos anteriores, la administración de Correa aparece dispuesta a proseguir por la misma ruta entreguista de sus predecesores. En efecto, abocado a la iracundia social y a las demandas para se expulse a las transnacionales y se estatice su producción, la respuesta del oficialismo continúa siendo la represión, cuando no vagas ofertas de revisión de contratos o penosas declaraciones de impotencia frente a los inversionistas foráneos.En una nota periodística titulada “Correa abre una puerta a la minería” se puede leer: “Durante la última cadena radial de los sábados, (el presidente) dijo que en el país si se puede hacer actividades mineras ‘siempre y cuando cumplan con los adecuados controles y las consultas a la comunidad sobre los beneficios que conlleva la explotación minera’. Minería sí, pero con los adecuados controles, con adecuadas consultas a la comunidad, respetando a la comunidad, al medio ambiente y al Estado”. (13). Conforme a la misma fuente, César Espinosa, presidente de la Cámara Nacional de Minería, habría acotado que “las empresas mineras afincadas en el país cumplen con esos parámetros”. (14)¿Será que los pobladores rurales ecuatorianos han perdido el sentido de la realidad?
Extraña postura frente al TLC del mar
Los reclamos diplomáticas frente a los intentos de Washington y Lima por vulnerar la soberanía marítima nacional a propósito de las maniobras UNITAS cumplida a comienzos del 2006, ha tenido como contrapartida una extraña –por decir lo menos- postura de Carondelet de cara a la CONVEMAR (Convención del Mar), instrumento jurídico aprobado en Montego Bay (Jamaica, 1982) que se encuentra vigente desde 1994. Este Tratado, promovido por las grandes potencias, cuenta actualmente con la adhesión de 150 países, la mayoría de ellos beneficiarios de la ampliación a 12 millas de su mar territorial.¿Por qué resulta cuestionable la posición del gobierno de cara a esta sensible cuestión?Concretamente, debido a la campaña impulsada por el propio Correa, la ex canciller Espinosa, la ex titular de Defensa Lorena Escudero y la cúpula militar en orden a persuadir al Congreso y ulteriormente a la Asamblea Constituyente para que ratifiquen la adhesión del país a ese instrumento colonialista. Igual postura ha mantenido en esta materia la nueva ministra de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador.¿Qué es lo que oculta el elegante nombre CONVEMAR?. En una carta que Marcelo Larrea, ex candidato bolivariano a la presidencia, le remitiera al titular del Ejecutivo el pasado mayo, puede leerse: “... el mar territorial de nuestro país es cuatro veces superior al territorio continental, tiene hoy una dimensión de 1’095.445 km2, pero si llegase a suscribir la CONVEMAR, por ese solo hecho, el Ecuador perderá su soberanía territorial marina sobre 1’029.718 km2. Este sería el resultado de renunciar a nuestros legales y legítimos derechos sobre las 200 millas de mar territorial y subordinarnos a un instrumento internacional diseñado entre otros objetivos... para arrebatar a nuestra nación su mar geológico e histórico con sus riquezas, y con ellas, el derecho inalienable a su supervivencia”. (15) Más adelante apunta: “En ese camino se ha pretendido vender la idea de que la figura jurídica de la Zona Económica Exclusiva es equivalente casi totalmente al concepto de mar territorial y que, en consecuencia, suscribiendo la CONVEMAR, el Ecuador tendría 12 millas de mar territorial y 188 de Zona Exclusiva. Como es obvio... el cambio de palabras no es gratuito, revela las argucias de la diplomacia colonial para forzarnos a renunciar a nuestros legítimos derechos... (No) existe sustento jurídico alguno para que el Ecuador por sí y ante sí, renuncie al ejercicio de su soberanía territorial sobre 200 millas de mar y se someta a la CONVEMAR, cuyo objetivo esencial es la transnacionalización y privatización de los mares del planeta... Las llamadas ventajas de la suscripción de la CONVEMAR, expuestas en la página web de la Comisión Nacional sobre Derecho de Mar, me han recordado con dolor las crónicas de los canjes de oro con espejos”. (16) En otro pasaje, la misiva cuestiona la curiosa percepción del problema por parte del mandatario Correa: “He leído en la página A2 de la edición del 22 de mayo de 2007, del diario El Tiempo, de Cuenca, declaraciones atribuidas a usted, transcritas textualmente de la siguiente forma: ‘Manifestó que no es negociable la soberanía marítima, y destacó que pidió al Congreso Nacional la aprobación para la adhesión del Ecuador Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, CONVEMAR. Indicó que dicho tratado regula todas las actividades humanas en el mar, entre las que se incluyen la explotación de recursos vivos y no vivos y, las investigaciones científicas en beneficio de la humanidad’”. (17) (Subrayados R.B.). Una opinión similar la expresó el comandante de la Marina, para quien la firma de la CONVEMAR no comporta ningún cambio respecto del actual status territorial marítimo, ya que supondría únicamente la sustitución de la palabra “autorización” por la palabra “notificación”, en cuanto concierne al requisito que deberían cumplir las naves militares o comerciales que busquen ingresar al mar territorial ecuatoriano. De Ripley.
¿Se proyectarán estas chapucerías jurídicas a la Asamblea Constituyente?
Entre la integración y el “libre comercio”
La suspensión de las negociación del TLC con Estados Unidos el 2006, bajo presión de las aguerridas protestas campesino-indígenas contra el régimen de Alfredo Palacio, hicieron que el lema “No al TLC recolonizador” fuera asumido también por Correa-candidato. De otro lado, los referidos acuerdos de Correa-presidente firmados para materializar la integración energética con la Venezuela bolivariana, así como el respaldo de Quito al proyectado Banco del Sur, parecían colocar al Ecuador en la ruta del ALBA, un proyecto de integración-integradora al cual han adherido, aparte de la nación llanera, Bolivia, Cuba y Nicaragua, y que ha sido diseñado para neutralizar en alguna medida el sistemático socavamiento de la soberanía de nuestros países impuesto por las metrópolis y su lógica mercantil.A últimas fechas, Rafael Correa ha reiterado que “el TLC con Estados Unidos está más hundido que el Titanic” y que no “implorará la ampliación del ATPDEA”.Semejantes definiciones, sin embargo, se han visto desdibujadas por acciones como la entusiasta aproximación del régimen correísta a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) neoliberal, presidida actualmente por el “paraco” Uribe, y recientemente tonificada en esa postura con la incorporación del Chile de la “socialista” Bachelet, y el inicio por parte de la citada Comunidad de negociaciones con la Unión Europea para llegar a un Acuerdo de Asociación que, según coinciden diversos analistas, tendría similares consecuencias recolonizadoras que los TLCs ofertados por Washington. ¿Será que la Revolución Ciudadana desconoce que los núcleos centrales del capitalismo, esgrimiendo el señuelo del “libre comercio”, coordinan esfuerzos para potenciar su capacidad de extorsionar y depredar a las zonas pauperizadas del planeta? ¿A qué esquema unionista respaldará la inminente Asamblea Constituyente ecuatoriana? ¿Al que lidera el bolivariano/latinoamericanista Hugo Chávez o al de corte recolonizador que promueven figuras como Lula y Calderón siguiendo la partitura de la Casa Blanca?
¿Cambio de modelo económico o fuga hacia delante?
La recuperación real de la autodeterminación económica supone avanzar en la desconexión de la globalización corporativa (18); este proceso solo puede sustentarse en una economía relativamente autocentrada y regulada. De ahí que, al menos en el caso ecuatoriano, un modelo propiamente alternativo al neoliberal-aperturista predominante en las últimas tres décadas únicamente podría emerger de insustituibles vectores nacionalistas y latinoamericanistas. En la línea de desmontar el modelo neoliberal/monetarista en la variante esquizofrénica vigente en nuestro medio (Estado del bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres), el régimen de Correa, en su primer año de gestión, ha emprendido en algunas iniciativas cuestionadoras del establecimiento, como el referido repudio al TLC con Estados Unidos, la ruptura nominal con el tutelaje del FMI a partir del pago de un saldo pendiente con ese organismo y la no utilización de algunos créditos otorgados por el Banco Mundial, el incremento del gasto fiscal en educación y salud, el alza de los aranceles para unas 800 partidas arancelarias y la elevación del 50 al 99 por ciento de la participación estatal en los beneficios extras de las petroleras extranjeras. No obstante, la tónica predominante de las medidas correístas luce más bien asistencialista y clientelar: el incremento del “bono de la pobreza” y del subsidio para la vivienda, los microcréditos aprobados para distintos segmentos poblacionales, el incremento de sueldos a los militares, la “tarifa de la dignidad” en el consumo de energía eléctrica para las familias de bajos ingresos. O administrativas, como el diferimiento de plazos a los deudores del Banco de Fomento; la intervención en algunos nidos de corrupción de los “pelucones” nobles y plebeyos (CATEG, PACIFICTEL, ANDINATEL, ELEVAL, Aduanas); la refiscalización de poderosos grupos empresariales, entre otras.Ambos órdenes de medidas están lejos de conformar una ruta sólida para superar al establecimiento neoliberal. Más allá de la Agenda Económica y el Plan de Desarrollo 2007-2010 preparados por el Ejecutivo, con sus contenidos de inspiración desarrollista/intervencionista, decisiones en vitales áreas como la agrícola, la petrolera y la minera llevan a pensar que el clasemediero régimen de Alianza País, más que por un genuino cambio de modelo económico estaría apostando a corto plazo a la reactivación productiva y la redistribución de ingresos mediante la utilización, frecuentemente dispendiosa, de los ingresos provenientes de una sostenida alza de la cotización internacional del crudo –el precio del barril de petróleo ecuatoriano ha llegado a superar los 100 dólares en los últimos meses- y de las abultadas remesas de los emigrados –estimadas en unos 3 mil millones de dólares para el 2007. A mediano plazo, el propósito no sería otro que fundar el crecimiento en los ingresos que generaría el impulso a producciones primarias (caña de azúcar, palma africana) requeridas por Estados Unidos y Europa para impulsar la producción industrial de biocombustibles. Es decir, por la vía de una refrendada adscripción del país a la vieja/nueva división internacional del trabajo tan cara al capital financiero internacional; lo cual significaría, por un lado, diferir para las calendas griegas la reforma agraria y la soberanía alimentaria, y por otro, que la proterva racionalidad del capital metropolitano de convertir los desastres que provoca en jugosas oportunidades de negocios, se afiance en estas latitudes.. Todo esto explicaría que la banca usuraria se mantenga intocada, a la espera de “soluciones de mercado” para reducir las tasas de interés. O que el planteo inicial de “renegociación soberana” de la deuda externa-interna haya devenido en la tesis de la “renegociación amistosa”, y, ulteriormente, en la teoría del “reacomodo financiero” del presupuesto ejecutada por el ministros de Economía Ricardo Patiño y por su sucesor Fausto Ortiz.
*René Báez.
Miembro de la International Writers Association
Marzo/2008
Miembro de la International Writers Association
Marzo/2008
Notas.-
(2) En un artículo recientemente publicado por la prestigiosa Foreign Police titulado “The Global War en Drugs Can Be Won”, Ethan Nadelmann desnuda los cinco mitos con que actualmente la Casa Blanca busca sustentar su cruzada antidrogas. Tales mitos son: “1) Podemos reducir la demanda de drogas, 2) La solución es reducir la oferta de drogas, 3) La política antidrogas de USA es la del mundo, 4) Hay que impedir la producción de opio en Afganistán y 5) Nunca habrá legalización”. Cf. Gustavo Pérez Ramírez, “¿Se puede ganar la guerra contra las drogas?” (www.gustavoperez ramirez.blogspot.com/index.html ).
(4) Rev. Vanguardia, no. 82, 17-23 de abril del 2007.
(5) La contradictoria unidad entre el imperio estadounidense y el subimperio brasileño se puede inferir de informaciones como las siguientes: “El hindú Rajendra Pachauri... es una persona agradecida. En cuanto recibió el Premio Nobel de la Paz, junto con Al Gore, pagó su deuda con el imperialismo occidental sugiriendo la expropiación de la Amazonía: ‘No voy a opinar sobre lo que debe hacer el gobierno brasileño, pero las selvas como el Amazonas son las mayores fuentes naturales para la captación del carbono. En el futuro debemos tener políticas claras y un acuerdo internacional para garantizar que la protección forestal aumente en el mundo... La reacción de la élite brasileña a la creciente presión de desbrasileñizar la Amazonía ha sido diversa. En el campo político, la famosa diplomacia de Itamaraty se ha quedado dormida, al igual que la de Venezuela, permitiendo, por ejemplo, que la Organización del Tratado de la Amazonía (OTCA) –bajo la conducción de la funcionaria Rosalía Arteaga, nombrada por Lucio Gutiérrez- abriera las puertas del ‘oro verde’ al imperialismo europeo (España, Alemania, Francia) y estadounidense”. Heinz Dieterich, “Nobel de la Paz pide expropiación de la Amazonía”, artículo puesto en circulación por el Bloque Regional de Poder Popular, el día 17 de octubre del 2007.
(6) Napoleón Saltos et al , PH Ediciones, Quito, 2007.
(7) Ibid., pp. 31 y 32.
(8) Ibid., p.32.
(9) Ibid., 43.
(10) Ibid., 44.
(11) Ibid., 51 y 52.
(12) Ibid., 39
(13) La Hora, 30 de octubre del 2007.
(14) Ibid.
(15) Documento inédito.
(16) Ibid.
(17) Ibid.
(18) Según Wim Dierckxsens: “La lucha social por una alternativa supone la desconexión del proceso de globalización (corporativa). La desconexión del proceso de globalización es una condición necesaria para recuperar la soberanía en todos los sentidos: económico, político, social, cultural, etc. El proceso de globalización niega dicha soberanía y promueve más bien la progresiva anexión de los países periféricos en general y de América Latina en particular en beneficio cada vez más exclusivo de unas cuantas empresas ligadas al capital financiero internacional. Esta desconexión, planteada, por ejemplo, en el ALBA, tiene mejores perspectivas conforme se acentúa la crisis del neoliberalismo en general y con una crisis cada vez más profunda de la hegemonía norteamericana en particular, condiciones que se cumplen hoy en día de manera cada vez más clara” (“El proceso de desconexión y la transición”, ALAI, 12 de junio del 2006)
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