jueves, 15 de mayo de 2014

¿Por qué interpelaron en Chile al “progresista” presidente ecuatoriano Rafael Correa?

¿Por qué interpelaron en Chile al “progresista” presidente ecuatoriano Rafael Correa?

14 de mayo de 2014



Imágenes integradas 1

Imágenes integradas 3
Rafael Correa fue duramente interpelado en la Universidad de Santiago: “Por los derechos de la naturaleza… protejamos Intag y el Yasuni” / Nota y galería de imágenes / Con lienzos y volantes fue interceptado lo que pretendía ser un solemne homenaje al presidente Ecuatoriano en la Universidad de Santiago donde se le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa, las y los manifestantes aludieron a la represión que hoy experimentan las comunidades de Intag, de San Marcos y del Yasuní, víctimas del accionar de empresas como Codelco y Enap en su territorio.
Representantes del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, denunciaron las políticas pro extractivistas que está sosteniendo el gobierno ecuatoriano, contra los procesos democráticos y de autodeterminación que han impulsado los territorios para defender sus formas de vida y sus ecosistemas.
Las comunidades y organizaciones reprimidas por el gobierno de Correa en Ecuador, informaron del grado de militarización que vive hoy en el territorio de INTAG para permitir que la estatal chilena CODELCO ingrese y haga los estudios necesarios para transformar el cantón ecológico Cotacachi en una localidad minera, arrasando con la cosmovisión y las formas de vida local. Del mismo modo, ayer, la empresa china Ecuacorrientes ha penetrado en la localidad de San Marcos derrumbando la escuela y la parroquia para instalar un tranque de relaves en un territorio antes intocable por ser zona de frontera, pero que gracias a los buenos oficios de Chile y a la voluntad entreguista de los gobiernos del continente, fue liberado a la actividad minera mediante un tratado minero binacional entre Perú y Ecuador, en la misma línea del que fuera suscrito pioneramente entre Chile y Argentina en 1997.
La voluntad política del gobierno ecuatoriano de entregar prebendas sociales a costa de la depredación de los bienes comunes que constitucionalmente se comprometió a defender, se expresa también en la licitación, a fines del año pasado, de tres bloques petroleros en el Parque Nacional Yasuní, reserva ecológica en la que habitan pueblos indígenas no contactados y que la sociedad civil ecuatoriana había determinado proteger, mediante una revolucionaria propuesta que represaría el petróleo del subsuelo a cambio del 50% de lo que el Estado hubiese recibido por explotarlo. Esta iniciativa era revolucionaria pues suponía comprender que la vida no tiene precio, que la responsabilidad de disminuir la emanación de gases de efecto invernadero era colectiva y que la creatividad mundial debía invertirse en buscar alternativas que nos permitan transitar hacia otras formas de relación con la naturaleza. Sin embargo, dando muestras de soberbia ideológica imperdonable, Correa desconoció este acuerdo, y hoy incurre en una serie de arbitrariedades para invalidar y bloquear un legítimo y masivo proceso de consulta.
Si bien hubo intentos de invisibilizar la acción por parte de la seguridad de Correa, autoridades intermedias de la Universidad hicieron valer el derecho a  la libre expresión y apelaron a la falta de jurisdicción de las fuerzas represivas ecuatorianas para actuar en Chile.
Fuerza Intag, fuerza Yasuní, fuerza a las comunidades que defienden el agua y la vida contra la cultura de muerte que empresas como Codelco y Enap,  en complicidad con el Gobierno de Correa, están sembrando impunemente en los territorios.
Comunicaciones OLCA

lunes, 14 de abril de 2014

Despojamiento y desposesión extractivista imperial

Despojamiento y desposesión extractivista imperial
Las condiciones jurídicas y políticas constitucionales sobre recursos naturales y minería
 
Raúl Prada Alcoreza
 
En el último periodo, vale decir, en la segunda gestión del gobierno reformista hemos escuchado en los discursos oficiales aludir y referirse incansablemente a la Constitución. Lo que importa no es la alusión, ni el acudir al nombre de la Constitución, ni siquiera el repetir memorísticamente los enunciados generales constitucionales. De lo que se trata es saber si la composición, la estructura, la concepción constitucionales se cumplen, se aplican, se realizan. Lo que importa es evaluar si el “espíritu” constituyente, la voluntad del constituyente, la voluntad de las luchas sociales desplegadas, luchas que abrieron el proceso y el horizonte constituyente, se efectiviza; no solamente en el llamado desarrollo legislativo, que debería ser fundacional, sino efectivamente, en las prácticas políticas, vale decir, como mecanismos de transformación institucional y estructural. Precisamente, en esta revisión de la aplicación de la Constitución es donde se hace patente el gran contraste entre La Constitución y el desarrollo legislativo conducido por el gobierno, entre la Constitución y la gestión de gobierno, la gestión pública, la gestión administrativa, la gestión legislativa, así como la gestión de control por parte del Estado; faltando con toda evidencia el ejercicio de la democracia participativa, pluralista, directa, comunitaria y representativa.
Los órganos de poder del Estado han contravenido sistemáticamente a la Constitución, vulnerando su estructura normativa y conceptual constitucional. Las que deberían ser leyes fundacionales del nuevo Estado, plurinacional, comunitario y autonómico, no son otra cosa que leyes restauradoras del viejo Estado-nación. Ante semejante contraste, ante evidentes contradicciones entre la práctica gubernamental, legislativa, jurídica, electoral, respecto a los mandados constitucionales, el oficialismo ha optado por explayarse en una discursividad demagógica, sin contenido, sin ningún sostenimiento argumentativo, tampoco sin ninguna corroboración por parte de los hechos políticos y jurídicos. El gobierno ha optado por la simulación y la propaganda, por el teatro político y la impostura, pretendiendo, con el uso descomedido, del apabullante y desmesurado aparato “ideológico”, convencer a la gente de lo que no ocurre, en realidad.  Asistimos a un incremento de los contrastes y las contradicciones, a la exacerbación de la propaganda y la publicidad, acompañando la expansión y el dominio de acostumbradas prácticas de poder, cuestionadas por el pueblo, por las movilizaciones, por los postulados de los movimientos sociales; postulados inscritos en las finalidades del proceso de cambio. Asistimos a la reaparición de las formas más grotescas del ejercicio de la política, del ejercicio del poder, desatando, incluso, más que antes, las artes dolosas de las manipulaciones.  En este panorama desolador, emerge, de estas condiciones corrosivas, el monstruo de mil cabezas de la corrupción, incluso más expansivamente e intensivamente que antes. La corrupción se ha “democratizado” y popularizado, destruyendo las bases morales de la sociedad,  quebrando sus estructuras y relaciones de cohesión. Toda esta marcha vertiginosa de sucesos destructivos del entusiasmo de la gente, toda esta descomposición de lo que llamaremos fue, en un principio, al calor de las luchas y como efluvio de los combates concluidos, el proyecto descolonizador y transformador del Estado y la sociedad, termina pariendo un síntoma alarmante del derrumbe del proceso de cambio, la Ley Minera. Este síntoma muestra el desmoronamiento del proceso en su fase terminal. Después de esta Ley podemos decir: El proceso de cambio ha muerto, que en paz descanse.
Para ilustrar el gran contraste y la profunda contradicción entre esta Ley Minera y la Constitución, haremos una exposición del Título II de la Constitución, Medio Ambiente, Recursos naturales, Tierra y Territorio; Título donde se encuentra el Capítulo Cuarto sobre Minería y Metalurgia.
 
 
La condición constitucional de los recursos naturales
El artículo 342 comienza su exposición con un mandato categórico claro: Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. La claridad esta en sus determinaciones, conservar, proteger y aprovechar; también en el carácter de estas acciones; dice que hay que hacerlo de una manera sustentable, apuntando a la finalidad ecológica de mantener el equilibrio de los ecosistemas. No hay donde perderse; ¿por qué los responsables de la elaboración de la Ley Minera no tomaron en cuenta este artículo? ¿Por qué la Cámara de Diputados se olvidó abiertamente de este artículo? ¿Por qué los ministros y ex-ministros involucrados se hacen a los desentendidos? ¿Por qué el vicepresidente aparece avalando la Ley Minera y apuntando a la revisión de un solo artículo, el 151, de la Ley en conflicto? ¿No leyeron la Constitución? ¿Les dio amnesia? ¿Los diputados que aprobaron la Ley la leyeron o sólo levantaron las manos? Sólo el presidente, el ministro de la presidencia y el actual Ministro de Minería, se expresaron abiertamente, calificando, prácticamente a la Ley y a todo lo que conlleva, como traición a la patria, comprendiendo también a núcleos de funcionarios, comprometidos en ilegales, ilegítimos e inconstitucionales contratos. Sin embargo, lo dicho por el presidente no se acata, quien invita a comenzar de foja cero la elaboración de otra Ley Minera, que se base, respete y se formule desde la Constitución; convocando al pueblo, a los sectores, a las instituciones y organizaciones, a participar en la formulación de dicha Ley. ¿Insubordinación? ¿Desobediencia? ¿La palabra del presidente no tiene importancia a la hora de tomar las decisiones operativas? ¿Qué es lo que ocurre al interior del Estado?  ¿Qué es lo que ocurre al interior del gobierno? ¿Quién gobierna?
Todos estos sucesos, su secuencia dramática, son graves; empero, nadie reacciona. Las organizaciones sociales adormecidas y domesticadas callan; sin embargo, se comprometen, por su silencio cómplice, con esta traición a la patria. Los medios de comunicación sólo informan; pero, ocurre como si no se inmutaran de la gravedad de lo que acaece. Estamos ante un pueblo aletargado y una sociedad adormecida; pueblo conformado con lo que ha conseguido, aplastado por la inclinación conservadora de apoyar sin crítica a un gobierno, que todavía les aparece como criatura suya. Olvidando que, siendo esta criatura suya, tiene el pueblo más responsabilidad por vigilar y controlar la conducción de un gobierno, que se reclama responder a los movimientos sociales; gobierno atrapado en la trama del poder. Ante estas condiciones desastrosas, calamitosas y destructivas, que muestran a un pueblo impávido, a organizaciones sociales domesticadas, tal parece que la traición a la patria se va a materializar, además con beneplácito del MAS.
El artículo 342 dice: La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. La minería, el extractivismo, son depredadores y contaminantes, afectan el medio ambiente y el equilibrio eco-sistémico; en ningún momento se les ha ocurrido a los elaboradores de la Ley, al Legislativo, al gobierno, consultar a la población. ¿Esta sólo está para nombrarla como referente; empero, no para consultarle, no para respetar sus derechos constitucionalizados? Esta desatención muestra el carácter autoritario de la elaboración de la Ley, el desprecio a la Constitución y al pueblo, en quien supuestamente radica la soberanía. Esta manera de actuar en política, de la misma manera que en todos los periodos republicanos, muestra patentemente que la práctica política no ha cambiado. Han cambiado los personajes, los actores de la política; ahí se ha producido un desplazamiento. Han cambiado los discursos y los símbolos; sin embargo, se han preservado las prácticas, los hábitos y habitus, las estructuras y las relaciones determinantes de las costumbres políticas.
 
El artículo 346 ratifica lo definido en los artículos anteriores: El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión.  Esto de no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales, se les pasó a los proyectistas de la Ley.  La Ley Minera compromete la soberanía sobre los recursos naturales. Es un dispositivo aperador de la dominación imperial, despoja a los bolivianos de sus recursos naturales, entregándolos a la vorágine extractivista dominada por las empresas trasnacionales, extractivismo minero como fase inicial de la acumulación ampliada de capital. Todo este entreguismo se lo hace manteniendo el mismo régimen tributario, impositivos y de regalías, establecidos en el periodo neoliberal.
 
El numeral II del artículo 348, que se encuentra en el Capítulo Segundo, sobre Recursos Naturales, establece que: Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país.  No son pues para el enriquecimiento privado, como acontece ahora, enriqueciendo a una burguesía cooperativa, que expolia a más de cien mil trabajadores mineros súper-explotados, enriqueciendo estrepitosamente a las empresas trasnacionales, cooperativas, empresas privadas que, en conjunto, sólo dejan al país el 8% del valor de la producción minera. En contraste, el régimen tributario en hidrocarburos deja al Estado el 62%. ¿No es esto una violación espantosa al principio constitucional enunciado en el artículo?
 
El artículo 350 dice: Cualquier título otorgado sobre reserva fiscal será nulo de pleno derecho, salvo autorización expresa por necesidad estatal y utilidad pública, de acuerdo con la ley. La Ley Minera no otorga títulos; sin embargo, oculta las innumerables concesiones en reservas fiscales a empresas privadas, entre ellas las cooperativas, además de las empresas trasnacionales. Por ejemplo, el gobierno oculta las cuantiosas concesiones territoriales otorgadas a la Empresa Minera San Cristóbal. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué encubre estas concesiones? ¿Por qué otorga estas concesiones contraviniendo a la Constitución?  ¿Cree que puede hacerlo, incluso vulnerando a la Constitución, porque goza de legitimidad, de credibilidad por parte de la mayoría electoral? ¿De dónde saca esos atributos de hacer concesiones a su antojo, si ni el Estado y el gobierno son propietarios de los recursos naturales? La explicación se encuentra en que el gobierno y el Estado-nación son engranajes del orden mundial imperial, son administradores de la transferencia de los recursos naturales a los centros cambiantes de la economía-mundo y a las potencias emergentes del sistema-mundo capitalista. En otras palabras, el gobierno no gobierna sobre los recursos naturales, son otros los que tienen el dominio sobre nuestros recursos y nuestras reservas. Las estructuras de poder mundial, regional y en el país, se mantienen sólidas y siguen determinando el curso del circuito extractivista.
 
El artículo 351 tiene que comprenderse en su integral composición, en el marco del Título II, en el Contexto normativo y conceptual definido por la Constitución. El numeral I dice: El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas. Es el Estado el encomendado a cumplir un papel orientador y operador de estrategias políticas mineras, emergidas de la Constitución; por lo tanto, encaminadas a la independencia económica, a salir del extractivismo, a dejar de exportar materias primas, orientándose hacia la industrialización; articulando estas estrategias mineras con el conjunto de políticas de transición. Realizando la descolonización, la armonía con los ecosistemas, los pueblos, las poblaciones, en la perspectiva del sumaj qamaña/sumak kausay. Sin embargo, el gobierno, la forma concreta y resumida del Estado, anda desorientado, falto de estrategias de transición, deambulando sin horizonte, repitiendo las funestas relaciones coloniales, reproduciendo recurrentemente la dependencia.
El numeral II del mismo artículo dice: El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país. Le sigue el numeral III con la siguiente definición: La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales. En la gestión y administración podrán establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el bienestar colectivo. Y el numeral IV establece: Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y regalías cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales, y los cobros a que den lugar no serán reembolsables. Las regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una compensación por su explotación, y se regularán por la Constitución y la ley. La Ley Minera contraviene a este artículo al no exigir la reinversión de las utilidades económicas en el país. La Ley Minera otorga a las empresas amplios derechos para obtener utilidades, expatriar capitales y especular. En la Ley se otorga  a las empresas mineras el derecho a la libre disposición de las utilidades, abarcando el derecho a la remisión de estas utilidades  al exterior, exigiendo la única condición de cumplir con las obligaciones tributarias. La Ley Minera no sólo no garantiza el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales, sino que permite todo lo contrario, descartando el control y la participación social. Respecto al numeral IV la Ley no modifica el régimen tributario, de impuestos y regalías neoliberal. Como puede verse, el artículo 351 de la Constitución fue manifiestamente descartado por los escritores de la Ley.
 
El artículo 352 exige un proceso de consulta: La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. La Ley Minera manifiesta una violencia desmedida contra lo enunciado en este artículo, violando oprobiosamente este mandato. Desaparece el proceso de consulta, se ignora a la población afectada, se desconoce a la ciudadanía en el proceso de gestión ambiental, se atenta contra la conservación de los ecosistemas, se discrimina y se margina a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Tampoco la Consulta con Consentimiento, Libre, Previa e Informada tiene lugar; por lo tanto, menos se respeta sus normas y procedimientos propios.
 
El extractivismo minero, inicio del proceso de producción y de la acumulación de capital
Es menester tener una mirada mundial del capitalismo, no olvidar eso, que el capitalismo funciona como sistema-mundo. Desde esta perspectiva tener bien claro que el extractivismo minero es parte del modo de producción capitalista, que funciona planetariamente. Salgamos de la mera perspectiva de la fábrica, del taller, perspectiva, en gran parte mantenida por Marx y la economía política cuando desarrollan la teoría del valor[1]. El capitalismo no se circunscribe a una fábrica, a un conjunto de fábricas, al espacio económico de un país; el capitalismo es la misma mundialización de la economía basada en la valorización abstracta. El capitalismo funciona como mundo, es una economía-mundo. Desde esta perspectiva hay que dejar de concebir la valorización a partir de un proceso de producción local, particular, incluso regional. La producción propiamente capitalista supone la articulación de las economías del mundo, de sus territorialidades, de sus yacimientos, de sus recursos, de sus poblaciones, susceptibles de convertirse en proletariado y en masa de consumidores. No es conveniente figurar al sistema-mundo capitalista como una gran fábrica, sino, más bien, es conveniente figurarlo como un puzle, armado de una cantidad apreciable de piezas. Cuando las piezas se unen formando el cuadro, la visión del conjunto se da, revela el paisaje, como sentido pictórico capturado. De la misma manera, la valorización del capital se logra cuando se articulan las economías del mundo, dando lugar a un gigantesco proceso de acumulación de capital, basado en la integración de circuitos, circulaciones, procesos productivos, que incorporan como condición e inicio de los procesos productivos al extractivismo, a las distintas formas de extractivismo; entre ellos, el extractivismo minero.
Bajo estas condiciones del funcionamiento del modo de producción capitalista no se puede pretender salir del capitalismo procediendo sólo a las nacionalizaciones de los recursos naturales, recursos atrapados en manos de empresas privadas, principalmente trasnacionales. Las nacionalizaciones modifican cualitativamente los términos de intercambio; mejoran las condiciones económicas del Estado que nacionaliza; empero, sus yacimientos, por ejemplo, mineros, no dejan de pertenecer, formar parte, del modo de producción capitalista planetario. Incluso si las nacionalizaciones formaran parte de un Estado que se reclama socialista, el hecho que las materias prima, transferidas del país a los centros del sistema-mundo capitalista, circulen, alimentando los procesos productivos y la acumulación de capital, hace que el Estado socialista, la economía de transición al socialismo, forme parte del modo de producción capitalista planetario. A la economía-mundo capitalista le es indiferente que la economía nacional se reclame o no de socialista, que el Estado en cuestión se reclame o no de socialista, lo que importa es que esta economía local forme parte del sistema-mundo. Este es el tema y el problema. La economía-mundo capitalista, el sistema-mundo capitalista, el modo de producción capitalista, no se desmontan, no se derrumban, sólo con desplazamientos y transformaciones locales, aunque estas coadyuven, a la larga, al desmoronamiento del capitalismo. El trastrocamiento del sistema-mundo capitalista, del modo de producción capitalista, sólo pude darse mundialmente, mediante transformaciones locales entrelazadas, transformaciones regionales entrelazadas, transformaciones planetarias entrelazadas, transformaciones que configuren otro mundo posible, otros mundos posibles.
En esta transición, mejor dicho, en estas transiciones, es indispensable comprender a cabalidad lo que se disputa en torno al control de  los recursos naturales, en nuestro caso, en torno a los recursos mineros. Ciertamente las materias primas son condición material e inicial del modo de producción capitalista. El cálculo capitalista evalúa las materias primas como renta; en el caso de la minería, como renta minera. Hablamos principalmente de una renta diferencial, dependiente de las oscilaciones de los precios de las materias primas; dependiente propiamente de la demanda de las economías industriales. En el cálculo industrial la renta minera, por ejemplo, forma parte de los costos de producción. El cálculo de costo y beneficio busca aminorar los costos y maximizar el beneficio. En este sentido, el complejo productivo industrial capitalista busca pagar menos renta minera, por todos los medios posibles. El complejo productivo capitalista buscará disminuir sus costos de producción, en lo que respecta a la explotación minera, de todos los modos y procedimientos a su alcance. Este complejo productivo tiene, en su composición estratificada, a las empresas extractivistas mineras como operadoras, en esta fase del gigantesco conjunto articulado de procesos de producción particulares. Estas empresas extractivista consiguen bajar los costos de producción obteniendo concesiones dadivosas de los estados, legislaciones bondadosas, regímenes tributarios tímidos, quedando el control de los recursos, de los procesos de explotación, de los circuitos y recorridos, en manos de estos monopolios tecnológicos, financieros y de mercados, que son estas empresas trasnacionales extractivistas. Las nacionalizaciones les perturban; empero, recobran inmediatamente el dominio, pues controlan toda la cadena de los procesos de producción, que suponen la incorporación de minerales y metales. Regímenes tributarios menos tímidos, más exigentes, también perturban el juego de las magnitudes de los costos de producción; sin embargo, las empresas trasnacionales no tardan en recuperarse mediante modificaciones de la estructura de costos y de la estructura de precios de los productos,  en todas las fases intermedias y finales.
En la medida que las empresas trasnacionales mantengan sus monopolios, controlen cadenas comerciales y productivas, controlen las tecnologías, además de su vinculación privilegiada con el sistema financiero internacional, los desplazamientos en las economías nacionales les perturba; empero, no afecta a su dominio.
Estas empresas trasnacionales cuentan también con otros métodos y procedimientos para bajar los costos de producción, métodos y procedimientos paralelos. Se trata de la relación concomitante con altos personeros de los gobiernos, presidentes y directores de empresas públicas, técnicos y abogados de las instituciones estatales. Para las empresas trasnacionales todo hombre tienen un precio. De lo que se trata es de lograr comprar favores, en este caso, no importando tanto el monto del precio del soborno, pues las ganancias son muy altas. Entonces, la disminución de los costos de producción comienza con las concesiones, sigue con tributaciones, impuestos y regalías bajas, continúa con informes administrativos tramposos, que ocultan los verdaderos volúmenes y contenidos de la explotación minera; así como exigencias de resarcimientos por inversiones supuestas.
Estas prácticas paralelas de las empresas trasnacionales pueden avanzar tanto que terminan comprometiendo a la institucionalidad misma del Estado. La economía política del chantaje comienza con altos personeros del gobierno, después se forman complicidades “laborales”, se conforman redes, circuitos, hasta estructuras, que operan transversalmente en toda la malla institucional, comprometiendo al que está en el medio, incluyen a las organizaciones sociales, por medio de prebendas y clientelismos. La obtención de favores, de concesiones dadivosas, de tributos bajos, se logra, muchas veces, mediante estos procedimientos paralelos. Por ejemplo, la Ley Minera, que favorece no sólo a la burguesía cooperativa sino a las empresas trasnacionales, se ha logrado, en gran parte, por la intervención de estos procedimientos paralelos. La otra parte es el resultado miserable de consciencias de cipayos, consciencias desdichadas que terminan entregándose al amo.
 
La condición constitucional de los minerales

El numeral I, del artículo 369 del Capítulo Cuarto, correspondiente el Título II, de la Cuarta Parte de la Constitución, Estructura y Organización Económica del Estado, establece que: El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. En el campo económico de la minería, que podemos llamar campo minero - usando el concepto metafórico del sociólogo Pierre Bourdieu, pues el concepto de campo viene de la física, figura relativa al campo electromagnético, de donde se aplica también a las figuras de todo campo de fuerzas -, la Constitución, reconoce tres actores productivos en minería, llamados sugestivamente industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. ¿Por qué industria si se trata solamente de extractivismo, de explotación de minerales? En términos apropiados no podríamos llamar industria, pues no se da la transformación material, como ocurre con la industria, propiamente dicha, aunque intervengan procesos de concentración, así como los que se dan en los ingenios, para mejorar la ley del mineral, es decir, su cualidad mineral; por ejemplo, los relativos a las técnicas de lixiviación. Este uso de términos corresponde a la comisión minera de la Asamblea Constituyente[2]. Dejando estas apreciaciones de lado, anotando que sólo se reconoce a tres actores productivos, no más, lo importante del numeral I es que se atribuye al Estado la responsabilidad de las riquezas mineralógicas. El artículo retoma la concepción de emprendimiento estatal, de la empresa pública, comprendiendo el monopolio estatal sobre los recursos mineralógicos, monopolio organizado en empresas públicas centralizadas. Estafinalidad, proveniente del ideologema del nacionalismo revolucionario, formación discursiva emergida del periodo crítico donde germinó la revolución de 1952, es precisamente la desplazada por la Ley Minera, que ha optado, mas bien, por la consolidación de la privatización de la minería.
 
Ratificando lo establecido en el numeral I, el numeral III dice: Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera. Y el numeral IV dice: El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos pre-constituidos. Este es el rol prioritario del Estado, que también se enuncia en el Título I, correspondiente a la Organización Económica del Estado, de la Cuarta parte de la Constitución, enunciación combinada con los conceptos correspondientes a la economía plural; pluralismo económico encaminado a la realización de la economía social y comunitaria, que es finalidad constitucional. Como se puede ver, tanto el rol prioritario del Estado, así como el decurso pluralista encaminado a la economía social y comunitaria, que comprende a otros actores productivos, como ser a las comunidades, son descuidados por la Ley Minera.
En el mismo sentido, el artículo 370 establece:  
I.        El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley.
 
II.        El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país.
 
III.        El derecho minero en toda la cadena productiva así como los contratos mineros tienen que cumplir una función económica social ejercida directamente por sus titulares.
 
IV.        El derecho minero que comprende las inversiones y trabajo en la prospección, exploración, explotación, concentración, industria o comercialización de los minerales o metales es de dominio de los titulares. La ley definirá los alcances de este derecho.
 
   V.        El contrato minero obligará a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera para satisfacer el interés económico social. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a su resolución inmediata.
 
VI.        El Estado, a través de sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará políticas de administración, prospección, exploración, explotación, industrialización, comercialización, evaluación e información técnica, geológica y científica de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero.
 
De este artículo tenemos que resaltar, fuera de lo que ya dijimos sobre la función prioritaria del Estado, la promoción y el fortalecimiento de las cooperativas. Esta promoción y fortalecimiento se comprenden bajo el mandato del cumplimiento de lafunción económica social. La Constitución también establece que el derecho minero es de dominio de los titulares, vale decir de los actores productivos. Esto del derecho minero debe leerse en la interpretación integral de la Constitución, en la articulación armónica de los derechos constitucionales; derechos fundamentales, derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, derechos de los seres de la madre tierra. El Capítulo Cuarto, Minería y Metalurgia, no puede des-contextuarse del resto de la Constitución. Como dijimos, la interpretación debe ser integral, así como su aplicación. Más aún cuando se habla de la función económica social que debe cumplir la minería.  Lo mismo podemos decir en lo que respecta a los actores productivos; los actores productivos mineros, reconocidos por la Constitución, deben coordinar sus actividades con el resto de los actores productivos de la Organización Económica del Estado. Esta coordinación productiva es fundamental en la aplicación de la Constitución, la misma que predispone para tal efecto de la oportuna planificación integral y participativa con enfoque territorial.
 
 
Transiciones del extractivismo a la economía social y comunitaria
 
Volvamos a las preguntas iniciales, una vez aprobada la Constitución. ¿Qué es la Constitución? ¿Cuál su ubicación en el acontecer histórico? La Constitución es la inscripción, en texto, del ánimo, del anima y del animus, de las voluntades sociales desplegadas en la movilización prolongada (2000-2005). Aunque también es la construcción dramática del pacto social, a pesar de que no quieran verlo así los llamados opositores; expresiones políticas enfrentadas, en principio, al propio proceso constituyente, después a la Constitución, una vez aprobada por el pueblo boliviano, para continuar oponiéndose a las posibles transformaciones estructurales e institucionales contempladas por la Constitución; sin embargo, tampoco cumplidas por el gobierno y los órganos de poder del Estado. Por eso, podemos comprender a la Constitución como el dispositivo jurídico y político, que abre la normativa para la transición del Estado-nación al Estado plurinacional comunitario y autonómico.
 
Ahora nos concentraremos en las transiciones, inherentes a los mandatos constitucionales, en lo que respecta al campo minero.
 
Se trata de moverse de la economía extractivista, colonial del capitalismo dependiente, y de la condición de Estado rentista, hacia la economía social y comunitaria, propuesta como finalidad en la Constitución. Por lo tanto, también se trata de la transición del Estado rentista a la construcción estatal plurinacional; administración política participativa acompañante de las formas productivas y producentes,  promotora de las formas del sumaj qamaña/sumak kausay, que comprenden armonizaciones con los ciclos vitales, logrando la soberanía alimentaria y complementariedades locales, territoriales, regionales y mundiales. Un Ley Minera, derivada de la Constitución, debe contemplar estas transiciones como tareas fundamentales. La Ley Minera, aprobada por la Cámara de Diputados, hace caso omiso de los mandatos constitucionales, obvia infamemente estas transiciones postuladas.
 
¿Cómo se pueden efectuar estas transiciones? Para comenzar, dejar de inclinarse por el modelo extractivista, modelo que forma parte de la división del trabajo a escala internacional del sistema-mundo capitalista, modelo que es impuesto por la geopolítica imperial, como si fuese la única opción que tenemos, por el momento, hasta que se cumplan ciertas condiciones de posibilidad, tal como piensa el vicepresidente, geopolítico de la amazonia[3]. Esta opción es mantenerse en la condena a ser país primario exportador, medrando en el capitalismo dependiente.
 
 
Transiciones a la economía social y comunitaria
 
El comenzar a abandonar el modelo extractivista equivale a articular e integrar todas las economías vigentes en el país. Esta articulación e integración, que supone armonizaciones, también consensos, se orienta hacia la construcción de un paradigma productivo y producente, impulsado por lo que llamaremos la revolución eco-industrial y eco-tecnológica.
 
Este comenzar la transición económica exige también comienzos de transición en los otros campos de la vida social y de los ciclos vitales. Entre las transiciones es primordial contar con la transición de la revolución cultural, que comprende la revolución formativa, educativa y pedagógica, como tejido intercultural. Esta transición está lejos de haber comenzado. El gobierno se ha inclinado por lo que llamaremos la simulación de una reforma educativa intercultural, socio-productiva comunitaria, que no es más que nombre; discurso ambiguo, ni siquiera sostenido con enunciación conceptual estructurada. Todo esto bajo los códigos de los límites del multiculturalismo liberal, por más demagogia que se ventile con las elocuencias generales sobre descolonización y despatriarcalización. Discursos tan generales y sin contenido que terminan convirtiéndose en cáscaras, que legitiman la continuidad colonial y patriarcal.
 
La transición política de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, directa, comunitaria y representativa, es primordial, coadyuvando al conjunto de las transiciones. El gobierno del pueblo, la utopía democrática, sólo es posible participativamente, con el ejercicio pleno de la participación social. La formalización e institucionalización de la democracia representativa, no ha sido otra cosa que una manera liberal de despojar al pueblo del ejercicio de su potencia social.
 
La realización inmediata, pues es un mandato categórico constitucional, de las autonomías indígenas originarias, el cumplimento inmediato de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados por la Constitución, el respeto a sus territorialidades, a su libre determinación, a su autogobierno, es condición condicional, por así decirlo, en el recorrido de las transiciones. La materialidad histórica y cultural del Estado plurinacional  radica en los territorios y en las autonomías indígenas.  No hay descolonización posible sin estas territorialidades y autonomías indígenas, sin la realización de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. En contraste, el gobierno se ha ocupado de violar sistemáticamente estos derechos,  de vulnerar sus territorios, de obstaculizar la realización de las autonomías indígenas.
 
Entre las transiciones también debemos mencionar  a las transiciones urbanas. Debemos pasar de estas urbes catastróficas, que marchan hacia la metropolización, a la conformación de metrópolis inhumanas, gigantescas, condicionadas por la concentración demográfica, los requerimientos masivos del mercado, la centralidad administrativa y de los servicios, los requisitos del mercado de trabajo, el vaciamiento de los llamados espacios rurales. Típicos procesos de la llamadamodernización. Para decir algo, estas ciudades son los conglomerados urbanos delmal vivir; se debe transitar hacia ciudades del sumaj qamaña/sumak kausay.
 
Las transiciones en el campo minero implican tareas combinadas. Es urgente la defensa no sólo de las reservas fiscales, sino de las reservas mineras en general, mejor dicho, de los bienes mineralógicos, por lo tanto de los yacimientos y las geologías minerales del país. No se puede entregar este patrimonio del pueblo boliviano a la vorágine del capital internacional, como lo hace la Ley Minera, con la excusa de la exploración y prospección, además de la decantada necesidad de inversiones. Se estima que el noventa por ciento de las riquezas minerales del país no han sido tocados. Se oculta la información al respecto, información con la que cuentan las empresas trasnacionales, así, como seguramente, las geopolíticas regionales. Esta riqueza mineral es propiedad del pueblo boliviano. Su usufructuó no puede darse en el marco de la economía-mundo capitalista, alimentando la acumulación ampliada de capital, condenando a las periferias a la transferencia desigual de sus recursos naturales. El uso de este potencial mineralógico debe darse en los términos constitucionales; bienes destinados al vivir bien, bienes en circuito y armonización con los ciclos vitales.
 
Entre las transiciones no podemos dejar de mencionar a la necesaria transición efectiva de integración de Abya Yala. Integración posible por medio de la participación activa y complementaria de los pueblos, no por la pose demagógica y teatral de los gobiernos y los estados. Las transiciones hacia mundos alternativos al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, no pueden efectuarse sin la integración complementaria de los pueblos del mundo, los mismos que deben orientarse hacia la gobernanza mundial de los pueblos.           
 
              
     
  
    
                  
    
 
            
 
 
           


[1]  La perspectiva mundial se desprende de teorías posteriores a la economía política y a la crítica de la economía política. La primera formulación teórica aparece con las corrientes de laTeoría de la dependencia; después es recogida y aplicada en las investigaciones históricas por Fernand Braudel, así también en las investigaciones multidisciplinarias de Immanuel Wallerstein.  
[2]  No todas las comisiones han tomado en cuenta el documento del Pacto de Unidad, no todas las comisiones han tenido como marco de referencia el Estado plurinacional comunitario y autonómico. En principio, se propuso conformar una macro comisión del Estado plurinacional, para mantener la coherencia y la continuidad del tejido del texto constitucional; empero, la directiva, obedeciendo órdenes del ejecutivo, optó por conformar comisiones bajo la “lógica” del cuoteo político. Se conformaron 21 comisiones, dispersas, sin articulación con el resto. Fue la Comisión de Visión de País la que salvó la integralidad estructural del texto, al disponer, de entrada, de los primeros artículos primordiales y estratégicos de la Constitución. Es a partir de estos artículos que debe interpretarse integralmente la Constitución.   
[3] Ver de Raúl Prada Alcoreza Miseria de la geopolítica. Autodeterminación; La Paz 2013. Dinámicas moleculares; La Paz 2013. También el libro de Álvaro García Linera Geopolítica de la amazonia. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia; La Paz 2013. 

sábado, 12 de abril de 2014

Yasunidos entregó 755 000 firmas al CNE

Publicado en: 



Yasunidos entregó 755 000 firmas al CNE 

Redacción Política 
13:15 
Sábado 12/04/2014 


Por más de una hora se extendió la marcha de Yasunidos, que salió la mañana de hoy, 12 de abril de 2014, desde el parque de El Arbolito hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la entrega de firmas a favor de la consulta popular para la no explotación petrolera del Yasuní. Según los representantes de Yasunidos, se entregan más de 755 000 firmas, que se recogieron desde hace más de seis meses. 

Un grupo de 30 delegados de CNE se encargarán de la verificación de las firmas, mientras que 30 representantes de Yasunidos estarán de veedores del proceso. René Maugé, coordinador nacional técnico del CNE, se comprometió a trabajar y dijo que esperan un "proceso pacífico".   Mientras tanto, en las afueras del CNE, los marchantes gritan consignas a favor del Yasuní, con música y pancartas.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com.ec/politica/CNE-Yasunidos-marcham_firmas-consulta-Yasuni_ITT_0_1118888242.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

miércoles, 22 de enero de 2014

Manifiesto en solidaridad con los ecuatorianos Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa

Manifiesto en solidaridad con los ecuatorianos Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa

Nosotros, intelectuales, académicos, estudiantes universitarios, trabajadores de la cultura, y ciudadanas y ciudadanas de nuestro continente, expresamos:

Nuestra profunda preocupación por la situación que actualmente se está viviendo en el Ecuador, en donde un gobierno que asume un discurso progresista y muchas veces de izquierda, adopta prácticas incongruentes con su discurso y se ha empeñado en perseguir, judicializar y criminalizar a las organizaciones sociales, al movimiento indígena y a los líderes sociales y comunitarios que cuestionan las prácticas extractivas del régimen ecuatoriano, así como las prácticas gubernamentales de corrupción en el manejo de los recursos públicos.
Consideramos que América Latina, como lo ha señalado Eduardo Gudynas, en las actuales circunstancias está sola en su lucha por la defensa de la vida y en contra de las prácticas predatorias de un discurso productivista y desarrollista que se ha demostrado como la mejor garantía para que en la región se despliegue aquello que David Harvey, siguiendo a Rosa Luxemburg, denomina “acumulación por desposesión”.
Las acusaciones, la judicialización, la persecución y el encarcelamiento que este momento está sufriendo Cléver Jiménez, diputado amazónico por el partido indígena Pachakutik, Fernando Villavicencio periodista y asesor del movimiento Pachakutik, y Carlos Figueroa, dirigente social de los médicos ecuatorianos, se suma a otras medidas similares en contra de otros dirigentes indígenas y sociales que se han opuesto a la privatización de los territorios comunitarios a las empresas transnacionales en el Ecuador así como a la pérdida de libertades fundamentales del pueblo ecuatoriano.
El Ecuador está atravesando un momento dramático en el cual los líderes sociales e indígenas ven incluso amenazada su vida por defender sus legítimos derechos consagrados en su texto Constitucional, en contra de las propuestas extractivistas del gobierno de Rafael Correa.
Demandamos al gobierno ecuatoriano la defensa de la integridad personal y el respeto a los derechos humanos fundamentales de todos los dirigentes y líderes sociales e indígenas que este momento están siendo perseguidos, amenazados de muerte, judicializados y encarcelados, en especial de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.
Nos solidarizamos con todos los líderes sociales, comunitarios e indígenas que luchan por sus derechos, por sus territorios, por su cultura y, en definitiva, por la vida, y el Sumak Kawsay-Sumaq Qamaña (Buen Vivir), en toda Abya Yala

Pablo Dávalos (Ecuador)
Carlos Pérez Guartambel (Ecuador)
Natalia Sierra (Ecuador)
Marc Becker (EEUU)
Beatriz Gómez Barrenechea (México)
Carlos Walter Portogonçalves (Brasil)
Norma Giarraca (Argentina)
Miguel Teubal (Argentina)
Raúl Zibechi (Uruguay)
Aníbal Quijano (Perú)
James Petras (EEUU)
Verónica Albuja (Ecuador)
Lucio Oliver (México)
René Báez (Ecuador)
Gloria Alicia Caudillo (México)
Juan Carlos Calderón (Ecuador)
Raquel Gutiérrez (México)
Pablo Ospina (Ecuador)
Juan Arancibia (México)
Juan Cuvi (Ecuador)
Alfonso Ibáñez Izquierdo (México)
Alberto Rocha (México)
Pablo De la Vega (Ecuador)
Napoleón Saltos (Ecuador)
Marcelo Román (Ecuador)
Fernanda Carrera (Ecuador)
Irina Verdesoto (Ecuador)
María Angélica Trujillo (Ecuador)
Daniel Viola (Ecuador)
Adriana Rodríguez (Ecuador)
María José Muñoz (Ecuador)
Francisca Morejón (Ecuador)
Santiago Roldós (Ecuador)
Jaime Antonio Preciado (México)
Luis Corral Fierro (Ecuador)
Miguel Coral (Ecuador)
Lenin Blanco (Ecuador)
Angel G. Florido (Ecuador)
Amira Herdoíza (Ecuador)
Susana Merino (Ecuador)
León Sierra (Ecuador)
Florencia Campana (Ecuador)
Fernando Larrea (Ecuador)
Francisco Muñoz (Ecuador)
José Ángel Quintero Weir (Venezuela)
Diana Roldós (Ecuador)
Alfredo Luna (Ecuador)
Enrique Orellana (Ecuador)
Gerónimo Yantalema (Ecuador)
Pacha Terán (Ecuador)
Carlos Enrique Lasso (Ecuador)
David Silva (Ecuador)
Erika Arteaga (Ecuador)
Milton Campos (Ecuador)
Patricia Coral (Ecuador)
Miguel Morán (Ecuador)
Juan Cajas (Ecuador)
Mónica Chuji (Ecuador)
Fausto Corral (Ecuador)
Julio Echeverría (Ecuador)
Jaime Jiménez (Ecuador)
Hernán Fajardo (Ecuador)
Alejandro Moreano (Ecuador)

miércoles, 16 de octubre de 2013

La gobernabilidad tramposa

Raúl Prada Alcoreza

Dedicado a Pututu, agrupación política que apoyó las candidaturas de Marcelo Quiroga Santa Cruz, sobre todo a su programa de nacionalizaciones, cuando la UDP había renunciado a esta tradición nacional-popular, cuando el FRI, el frente de izquierda, también veía que no era el momento. A pesar que Domitila Chungara propuso también asumir un programa de nacionalizaciones, pero fue reprimida por  los jerarcas del Partido Comunista ML, recordándole que la coyuntura no era para eso. Pututu se conformó con varias corrientes de izquierda, diseminadas por su propia crisis, después de la derrota de la Asamblea Popular. Había troskystas, como Walter Milligan, que venía de las disidencias del POR, estaban radicales del proyecto guerrillero, como José Antonio Quiroga, que venía del PRT, estaban también troskystas de la izquierda nacional (Grupo Octubre), como Juan Pelerman, Pedro Suz y mi persona, que me adherí, después de mi distanciamiento del Grupo Octubre, al POR de Pie, otra disidencia del POR. Así mismo estaban Enriqueta Alzérreca Barbery, que venía de los grupos de estudios del POR, que dirigía Juan Pablo Bacherer, como también Pilar Prudencio, que buscaba, en plena alba juvenil, participar de la lucha política.
Pututo se deshizo cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz invitó a ingresar a sus miembros al PS-1. Pututu había planteado puntos de discusión: La cuestión del partido, que, en ese entonces, todos entendíamos que era el partido bolchevique; la cuestión de la lucha armada o la insurrección; la cuestión de la transición, la combinación de las tareas democráticas-nacionales con las tareas socialistas; la cuestión de la formación, y la cuestión electoral. Marcelo propuso que esos temas se los discutan dentro del PS-1. Todos los miembros de Pututu ingresaron al PS-1, a excepción de mi persona, de Enriqueta y Pilar.  Los que ingresaron no pudieron resistirse; Marcelo era no solamente toda una referencia histórica intelectual y política, además de ética, sino también un exuberante orador, además de contar con una afabilidad seductora. Los miembros de Pututu tuvieron tareas importantes en el PS-1, formación de cuadros, el periódico Mañana el Pueblo y otras tareas importantes. La ventaja de Juan Pelerman y Pedro Suz[1] era que podían articularse al eje constitutivo más importante de Marcelo, el devenir de las tradiciones fuertes de la episteme boliviana, la de la defensa de los recursos naturales, la cuestión nacional y un marxismo latinoamericano. No ocurría, como pasó con la otra izquierda que ingresó también al PS-1, que venía de tradiciones socialista, incluso guerrilleras. La decodificación que hizo esta izquierda de Marcelo Quiroga Santa Cruz fue a partir de generalidades del socialismo, no desde la incumbencia de la dramática historia insurreccional nacional-popular y social.  Entonces dedicó este escrito a este grupo fugaz, que llegó a sacar un periódico, que se difundió rápidamente; el nombre del periódico era también Pututu, el título del primer número era sugerente: ¿Quién pagará la deuda?


El concepto de gobernabilidad se define significando la cualidad de gobernar, de la acción de gobernar.  Si se puede seguir usando la metáfora de la nave y las fuerzas del mar, podemos figurar gobernar como la conducción lograda de la nave, manejando las fuerzas que amenazan con hacerla naufragar.  Cuando ponemos el título de gobernabilidad tramposa queremos hacer hincapié en la ilusión de gobernar por medio de procedimientos tramposos. Lo que ocasiona esta ilusión o sus procedimientos teatrales es terminar hundiendo la nave, entregándola a las fuerzas que amenazan naufragarla.  No hay gobierno posible sustentado sobre métodos tramposos. El bluf, el engaño o, si se quiere, la astucia descomedida, sólo puede lograr su cometido, alguna que otra vez, en un tiempo perentorio. Del mismo modo, recurriendo nuevamente a la metáfora, no se puede engañar a la tripulación de la nave y a los pasajeros, no se puede “engañar” a las fuerzas que amenazan, a la carga transportada, por mucho tiempo; las artimañas de Ulises solo tienen un alcance ocasional. Tal cual el mensaje de Poseidón en la Odisea: Los humanos no son nada sin los dioses. Ulises naufraga; es recogido en la playa para ser ayudado por hombres y dioses, en constante disputa, a llegar a su añorada Ítaca y a los brazos de su amada.
La gobernabilidad tramposa es el conjunto de procedimientos, métodos, argucias, montajes, manipulaciones, chantajes, coerciones, que buscan, como en la prestidigitación, impresionar, afectar a los sentidos, agradando a los concurrentes, con un saludable juego de trucos. Una gobernabilidad traposa nunca va a poder sustituir a la gobernabilidad propiamente dicha, independiente de esta forma de gobernabilidad, pues no se gobierna las fuerzas con trampas. El engaño termina en un autoengaño, más peligroso aún, pues el prestidigitador ilusionado con su propia ilusión ya se encuentra desconectado de la “realidad”, de la que ya no tienen información fidedigna. El prestidigitador está “destinado” a naufragar creyendo que va por buena ruta; en estas condiciones es muy improbable que se dé cuenta de lo que pasa y de lo que ha ocurrido, incluso cuando se encuentre ya ahogado. 
Cuando se quiere llenar el vacío o la ausencia de transformaciones institucionales y estructurales por la publicidad desmesurada de cambios, es parte de los procedimientos tramposos. Cuando se opta por cambiar los nombres del Estado-nación llamándolo plurinacional, es parte del juego ilusionista. Cuando no se culminan nacionalizaciones, comenzadas con mucha pompa, es parte de las tareas parciales, dejadas en el camino. Cuando se esfuerza por demostrar el impacto del cambio por el crecimiento económico, reducido a la variación estadística, se manifiesta un fetichismo por las cifras, olvidando que las cifras son nada sin su sostén cualitativo. Si el crecimiento no es estructural, si no es material, si no connota una transformación de la matriz productiva dependiente,  no hay tal crecimiento sino en las cifras, que es el alimento ficticio de los estadistas, de los comentaristas y de los organismos internacionales; de ningún modo esto se transforma en alimentos para la población, cuya canasta familiar ha subido estrepitosamente, concentrándonos en el índice de precios de alimentos, no en el IPC del INE, que también es tramposo, pues se llena de tantas cosas la llamada canasta familiar, que el peso específico de lo que en lo que gasta el pueblo se pierde.   Cuando se dice que se va a hacer una carretera geopolítica que cruza el núcleo de un territorio indígena, a pesar de estar protegido por la Constitución y las leyes, se continua con la ampliación de la frontera agrícola, con el modelo extractivista y se apunta a la subordinación al IIRSA, digan lo que digan los voceros del gobierno. Cuando se efectúa una consulta espuria, tardía, impuesta, no informada, que no cumple con la estructura normativa y conceptual de la Consulta con Consentimiento, Previa, Libre e Informada, se recurre a la manipulación ostentosa, a la violencia física y simbólica del Estado. Cuando se efectúa una enumeración incompleta, que pretenden hacerla pasar como Censo de Población y Vivienda, sin contar con la actualización cartográfica, que es un requisito indispensable, una condición necesaria, destrozando, además, la parte de la boleta de comparación internacional, incorporando preguntas sin sostén metodológico, se está ante la más desvergonzada y patética muestra de irresponsabilidad. El censo “científico” sirve a todos, sobre todo al gobierno; particularmente al pueblo, con el objeto de la planificación integral y participativa. Cuando se declara discursivamente la pose anti-imperialista, mientras en la práctica se someten  a las determinaciones del sistema financiero internacional, el orden mundial imperial, siguiendo una política ortodoxa monetarista, entregando las reservas a bancos privados y los recursos naturales en concesión a las empresas trasnacionales, estamos ante una impostura, que hace pasar gato por liebre. Cuando se habla hasta desgañitarse de lucha contra la corrupción, mientras se cierra los ojos ante la extensión desbordante y la “democratización” popular y cupular del diagrama de poder de la corrupción, estamos ante quiebre ético y moral sin precedentes, que no puede ocultarse con imprecaciones oficiales. En fin, el conjunto de estas prácticas conforma y configura una gobernabilidad tramposa.
A toda esta lista de prácticas tramposas podemos añadirle la cooptación de dirigentes de organizaciones sociales, principalmente sindicales, por medio de procedimientos clientelares, prebendales y de corrosión, separándolos del papel que deben cumplir como dirigentes y representantes sociales, convirtiéndolos dolosamente en los otros portavoces oficiales. También debemos añadir a la lista la práctica de sobreprecios en todas las obras públicas; pasando por la sobrevaloración de las carreteras; por el presupuesto de la construcción de viviendas, mayormente fantasmas; así como la insólita entrega de tierras a campesinos en Bulo Bulo, para después prácticamente comprarlas, indemnizándoles a buenos precios, para instalar la planta de fertilizantes, en un lugar muy lejos de la fuente de gas; de este modo  llegamos a los sobreprecios sobrecargados de las plantas separadoras de gas,  los sobreprecios de los satélites comprados a China y el sobreprecio del teleférico. La lista parece interminable; empero no se trata de ser exhaustivos, sino sólo ilustrar mediante la descripción de síntomas alarmantes de la extensión de prácticas corrosivas institucionalizadas, prácticas paralelas de apropiación indebida de fondos, que conlleva de suyo la despolitización absoluta. De todas maneras, pasando a otros rubros de la lista, habría que incursionar también en la subordinación del órgano judicial, la imposición de magistrados, cuando se perdieron las elecciones, ganando el voto nulo, lo que anulaba automáticamente las elecciones. En este camino, anotar la manipulación arbitraria de las leyes, la aprobación de leyes inconstitucionales, además de represivas,  como las relacionadas a la criminalización de la protesta. En fin, estamos ante el despliegue proliferante de las formas prácticas de la gobernabilidad tramposa.
No se crea que este es un fenómeno boliviano; no lo es, pasa con todos los gobiernos “progresistas”, cada uno a su manera, con su propia historia, en sus propios contextos y con sus propias particularidades. Tampoco se crea que sea  un fenómeno que sólo atraviesa a los gobiernos “progresistas”, sino que también pasa con las otras formas de gobierno; por ejemplo, las formas de gobierno llamadas neo-liberales. No solo pasa con los gobiernos del sur del sistema-mundo capitalista, sino también con los gobiernos del norte, de los países de los centros tradicionales del sistema-mundo capitalista. Ocurre que la forma de gobernabilidad tramposa se ha generalizado, adquiriendo formas peculiares locales y regionales; ocurre que los gobiernos han optado por la simulación, tratando de escapar con esta mimesis a las determinaciones de la “realidad”. Un ejemplo claro es la opción, proyectada mundialmente, por la valorización especulativa del capital, por la especulación financiera, por las llamadas burbujas financieras, que han llevado rápidamente a una crisis financiera y estructural del capitalismo de connotaciones expansivas e intensivas demoledoras[2]. Refiriéndonos a los últimos gobiernos de Estados Unidos de Norte América, vemos que hasta ahora no se ha aclarado lo acaecido el 11 de septiembre; ¿Cuánto sabían los servicios de inteligencia? ¿Cuánto han dejado hacer, contando con la información? Tampoco se ha aclarado por qué se da el derrumbe pulverizador de las Torres Gemelas, como si hubiera actuado una ingeniería de demoliciones. Después de la segunda guerra del golfo, con la invasión y ocupación de Irak, nunca se ha explicado por qué no se encontraron las armas de destrucción masiva, que fue la excusa de la invasión militar.  En otro terreno, los jerarcas del gobierno no explican nunca la crisis de la vivienda, la devolución de alrededor un millón de casas por año de parte de los deudores, empujados a la calle; así mismo no explican por qué cuando se tiene que buscar salidas a la crisis financiera, lo primero que hacen es donar enormes fondos a los bancos, que son los culpables de la crisis,  y por qué lo primero que se hace es pagar los grandes sueldos de los grandes directores de bancos y empresas. Lo mismo pasa en Europa, la llamada intervención de la crisis financiera pasa por refinanciar a los bancos, sin reactivar el aparato productivo. En este contexto, han estallado los escándalos de corrupción en los gobiernos europeos, también en el estadounidense. En esta lista, corta e ilustrativa, podemos añadir la promoción de la guerra, basada en la inversión cuantiosamente enorme en la industria de armas y en la reproducción del mercado de armas, lícita e ilícita. Estos gobiernos de los centros del sistema-mundo capitalista, así como los organismos internacionales, hablan de paz, cuando en la práctica cierran los ojos o, lo que es peor, promueven la reactivación de la dinámica de la guerra. ¿No son estos ejemplos de una gobernabilidad tramposa?
Estamos ante un fenómeno político del periodo, la simulación, el diagrama de poder del control y la gobernabilidad tramposa.  Hay que entender y comprender este fenómeno, ¿cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son sus estructuras? ¿Cuáles son sus dinámicas y procesos?  ¿Cuáles son los perfiles, sus subjetividades y sus expresiones?  Para tocar estas preguntas, no abarcaremos el panorama de las descripciones que hicimos, sino nos circunscribiremos al panorama boliviano, con anotaciones sobre algunos gobiernos progresistas de Sud América, en el contexto, el periodo y las coyunturas del presente.

Las composiciones de la gobernabilidad tramposa
A diferencia de los escritores, narradores, teóricos y críticos de las tres primeras cuartas partes del siglo XX, de aquellos que podemos definir como configurantes de la episteme boliviana, que ponían la mirada atenta en los desplazamientos de los particularismos, localismos y regionalismos, a partir de teorías generales, sobre la historia, la nación, el capitalismo, el Estado y la sociedad, hoy, en el comienzo del siglo XXI, sus primeras décadas, debemos poner atención a las dinámicas moleculares de sociedades alterativas, de espesores territoriales, de complejidades ecológicas, de nudos gordianos histórico-políticos.  Hacer esto a partir de dinámicas teóricas críticas que rescaten y lean las complejidades, las simultaneidades, las yuxtaposiciones, las curvaturas espacio-temporales, sacando a luz la integralidad de cada “átomo” de “realidad”, como en un holograma, que reproduce como síntesis singular la integralidad del mundo o de los mundos de la modernidad tardía y del sistema-mundo capitalista, en lo que parece ser su crepúsculo histórico. En otras palabras, más simples, decimos que las contradicciones profundas del “proceso” de cambio boliviano, tienen que ser evaluadas no sólo a la luz de sus propias historias políticas y sociales, sino de las historias políticas y sociales de otros “procesos” y “revoluciones” dados en el mundo, pues ocurre como si las posteriores “revoluciones” se alimentaran de las anteriores, como si las tuvieran en cuenta en su memoria. Lo mismo pasa con una especie de difusionismo de sus problemas contingentes y sus contradicciones inherentes. En la modernidad no hay una sola sociedad aislada, aunque si hay sociedades diferenciales, concretas y específicas, que responden a su propia conformación histórica.
Al respecto, lo que llama la atención en los “procesos” políticos de los gobiernos progresistas de Sud América es que se topan con los mismos dilemas, problemas y límites de las “revoluciones” del siglo XX. Llegados al poder los “revolucionarios” se apoderan del Estado y en vez de destruirlo lo usan para defenderse; al usarlo lo fortalecen, lo hacen inmensamente más absoluto, convirtiéndolo en un Estado policial. El Estado, la maquinaria estatal, termina tragándoselos, convirtiéndolos en engranajes de estructuras de poder ya establecidos. No es que los “revolucionarios” tomaron el poder, sino que el poder los ha tomado, parafraseando un enunciado acertado del MST de Brasil respecto a su partido el PT. Todas las “revoluciones” cambian el mundo, el mundo no va ser lo que fue antes; empero, estas “revoluciones” se hunden en sus propias contradicciones; no pueden resolver el problema del poder y el problema del Estado, no pueden destruir el poder y el Estado, no pueden inventar, con todos los sublevados, una forma política colectiva, asociativa y participativa en la construcción de decisiones. Se reproduce la burocracia, la racionalidad burocrática, la jerarquía, la subordinación, la obediencia obcecada y sumisa,  el oportunismo clientelar y los discursos rimbombantes, que tratan de sustituir las falencias con explicaciones estrambóticas, sin contenido ni argumentos. Se rebaja el debate a la diatriba, a la descalificación, si no es a la represión abierta. No se acepta la crítica, se la considera “libre pensante”, como queriendo descalificar con un uso figurativo de los conservadores respecto de los liberales, en sus confrontaciones “ideológicas” del siglo XIX. Se coloca abusivamente al sujeto de esta enunciación en la pose de “revolucionario”, sin más explicación, descalificando de entrada al resto, sobre todo a la crítica. Como pretendiendo que el “revolucionario” es el que se calla, el que asume disciplinadamente el rumbo sinuoso de un “proceso”, el que sufre con este “proceso”, contribuyendo, como los conductores a su caída.  Se resume el significado denso de un “proceso” politico, históricamente complejo, al símbolo del caudillo, haciendo genuflexiones ante su figura carismática, mostrando, sin embargo, la caduca subordinación a la estructura patriarcal, inherente a los estados y al despotismo al que es llevado un individuo, sin saberlo necesariamente, por la disponibilidad sin límites del poder, acompañado por conjuntos de llunk’u, sujetos castrados, que le crean al caudillo microclimas de ceremonialidad, ritualidad y adulación, desconectándolo de la “realidad”. Para esta gente, la “revolución” se resume en el caudillo, olvidando a las multitudes, a los pueblos y naciones indígenas originarias, a los movimientos sociales anti-sistémicos, que abrieron e inventaron un proceso descolonizador, anti-neoliberal, anticapitalista y anti-moderno. Los auténticos protagonistas del proceso politico y social interpelador. Esta gente, estos sujetos de la enunciación panfletaria y propagandista oficialista, no hace más que repetir los perfiles problemáticos de esas subjetividades apologistas, que cantan a la “revolución” cuando precisamente ésta requiere de su realización y profundización. Volviendo a la metáfora inicial de gobernar como dirigir una nave, estos sujetos de la enunciación propagandística son los que aplauden el naufragio, ensimismados también en la ilusión prestidigitadora y malabarista de la gubernamentalidad tramposa.
Los perfiles subjetivos de esta gubernamentalidad tramposa corresponden a toda una jerarquía. En la cúspide del poder tenemos una subjetividad enseñoreada que confunde el país con una asamblea sindical, de esta manera, confunde la política con el cuoteo permanente. Llegamos entonces a la forma de política practica que se desenvuelve como eterno teatro, donde se ponen puestas en escena de guiones repetitivos de lo mismo, yo soy la víctima y represento a las víctimas. También confunde la política internacional con foros, donde se pone en mesa la denuncia, lo que de por sí es importante; empero, se termina vertiendo un doble discurso, anti-imperialista, defensor de la madre tierra, en los foros internacionales,  y monetarista, colonial-dependiente, además de extractivista, en la efectuación practica de las políticas públicas en el propio país. Por otra parte, en la misma cúspide del poder, se cuenta con una subjetividad engreída, investida del disfraz jacobino, que confunde la acción política con la actuación  para la historia, como si hubiera escribanos, detrás de las cortinas, que apuntan para el futuro. Por debajo de estos perfiles,  las subjetividades son menos exigentes, quizás hasta menos teatrales, empero se esfuerzan y esmeran por demostrar su servilismo a toda costa; lo que es apreciado por los sujetos de la enunciación apologista, quienes consideran que continuar en la “revolución”, es este acto de castración y sumisión. En un tercer nivel, tenemos a las dirigencias sindicales, las que han optado pragmáticamente aceptar y cotizar la prebenda ofrecida, gastando fondos de manera privada, apoderándose del Fondo Indígena, usando recursos indígenas para proyectos auríferos o colonizadores, cuando estaban destinados para el fortalecimiento comunitario. En un cuarto nivel se encuentra el perfil disperso de los funcionarios, quienes, aunque no entiendan el “proceso”, ¿por qué se ha dado? ¿Por qué genera tantas pasiones?, se esfuerzan también en mostrarse los mejores defensores del “proceso”, que en verdad se reduce a defender sus puestos. En un quinto nivel, están estos sujetos de la enunciación, mercenarios de la palabra[3], estrategas del copamiento de medios,  de la bulla comunicacional y publicitaria, de la invención de expresiones rimbombantes, llamativas y estrambóticas, que explican las “fases ascendentes” del proceso, aunque este se encuentre en un franco, visible, y evidente descalabro.
A grandes rasgos, estos parecen ser, los perfiles generales, de las subjetividades que sustentan la gobernabilidad tramposa. Empero, lo que importa son las estructuras y condicionantes de esta forma de gobernabilidad ilusoria.  Respecto a las condicionantes, una que aparece, en primera instancia, es la que mencionamos más arriba,  cuando decíamos que la inclinación por la simulación en las manifestaciones, prácticas y formas políticas, de una manera desmesurada, convirtiéndose incluso en eje estructurador, es un fenómeno de la época, la de la modernidad tardía. Estas prácticas y expresiones, estas formas de manifestación social y cultural, que son anotadas y analizadas por Jean Baudrillard[4], no sólo se dan en las sociedades del norte, en la centralidad europea y norteamericana, como efecto de la modernidad tardía, más diluyente y diseminadora que el alba de la modernidad, sino que también se extiende a las sociedades del sur, de la periferia del sistema mundo capitalista, como parte de la globalización y los efectos de difusión de conductas y comportamientos. Desde esta perspectiva, todos los políticos del mundo tienden a parecerse, en sus perfiles, en sus conductas, en sus prácticas, incluyendo la generalización renovada de la corrupción.
Otra condicionante, ciertamente, tiene que ver con la historia política del país y, podríamos decir, también de América Latina y el Caribe. Miradas las cosas de cerca, la emergencia de estos gobiernos “progresistas” tienen vínculos contrastables históricos con los gobiernos nacionalistas y populistas de mediados de siglo XX. Es mucho más difícil encontrar parecidos con los gobiernos del socialismo real, incluyendo al caso cubano. Los gobiernos populistas, desde Lázaro Cárdenas (1934-1940) hasta el gobierno de Velasco Alvarado, pasando por Getúlio Vargas (1937-1945), Juan Domingo Perón (1946-1952), Gualberto Villarroel (1943-1946), Ernesto Paz Estenssoro (1952-1964), Alfredo Ovando Candía (1969-1970), Juan José Torres (1971),  apoyándose en el pueblo, en la plebe insurrecta, en el ejército, dependiendo de los casos, combinando factores sociales e institucionales en crisis, incursionan una política de nacionalizaciones, que se proyecta, en la política de sustitución de importaciones, además de la reforma agraria y las democratizaciones. Estos gobiernos están íntimamente ligados a la consolidación del Estado-nación, sustentando esta constitución de soberanía en la democratización política y social, en el reconocimiento de los derechos sociales y del trabajo, además de, en el caso de Gualberto Villarroel, intentando una ampliación a una democracia cultural con el Primer Congreso Indígena. Estos gobiernos, que pueden ser caracterizados como del nacionalismo heroico, instalan una memoria nacional-popular en los pueblos. A fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI se da una nueva versión de gobiernos populistas, con fuerte carácter nacionalista; sin embargo, entre esta segunda versión y la primera hay diferencias notorias.
Tocaremos como ejemplo los casos venezolano, boliviano y ecuatoriano de una manera más sucinta, pues hemos escrito al respecto textos a los que nos remitimos[5].  En lo que respecta al Ecuador, no fuimos, sin embargo, suficientemente detallados en remarcar los problemas que atinge a su proceso. Esta es una oportunidad, no para ser exhaustivos, sino para hacer algunas puntualizaciones orientadoras. Dejaremos pendiente el caso argentino, por sus propias dificultades; en resumen, por aquello que Maristella Svampa llama el eterno retorno del peronismo, que parece repetirse, haciendo difícil la delimitación entre el populismo del siglo XX y el neo-populismo contemporáneos. También dejaremos pendiente el caso uruguayo, pues se requiere mayor información y estudio para atender este caso. Ampliando un poco las tareas pendientes, así mismo se deja prorrogado el caso paraguayo, particularmente importante por la presidencia de Fernando Lugo. Notoriamente dejamos aplazado uno de los casos de alcance geopolítico regional y quizás mundial, que corresponde al proceso brasilero, pues, debido a su gran importancia, preferimos trabajarlo de una manera más extensa. Va a ser sugerente retomar todos estos casos desde una percepción genealógica, un análisis del presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, sobre todo a partir de la Guerra de la triple Alianza contra Paraguay, en la que participan Argentina, Uruguay y Brasil. 



Venezuela
Comenzando con Hugo Chávez (1998-2012), que promueve un proceso constituyente bolivariano, que nuevamente apunta a la consolidación del Estado-nación, trastrocando las bases del Estado-nación anterior, oligarquizado y subordinado al imperialismo norteamericano. Este proceso constituyente se apoya en la base social de los contingentes migrantes a las ciudades, marginados y discriminados, además de explotados y subalternizados. Después del golpe de Estado (2002), derrotado por la movilización popular, y después del referéndum revocatorio (2004), el gobierno popular define una ruta socialista, llamada socialismo del siglo XXI. En otras palabras, este gobierno bolivariano intenta combinar un proyecto nacional-popular con un proyecto socialista, basado en la autogestión comunitaria. La diferencia, en este caso, radica en esta proyección de una ruta socialista del siglo XXI. Sin embargo, en el proceso de transformaciones, que van desde las nacionalizaciones hasta la inversión social, en gran escala, apoyo a las comunidades y despliegue de las misiones, se tropieza con la conformación de una aparatosa estructura burocrática. A pesar de la claridad del diseño en lo que respecta a la necesaria revolución industrial, este proyecto se retrasa y hasta se estanca notoriamente, extendiéndose, mas bien, el modelo extractivista, haciendo a Venezuela más dependiente de esta economía primario exportadora, compensada, es cierto, por los ingentes ingresos que provienen del alza estrepitosa de los precios del petróleo. 
Ante el conjunto de problemas y contradicciones que aparecen, entre ellas el duro enfrentamiento con la oligarquía, la burguesía, que resiste el cambio, apoyada por el imperialismo norteamericano, el partido oficial opta por la extensión de la propaganda, la publicidad, transformando el “proceso” politico, social y económico en un “proceso” mediático. La burocratización, el monopolio de la política por la clase política “revolucionaria”, sin transferir las decisiones a las bases sociales, como está definida en la Constitución y en la ruta socialista, conllevó, como consecuencia ineludible, la expansión escandalosa de la corrupción, prácticamente institucionalizada. Hay muchos conflictos y enfrentamientos minuciosos entre bases sociales, comunas, y la burocracia; lo que evita que esto se convierta en una movilización generalizada del pueblo chavista contra la burocracia es el enfrentamiento con una derecha reforzada y con convocatoria. Ante estos problemas subyacentes, el partido y la burocracia, han optado por pasar de la convocatoria del mito, que era Hugo Chávez, al culto de la personalidad, al endiosamiento del difunto caudillo, buscando cubrir las grandes falencias del “proceso”.

Bolivia
Siguiendo con Evo Morales Ayma (2006-2014), cuyo primer gobierno (2006-2009) emerge de la movilización prolongada (2000-2005), en tanto que el segundo gobierno (2009-2014), responde a una mayoría aplastante pues llega controlar los 2/3 del Congreso, además que debe cumplir con la aplicación de la Constitución, aprobada por el 64% del pueblo boliviano.   En este caso, estamos ante dos gestiones que ponen en evidencia, sobre todo la segunda gestión, notoriamente el despliegue abrumador de la inclinación política por la simulación. Una nacionalización de los hidrocarburos inconclusa y una desnacionalización, efectuada prácticamente en los contratos de operaciones, son cubiertas por una exacerbada propaganda de la nacionalización. Una vez aprobada la Constitución de Oruro por los constituyentes, el Congreso se encarga de revisar la Constitución, introduciendo correcciones conservadoras y debilitadoras de la Constitución, suspendiendo la reforma agraria, que se encontraba como mandato en la Constitución de Oruro. Una marcha de las organizaciones sociales, que parte de Caracollo a La Paz, se plantea evitar la revisión de la Constitución por el Congreso, además de exigirle su ratificación y la convocatoria inmediata al referéndum constituyente. Antes de que llegue la marcha a La Paz, la Constitución es revisada y aprobada, dando lugar a la convocatoria del referéndum constituyente. Todas estas variaciones conservadoras son ocultadas por el gobierno mediante la propaganda, la magnificación del hecho de haber llegado a un consenso en el Congreso por la Constitución. A pesar de estos retrocesos, la aprobación por parte del pueblo boliviano de la Constitución revisada abre el camino a una nueva etapa, que debería haber sido la de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Empero, justo cuando se tiene aprobada la Constitución y el control de los 2/3 del Congreso, cuando no había ningún obstáculo para aplicar la Constitución, el gobierno opta por un camino inconstitucional, poniendo en claro su opción por mantener el Estado-nación, evitando poner un ladrillo y ningún cimiento del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta evidente restauración del Estado-nación se cubre con una ampulosa propaganda por el aparente Estado plurinacional. Se cambian los nombres, se incorporan símbolos, se introducen formas ceremoniales y rituales, que pretenden barnizar el Estado-nación con oropeles plurinacionales; con esto lo que se logra es la folklorización de la condición plurinacional, ausente en la gestión de gobierno. La ausencia de transformaciones institucionales, normativas y estructurales, en la gestión y en la organización estatal, es disimulada por la simulación política. Se opta por el montaje, el teatro, el discurso estridente, mientras se revive y se consolida el Estado-nación, que había experimentado una de sus más profundas crisis orgánicas y de legitimación.
El centro de propaganda del gobierno es el crecimiento económico y la acumulación de las reservas. El crecimiento económico se ha venido moviendo de entre 4%, 5% y 6%; las reservas sobrepasan los 14 mil millones de dólares. Las reservas se encuentran en bancos privados extranjeros, a un bajísimo interés; el crecimiento económico, es decir, la estadística del PIB, se debe a la subida de los precios de las materias primas. Ciertamente, el impacto de la nacionalización de los hidrocarburos, aunque parcial, mejora notablemente los ingresos del Estado; empero el Estado no deja de ser rentista y la economía no deja de ser preponderantemente extractivista. Estos límites de la economía son también ocultados con la compulsiva propaganda y publicidad. No se compara la macroeconomía boliviana con la macro-economía de otros países; por ejemplo, los vecinos. Sólo hablando de dos; Perú, que  cuanta con un gobierno neoliberal,  ha acumulado una reserva que sobrepasa los 40 mil millones de dólares; Brasil, que cuenta con un gobierno “progresista”, ha acumulado una reserva que sobrepasa los 80 mil millones de dólares. En ambos casos, este fenómeno se explica primordialmente por la subida de los precios de las materias primas. No se ha requerido una estrategia económica especial. Empero, estas comparaciones están ausentes en la propaganda gubernamental, pues quiere presentar los resultados económicos como logros exclusivos de la política económica gubernamental, que no ha dejado de ser monetarista.
La condición histórica-política funciona de la siguiente manera: Ante la memoria de las luchas, las nacional-populares, las sociales, las indígenas, se responde con las puestas en escena de esa memoria; ocurre como si se dialogara con los fantasmas de la memoria, dándoles lugar en el presente. Ante el desborde de la movilización social prolongada se responde con las puestas en escena del teatro de la consumación de las tareas, cuando éstas efectivamente no se han realizado. Se está plenamente en la esfera de la “ideología” creyendo que la política, que es acción, que es práctica e incidencia material, se realiza en el decurso de las representaciones; es decir de las escenificaciones y montajes. Desde esta perspectiva la creencia es la siguiente: Basta con tener un presidente indígena como para haber comenzado y resuelto la descolonización; es suficiente el empoderamiento de indígenas de los espacios públicos como para hablar del logro plurinacional; el cambio de élite es la verificación de la “revolución”, como si las “revoluciones” se redujeran al cambio de élite, lo que es “maquiavelismo” puro, y no impliquen trastrocamiento profundo de las estructuras de dominación colonial, de las estructuras estatales, de las estructuras institucionales, de las estructuras sociales, de las estructuras económicas. Basta la aceptación del presidente en la feria de Santa Cruz de la Sierra, sede de la oligarquía y de la burguesía agroindustrial, como si la presencia del presidente indígena en el espacio de manifestación del capitalismo regional sea el logro perseguido por la “revolución democrática y cultural”. Se han reducido los alcances del “proceso” de cambio al simbolismo del reconocimiento del presidente indígena por parte de los oligarcas. Esto no es una ocupación de la plaza del capital, del intercambio, de la feria, de la manifestación ostentosa de la burguesía regional, sino una clara señal de que las estructuras de poder local y regional han subordinado al “temible Willka”. Esto habla de un gobierno que administra los intereses de una burguesía recompuesta, por combinación entre la vieja burguesía oligárquica y la incorporación de los nuevos ricos. El vicepresidente aparece como hombre de esta burguesía recompuesta, defendiendo claramente sus intereses. Retira la reforma agraria por medio de la revisión del Congreso de la Constitución de Oruro, apuesta por la ampliación de la frontera agrícola, garantiza la extraordinaria ganancia bancaria, incorpora los transgénicos en los artículos de la revolución productiva, suspende la función económica social, el saneamiento de tierras y la prohibición de la desforestación por cinco años, implanta una geopolítica extractivista[6]. ¿Es esto una “revolución”? ¿Es este señor un “revolucionario”? Estas apreciaciones insostenibles sólo pueden ser lanzadas por un discurso mercenario. Se juega con la frase de Bertolt Brecht - “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles” -, extravagantemente descontextuada, convirtiendo groseramente al funcionario en un “revolucionario”; en el burócrata continuaría la “revolución”, porque se cree que el estar de funcionario en el gobierno es asumir la “revolución”, por la simple muestra de fidelidad, aunque el “proceso” se encuentre desgarrado por profundas contradicciones; porque se cree que el aplicar el “pragmatismo” político hasta llegar  a la transacción con los terratenientes y burguesía, hasta la conversión e incorporación a la burguesía, es “revolucionario”, por el simple hecho que se constata un cambio de élite. Este estrambótico uso de Brecht sólo sirve para sazonar una estrepitosa decadencia y un patético derrumbe de los valores.

Ecuador
El caso de  Rafael Correa (2006-2010) no es distinto, a pesar de sus variantes, sus contextos diferentes, su historia política distinta. El viraje a la izquierda de Sud América da lugar a la elección de un profesor connotado de la FLACSO de Ecuador, quizás de la las más importantes facultades latinoamericanas, por su indecencia, el alcance de sus programas,  la trayectoria de su formación, fuera de contar con el presupuesto y la infraestructura académica adecuadas. Estamos hablando de una intelectualidad no sólo bien formada, sino de una intelectualidad vinculada a las investigaciones, a los proyectos de investigación, a la difusión y a la irradiación de estas investigaciones. En esta facultad latinoamericana se encuentran personas como Alberto Acosta, que fuera de haber sido la clave de la última Asamblea Constituyente de Ecuador, que declara el Estado Plurinacional y los derechos de la naturaleza, es una composición subjetiva y singular de la historia de Ecuador, de su formación social, sobre todo de su conciencia intelectual.  Ecuador cuenta con proyectos académicos de envergadura, como la Universidad Andina y la FLACSO, fuera de un conjunto de proyectos de investigación y académicos ligados a los estudios históricos y del presente. Hay pues una presencia intelectual importante, podríamos decir de “Izquierda”, sin entrar en el detalle de lo que connota esta descripción. La llegada de Rafael Correa al gobierno es pues la llegada de esta estratificación social de intelectuales, gran parte de la cual, se encuentra incorporada en el aparato de Estado.  Después de aprobada y promulgada la Constitución plurinacional y del buen vivir, la tarea de esta gente es gigantesca. Una de las bases sociales, una de las más importantes, es la que corresponde a los pueblos indígenas y sus organizaciones. De los objetivos y tareas más llamativas, como posicionamiento ante la crisis orgánica del capitalismo y la crisis ecológica, es la defensa de la madre tierra; por lo tanto, en esta perspectiva, la transición del modelo económico extractivista a formas económicas no extractivistas, que logren conformar la base de equilibrios sostenibles. El Plan Nacional del Buen Vivir se plantea estas tareas, aunque sea de una manera enunciativa.
Como se dice de los gobiernos “revolucionarios”, el problema viene después, al día siguiente que se asume el poder. A pesar de los logros en lo que respecta a la soberanía, el proceso de recuperación de la posesión y propiedad de los recursos naturales, en este caso del petróleo,  a pesar de los efectos de las políticas públicas en la inversión social, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población popular, su acceso a la salud y la educación, a pesar de la incorporación institucional  a la sociedad y a la gestión a indígenas y afros, el proceso de aplicación de la Constitución, el proceso de construcción del Estado plurinacional, el proceso de defensa de la naturaleza, es decir, el proceso de aplicación del Plan Nacional del Buen Vivir, se estanca, y entra a un periodo de problemáticas contradicciones.
Pablo Ospina Peralta[7], en Transiciones en Ecuador (2006 – 2010). La revolución ciudadana, los cambios en el modelo de acumulación, la redistribución y la democracia[8], haciendo las conclusiones de su balance, escribe:
La síntesis general de este relato no es difícil de hacer. Es un gobierno que se ha planteado como propósito el cambio del modelo de acumulación pero no ha avanzado en esa dirección; por el contrario, su necesidad de fondos inmediatos para financiar las políticas sociales y la acción gubernamental lo arroja a las manos de la minería en gran escala, con lo que arriesga reforzar aquello que se propone superar. Al mismo tiempo, es un gobierno que ha reforzado el papel del Estado en la economía y que ha enfatizado su rol en la redistribución de la riqueza. Esta redistribución se ha hecho a veces reforzando políticas sociales focalizadas, a la usanza neoliberal (bono de desarrollo humano y los programas asociados a él), y otras utilizando los canales más típicamente socialdemócratas: aumento de impuestos progresivos y del gasto social universalista (educación y salud gratuitas para todos). Finalmente, es un gobierno cuya prioridad es el reforzamiento del Estado y no su democratización. La participación social y la protesta en las calles son consideradas obstáculos y las organizaciones populares autónomas son un problema porque implican negociaciones lentas e incómodas.

Ahora bien, ¿cómo entender e interpretar las relaciones entre las tres conclusiones empíricas a las que arribamos? ¿Cómo se enlazan la falta de cambios estructurales para el cambio en el modelo de acumulación con el notorio esfuerzo redistributivo y la falta de compromiso gubernamental con la participación y el protagonismo ciudadano y social?

El importante y meritorio esfuerzo redistributivo del gobierno puede considerarse una condición para el cambio del régimen de acumulación o puede entenderse como un sustituto de dicho cambio. Así, según el Plan del Buen Vivir, el énfasis de la primera fase de cuatro años en el cambio en el modelo de acumulación es distributivo:

“La primera fase es de transición en términos de acumulación en el sentido de dependencia de los bienes primarios para sostener la economía; no así, en términos de re-distribución, considerada como el centro del cambio en este período y en general de la estrategia en su conjunto” (SENPLADES, 2009a: 96).

No es la única forma de entenderlo. La otra forma es la que está implícita en las palabras del propio Presidente Rafael Correa, quien, al conmemorar sus cinco años de gobierno, sentenció:

“Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa”.

Resalto el matiz: no se trata de que el énfasis redistributivo sea una “primera fase” de un cambio de régimen de acumulación por venir, sino que la razón para mantener el mismo modelo de acumulación es “no perjudicar a los ricos”. En mi opinión, esto debe interpretarse de una forma más profunda: es la expresión de distintas corrientes políticas e ideológicas que coexisten en el gobierno. El Presidente representa una corriente que no está convencida de la necesidad de un cambio profundo en el régimen de acumulación, y que considera más limitadamente su objetivo: tener una sociedad más justa y equitativa dentro del mismo régimen existente.

Lo anterior conecta la redistribución con el régimen de acumulación, pero ¿cómo se relaciona esta forma de entender el proyecto histórico del gobierno con el resultado de una débil democracia y una endeble participación? Veamos cómo lo entiende el propio Presidente de la república. A fines del año 2009 Rafael Correa presentó un libro de su autoría personal (Correa, 2009), en cuyo capítulo final termina su exposición de manera sorprendente pero, al mismo tiempo, sincera. El desarrollo económico, nos dice el Presidente, a diferencia de lo que creen los fundamentalistas económicos, depende también del capital social (la cohesión y confianza públicas), el capital institucional (reglas formales predecibles y claras) y el capital cultural (valores y reglas informales ancladas en la costumbre). Cuando estos capitales fallan, y el texto da a entender que en el Ecuador fallan completa y penosamente, queda el liderazgo: “Buenos líderes pueden ser fundamentales para suplir la ausencia de capital social, institucional y cultural” (op. cit.: 195). El libro termina con esa reflexión. Escrito en blanco y negro, queda claro que el presidente en verdad cree que su humilde persona puede “suplir” a los actores sociales. La conclusión lógica de esta concepción es que la participación popular no es realmente necesaria para apuntalar el desarrollo en un país sin confianza y sin costumbres apropiadas. Sería deseable, pero podría ser contraproducente.

Esta es la razón por la cual, antes de permitir una participación protagónica, es necesario asegurar la “virtud republicana” suficiente en los sujetos de dicha participación. A mi juicio, ese es el sentido último de las medidas de construcción del Estado del gobierno de la revolución ciudadana. Por ello es que no se trata de un proyecto de “Estado autoritario”, aunque el Presidente, personalmente, pueda serlo. En efecto, si somos estrictos en la caracterización política del gobierno, resulta difícil equiparar el proyecto estatal de la revolución ciudadana con el de gobiernos autoritarios como los que existieron en la historia de América Latina o incluso del pasado reciente del Ecuador, como el de León Febres Cordero. Aquellos gobiernos cometieron atrocidades, protegieron y organizaron la tortura y multiplicaron los asesinatos políticos. Nada de eso se encuentra en estos años de inicios del siglo XXI. Es más ajustado y preciso caracterizar el proyecto de Estado de Rafael Correa como un “régimen disciplinario”. El sentido general de este proceso de disciplinamiento es reafirmar la majestad de la autoridad y el peso de una ley que no se negocia sino que se aplica; pero esta aplicación no es tanto una limitación de las actividades gubernamentales mismas cuanto un ajuste de los gobernados a la conducta esperada de ellos. No se usa tanto la violencia abierta como el temor al castigo y una serie de “tecnologías” de reprimenda y amedrentamiento. Por eso es que la eficiencia en la atención y la calidad en la prestación de los servicios públicos, desde la educación hasta la provisión de documentos notariales, se entiende fundamentalmente como una cruzada para disciplinar a funcionarios indolentes, maestros incapaces y administradores corruptos.

¿Cómo entender entonces el balance final? La revolución ciudadana tiene varias tendencias políticas y sociales en su interior. Coexisten grupos de izquierda con grupos empresariales de una derecha reencauchada y en proceso de adaptación a la parcial retirada del neoliberalismo. La coherencia del conjunto y las decisiones finales están a cargo del Presidente de la República en persona. Es por eso que su comprensión personal de las relaciones entre el cambio en el régimen de acumulación, la redistribución económica y la construcción de un Estado fuerte es la tendencia dominante dentro del gobierno. Si la superación de la pobreza y la construcción de un país más equitativo es una condición para disponer de ciudadanos virtuosos, y esa virtud, a su vez, es necesaria para hacer que la participación ciudadana sea positiva, la construcción de un Estado disciplinario y fuerte es necesaria para ambos.

Terminemos con un intento por caracterizar el conjunto. En el fondo, el proyecto político personal de Rafael Correa Delgado para el Ecuador está teñido de valores cristianos conservadores pero paternales que aprendió desde la cuna. En un artículo reciente, Pablo Stefanoni hizo un interesante planteo de los términos del debate. La socialdemocracia europea abandonó a mediados del siglo XX toda veleidad anticapitalista. No se engañaba a sí misma ni a los demás: solo buscaba un “buen capitalismo” (Hutton, 2011). En el debate alrededor de los gobiernos progresistas latinoamericanos, por el contrario, muchas veces las definiciones programáticas se sustituyen por la retórica. Esta pálida sustitución ocurre mucho más en los países andinos, donde el desmoronamiento de los sistemas políticos que acompañó la emergencia de los gobiernos progresistas crea la sensación y el ambiente de una mayor radicalidad. En el Cono Sur, en Brasil o incluso en Perú, son muy pocos los que se hacen ilusiones: las reformas no se envuelven tampoco de radicalismos verbales altisonantes.

En Ecuador, las interpretaciones de las izquierdas que quedan en el gobierno difieren significativamente. Antiguos militantes comunistas, como Rafael Quintero y Erika Sylva, son fieles a la vieja idea de la revolución por etapas: la revolución ciudadana tiene un convencional proyecto de capitalismo de Estado que sentará las bases para un posible socialismo del futuro. Nuevos militantes nacidos y crecidos en la academia, como René Ramírez, apuestan por caracterizar el proyecto de cambio en la pauta de acumulación, tal como se presenta en el “Plan del Buen Vivir”, como una propuesta que conducirá a un “biosocialismo republicano del Sumak Kausay”.

Pero lo que piensa el Presidente es diferente, aunque a veces pueda hacer guiños a tales interpretaciones. Cualquiera que haya leído sus escritos o seguido con atención sus discursos entenderá que el socialismo es para él exactamente igual a la doctrina social de la Iglesia católica, es decir lo que la democracia cristiana de los años 1960 llamaba el “socialismo comunitario”. Podríamos llamarlo, para diferenciarlo del “buen capitalismo” de la socialdemocracia europea, un “capitalismo paternal” nacido de la acción de líderes esclarecidos  y cristianos que velan por el bien común incluso a pesar —tal como afirma el Presidente Correa en un reciente discurso— de la generalizada “mediocridad” cultural que está en la “raíz del subdesarrollo”:

“esto refleja [se refiere a que los estudiantes no aprendan inglés] lo que cada vez estoy más convencido que está en la raíz del subdesarrollo: la mediocridad. Nos hemos acostumbrado a la mediocridad, hemos perdido la capacidad de sorprendernos, tomamos a la mediocridad como algo normal. […] Los países que han tenido éxito son aquellos en donde desde el conserje hasta el gerente de una empresa hacen las cosas con excelencia, en donde todas las cosas, por sencillas que sean, como lustrar zapatos, hasta las más complejas políticas públicas, se hacen con total calidad. ¿Queremos salir del subdesarrollo? ¿Queremos alcanzar el Buen Vivir? Tenemos que inaugurar una cultura de la excelencia: tolerancia cero a la mediocridad, a la mentira, a la irresponsabilidad, al engaño social”.

La más pedestre doctrina del self-made man convertida en canon de interpretación del desarrollo internacional: los pueblos mediocres e inútiles son subdesarrollados por sus propias faltas mientras que los pueblos exitosos lo son por sus propios méritos. Así, para este estadista, la justicia puede entenderse mejor como la generosidad institucional y la democracia como las tímidas concesiones que se hacen a un menor de edad que todavía no sabe utilizarlas inteligentemente[9].

Pablo Ospina nos ofrece un cuadro ilustrativo de lo que pasa con el gobierno progresista de Ecuador. Podemos reconocer analogías con el gobierno progresista boliviano; claro está que también hay diferencias, cada historia política es característica y propia. Empero de lo que se trata es de caracterizar a estos gobiernos progresistas de principio del siglo XXI, caracterizarlos de una manera apropiada, desde sus propias arqueologías, genealogías e historias. No se trata de colocarse en el lugar del juez, que es lo que se acostumbra; tampoco se trata sólo de denunciarlos, que es como la otra tradición juzgadora; de la misma manera, no se trata de colocarse en lugar de la providencia, llámese astucia de la historia o racionalidad de las leyes históricas, que lo único que hacen es instaurar un fundamentalismo racionalista, que termina adormeciendo la comprensión e inhabilitando la acción; de ninguna manera hacer apología, como hacen los voceros e ideólogos de estos regímenes, incluso los de una crítica mesurada. Se trata de lecturas que logren descifrar la articulación de la complejidad de estas composiciones políticas de un populismo tardío, se trata de comprender el juego de las dinámicas moleculares sociales, las composiciones molares, provisionales e institucionales, los efectos de masa de estas dinámicas y su relación con el Estado. La crítica debe ser una herramienta para la subversión de la praxis, además de hacer inteligible el acontecimiento.

En adelante lanzaremos interpretaciones de lo que llamamos gobernabilidad tramposa, concentrándonos en las “estructuras” des-estructurantes, usando a la inversa un concepto de Pierre Bourdieu, de esta forma de gobernabilidad, aparecida en el crepúsculo de la modernidad y el capitalismo.


Estructuras des-estructurantes de la gobernabilidad tramposa  

Retomando la tesis principal del ensayo, la simulación; que los gobiernos, en la modernidad tardía, tienden a sustituir la gobernabilidad efectiva, cualquiera sea ésta - que responda a una gubernamentalidad de soberanía, a una gubernamentalidad liberal o a una gubernamentalidad neoliberal, así como también a una “gubernamentalidad” socialista[10] -, por la simulación de gobernabilidad. La pregunta es: ¿Qué pasa con la cohesión, articulación, integralidad, incluso centralidad, institucional del Estado, cuando la simulación invade y domina la política? La hipótesis es la siguiente:

Cuando la simulación se convierte en la conducta y el comportamiento, además del imaginario, de las prácticas políticas gubernamentales, la cohesión, la articulación, la integralidad y la centralidad del Estado son ficticias. Hay como una ilusión de unidad; empero, efectivamente, las composiciones estructurales e institucionales del Estado tienden a independizarse, a actuar autónomamente, lo que no quiere decir con autonomía, que, en términos efectivos, puede mas bien cohesionar y articular mejor una formación. En la práctica las “estructuras” de poder, que componen el Estado, las instituciones, que conforman el Estado, actúan según sus propias “lógicas”, sus propias estrategias, que generalmente tienden a ser disímiles. Pasamos de un Estado o de la ilusión de Estado[11], empero sostenido por el campo burocrático, el campo institucional, más o menos integrado, más o menos articulado y cohesionado,  a la condición de un Estado de cuoteo o cuoteado. Cada grupo de poder reclama su parte, cada grupo de poder tiene su asiento en el ejecutivo, en el  legislativo, en el órgano judicial, en el órgano electoral. Cada grupo de poder accede a su parte en la administración del poder, así como también en el acceso al excedente. Cada grupo de poder tiende a imponer sus decisiones en las instituciones que controla o participa. Las políticas públicas se convierten en juego de equilibrios, que no siempre se consiguen. De esta manera es fácil ensanchar desmesuradamente los márgenes de corrupción, que terminan convirtiéndose en espacios determinantes en la actividad pública. Por lo tanto, la simulación es como la desaparición de la “realidad”, tal como lo expresa Jean Baudrillard, es como el ingreso a la hiperrealidad, como la dominancia de la virtualidad. Esto ocurre en los ámbitos de la comunicación, que tienen incidencia en los imaginarios, afectando las conductas, los comportamientos y las relaciones; empero, no hace desaparecer el substrato material de las estrategias de sobrevivencia y, en contraste, de sobreabundancia; no hace desaparecer el substrato de las contingencias de la vida. Se deja que la simulación invada todo; pero este todo es el de las codificaciones y decodificaciones, de los lenguajes, de las imágenes, de la virtualidad, de las hermenéuticas sociales. Este todo de la simulación no abarca, tampoco puede ocupar, el espesor subyacente de las reproducciones materiales. En tanto los grupos de poder, las estructuras de poder, subsisten, despojan, desposesionan, acumulan, se apoderan, de acuerdo a sus propios intereses. Cuando la simulación se ha convertido en política, esta situación conflictiva adquiere dimensiones abismales. Uno de sus síntomas es la escalofriante extensión de la corrupción; empero, hay otras formas de corrosión, no solamente institucional, sino  también social. 

           
  
La simulación
Habría que, por una parte, hacer como una arqueología de la simulación, por otra parte distinguir y diferenciar, desde un comienzo, los contrastes y variantes. Para comenzar diremos que la imitación, tanto como recurso de espejo, en forma de repetición, como recurso de camuflaje, forma parte de las invenciones de la vida, de los organismos y seres vivos, en una conexión asombrosa, no explicada del todo, entre genotipo y fenotipo, entre genética y epifenómeno. La inteligencia de la vida, en todas sus formas, desde moleculares hasta molares, corporales y cíclicas, manifiesta su grandiosa elocuencia y proliferación. El ser humano sigue esta ruta, con sus propias invenciones, sus propias mimesis e imitaciones,  sobre todo da un salto con la exteriorización del simbolismo. Las culturas, que según Claude Lévi-Strauss, separan a las sociedades humanas de la naturaleza, son armaduras representativas, que significan, clasifican, narran, alegorizan, los ciclos de la vida y del cosmos, mostrado también su propia dispersión y distribución variada, incorporando estas narrativas simbólicas y mitológicas al ser humano como héroe y heroína iniciales.
La cultura, no sólo como la curva derivativa de cultivo, que llega a definirla como conocimientos, instrucción, saber, sino, atendiendo al sentido que le atribuye el romanticismo alemán, otorgándole el contener y manifestar el espíritu de un pueblo, así como también, atendiendo al sentido atribuido por el “positivismo” anglosajón que le atribuye la disponibilidad de la materialidad instrumental. En éste ámbito se contienen el arte, la estética, la literatura, la música, la danza, que han sido clasificadas y distinguidas en la modernidad, en los lenguajes de la modernidad, así como en su historia; sin embargo, no escapan a esta contención la filosofía, la ciencia, la técnica; tampoco, obviamente la política. La pregunta es si todo deviene de la mimesis, de la imitación, por el camino de la construcción de representaciones, así como de la seducción[12], si todo tiene que ver entonces con la arqueología de la simulación,  ¿qué de extraño hay en la simulación política?
El problema parece ser el siguiente: En un determinado momento la simulación o mejor dicho, la arqueología de la simulación, con todas sus variantes y devenires, que forma parte de las prácticas sociales, de las prácticas representativas,  se “autonomiza”, por así decirlo, conformando su propia esfera, donde se pierde el referente; la propia simulación se convierte en referente, como en un círculo vicioso. Dando lugar a lo que Jean Baudrillard llama el horizonte de la desaparición, refiriéndose a la diseminación de la “realidad”. Lo grave ocurre cuando esta esfera de la simulación “autonomizada” invade otras esferas, se convierte como en dominante y hegemónica, distorsionando el funcionamiento de todas ellas. En términos comunicacionales pasa lo siguiente: ya no importa lo que ocurre, sino lo que se transmite que ocurre; por lo tanto, ya no importa si ha ocurrido o no, lo que importa es que así se lo tome, así se lo crea. Nos adentramos entonces en la experiencia de lo que llama Baudrillard la hiperrealidad. La situación se vuelve inquietante cuando la simulación invade la “esfera” política, cuando las prácticas políticas consideran que lo indispensable es la discursividad política, la impresión que deja en la gente la decisión política, cuando lo que importa es el montaje político, la escenificación, el teatro político. En el momento que la simulación sustituye a la “realidad”, mas bien la disemina o, si se quiere, la oculta en las sombras del Tártaro o la Mank’a pacha, no sólo se ha perdido el referente, ni sólo la misma simulación se vuelve referente, sino que la reproducción política se efectúa en este círculo vicioso. Esta burbuja no puede perdurar por mucho tiempo, está “destinada” a desaparecer, tal cual desaparecen las burbujas.
En la historia de la vida, si podemos hablar así, en la historia ecológica, han desaparecido especies, muchas de ellas no pudieron adecuarse a las modificaciones y transformaciones de los medios o estaban tan bien adaptadas, que no supieron responder a los nuevos contextos ecológicos. Cuando no se tiene capacidad de información, de retener la información, de construir una memoria actualizada, no se puede también adelantarse, responder a los problemas. El problema de la preponderancia de la simulación, que forma parte del diagrama de poder del control, es que, si bien hace creer que lo que ocurre es lo que se transmite, lo que se escenifica, termia perdiendo toda capacidad de información. Ya no puede responder a los contextos de “realidad”. Es posible que este sea un anuncio de la desaparición. ¿De la política? ¿Del Estado, el gran simulador?  ¿Y si la simulación se ha vuelto hegemónica, no es el anuncio de la desaparición de la especie humana?
Volviendo al tema de la gobernabilidad tramposa, no podría explicarse la concurrencia de esta forma de gobernabilidad y de política sin la invasión y el efecto de la simulación en la política. Mientras el uso de la simulación tenga efectos alucinadores, convenza, conforme, esta forma de gobernabilidad tiene tiempo de perdurar. Sólo cuando la burbuja desaparezca, ya no podría sostenerse esta forma de gobernabilidad tramposa.
Al respecto, Jean Baudrillard dice:
Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa – se refiere a la alegoría de Borges, cuándo los cartógrafos del imperio dibujan un mapa tan minucioso, que corresponde punto por punto al territorio -, la del doble, la del espejo o la del concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. En adelante será el mapa el que preceda al territorio —PRECESIÓN DE LOS SIMULACROS— y el que lo engendre, y si fuera preciso retomar la fábula, hoy serían los girones del territorio los que se pudrirían lentamente sobre la superficie del mapa. Son los vestigios de lo real, no los del mapa, los que todavía subsisten esparcidos por unos desiertos que ya no son los del Imperio, sino nuestro desierto. El propio desierto de lo real[13].

Describiendo parte de la arqueología de la simulación, Baudrillard escribe:

Al contrario que la utopía, la simulación parte del principio de equivalencia, de la negación radical del signo como valor, parte del signo como reversión y eliminación de toda referencia. Mientras que la representación intenta absorber la simulación interpretándola como falsa representación, la simulación envuelve todo el edificio de la representación tomándolo como simulacro.

Las fases sucesivas de la imagen serían éstas:
— es el reflejo de una realidad profunda
— enmascara y desnaturaliza una realidad profunda
— enmascara la ausencia de realidad profunda
— no tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, es ya su propio y puro simulacro.

En el primer caso, la imagen es una buena apariencia y la representación pertenece al orden del sacramento. En el segundo, es una mala apariencia y es del orden de lo maléfico. En el tercero, juega a ser una apariencia y pertenece al orden del sortilegio. En el cuarto, ya no corresponde al orden de la apariencia, sino al de la simulación.

El momento crucial se da en la transición desde unos signos que disimulan algo a unos signos que disimulan que no hay nada. Los primeros remiten a una teología de la verdad y del secreto (de la cual forma parte aún la ideología). Los segundos inauguran la era de los simulacros y de la simulación en la que ya no hay un Dios que reconozca a los suyos, ni Juicio Final que separe lo falso de lo verdadero, lo real de su resurrección artificial, pues todo ha muerto y ha resucitado de antemano.

Cuando lo real ya no es lo que era, la nostalgia cobra todo su sentido. Pujanza de los mitos del origen y de los signos de realidad. Pujanza de la verdad, la objetividad y la autenticidad segundas. Escalada de lo verdadero, de lo vivido, resurrección de lo figurativo allí donde el objeto y la sustancia han desaparecido. Producción enloquecida de lo real y lo referencial, paralela y superior al enloquecimiento de la producción material: así aparece la simulación en la fase que nos concierne —una estrategia de lo real, de neo–real y de hiperreal, doblando por doquier una estrategia de disuasión[14].


Hemos dicho la simulación forma parte del diagrama de poder del control, diagrama de poder que no marca, no separa, no castiga, tampoco disciplina, sino que se expande en la flexibilidad de los flujos, optando por la simulación, el juego de espejos, imitando las transgresiones, las rebeliones, la “revolución”. Diagrama de poder que consolida en la revolución científica-tecnológica-cibernética-comunicacional,  produciendo mundos, capturando la invención, la creación, el intelecto general, los saberes colectivos y la información genética; de esta manera manipula los públicos. Los otros diagramas de poder no desaparecen, el patriarcal, el parroquial, el territorial, el de la soberanía, el disciplinario, el colonial, el de la guerra, sino que se yuxtaponen, como sobre-determinados por el diagrama del control. En otras palabras, no es que la simulación es absoluta, hace desaparecer todo, el resto, convirtiendo los espesores del acontecimiento en virtualidad, sino que la virtualidad se convierte en la proliferación de mundos comunicacionales e imaginarios, sumergiendo a los públicos en la recurrencia plural de los espectáculos; sin embargo, esta virtualidad se sustenta en la materialidad de las economías políticas del poder, que, en última instancia, buscan controlar la vida.  






[1] Me entristecen las declaraciones de algunos voceros del MAS contra Pedro Suz, me entristecen estas personas que emiten juicios descalificadores, sin mayor conocimiento de causa. Lo hacen como todo inquisidor, que se coloca en el lugar del juez, que ya es el lugar del poder. No me interesa saber que Pedro Suz se encuentre en el MSM ahora. Lo que me importa es su historia, lo que ha sido; a decir de Danilo Paz Ballivian y de Andrés Soliz Rada, Pedro tenía una catadura marxista de formación profunda. A la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, después de su ignominioso y cruel asesinato en el Estado Mayor, por parte de oficiales sádicos, que nunca van a pagar sus culpas, ni se va develar sus nombres, aunque se sabe quiénes fueron los autores intelectuales, fuera de ventilarse el odio indisimulado por parte de la oficialidad del ejército, de ese entonces, a este insigne hombre inmolado. Pedro Suz sufrió esta pérdida corporalmente, fue internado en un hospital de Buenos Aires, perdió medio estómago. Quizás fue uno de los pocos que tenía consciencia de lo que perdíamos los bolivianos con la muerte de Marcelo. Es a este Pedro Suz al que nombro. En todo caso, nadie deja de ser lo que ha sido; de alguna manera uno es lo que ha sido, a pesar de los cambios.     
[2] Ver de Robert Brenner The Economics of Global Turbulence. The Advanced Capitalist Economies from Long Boom to Downturn, 1945-2005, Londres, Verso, 2006.
[3] Hay un diletantismo espeluznante en un perfil de comunicadores, periodistas y escribidores, que funcionan como mercenarios de la palabra. No les ha sido difícil pasarse de posiciones radicales, de su temprana juventud, a asesores de diarios reaccionarios, así como de sus directores; tampoco les es difícil convertirse en un momento de preponderancia y aparente hegemonía neoliberal, en defensores de este proyecto de despojamiento y desposesión privatizadora. Después, pueden también, con la misma facilidad, volver a la “izquierda”, volverse fanáticos del “evismo”, dando muestras efusivas de servilismo. Son los que toman primera fila cuando hay que descalificar, denigrar, vituperar, a las pocas y pocos que se atreven a criticar. Incluso se da muestras de muy escasa valentía cuando se ponen otros nombres para escribir, buscando denigrar; por ejemplo, mancillar a una diputada crítica, con el despliegue sombroso de las malas artes. Manifestando el mayor desprecio a la mujer, haciendo catarsis con recónditos machismos y prejuicios masculinos, develando sus cristalizados conservadurismos y resentimientos profundos. Usar el nombre de una muchacha, que no acostumbra a escribir, la que supuestamente vilipendia a la diputada, anotando, en la diatriba fingida, que la diputada es manejada por un hombre. Todo este escrito apócrifo se basa en el supuesto que la mujer no piensa, no actúa autónomamente, no tiene posiciones, sino por determinación del macho. Para hacer esto, esconderse en un nombre de una muchacha, para escribir esto, la expresión descarnada de machismo inescrupuloso, se tiene que llevar a la enésima potencia el cinismo. Este perfil subjetivo no es más que una clara expresión del revoltijo psicológico. En el mismo abanico de perfiles, hay quienes se ufanan de haber asesorado tanto a gobiernos de “derecha” como de “izquierda”, siempre han estado en el poder. Otros, en cambio, se vanaglorian de permanecer en la “izquierda”, aunque siempre lo hayan hecho de apologistas, desapegados de un ápice de crítica; algo que habla de por sí de su conformismo. Estos perfiles “desdichados” son los que terminan cometiendo los peores crímenes a nombre de la “revolución”. Lo de “desdichados”, en sentido hegeliano, como conciencia desdichada, es decir, como sujeto desgarrado en sus contradicciones, en su separación dolorosa entre extrañamiento y ensimismamiento. No hay ningún ánimo de aversión.    
[4] Ver de Jean Baudrillard El crimen perfecto. Anagrama, Barcelona 2000.
[5] En lo que respecta a principalmente a Bolivia, ver de Raúl Prada Descolonización y transición, también Genealogía de la dependencia, así como en Defensa crítica del “proceso”, puede tomarse también como consulta Reflexiones sobre el “proceso” de cambio, que ya forma parte de una autocrítica. En lo que respecta a Venezuela, ver del mismo autor, En defensa de la revolución bolivariana y La convocatoria del mito. Bolpress, Dinámicas Moleculares, Horizontes nómadas. La Paz 2011-2013.
[6] Ver de Raúl Prada Alcoreza Miseria de la Geopolítica. Bolpress, Rebelión, Dinámicas moleculares, Horizontes nómadas; La Paz 2013. También hay una publicación en Autodeterminación, que titula Geopolítica extractivista; La Paz 2013. 
[7] Profesor del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos y militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política.
[8] Para este trabajo he recogido fragmentos, ideas y textos anteriores, en particular, sugiero a los lectores interesados revisar los siguientes trabajos: 2011. Ecuador: la participación ciudadana en el proyecto de Estado de Rafael Correa. En Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe,  Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Observatorio Latinoamericano 7. Dossier Ecuador. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales; 2012. Promesas temporales. Cambio del régimen de acumulación en Ecuador, propuestas y realizaciones de la revolución ciudadana. En L. López, M. Molina, D. Pardo, J. Piedrahita, L. Rojas, N. Tejaday R. Zelik (comps.). ¿Otros Mundos Posibles? Crisis, gobiernos progresistas, alternativas de sociedad. Medellín: Fundación Rosa Luxemburg / Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín / Facultad de Ciencias Humanas y Económicas; 2012. Cuatro vectores de la coyuntura electoral de 2012. En La Tendencia. Revista de Análisis Político. No. 13. Quito, ILDIS – FES - CAFOLIS. Abril - mayo; 2012. La minería en la revolución ciudadana. En Opción Socialista. Edición especial. No. 24-25. Abril – mayo. También pueden revisarse los “Informes de coyuntura escritos entre 2008 y 2011 para el Comité Ecuménico de Proyectos (www.cepecuador.org.ec).
[9] Pablo Ospina Peralta: Transiciones en Ecuador (2006 – 2010). La revolución ciudadana, los cambios en el modelo de acumulación, la redistribución y la democracia. Págs. 37-40. Documento distribuido en  la Fundación Rosa Luxemburgo para la región andina, con asiento en Quito. Grupo Permanente de Trabajo Alternativas al Desarrollo; Quito 2012. También se publicó con el auspicio de CEDLA, del Instituto de Estudios Ecuatorianos, del Centro Internacional Miranda, con el título Cambios en el modelo de acumulación; La Paz 2013. Págs. 184-277.

[10] Revisar de Michel Foucault Seguridad, territorio, población. Fondo de Cultura Económica; Buenos Aires 2006.
[11] Ver de Raúl Prada Alcoreza Genealogía del Estado. Dinámicas moleculares; La Paz 2013.
[12] Ver de Jean Baudrillard De la seducción. Cátedra; Madrid 1989.
[13] Jean Baudrillard: Cultura y simulacro. Traducido por Pedro Rovira. Editorial Kairós, Barcelona, 1978. Págs 3-4.
[14] Ibídem: Págs. 11-13.